LA LISTA CASTILLO

Este es el documento enviado a Elena Valero

En enero de 2006, en un local de la Procuraduría del Estado Mérida, personajes pertenecientes a la llamada organización Fuerza Bolivariana de Abogados (FBA) (que ASPIRAN más que una aspiradora) se reunían para pasar una lista y no precisamente la "lista tascón" sino aquella confeccionada por el Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida quien le encomendó al Director Administrativo para ese momento y al Procurador del Estado Mérida, Jefe omnipresente de la "Fuerza", la tarea de poner y quitar, es decir, de rescindir contratos y de firmar otros. Nos llamó poderosamente la atención de dicha reunión el hecho cierto de que la misma se efectuó en un local del Ejecutivo Regional y no del Poder Judicial, pero además de la presencia del Procurador del Estado. ¿Y que pito toca el Procurador del Estado en una reunión de este tipo? -nos preguntamos- Para luego respondernos: Ah claro¡ por las atribuciones conferidas por el mismisimo Juez Presidente del Circuito Judcial Penal del Estado Mérida, Ernesto Castillo al Procurador del Estado.

En dicha reunión el anterior Director Administrativo señaló que el Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida le había conferido la potestad de rescindir y de renovar algunos Contratos de Trabajo. Entre los asistentes a tal reunión ¿de trabajo? se encontraban Sergio Toloza, José Rodríguez, Andriek Olivo, Reina Pérez, Elena Valero, Eduardo Malavé, Oscar Mejía, César Lacruz -entre otros- que algunos siendo convocados igualmente fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Entre los que no fueron convocados, pero que asistieron a dicha reunión debido a que les preocupaba su situación laboral ya que se les dijo que el que no fuera a la misma estaba "botado".

En esta oportunidad la lista "castillo" funcionó al revés, es decir, el que no estaba en la misma estaba despedido. Se les dijo que en todo caso no se preocuparan pues el mismisimo y magnánimo Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida se reuniría con ellos más adelante para finiquitar su situación (claro dicha reunión posterior nunca se sucedió pues el paso siguiente fue su destitución).

Luego mediante oficio el mismisimo Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida envió comunicaciones a los destituidos como es el caso de ELENA MARGARITA VALERO LEDEZMA en donde le señalaba que su contrato no había sido renovado por "...motivos presupuestarios y según lineamientos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura..." tal y como consta en oficio signado bajo el Nro. PCJP-019-2006 de fecha 16 de enero de 2006; como si el Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida o de cualquier Circuito fuese el que presupuestariamente decidiera, es decir, el que dispone de los recursos económicos para que el Poder Judicial funcione. ¿Y será acaso que el Juez Presidente no sabe como funciona el Poder Judicial?

El caso pica y se extiende pues hemos sabido de muy buena fuente que el Juez Presidente está empeñado en meter a dos de sus escoltas personales al Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a saber: Omar Guerra y Juan Becerra ¿será acaso un caso de nepotismo judicial?

Recordamos estos casos porque hemos dicho desde este sindicato que lo que se trata en este momento es el de alojar en el Poder Judicial mafias o tribus judiciales, en esta oportunidad presidida por agentes externos al mismo pero que además son unos oportunistas de turno que en nada ayudan al proceso de cambios que adelanta la República. Triste es pensar que con actitudes y posiciones como esta realmente le van a cambiar la cara al Poder Judicial, todo lo contrario lo que observamos con preocupación es la instalación de nuevas mafias o tribus judiciales esta vez de las mismisimas entrañas de la "Revolución". Nosotros nos resistimos a creer que esto este sucediendo dentro del Poder Judicial merideño, pero recordemos que ante la inminente salida del anterior magistrado Director de la DEM en el momento que supo que tenía que abandonar la Jefatura de la DEM se dedicó a hacer negocios, acuerdos y cambalaches con fuerzas que de alguna manera respaldaran su gestión (caso FBA en Mérida). Claro que esto en nada le sirvió al anterior ex-magistrado debido a que su salida igualmente se sucedió.

Esta preocupación deviene del hecho cierto de que esta organización externa al Poder Judicial sigue tratando de controlarlo todo, desde el cargo de obrero hasta el de Juez y ¡ hay de aquel que se le ocurra oponerse a los designios del manda más de la Fuerza ¡. Tanto es así que a este sindicato nos han llegado denuncias hechas de que en la FBA se les cobra el 20 % del sueldo de aquellos obreros, asistentes de tribunal, alguaciles, secretarios y jueces que postuló la "Fuerza". También es un hecho cierto que el manda más de dicha organización (que presumimos que es del Ejecutivo) postula más cargos al Poder Judicial que al Ejecutivo Regional) no entendemos la razón, esto es como si algún miembro del Poder Judicial se la pasara postulandole cargos al PODER EJECUTIVO.

Lo último que ha hecho el Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida es el de desmejorar en sus condiciones de trabajo al alguacil GABRIEL CONTRERAS, que de alguacil jefe grado 11 lo intenta alojar como alguacil grado 8 (otra arbitrariedad más) y a una madre de familia, abogada asistente en el Circuito Judicial Penal del Estado Mérida la envió a la sede de El Vigía, sin que hubiese derecho a pataleo o derecho a la defensa.

Atentos como siempre hemos estado a los desmanes y desafueros de agentes que perjudican al Poder Judicial merideño volvemos a llamar la atención de las mas altas autoridades de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, que trata de adentrarse a la modernización pero con paz laboral a que trate de controlar dichos arrebatos de poder en funcionarios que mas que contribuir a la sana Administración de Justicia lo que hacen es golpear aún mas la imagen del Poder Judicial venezolano.

PRENSA SUONTRAJ