“Somos defensores de los derechos humanos, así que no somos ni seremos parte de la diatriba política”, aseguró Alfredo Romero en respuesta a los ataques proferidos contra él y el Foro Penal, por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien en rueda de prensa el domingo pasado, acusó al director presidente de la ONG de “haber lanzado un pote de humo” a través de un vídeo sobre la detención de una ciudadana. “Esos (vídeos) que lanzan esas ONG para encubrir asesinos”, llegó a decir Rodríguez.
No es la primera vez que el Foro Penal es atacado o amenazado y de nuevo Romero se vio en la necesidad de ratificar que la organización que representa jamás se saldrá de la Constitución, “lo que sí hace con frecuencia el gobierno venezolano al irrespetar la presunción de inocencia, las libertades políticas, el debido proceso, el derecho a la defensa y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos”, precisó Romero este lunes en rueda de prensa.
Insistió en que las ONG de DDHH son un canal por el que sin discriminación, ciudadanos de cualquier ideología denuncian violaciones a sus derechos humanos y obtienen protección.
Precisó Romero, que en el video difundido a través de las redes sociales, se transmitió la denuncia de familiares de una ciudadana detenida que dirige una ONG de protección de animales. El contexto de tal detención, el Foro Penal lo conoció a través de la versión difundida por el Ministro de Comunicación, puesto que a la detenida la mantienen incomunicada.
Romero recordó que en Venezuela hay 236 presos políticos de los cuales 71 son militares. Hay 35 mujeres detenidas y 3 adolescentes. Dos tienen boletas de excarcelación. Y casi todos han sido condenados públicamente por el Ejecutivo, sin haber sido procesados y sin derecho a su defensa.
Por su parte, Gonzalo Himiob vicepresidente del Foro Penal, recordó el rigor con que los miembros de la ONG trabajan para la verificación de los casos, información que ha sido validada por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
El Foro Penal asiste gratuitamente a las víctimas que les han violado los DDHH. Sus miembros insistieron en su voluntad para seguir prestando tan importante servicio a los venezolanos.
“Ratificamos que en efecto se trata de dos auténticos presos políticos, en tanto que las características de esta detención se corresponden con las de los estándares internacionales sobre lo que es un preso político, dijo uno de los abogados de la ONG Foro Penal
Representantes de la ONG Foro Penal en Mérida aseguraron este lunes 14 de septiembre que Carlos Varón y Ricardo Prieto, funcionarios arrestados por grabar, presuntamente, un video en el que comparaban al presidente Nicolás Maduro con un burro, son presos políticos.
En rueda de prensa, Fernando Cermeño, vocero de la ONG, dijo que en Mérida contabilizan siete presos políticos de 236 que registra la organización en todo el país. “Ratificamos que en efecto se trata de dos auténticos presos políticos, en tanto que las características de esta detención se corresponden con las de los estándares internacionales sobre lo que es un preso político. Son personas detenidas arbitrariamente por motivos de carácter político, por intolerancia del Gobierno”, afirmó Cermeño.
El abogado penalista también aseguró que los detenidos no han cometido delito alguno, porque en la legislación venezolana “no existe ninguna clase de delito que diga que hacer una parodia o hacer una sátira sea constitutivo de delito”.
Así mismo, Cermeño aclaró que la defensa técnica de Varón y Prieto no está a cargo de ningún miembro de Foro Penal, sino de dos abogados de la Gobernación. “No compartimos con el gobernador el que no trate el caso con carácter político”, puntualizó.
Cermeño explicó que en este caso se han violado los principios de presunción de inocencia y legalidad penal, debido a que no se ha constatado que la grabación del video haya sido realizada por los detenidos.
“Se está violentando el principio de legalidad penal en un doble sentido. En su sentido político, en tanto que se les está aplicando a estos dos nuevos presos políticos una ley que no es expresión de la voluntad popular emitida por la Asamblea Nacional, sino que esta es una ley que fue creada por un organismo incompetente que no tiene facultades para crear y, mucho menos, aplicar leyes penales”, expresó.
En segundo lugar, afirmó que se vulnera “el sentido técnico del principio de legalidad penal, en tanto que la instigación al odio que les fuera imputado a estos dos nuevos presos políticos es un contrasentido, ya que esa parodia lo que provoca es risa, no odio”.
Posible destitución
Sobre el procedimiento administrativo iniciado en contra de los funcionarios bomberiles, que podría desencadenar en la destitución de ambos, Cermeño explicó que corresponde a los entes a los que están adscritos abrir este tipo de procedimientos.
“Este procedimiento fue abierto por el Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, que es una institución adscrita a la Gobernación del estado, y allí hay varias administraciones: el comandante del Cuerpo de Bomberos, un inspector, el encargado de recursos humanos y una unidad de disciplina. Todas estas dependencias son las que tienen que instruir un expediente administrativo y son las que pueden promover la apertura de este procedimiento, como efectivamente lo hicieron”, precisó el representante de Foro Penal.
Ricardo Prieto y Carlos Varón permanecen recluidos en el retén de Bailadores, municipio Rivas Dávila del estado Mérida, mientras transcurren los 45 días estipulados para las averiguaciones del caso.
Ambos podrían enfrentar una pena de 20 años de prisión por el delito de incitación al odio con agravante, estipulado en los artículos 20 y 21 de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada el año pasado por la Asamblea Nacional Constituyente.
