Edición 8-364
13/10/2011
En primer lugar, y habida cuenta su participación en Ginebra en el Examen Periódico Universal de la ONU sobre cumplimiento de los Derechos Humanos, la Dra. Morales es responsable de la absoluta "destitularización" del Poder Judicial, al haber realizado una sistemática política de destituciones y suspensiones de jueces titulares, quienes fueron nombrados luego de exigentes concursos de oposición auspiciados por el propio TSJ
También resulta aplazada la gestión Morales en el ámbito de lo netamente jurisdiccional. La esperanza de encontrar ahora un buen criterio jurídico en los fallos del TSJ, es una quimera. 92% de los casos en los que se demanda a la República en la jurisdicción contenciosa, los gana el Estado
La tri-aplazada. Si más allá de su aparente compromiso político (el cual es contrario al rutilante estilo de vida propio y de su familia), se analizara objetivamente la gestión de Luisa Morales en la Presidencia de la Justicia venezolana, ella sería raspada, aplazada, tres veces, por su nefasta actuación como cabeza del Sistema de Justicia patria. Y no lo decimos porque ya dos veces fue destituida del Poder Judicial y ahora iría para una tercera oportunidad. No. Sabemos que está más enquistada en su cargo que tuerca de submarino, por la absoluta lealtad, que “boca para afuera”, le profesa Águila 1. No somos de los que cree que tiene contendores fuertes en el TSJ. Pero ello no nos impide exteriorizar lo que abiertamente se comenta en tribunales y en el foro jurídico en general. En primer lugar, y habida cuenta su participación en Ginebra en el Examen Periódico Universal de la ONU sobre cumplimiento de los Derechos Humanos, la Dra. Morales es responsable de la absoluta "destitularización" del Poder Judicial, al haber realizado una sistemática política de destituciones y suspensiones de jueces titulares, quienes fueron nombrados luego de exigentes concursos de oposición auspiciados por el propio TSJ. Defenestramientos que se han realizado bajo su mirada complacida, dicen que para satisfacción del más poderoso hombre del país, de lo cual más bien creo que lo perjudica políticamente en el plano nacional, y mucho más en el internacional.
En el caso de las suspensiones, ha incurrido en un abuso supino de funciones, al no contar la Comisión Judicial del TSJ que ella presidía, con tales atribuciones, lo cual le representa un perjuicio extremo a los suspendidos, al no gozar de sueldo, ni poder siquiera renunciar, por expresa disposición del novísimo Código de Ética de los Jueces. Ejemplos sobran: en septiembre de 2000, los magistrados Juan Apitz, Perkins Rocha y Ana Ruggeri fueron nombrados titulares de la Corte 1a. de lo Contencioso Administrativo y por haber decidido la restitución a la Alcaldía Metropolitana de las instalaciones de la Policía Metropolitana, fueron destituidos sin formula de juicio. En agosto de 2008, la CIDH dictó sentencia ordenando el reintegro al Poder Judicial de estos magistrados, y a la fecha Morales no ha acatado el fallo. Lo mismo ocurrió con la juez penal titular de Caracas, la Dra. Mercedes Chocrón, quien por solamente notificarle unas medidas cautelares al ex general de la Guardia Nacional, Carlos Alfonso Martínez, fue destituida sin miramientos, ante lo cual la referida Corte Interamericana, en julio de 2011 ordenó también su restitución, haciendo caso omiso de ello la rectora judicial. Destituida también fue la juez 13 de Control de Caracas, Alicia Torres-Rivero por revocar la prohibición de salida del país del dueño de Globovisión, Guillermo Zuloaga. Destituido fue el juez Gilberto Piñeiro porque le dictó medidas cautelares al valiente periodista José Rafael Ramírez, no del agrado de la mandamás; destituida fue la juez penal de Caracas, María Verónica Enmanuelli, por caso similar; el juez titular Juan Villegas, suspendido por afirmar que el Ministerio Público tardó 20 años en imputar formalmente al general Italo del Valle Alliegro por los sucesos del Caracazo; los jueces titulares Popoli y Quijada destituidos por ratificar una prescripción ya dictada por el extinto Tribunal Superior de Salvaguarda; el juez superior Ángel Zerpa, injustamente suspendido inclusive por haber salvado el voto, en caso donde se desfavoreció al jefe de la Policía de Libertador..., en fin, que en Venezuela hay 2.000 jueces, de los cuales ya muy pocos son titulares. Según fuentes del propio TSJ, 250 son provisorios, 860 temporales y 320 accidentales.
