Escarrá cree que la AN debe actuar contra los magistrados
Atendiendo una solicitud de Podemos, la Asamblea Nacional ordenó ayer a su Comisión de Política Interior presentar el martes próximo un informe sobre la resolución que abre las puertas a una jubilación masiva de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El jefe de la bancada vinotinto, Juan José Molina (Bolívar), solicitó discutir la decisión de los jueces, que tildó de irresponsable y bochornosa. "Los magistrados han querido pasar por encima de la Ley Orgánica de Emolumentos", denunció.
La presidenta de la AN, Cilia Flores, respondió al disidente: "No tengo esa información, no creo que todos los magistrados se hayan jubilado, eso no puede ser". Acto seguido, exigió a la Comisión de Política Interior que "revisara" la actuación del máximo juzgado.
Consultado sobre el particular, el diputado Carlos Escarrá fue duro con sus antiguos colegas del TSJ. "Están jugando posición adelantada y hay que sacarles una tarjeta. El informe de la Comisión debe ser contundente", manifestó.
¿Qué puede hacer el Parlamento para desmontar lo aprobado por los togados? "Nuestra competencia es legislar, ley mata reglamento", contestó Escarrá, quien recordó el caso del ex primer vicepresidente del Poder Judicial Franklin Arrieche, destituido en 2004 porque supuestamente forjó sus documentos.
A juicio del legislador, la AN debe exhortar al Poder Ciudadano para que "abra una averiguación y le sustancie un expediente a cada uno de los magistrados". "Esto es un irrespeto al país", sentenció.
Por su parte, el parlamentario Luis Tascón tachó de inmoral la resolución de los jueces. "Nunca había visto que alguien se jubilara y siguiera trabajando", razonó Tascón, promotor de la sancionada Ley Orgánica de Emolumentos.
Tascón tiene claro que los magistrados cometieron esta "locura" para evitar sufrir en sus bolsillos los efectos de la norma antes citada. "El Poder Ciudadano debe calificar la decisión tomada por el TSJ", expresó el tachirense.
La ex de Cabello
En la sesión ordinaria de ayer la AN designó a Omaira Camacho como defensora general pública. Camacho fue la candidata del PSUV a la Alcaldía de El Hatillo en 2008 y ocupó la Procuraduría de la Gobernación de Miranda en los tiempos de Diosdado Cabello.
Como primero y segunda suplentes la Cámara nombró a Ciro Araujo y Carmen Alves.
Araujo era promovido por su cuñado y canciller de la República, Nicolás Maduro; sin embargo, habría fracasado en su intento porque en 2004 firmó en contra del presidente Hugo Chávez, según revelaron fuentes de la AN. A Alves la vinculan con la magistrada Deyanira Nieves, quien estaba encargada de la Defensa Pública.
Tras las rejas
Además de evaluar lo ocurrido en el máximo juzgado, la Comisión de Política Interior también deberá entregar el martes un informe sobre la situación de las cárceles.
La medida responde a una inquietud de la diputada Pastora Medina (Frente Popular-Bolívar), quien mostró su preocupación por la "terrible situación" que hoy padecen los reclusos y sus familiares en todos los penales del país.
Pedro Pablo Peñaloza
EL UNIVERSAL