El problema que enfrentamos en la actualidad no es la amenaza de un embargo petrolero por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino el derrumbe de nuestras exportaciones que impiden a PDVSA cumplir con las demandas de sus clientes en el exterior. Unido a ello, la caída de las exportaciones implica un nivel de ingreso de divisas que es insuficiente para cubrir los requerimientos de divisas que se plantean este año, por concepto de importaciones y pago de deuda. Situación que puede agravarse si se concretan las amenazas de Cocono Philips.
Durante una conferencia, señala el economista José Toro Hardy, uno de los asistentes le preguntó: ¿Qué pasaría si Estados Unidos aplica sanciones a las compras de petróleo venezolano? Toro Hardy discrepó del asistente y planteó que lo pertinente era preguntarse: ¿Qué pasaría si Venezuela se queda sin suficiente petróleo para exportar a los Estados Unidos? La inquietud de Toro Hardy surge del desplome que viene sufriendo la producción petrolera venezolana.
Los señalamientos de Toro Hardy se hicieron en un artículo publicado en el diario El Nacional en febrero pasado, donde señaló que en 1998, cuando Chávez llegó a la presidencia, la producción de Venezuela era de 3.400 millones de barriles diarios. En el mes de diciembre pasado la producción había caído a 1.621.000 barriles diarios, de acuerdo a cifras de la OPEP. En este contexto, las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos eran de 1.800 millones de barriles diarios en el año 1998 y cayeron a 416.000 barriles. Es decir, se contrajeron en un 80%. Ante la caída de las exportaciones venezolanas, los Estados Unidos han tenido que buscar otros proveedores que han ido asumiendo la cuota de mercado de Venezuela.
Las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos han venido disminuyendo, no por un embargo, sino por el colapso de la producción petrolera de PDVSA. En consecuencia, es de esperar según Toro Hardy, que en el año 2018 las exportaciones hacia los Estados Unidos sigan cayendo en forma dramática, por lo que lo pertinente es interrogarse, no sobre un hipotético embargo, sino sobre las limitaciones que hemos mostrado para cumplir con las demandas de clientes tradicionales de Venezuela como los Estados Unidos. La realidad es que, hasta el presente, los gringos han estado interesados en comprarnos petróleo, pero Venezuela no ha tenido suficiente petróleo para venderles.
Las previsiones de Toro Hardy para el año 2018 se han cumplido, pues nuestra producción petrolera ha continuado reduciéndose. Jorge Piñón, un experto petrolero de la Universidad de Texas, señaló que la producción de Venezuela se ubica actualmente entre 1.4 y 1.5 millones de b/d, o sea que se han reducido en unos 300 mil b/d aproximadamente, con respecto a diciembre pasado. Después de deducir la producción orientada al consumo interno, obtenemos las exportaciones, las cuales se ubican en 800 mil b/d según el experto señalado. Estos niveles de exportaciones no son suficientes para satisfacer la demanda de los clientes de PDVSA, como los Estados Unidos.
Los señalamientos de Jorge Piñón se dieron durante una entrevista que le hiciera el periodista Xavier Serbiá en una edición reciente de CNN Dinero. Serbiá señaló que las cifras de exportación dadas por Piñon no permiten al Estado Venezolano cuadrar sus cuentas. En otras palabras, el Estado venezolano no tiene las divisas suficientes para costear las importaciones que se requieren y los compromisos asociados al pago de la deuda. En el cuadro 1 podemos observar que los ingresos en divisas generados por las exportaciones petroleras no llegan a cubrir ni la tercera parte del monto de las divisas que se erogaron el año pasado en importaciones y pago de deuda. Hay un déficit de aproximadamente 22 mil millones de dólares.
Cuadro 1. Ingreso de divisas del año 2018 como proporción de los requerimientos de divisas para importaciones y pago de deuda.
Concepto
Millones de dólares
Valor de las exportaciones petroleras (1)
10.293
Requerimientos de divisas para importaciones y pago de deuda (2)
32.691
Déficit
-22.398
Proporción (1/2 x 100)
31,5%
Fuente: Cuadro 2. Nota: En el cálculo del valor de las exportaciones asumimos 60 dólares el barril y un nivel de exportaciones de 800.000 barriles diarios. A estos le deducimos 330.000 barriles diarios que exporta Venezuela hacia China para pagar préstamos. En la estimación de los requerimientos de divisas asumimos el valor de las importaciones más el pago de deuda realizados en el año 2017 (Ver cuadro 2)
La situación descrita puede ser peor pues la empresa Conoco Philips amenaza con embargar instalaciones y productos petroleros almacenados en Curazao y otras islas del Caribe, en compensación por 2.000 mil millones de dólares que le adeuda el gobierno por la expropiación de sus instalaciones en el año 2007. La citada empresa ha sido autorizada por un tribunal de Curazao a proceder a tomar posesión de los productos almacenados en tanques y buques. Adicionalmente a ello, el gobierno de los Estados Unidos ha cortado las ventas de nafta a PDVSA, la cual se utiliza para diluir el petróleo pesado venezolano en las refinerías, con el propósito de adaptarlo a los requerimientos de los clientes de PDVSA en el exterior. El efecto combinado de las acciones de Conoco Philips y los recortes en la venta de nafta, reducirían aun más los niveles de exportación de PDVSA. Dicha reducción pudiera alcanzar los 500.000 barriles diarios según Jorge Piñón, el experto petrolero mencionado.