También resulta aplazada la gestión Morales en el ámbito de lo netamente jurisdiccional. La esperanza de encontrar ahora un buen criterio jurídico en los fallos del TSJ, es una quimera. 92% de los casos en los que se demanda a la República en la jurisdicción contenciosa, los gana el Estado. En la jurisdicción laboral son prácticamente inejecutables las sentencias condenatorias si la República es el patrono. Para muestras concretas de fallos desdecibles, nos encontramos la Sentencia 794 de mayo de este año, en la que se afirmó que existía un delito bancario aunque no estuviese escrito en la Ley; o la 490 de abril del 2011, en la que se afirmó que existía un dolo eventual en las muertes derivadas de accidente de tránsito; y muchas otras más, que por razones de espacio no podemos enumerar.
Pero ahora, el reciente paro de los trabajadores tribunalicios dan cuenta de la punta del iceberg del otro gran fracaso de la Morales: la conducción administrativa del Poder Judicial. El reacomodo de dicha conducción instruida por la Constitución, que le otorga al TSJ la gestión administrativa de los tribunales, le quedó grande al Máximo Tribunal de la yaracuyana. Su empeño en mantener en contra de todas las críticas al abogado Ramos en la DEM, le proporciona una culpa in eligendo -como dicen los juristas- que la hace responsable de los cuatro años sin firma de un contrato colectivo con dichos trabajadores; del represamiento bancario del depósito de prestaciones y otros haberes laborales; de los negocios derivados por el fondo interno del HCM; del deterioro de las estructuras físicas e informáticas de los tribunales; y del inmenso desnivel de percepción remunerativa entre una cabeza judicial con salarios ostentosos, el TSJ con sus magistrados y empleados, y unos tribunales de primera y segunda instancia con pírricas remuneraciones, de lo cual, el escándalo del multimillonario bono de alimentación de los magistrados es solo una muestra. Así que, la triple aplazada no pasó la asignatura. Pero ahí, en ese mismo cargo, por orden del mismísimo Águila 1, dicen sus fieles seguidores, que según ella comenta, y que se quedará instalada, al menos hasta febrero de 2013.
Apercibimiento. El reciente paro tribunalicio le está haciendo mella a la gestión de la ministro penitenciaria Iris Varela, quien a juicio de este columnista, tiene buena intención. Aunado a los estructurales problemas de retardo judicial, y de descomposición penitenciaria, esta huelga se siente mucho más en los tribunales penales del país. Somos partidarios absolutos de la independencia de los poderes públicos, pero la ministra debería hacerle un llamado de atención a las autoridades de la magistratura y al Ministerio Público, para que resuelvan pronto esa situación. Recordemos que una huelga de esas dimensiones fue una de las pocas máculas que tuvo el gobierno colombiano de Uribe. Y allá duro 2 meses.
Presión arrendaticia. Desesperados están los 40 mil propietarios de viviendas que han ganado sus causas de arrendamiento en los tribunales del país y que ahora ven minada sus esperanzas de recuperar su propiedad ante ese exabrupto legal que se discute en la Asamblea Nacional en materia de inquilinato. Se nos comenta de una especie de danza de millones, de tarifas, en los juzgados de municipio ejecutores para propiciar una salida antes de la promulgación de esa Ley. Y no es justo que ello ocurra por la falta de visión de nuestros legisladores. Una ley no puede ser fuente de conflictos sociales tan estruendosos como el que se avizora.
Sentencia atesorada. Muy extraña, por decir lo poco, resultó la decisión dictada por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas, por medio de la cual se dejó en libertad a los capitanes del Ejército: Harold Peña y Fernando Sojo, acusados de corrupción en el Banco del Tesoro, gerentes de Banca Corporativa, y de Crédito, respectivamente, allí. Se dice que los beneficiados huyeron del país con sus también beneficiadas esposas, quienes trabajaban en el mismo banco: Nayancy Castillo, analista de crédito, y María Laya, gerente de Banca Corporativa. La ponencia de este fiasco correspondió a una juez de quien ya hemos reseñado antes otras decisiones poco felices. Ojo avizor la Corte Disciplinaria y el Ministerio Público sobre el particular.
Habilitación enfermiza. Anótennos: se está barajando en el TSJ una decisión que favorezca la habilitación de Leopoldo López Mendoza. La razón no es favorecer la división de la candidatura de oposición, sino un parte médico que se recibió en Dos Pilitas, pero no del inquilino de Miraflores, sino del propio López, que lo hace poco apto para continuar en la contienda.
fuente. Lasverdadesdemiguel.com
