OLGALINDA PIMENTEL | EL UNIVERSAL
sábado 25 de junio de 2011 12:00 AM
El incremento a 110% de la población carcelaria en apenas casi cuatro años, de acuerdo con el informe de gestión del Ministerio de Interior y Justicia de 2010, es responsabilidad directa del Poder Judicial, por incurrir en retardo procesal al no realizar las audiencias preliminares a los detenidos y no atender a los beneficios procesales de los presos.
Es la opinión de la ex directora de Prisiones del Ministerio de Justicia (1997) y ex juez penal, Mónica Fernández, quien instó a las autoridades de los poderes públicos que tienen responsabilidad en el tema carcelario a analizar el problema y tomar decisiones que frenen el aumento exagerado de la población penal.
"¿Cómo es posible que no se celebren audiencias preliminares? El propio informe del MIJ dice que más de 60% de los procesados no va a esos actos procesales. Hay que revisar por qué no se están realizando; cuáles son las excusas para no hacerlos", expresó Fernández, quien aseguró que en estos años ha crecido la inseguridad y la impunidad en dimensiones alarmantes.
Un 98% de los homicidios queda impune, de acuerdo con estadísticas correspondientes a 2010, pero también es cierto, dijo, que los detenidos son afectados por el retardo procesal, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal establece un lapso máximo de dos años para los procesos.
"Hay el número de presos que el Poder Judicial quiere que haya, porque los funcionarios que participan en la administración de justicia no cumplen con los lapsos procesales", afirmó. Señaló que curiosamente esa no es la situación de los juicios políticos.
"Si comparamos la celeridad de los procesos relacionados con casos políticos con aquellos ordinarios, puede observarse que no existe la misma celeridad. Los jueces están demasiado ocupados en responder otras exigencias".
Indicó que con la politización de las instituciones comenzó el colapso carcelario porque los jueces "tienen miedo de soltar gente".
"¿Cuántos jueces han realizado inspecciones en las cárceles en los últimos años? No van. Tienen miedo tal vez. Los presos están a a orden de los tribunales, no del Ejecutivo, y son ellos los que tienen que velar por los detenidos", advirtió.