Cuadro 2. Venezuela. Valor de las importaciones de bienes y servicios y de los pagos asociados a la deuda externa (intereses y capital), año 2017.
Concepto
Valor (millones de dólares)
Importaciones de bienes y servicios (1)
23.000
Pago de deuda externa (intereses y capital) (2)
9.691
Total egresos de divisas
32.691
Fuente: (1)Estimaciones aportadas por la empresa Torino Capital publicadas en: Gerente com. “Las importaciones siguen cuesta abajo en el 2017”. Disponible en: www.gerente.com; (2) Kapital. Consultoría económica y financiera. Disponible en: Kapitalconsultores.com
Nota: en el cuadro 1 la estimación de las exportaciones de Venezuela hacia China toma como referencia las cifras de exportación del año 2017. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (con base en Washington) dichas exportaciones durante el año 2017 fueron de 330.000 barriles diarios las cuales no generan efectivo pues se envían en pago por préstamos (El Nacional. 2018. “China se adueña de crudo de Venezuela”. El Nacional, 6 de abril del 2018.
Los bancos también están sobreviviendo REUTERS/Marco Bello
La hiperinflación que vive Venezuela devoró el patrimonio de la banca
local hasta dejarla, en conjunto, del tamaño de un banco de la pequeña
República Dominicana y sin capacidad para sacar de la recesión a la que
fuera tiempo atrás una de las cuatro mayores economías de Latinoamérica.
Tras una década de tasas reguladas en un máximo de 28 por ciento y
con una inflación que trepó a cuatro dígitos, los bancos del país
petrolero no son rentables y tienen poco interés en inyectar capital a
pérdida para ampliar los montos de los créditos y apalancar el consumo
de empresas y personas.
Si bien aún operan bancos como el estadounidense Citibank o el
gigante español BBVA en espera de tiempos mejores, el valor de las 31
entidades financieras privadas que seguían en pie al cierre de 2017
equivalía a 40 millones de dólares a la tasa de cambio oficial usada
como referencia ante la falta de divisas.
“Los bancos están sobreviviendo”, dijo un asesor de la banca privada
que prefirió no revelar su nombre. “Hacen esfuerzos por mantenerse
operando pero sin expandir el crédito”, dijo.
Con tan poco respaldo, los bancos venezolanos prestan apenas un 28
por ciento del torrente de bolívares que manejan, según cifras oficiales
a enero, muy lejos del promedio de los sistemas bancarios en América
Latina que en 2017 mantenían volúmenes de crédito equiparables con los
depósitos, según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos
(Felaban).
El Gobierno parece tener prisa en revertir esta situación. En febrero
el ente regulador de los bancos ordenó aumentar el máximo a prestar en
cada tarjeta de crédito de 36 a 60 millones de bolívares, un poco menos
de 300 dólares, según una resolución difundida en su web.
Ni la Superintendencia de Bancos (Sudeban) ni el Ministerio de Información respondieron a varios correos solicitando su opinión.
Pero Beglis Villanueva, una docente con tres tarjetas emitidas por el
Banco Provincial, filial de BBVA en el país, no tuvo suerte con el
aumento de cupos. El límite en sus tarjetas es menor a dos dólares y no
ha cambiado en el último año.
“Las uso para comprar pan, que es lo único que puedo comprar con ellas”, dijo al salir de su trabajo en un colegio privado.
Un mal negocio
La banca venezolana -que en los últimos años ha cerrado centenares de
oficinas y redujo miles de empleos- tiene restricciones para el cobro
de comisiones y limitaciones legales para invertir en otra moneda, por
lo que depende principalmente de la venta de créditos para subsistir.
Pero a diciembre había prestado un volumen de dinero que, según datos
oficiales, equivale a 13 dólares por persona, en una nación con 30
millones de habitantes, que en su mayoría se salta alguna comida al día
por la pérdida de su poder adquisitivo.
El tamaño de la cartera de créditos es ínfimo frente a los números de
la banca en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina y México, el grupo
de las principales economías de la región al que pertenecía Venezuela
hasta 2009. En todos los casos prestan más de 2.000 dólares por persona,
según una revisión que hizo Reuters de datos de Felaban a fines de
2017.
Yenny Bastida, una diseñadora de modas venezolana, ha visto cómo la
banca local le redujo el crédito. Este año ofrecieron a su empresa el
equivalente a 300 dólares que debe pagar en seis meses, la mitad del
plazo que recibió de dos bancos en 2016.
“El monto es ridículo, apenas cubre un 20 por ciento de lo que financié dos años atrás”, dijo.
A las grandes y medianas empresas la banca privada local le presta no
más del equivalente a 25.000 dólares y en casi todos los casos está
exigiendo garantías en dólares, aseguró un consultor de grandes
compañías que operan en el país.
“El crédito está perdiendo razón de ser”, dijo el profesor Leonardo
Vera que trabajó por años en la unidad de investigación de un banco
privado local. “Una economía sin crédito no crece, las empresas se
quedan sin capital de trabajo para expandirse y el hogar tampoco puede
aumentar el patrimonio”, apunta.
