El informe pedido a la AN intenta proteger a magistrados de responsabilidad penal, afirma la ex magistrada Cecilia Sosa. Alegan que inmunidad sólo se allana por hechos cometidos en ejercicio del cargo
Ese es el criterio de la jurista Cecilia Sosa Gómez, quien fue presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia. "Ellos saben que la responsabilidad penal por esas violaciones no se las van a cobrar ahora, pero en el futuro pueden existir decisiones de instancias internacionales. Los magistrados, la fiscal, los fiscales del caso y los jueces de las causas están metidos en el mismo paquete", dijo.
Aunque el artículo 200 de la Carta Magna señala que "los diputados gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación", la Sala Constitucional estableció en noviembre que tendrían inmunidad desde la juramentación porque era en ese momento cuando comenzaban a ejercer sus cargos.
A pesar del criterio establecido por el TSJ, conforme al cual Pilieri y Mazuco debían seguir presos hasta la instalación de la AN, el Poder Judicial no permitió que ninguno de los dos fuera trasladado al Palacio Federal Legislativo para el acto de juramentación celebrado el miércoles.
Lo que sí hizo el TSJ fue enviar un oficio a la AN en el que solicitó que en un plazo de 30 días se presentara un informe sobre el caso de los diputados detenidos.
Sosa Gómez aseveró que la "maldad de las instituciones del Estado" impidió que Pilieri y Mazuco gozaran de su inmunidad desde hace tres meses, impidió que fueran juramentados y busca ahora el allanamiento de esa inmunidad.
"Ni al TSJ ni a la Fiscalía les importa la ley. Actúan en función de una orden política. Fueron usados por Miraflores para destruir la voluntad de los votantes y para echar por tierra la decisión del CNE cuando los aceptó como candidatos", señaló.
Confusión. Los abogados de Pilieri y Mazuco coinciden en que el oficio enviado por el TSJ genera dudas sobre si sus defendidos gozan de inmunidad.
"La solicitud es un contrasentido: si no los dejaron juramentarse, podría pensarse que no tienen inmunidad; si eso es así, cómo es que aspiran a allanarla", se preguntó Norma Delgado, abogada de Pilieri.
"Al pedir el informe, el TSJ parece estar admitiendo que esos diputados tienen inmunidad. Entonces, ¿por qué siguen presos?", expuso el abogado de Mazuco, Rómulo Pacheco.
Pilieri cumple arresto en su casa de Yaracuy y se espera que sea sentenciado hoy. Mazuco está preso en Ramoverde, con un fallo de primera instancia que lo condenó a 19 años de cárcel.
La ex magistrada afirmó que a pesar de que el Poder Judicial intentó acelerar ambos procesos para que fueran dictadas sentencias definitivamente firmes que no les permitieran ejercer cargos de elección popular, a los jueces no les dio tiempo.
"Lo que tienen esos parlamentarios son enjuiciamientos en curso aunque Mazuco está sentenciado, puede apelar. Los juicios no pueden continuar porque el tiempo de la juramentación ya llegó", dijo.
Ilegal el allanamiento. La jurista explicó que la inmunidad de un diputado se allana cuando es señalado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero no por hechos ocurridos previamente.
"Lo jurídicamente correcto es que si se trata de hechos previos a la labor legislativa, el juicio sea paralizado hasta que concluya el ejercicio del cargo", subrayó.
Sosa Gómez advirtió que es probable que Pilieri y Mazuco sean juramentados por secretaría, para eliminar el impacto mediático de un juramento en el hemiciclo, para luego allanarles su inmunidad a pesar de ser ilegal.
"El Gobierno busca debilitar la AN porque no quiere un Parlamento con poder. A los diputados de la unidad intenta debilitarlos mediante la inmunidad y a los del chavismo, con la ley antitalanquera", concluyó.
Con un oficio silenciaron los juicios sumarios
De un plumazo, con un oficio, el Tribunal Supremo de Justicia contribuyó a silenciar el debate sobre la inmunidad de los diputados Biagio Pilieri y José Sánchez "Mazuco".
La eliminación de la protección de los dos parlamentarios pasó de ser una iniciativa que debe tomar el Poder Legislativo a un exhorto del Poder Judicial. Con ello se postergó la posibilidad de que en el Hemiciclo los opositores insistan en llamar la atención sobre los controversiales procesos penales para condenar a Pilieri y a Mazuco, y anular la voluntad de los electores que votaron por ellos el 26 de septiembre.
Como lo ha reiterado Delsa Solórzano, entre otros, la persecución judicial contra Pilieri y Mazuco no tiene fundamento jurídico, pasará a la historia como evidencia de juicios políticos sumarios y una actuación orquestada de todos los órganos del Poder Público para restar fuerza a la oposición en la nueva legislatura. Tal actuación corresponde al desprecio del principio de separación de poderes por parte de la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, que considera que una independencia plena del Poder Judicial debilita al Estado.
En definitiva, los casos de Pilieri y Mazuco fueron "congelados" en una comisión integrada por los oficialistas Carlos Escarrá, Iris Varela y el opositor Edgar Zambrano. Tienen 30 días para presentar un informe con recomendaciones al pleno de la Asamblea Nacional. Seguramente lo harán en el momento político más conveniente.
fuente y foto: EL NACIONAL
