JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Declarar la "constitucionalidad" de las inhabilitaciones dictadas por el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, solicitaron a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia representantes de la Asamblea Nacional, de la Procuraduría, del Ministerio Público y del propio organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos.
La petición fue formulada ayer, durante la audiencia oral y pública sobre el recurso que Xiomara Lucena interpuso contra la resolución que en 2004 adoptó Russián en su contra, la cual provocó su destitución como directora de Comunidades Educativas del Ministerio de Educación y le ha impedido ocupar otros puestos en la Administración Pública en los tres últimos años.
Aunque la ex funcionaria sólo pidió que se dejara sin efecto la sanción que le fue impuesta, pues, según ella, "se le aplicó una ley de manera retroactiva", los representantes de los tres poderes públicos presentes, con la venia de la Sala, extendieron la solicitud a un pronunciamiento sobre la legalidad o no del polémico artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría.
La norma antes citada es la que faculta al contralor a impedir a personas señaladas por irregularidades administrativas que ocupen cargos públicos, bien sean de designación o de elección popular.
Casi al unísonoLos representantes del Legislativo, Ejecutivo y de los organismos del Poder Ciudadano esgrimieron los mismos argumentos para solicitarle a la Sala Constitucional que mantenga las inhabilitaciones.
Los abogados América Rodríguez (Contraloría), Gardeliz Orta (contralorías regionales), Cristian Colsen (Procuraduría), Cruz Febres (Asamblea) y Roxana Orijuela (Fiscalía) sostuvieron que el artículo 105 no vulnera la Carta Magna, sino que al contrario está sustentado en dos normas del texto fundamental: los artículos 274 y 289, numeral tercero.
"El artículo 105 no viola la Constitución y pido que se declare su legalidad y constitucionalidad porque viene a poner freno en el desorden administrativo", afirmó Rodríguez.
Por su parte, Colson refutó que sanciones de este tipo supongan un doble juicio. "No se trata de juzgar a un funcionario dos veces, sino que es un proceso que contempla una pena principal y otra accesoria", remató el representante del abogado del Gobierno.
La fiscal Orijuela ratificó lo dicho por sus colegas de las otras ramas del Poder Público y aseveró que con las inhabilitaciones no se vulnera el debido proceso, pues las mismas se adoptan luego de un procedimiento administrativo en el que los señalados pueden ejercer los recursos que consideren.
No obstante, la funcionaria del Ministerio Público fustigó la manera como fue redactado el artículo por el Legislativo, por considerarlo erróneo.
Mientras la fiscal realizaba la exposición, la presidenta de la Sala y del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, le pasaba a sus colegas un papel en el que escribió algo.
Ninguno de los seis magistrados formuló preguntas. La presidenta dio por concluido el acto, el cual se inició con dos horas de retraso; y anunció que se iniciaba la etapa de sentencia, aunque no aclaró cuando se produciría la misma.
fuente: EL UNIVERSAL