Tres años antes, la banca venezolana prestaba 59 por ciento de los
depósitos y el volumen de la cartera de créditos equivalía a casi 100
dólares per capita, según datos oficiales.
Con el escenario de la hiperinflación venezolana, las empresas y
personas tienen todos los incentivos para pedir préstamos, pues cómo
máximo le cobran una tasa del 28 por ciento desde 2005, bajo una
inflación que en marzo se ubicó en 8.878 por ciento anual, según la
medición del Congreso opositor.
Pero la mayoría de los bancos hizo solo leves mejoras en los créditos
al consumo, según dijeron tres ejecutivos del sector financiero, porque
deben inyectar capital para ampliar los límites a financiar al ritmo
que suben los precios.
“Los dueños de los bancos no van a traer dólares para capitalizar.
Eso es pensamiento mágico”, dijo un alto ejecutivo de una de las
instituciones más grandes del país, advirtiendo que cualquier aporte de
los accionistas se lo devora en tres o cuatro meses la desmedida
inflación.
Al cierre de 2017, los bancos ganaron 115 por ciento en proporción al
patrimonio, muy por debajo de la voraz inflación que cerró en 2.600 por
ciento, según data oficial y a contramano de lo que sucedió en las
siete economías más grandes de la región, donde la banca ganó en
términos reales.
La mayoría de los bancos privados solía inyectar todas las ganancias
al patrimonio para ampliar el crédito en los últimos años de inflación
alta, pero cuando los precios subieron por encima de cuatro dígitos se
rompió el ciclo, dijeron fuentes del sector.
“Paños calientes”
“Señores de la Banca todavía tienen tiempo … traigan los dólares y
compren petros”, dijo el vicepresidente Tareck El Aissami en marzo, al
anunciar que permitirán aumentar capital con la compra en divisas de esa
nueva moneda digital venezolana para que los bancos puedan fortalecer
el patrimonio.
También para reanimar la banca, el Gobierno relajó el año pasado en
dos oportunidades algunas normas contables para permitir a los bancos
revalorizar sus activos, muchos de ellos inmuebles, y así otorgar más
créditos. Y este año, al eliminar la tasa de cambio subsidiada, subió el
valor en moneda local de la cartera de bonos denominados en dólares y
creció ligeramente el patrimonio.
“Son paños calientes, el gobierno debe aprobar un aumento de las
tasas de interés”, dijo una fuente cercana a las negociaciones que por
meses mantienen sin éxito los bancos con autoridades, convencido que el
rezago en el crédito irá a peor.
La banca privada local dejó de otorgar créditos a empresas y personas
a largo plazo. Seis de cada 10 bolívares que prestó en 2017 fue para
créditos comerciales, que reciben desde industrias hasta comercios y
deben pagar en menos de 24 meses, indican la data oficial a enero y
fuentes bancarias.
“La banca dejó de cumplir su rol”, dijo un ejecutivo de una compañía
local que prefirió reservar su nombre. “Consigues mejor financiamiento
con los proveedores”, apuntó el directivo de una compañía a la que le
ofrecen créditos que no alcanzan siquiera para comprar 15 días de
materia prima.
La coyuntura aún no ahuyenta a la mayoría de los banqueros, que
aguardan regresen los tiempos donde Venezuela les aportó las mejores
ganancias bajo la bonanza petrolera y en un mercado donde hay millones
de clientes bancarizados.
“La banca sobrevivió a la hiperinflación en Perú y aquí también lo
harán las instituciones que tienen enormes inversiones en inmuebles”,
afirmó un operador por décadas del sector financiero. “Habrá sí
reacomodos”, dijo.
Es el caso de la unidad de Citibank que comenzó a suspender tarjetas
de crédito y cuentas a clientes el año pasado, en una estrategia de
“reducir el mercado objetivo”, dijeron dos fuentes del sector y en
diciembre el banco registró una pérdida de 43,1 por ciento sobre el
patrimonio invertido, según datos oficiales.
El dueño del banco Banesco, la mayor entidad financiera de Venezuela
por activos, afirmó en enero que la entidad no estaba a la venta, ni
sería adquirido por el Gobierno pero compró el negocio minorista del
alemán Deutsche Bank en Portugal, mostrando su intención de expandirse.
Sus asesores dijeron que pese a esto permanecerá en el país.
En los últimos dos años sólo el banco portugués Novo Banco vendió su
filial en Venezuela, pactando con el local Banca Amiga su salida de un
mercado donde entró hace menos de una década. Como exigen las leyes
locales, el gobierno aprobó la operación.
El BBVA desconsolidó su unidad local Provincial, que llegó a estar
entre las más rentables del grupo, pero hace año y medio desestimó una
oferta de compra de un banquero local, dijo una fuente cercana a la
negociación. BBVA declinó comentar sobre esta propuesta.
“Venezuela es una tragedia”, dijo Francisco González, presidente del
grupo financiero español a periodistas en un encuentro en Davos en
febrero. “Desde luego no queremos irnos (…) yo confío que algo va a
pasar”.
Reuters
REUTERS/Marco BelloREUTERS/Marco BelloREUTERS/Marco BelloREUTERS/Marco Bello
Venezuela registra
el mayor incremento de casos de malaria en el mundo, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que teme no solo por las
consecuencias internas, sino por la expansión de la enfermedad en los
países limítrofes que reciben refugiados venezolanos.
