JUAN CARLOS CALDERA LÓPEZ | EL UNIVERSAL
jueves 18 de agosto de 2011 12:00 AM
A comienzos del mes de julio el país recibió con gran sorpresa la noticia, mediante la cual los magistrados del TSJ (con algunas excepciones) disfrutan de un bono de (BsF 10 mil ) mensuales por concepto de gastos de alimentación. Sí, amigos lectores, leyeron bien, diez mil bolívares mensuales para su alimentación retroactivo desde el mes de febrero.
Una vez en conocimiento de este bono y documentado suficientemente sobre el tema, acudimos, ya hace más de un mes, con fundamento a lo previsto en el artículo 11 ordinales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano ante El Consejo Moral Republicano conformado por la Fiscal General, la Defensora del Pueblo y la Contralora General a denunciar por falta grave a estos magistrados que de manera ilegal e inmoral se asignaron este bono que reciben por vía de una tarjeta electrónica de alimentación en flagrante violación de la Ley de Emolumentos aprobada en diciembre pasado por la saliente AN y sobre cuya ley no hay menos de 11 demandas por inconstitucional, por ante la Sala Constitucional y que hasta hace poco dormían el sueño de los justos.
Mientras los privilegiados venezolanos que logran tener empleo formal en nuestro país reciben aproximadamente quinientos veintitrés bolívares fuertes mensuales por cesta ticket (BsF 523) los magistrados reciben diez mil bolívares; mientras llevamos meses luchando para hacer realidad el cesta ticket para los jubilados y pensionados cada magistrado se asignó el equivalente a lo que le correspondería a 20 jubilados o 20 familias venezolanas.
Pero lamentablemente, y aunque en pasillos de la AN todos apoyan la denuncia hecha, la mayoría oficialista del PSUV guardó silencio cómplice ante nuestra denuncia y a pesar de que el mismo presidente de la Asamblea Nacional dijera que "El bono era una locura" luego se desdijo argumentando que el TSJ era un poder autónomo y que ellos conversaron con los magistrados y oportunamente iban a tomar decisiones, desconociendo por completo la facultad contralora de la AN sobre los demás poderes del Estado y como lo dijimos anteriormente haciéndose, por la vía del silencio, cómplices del ilegal e inmoral Bono Supremo.
El día de ayer, nuevamente acudimos por ante el Consejo Moral para ratificar y ampliar nuestra denuncia formulada el 11 de julio. Una prueba más de la complicidad de las instituciones de la Revolución, una demostración que hay una justicia popular que va por el canal lento y una justicia política que va por el canal rápido.
Solo una reflexión final, ¿qué creen ustedes que hubiese ocurrido si la denuncia la pone un diputado del PSUV contra el gobernador Henrique Capriles? ¿Justicia para todos por igual?
Mbro. de la Direc. Nac. de Primero Justicia
@calderajuan
Juancaldera2010@gmail.com
