Luis Martín Galvis, presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia, solicitó a la Comisión de Política Interior que se investigue el funcionamiento del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) por presuntas irregularidades en su funcionamiento, asimismo pidió ejercer control sobre los recursos asignados a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Dijo que presentaron un escrito en la comisión donde relatan una serie de hechos “que a nuestro punto de vista creemos que podrían haber irregularidades en la administración de los fondos que la Asamblea Nacional otorga por vía de créditos adicionales a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura”, organismo dependiente del Tribunal Supremo de Justicia.
Recordó que en abril de 2008 la AN aprobó un crédito adicional por un monto de 514 millones de bolívares fuertes para cancelar complemento a empleados, “ese dinero fue enterado a las cuentas, el 9 de abril el director ejecutivo de la Magistratura, Francisco Ramón Marín, convoca a este sindicato y demás organizaciones sindicales y dice que de ese monto se destinarán 300 millones que eran para el Poder Judicial, propuso que esos recursos se dividieran en un bono único, lo que daba 11.500 para cada trabajador, eso fue aprobado”.
Posteriormente, convocan en mayo a una reunión y dicen que no van a pagar ese monto ya que recibieron instrucciones del TSJ, que solo cancelarían un aumento decretado por el Ejecutivo nacional, eso produjo conflicto a nivel de los tribunales. ”La DEM otorgó un aumento y dijeron que otorgarían una cantidad única para los activos y para los jubilados y pensionados un bono de 9.450 bolívares”.
En noviembre la DEM informó que habían solicitado un crédito adicional por 522 millones de bolívares y que ahí estaba incluido un bono que los trabajadores tribunalicios reciben desde el año 2003, asimismo el aumento salarial decretado por el Ejecutivo retroactivo desde mayo y que la orden estaba en el Ejecutivo y había que esperar que se firmara, “luego nos enteramos que era mentira”.
Esta situación generó descontento en los trabajadores y a pesar de que habían dicho de que no tenían dinero empezaron a cancelar algunas deudas en diciembre.
“Todo esto resume que algo debe estar ocurriendo en la administración de los fondos que el Ejecutivo y la AN aprueban para el Poder Judicial porque ha generado conflictos en mayo, en diciembre por falta de pagos. Tenemos pruebas audiovisuales que vamos a presentar”.
Precisó en procura de eficiencia en la entrega de recursos, transparencia de la administración de los fondos que maneja el Poder Judicial, esto debe investigarse. “Creemos que la AN debe estrechar la vigilancia y el control sobre la administración de fondos de la DEM”.
Añadió que han formulado la denuncia en diversas instancias, en la Contraloría fue admitido y esperan respuesta, asimismo en la Comisión de Contraloría y ahora en Política Interior.
La diputada Iris Varela, quien presidió la plenaria, informó que la denuncia fue remitida a la Subcomisión de Justicia, presidida por el diputado Carlos Echezuría, instancia que se abocará al caso.
Agregó que como sindicato nacional tienen una seccional de trabajadores de Registros y Notarías y que a raíz de la implementación del Servicio Autónomo (Saren) ha surgido una serie de situaciones que también deben investigarse.
Refirió que en febrero del año pasado el MIJ dictó una resolución donde se homologaban los sueldos y salarios de los registros y notarías al sistema que tenía el citado ministerio y equiparaba los sueldos de los registradores y notarios a los sueldos del director de línea, eso generó malestar.
Posteriormente, se dicta un tabulador provisorio que está vigente.”El ministro designa un director general del servicio autónomo, sin que existiera una estructura técnico-administrativa que avalara ese nombramiento. Le asigna atribuciones que rayan en competencias del ministro”.
Tampoco existe un reglamento orgánico que norme cómo va a establecer ese funcionamiento de ese servicio a nivel nacional. Hubo denuncias de trabajadores de hechos que están ocurriendo, como por ejemplo: no se han renovado pólizas de HCM, no se otorga el aporte patronal, tampoco se deposita el fideicomiso.
“Pedimos a la AN que vigile cómo funciona ese servicio, pareciera que está funcionando de manera ilegal y a pesar de que la Ley de Registro Público crea el servicio debe existir una estructura, una planificación y unas políticas”.
La diputada Varela dijo que ha recibido numerosas denuncias de supuestas irregularidades en Saren, a nivel nacional “por eso voy a sumarme a investigar este aspecto y dar una respuesta lo más pronto”.
Se evalúa citar al presidente de Saren para que aclare las denuncias formuladas.
También estuvieron Luis Alberto Baroni, secretario de conflicto y reclamo nacional; Pablo Salgado, secretario de Deporte y Recreación; Oscar Morón, secretario de Finanzas Nacional y presidente de la Seccional de Registros y Notarías Públicas.