“El caso de Venezuela nos
preocupa significativamente. Los casos de malaria están creciendo de
una manera muy preocupante a causa de la drástica reducción de las
campañas antipalúdicas que se llevan a cabo en el país”, afirmó hoy en
rueda de prensa el director del programa contra la malaria de la OMS,
Pedro Alonso.
El especialista recordó que en la primera campaña de erradicación de la enfermedad en los años 1950-60, Venezuela destacó
por ser el primer país en el mundo que pudo erradicar el paludismo en
amplias zonas del país y que fue certificado por ello.
“Ahora tenemos incrementos masivos que
probablemente lleguen a medio millón de casos por año. Es el mayor
incremento registrado en el mundo”, denunció.
Oficialmente, en 2016, Venezuela reportó
245.000 casos y una muerte, mientras que la OMS estimó que, en
realidad, el número de contagios ascendió al menos a 300.000 y el de
decesos a 280.
Para 2017, la OMS estima que al menos se
dieron 406.000 casos, una cifra muy difícil de verificar dado que el
sistema epidemiológico del país es muy precario.
Alonso sostuvo que la OMS y
específicamente su oficina regional, la Organización Panamericana de
Salud (OPS), trabajan intensamente con el Gobierno para “tratar de
aliviar las preocupantes condiciones”.
Además, la OPS ofrece a Venezuela medicamentos antipalúdicos y tratamientos preventivos como mosquiteras impregnadas de insecticida.
Alonso advirtió que el riesgo no sólo
recae en la población venezolana que reside en su propio país, sino
también en los que huyen de las duras condiciones venezolanas y buscan
refugio en naciones limítrofes.
“Estamos viendo casos de malaria entre
la población de refugiados venezolanos que llegan a Brasil, Colombia y
Ecuador y otros lugares”, indicó.
“Tememos que haya nuevas transmisiones en esos países si no se controla bien a la población refugiada”, agregó.
Es por ello que apeló a los países
vecinos a “asegurar una diagnosis y un tratamiento adecuado y gratis
para cualquiera que vaya a un centro médico, porque no hay nada más
peligroso que pacientes con acceso limitado a causa de su estatus
financiero o legal”.
Por otra parte, Alonso dijo que si bien
en números absolutos los casos de paludismo han crecido en América
Latina, en general, la región marcha por el buen camino y que la
enfermedad está controlada en la mayoría de los países a excepción de Venezuela, dado que si hay casos, éstos son puntuales.
Evocó, por ejemplo, nuevos casos en
Colombia en las zonas abandonadas por guerrilleros desmovilizados y
donde nunca antes se habían hecho controles epidemiológicos, o focos
puntuales en Brasil y Ecuador. EFE
FOTOS | Finca Experimental de la ULA sigue invadida y la GN no actúa
Temen que se pierdan 1.000 litros de leche almacenada, que los invasores no dejaron sacar este martes
| Los invasores tomaron la finca el pasado 13 de abril, al final de la tarde |Foto: Cortesía @NuaaULA
Mérida.- Once días han transcurrido desde que un numeroso
grupo de personas invadió, al final de la tarde del viernes 13 de abril,
la finca experimental Judibana de la Universidad de Los Andes (ULA), ubicada en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida. A la fecha, la Guardia Nacional (GN) y los organismos de seguridad no han actuado en defensa de las propiedades de esta casa de estudios.
En la finca funciona el Núcleo Experimental Alberto Adriani
y, desde allí, se hace docencia, investigación, extensión y se
desarrollan proyectos de distintas facultades y núcleos de la
universidad.
Al menos 100 personas mantienen tomado el portón de entrada y limitan
el acceso a los predios de la ULA. Un afiche del expresidente Hugo Chávez
acompaña la invasión del grupo que dice llamarse “Consejo Socialista
Lucha, Batalla y Victoria”, que se adueñó de un espacio, que ya había
sido invadido en dos oportunidades.
Germán Rodríguez, coordinador de la Finca Experimental Judibana, denunció actitud hostil. (Foto: @NuaaULA)
La acción fue denunciada en su oportunidad por el rector de la ULA, Mario Bonucci,
quien además de notificar el hecho a las autoridades también señaló que
ocurren delitos como el abigeato, pues informó que los invasores
sacrificaron dos reses que forman parte de las dinámicas de proyectos de
investigación.
En la finca Judibana hay aproximadamente 200 animales y, desde hace
dos años, son blanco de acciones de abigeato, lo que ha conllevado a la
pérdida de, al menos, 20 reses.
Germán Rodríguez, director de la Finca Experimental Judibana,
agredido y amenazado por los invasores este martes cuando se disponía a
tomar una muestra de la leche almacenada, denunció que hay 1.000 litros
de leche que pueden perderse porque los invasores, con actitud hostil y
con armas blancas, impiden el ingreso del camión de la empresa láctea
para llevarse el producto y procesarlo.
Pese a la inspección realizada, la GN no actúa para desalojar a los invasores (Foto: @NuaaULA)
No hay procedimientos pese a medida cautelar
Efectivos de la GN conocieron de la invasión en su momento y la
respuesta para las autoridades universitarias fue que deben esperar
órdenes superiores para actuar.
Sin embargo, Germán Rodríguez recordó la medida cautelar que existe
sobre la finca desde el año 2016 cuando hubo la primera invasión y
solicitó a los organismos proceder a la desocupación antes de que se
generen daños irreparables.
