JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
miércoles 10 de agosto de 2011 12:00 AM
Alta Comisionada para los DDHH tomó nota de las denuncias hechas por ONGs
El hecho de que más del 50% de los jueces y el 100% de los fiscales y defensores públicos puedan ser removidos de un momento a otro y sin que medie ningún procedimiento, por sus superiores, es decir por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la fiscal general de la República y la defensora pública general respectivamente, preocupa a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A esta conclusión se arriba al revisar el contenido del informe que la sudafricana Navanethem Pillay presentó al Consejo de Derechos Humanos del organismo en el marco del Examen Periódico Universal, evaluación a la que Venezuela será sometida en octubre próximo para determinar su grado de cumplimiento de las garantías fundamentales.
En el reporte, Pillay señaló que recibió diez denuncias que hicieron referencia a la situación de provisionalidad reinante en el Poder Judicial y resaltó lo señalado por los organismos que forman parte del Sistema de Naciones Unidas: "La provisionalidad de los jueces supone una limitante y puede condicionar su independencia. El fortalecimiento institucional y material del sistema de administración de justicia y la supresión de la provisionalidad en el nombramiento de jueces, como medidas para reforzar la independencia judicial, constituye un desafío para el Estado".
La comisionada recordó los dos pronunciamientos que en 2009 hizo el relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, quien al demandó que a los jueces provisorios se les garantizara su estabilidad y que solo fueran removidos tras procedimientos previstos en la ley y donde ellos pudieran defenderse.
Estas exigencias fueron planteadas a raíz de la decisión del TSJ de desconocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se le ordenó reincorporar a tres magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Juan Apitz, Perkins Rocha y Ana Ruggeri).
En su informe Pillay tomó nota de las observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual en los últimos años ha cuestionado con insistencia que ni el máximo juzgado ni el Ministerio Público estén realizando los concursos públicos que ordena la Constitución para acceder a los cargos de jueces y fiscales.
El caso de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, también fue resaltado por Pillay, quien recordó que el mismo se inició que porque la funcionaria atendió una recomendación hecha por un Grupo de Trabajo del organismo internacional.
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