“Hay un cordón de miseria y la justificación de los invasores es que
van a producir y lo que vemos al frente (de la finca), que es donde
viven los invasores, es hacinamiento, servicios públicos de mala calidad
y eso es lo que quieren replicar en Judibana”, subrayó Rodríguez, al
tiempo que pidió la desocupación.
Este
martes, los invasores no permitieron tomar muestra de la leche
almacenada, la cual temen las autoridades que ya se esté dañando. |
(Foto: @NuaaULA)
En el año 2016, el Tribunal Superior Agrario, el Ministerio de Agricultura y Tierras,
el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (Inti) y el entonces
Ministerio del Ambiente determinaron que la finca experimental Judibana
tiene vocación académica, de investigación y de extensión, más no
productiva.
El Instituto de Aeronáutica Civil (Inac) suscribió tal
pronunciamiento de los entes correspondientes, sobre todo porque la
finca está en el cono de aproximación de la pista del aeropuerto Juan
Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía. Ante esta nueva
invasión, el Inac también ha guardado silencio y no da respuesta a la
solicitud de actuación que realizan las autoridades universitarias.
Hace
dos años, un tribunal superior agrario determinó que la finca Judibana
debe respetarse por su vocación académica, de extensión e investigación
| (Foto: @NuaaULA)
En riesgo el núcleo universitario
Si los organismos de seguridad no hacen cumplir la medida cautelar y
no hacen respetar la decisión del Tribunal Superior Agrario, la
continuidad del núcleo universitario Alberto Adriani de la ULA está en
riesgo.
El director de la finca experimental, Germán Rodríguez, señaló con
preocupación que la invasión perjudica considerablemente el desarrollo
del núcleo universitario de El Vigía, ya que la semana pasada debieron
comenzar clases estudiantes de las carreras de Técnico Superior Agrícola
y Técnico Superior Agrario y, a la fecha, no han podido iniciar las
actividades, “porque no podemos colocar a los estudiantes en riesgo,
teniendo presente que la finca es el espacio natural para el laboratorio
de clases de esas carreras técnicas”, dijo.
Ante la matanza de dos reses, el impedimento para sacar la leche que
se produce en la finca Judibana y la agresión al personal universitario,
el rector de la ULA, Mario Bonucci, aseguró que la invasión pasó a ser
destrucción y vandalismo.
Por la falta de acción de los organismos de seguridad que esperan,
según dijeron, órdenes superiores para desalojar a los invasores,
Bonucci se preguntó ¿será que actuarán cuando ya sea demasiado tarde?.
Abr 25, 2018 7:29 am Cabimas, Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia)
El Estado de Zulia —la entidad petrolera que aún da de comer a
Venezuela y la de mayor población— está sumido en el caos por la
agudización de un racionamiento eléctrico que comenzó a finales del año
pasado y que desde la semana pasada ha dejado a la población más de la
mitad del día a oscuras y a algunos con apenas una hora de luz en 24
horas. Así lo reseña elpais.com
Por Florantonia Singer
El fin de semana, Maracaibo, la segunda en población del país
sudamericano, era un pueblo fantasma. La semana comenzó igual. Negocios
cerrados, calles oscuras con la huella de las protestas nocturnas y la
gente resistiendo las altas temperaturas que superan los 30 grados
centígrados en una región donde el aire acondicionado es casi un
artículo de primera necesidad.
“El lunes los niños no tuvieron clases y este martes las maestras nos
avisaron a media mañana que podíamos llevar a los niños porque había
llegado la luz”, cuenta Andreína Parra, de 36 años de edad, mientras
hacía una fila por más de dos horas para cargar combustible en una de
las pocas estaciones que estaba prestando servicio porque tenía luz.
La empresa estatal de electricidad, Corpoelec, ha informado que el
racionamiento eléctrico era solo de tres horas. La medida se comenzó a
aplicar a finales de año para enfrentar los rigores de una sequía que es
cíclica en el país tropical, que suele afectar las fuentes de energía
hídricas, y que al gobierno se le ha ido de las manos más de una vez.
Este martes, en una rueda de prensa, el ministro de Energía
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha dicho que la causa la crisis
eléctrica en la entidad es el sabotaje de dirigentes de la oposición
contra el gobernador del estado, Omar Prieto, un aliado de Nicolás
Maduro.
El funcionario también ha anunciado la detención de 29 personas, gran
parte de ellas fueron arrestadas este martes durante una protesta
frente a la sede la empresa estatal en Maracaibo, y entre las cuales
está el presidente de la cámara municipal de la ciudad, el edil Carlos
Armijo, y dos periodistas que cubrían la manifestación. Prieto no
mencionó que en otra protesta ocurrida en la noche del lunes en rechazo a
los apagones, fue asesinado Anderson Olivares, un adolescente de 15
años herido por un arma de fuego que presuntamente accionó un conductor
que pasaba por la Circunvalación 3, cerca del barrio La Antena, informó
la ONG de derechos humanos Provea.
Para dar a conocer todo el esfuerzo humano y financiero que realiza
el Gobierno regional para dar solución a la crisis del servicio de agua
potable, el mandatario regional, Ramón Guevara, ofreció una rueda de
prensa en la que afirmó que las condiciones que actualmente se
presentan en la empresa Aguas de Mérida son producto de la calamitosa
situación en la que la actual gerencia recibió dicho ente.
El Gobernador sostuvo que durante la presente semana aspiran poner
en funcionamiento, en un 70 por ciento, la distribución del agua en la
ciudad, una vez que la compañía encargada en reparar las bombas las
coloque en funcionamiento en un plazo no mayor de 48 horas a partir de
este martes.
“Entendemos la incomodidad que tiene el pueblo de Mérida sobre los
servicios públicos en general, pero es mi deber también asumir el costo
de aquellos que no hicieron nada para mantener a tono el mantenimiento
de la empresa Aguas de Mérida”.
Guevara autorizó a la presidencia de la hidrológica y su adjunto a
programar los diferentes cortes del servicio de agua, mientras se
recupera la producción del vital líquido.
Dijo que igualmente han autorizado al presidente de la referida
empresa, Henry Dávila, para que en el transcurso de las próximas horas
entregue un informe oficial a Hidroven, ente rector del agua en el
país, para que desde el punto de vista financiero dé una respuesta.
Señaló que están en la búsqueda de recursos que rodean los nueve
millardos de bolívares, que serán destinados exclusivamente para activar
las cinco bombas de agua que se han deteriorado por el uso a lo largo
de más de 30 años, y que no han recibido mantenimiento en las últimas
dos décadas.
La primera autoridad del estado destacó que representantes del
Gabinete regional se reunieron con el gerente de Corpoelec en la región,
quien se comprometió en dar fluido eléctrico permanente para mantener
el sistema de bombeo en los sectores Milla, El Vallecito y La Hoyada de
Milla, ya que funciona con electricidad.
Los químicos utilizados para la potabilización del vital líquido no
están llegando, añadió, y el estado solo ha podido adquirir 15 toneladas
de las 300 que se requieren para las ciudades de Mérida y El Vigía.
Respecto al tema de intervención de la hidrológica, opinó que “el
problema no es la intervención, el problema es buscar los más de 20
millardos de bolívares que requiere la empresa Aguas de Mérida para
darle solución a la crisis del agua”. Prensa OCI
Las características definidas por ONG venezolanas son estudiadas a nivel internacional
“Si en algo ha sido innovador el Gobierno es en crear nuevas fórmulas de persecución”, indicó Himiob
El director del Foro Penal, Gonzalo
Himiob, expuso este jueves los tres criterios que considera su
organización para definir a una persona como presa política en
Venezuela, ante los cambios que ha habido en las fórmulas para la
persecución en el país.
Estos criterios han sido trabajados
por diversas organizaciones no gubernamentales nacionales y, según
explicó Himiob, están siendo estudiados a nivel internacional, en la
Organización de Estados Americanos y han llegado a ser analizados por el
Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
“Son criterios que se están
validando a nivel mundial, porque si un país ha innovado en esto (la
persecución) es Venezuela”, señaló Himiob durante un foro sobre justicia
militar organizado por la ONG Acceso a la Justicia.
Criterios para considerar a alguien como preso político
1) Debe haber sido privado de libertad de forma arbitraria. El
artículo 44 de la Constitución plantea dos escenarios principales para
que una persona sea detenida: cuando es capturada en flagrancia o cuando
hay una orden de detención en su contra. Si la persona es detenida sin orden y no está cometiendo un delito, es una detención arbitraria.
2) La persona no debe haber recurrido a la violencia en el hecho en el que fue detenida. Este criterio —explicó Himiob— es de Amnistía Internacional para considerar a alguien como preso de conciencia.
3) La detención debe tener motivos políticos.
Foto: Rafael Briceño – Contrapunto/Archivo
En el trabajo para la creación del
proyecto de Ley de Amnistía, las organizaciones no gubernamentales que
participaron llegaron a definir hasta 33 criterios para determinar una
motivación política en una detención.
Estos señalamientos fueron explicados y reducidos por Himiob a tres fundamentales:
1) La persona es detenida para ser neutralizada por lo que significa o representa a nivel individual. Es decir, aquellos que son detenidos por su significado para un grupo de personas o su liderazgo.
En este aspecto, el caso principal y más representativo es el de Leopoldo López.
Como él, los de Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y otros dirigentes
políticos detenidos por su significado y peso en el sector opositor.
2) Detención de una persona
no por su significado individual, sino por su pertenencia a un grupo u
organización que el Gobierno quiere neutralizar. No son detenidos por sus acciones individuales, sino para enviar un mensaje al grupo al que pertenecen.
Es el caso de los estudiantes detenidos en protestas o
de la propia jueza María Lourdes Afiuni, cuyo caso no respondía
solamente a su acción judicial, sino que sirvió de mensaje a los jueces
que actúen de forma contraria a las líneas de gobierno.
3) Detenciones para crear una narrativa oficial que justifique fallas del Gobierno en algunos sectores. El Gobierno captura a varias personas y los responsabiliza por situaciones que necesita incluir en su narrativa.
Este es el caso de los detenidos
entre los panaderos acusados de supuestamente acaparar pan, de los
capturados por su presunta relación con Óscar Pérez, a quienes señalan
de una supuesta conspiración, o de los comisarios de la Policía
Metropolitana cuya prisión es necesaria para mantener la narrativa
oficial que responsabiliza a la oposición por los hechos del 11 de abril
de 2002, explicó Himiob.
Cumplir —o no— estas
características es lo que diferencia a los listados del Foro Penal
sobre el total de presos políticos a los que mantienen los partidos
políticos, cuyos criterios no siempre responden a las definiciones jurídicas en este sentido.
Esto, explicó Himiob, se refiere a
la categorización de las personas como presas políticas. Hay otros
casos, muchos, de detenciones injustas o arbitrarias, que en efecto
tienen incumplimientos al debido proceso, pero no representan prisión
política.
“Toda detención política es arbitraria, pero no toda detención arbitraria es política”, puntualizó Himiob.
En
el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el movimiento sindical
continental, representado por su organización la Confederación Sindical
de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y por el Consejo
Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) de la CIMT /OEA, se ha
reunido en ciudad de Lima, Perú, el día 11 de abril de 2018, para
reflexionar y debatir sobre la situación de las y los trabajadores de
las Américas, adopta esta “Declaración de COSATE – CSA ante la VIII
Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de las Américas”
“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”: la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas.
La
gobernabilidad democrática desde la visión de los trabajadores y de las
trabajadoras de las Américas, debe tener como sustento la idea de la
consolidación de la democracia y los mecanismos reales para su
gobernanza. Para ello se requiere la participación de
la sociedad en las decisiones, como garantía para su práctica efectiva y
protegerla de la violencia, de la guerra, del militarismo, de la
criminalidad y otros flagelos que son germen de la corrupción
institucionalizada.
Insistimos
que la gobernabilidad democrática debe proporcionar justicia social,
promover la libertad sindical y la negociacion colectiva, asegurar la
igualdad entre géneros, entre grupos generacionales y étnicos e incidir
para la superación de las desigualdades y las asimetrías que afectan a
nuestra region.
El
lema bajo el cual ha sido convocada esta Cumbre “Gobernabilidad
democrática frente a la corrupción”, se confronta con un escenario
regional complejo, cuyas principales características son la
radicalización de las agendas conservadoras, antidemocráticas y con
programas económicos y políticos que llevan a la región a etapas que
creíamos superadas y cuyos impactos afectan a las mayorías de los
sectores sociales y populares, pero especialmente a quienes son más
vulnerables: mujeres, jóvenes, grupos étnicos, migrantes, sectores
empobrecidos, defensores de los derechos humanos y otros líderes
sociales.
Los
objetivos de la VIII Cumbre expresan una profunda contradicción y
cinismo, porque contrastan con la realidad, ya que el supuesto combate a
la corrupción es utilizado para minar las bases de la democracia y
limitar sus mecanismos e imponer agendas que están lejos de las
necesidades del pueblo.
Desde
el movimiento sindical, la corrupción la denunciamos como un fenómeno
que corroe estructuralmente a nuestras sociedades e instituciones
democráticas; que goza de impunidad, desvía ilícitamente importantes
recursos que deberían estar al servicio de la superación de las graves
desigualdades y asimetrías que violentan los derechos políticos,
económicos, sociales y ambientales de miles de personas de todos los
sectores, particularmente de la clase trabajadora.
La
corrupción es funcional al sistema económico dominante ya que permite,
que miles de millones de dólares sean apropiados por reducidos grupos de
actores públicos y privados, desviados a paraísos fiscales y con otros
instrumentos financieros ilícitos, sin que existan mecanismos efectivos
para su combate y castigo, asimismo, impone las reglas que soportan al
modelo neoliberal que es el gran beneficiario del saqueo de los recursos
nacionales y de la apropiación del trabajo de millones de personas.
Una
de las prácticas de corrupción más extendidas y que más perjudican es
el desvío de recursos por la evasión y elusión fiscal practicada por
grandes empresas y grupos económicos, sin que las mismas sean objeto de
condena por los grandes medios de comunicación, ni perseguidas por las
instituciones policiales o judiciales, lo que demuestra el falso
moralismo de quienes detentan el poder, obviando el mandato de ejercer
la gobernabilidad democrática. Los trabajadores impulsamos una justicia
fiscal, por estarnos convencidos que una regulación adecuada, la
transparencia y la rendición de cuentas impacta siempre en la
distribución de la riqueza para lograr trabajo decente y la reducción de
la pobreza y de las desigualdades en todas sus formas.
Las
trabajadoras y los trabajadores luchamos contra la corrupción, tanto de
los corruptos como de aquellos que son corruptores, vengan de donde
vengan. Los trabajadores combatimos las causas estructurales de la
corrupción y la ingeniería jurídico del sistema político que se
establece para perpetuarla como forma de dominación y explotación Pero
advertimos que el combate a la corrupción puede ser utilizado de forma
parcializada y politizada, como está ocurriendo en algunos países, usada
para combatir a los rivales políticos, judicializar y criminalizar a
unos sectores y ocultar y amparar la corrupción practicada por otros.
Los
trabajadores no queremos que se use la bandera de la corrupción para
acallar u ocultar otros problemas fundamentales de los pueblos.
Rechazamos
la idea manipuladora que la corrupción es el principal problema de la
región y no compartiremos que sea usada como el “nuevo enemigo”, tal
como antes lo fue el comunismo y el narcotráfico.
El
caso más grave de desvío de la lucha “anticorrupción” lo vemos en
Brasil, donde el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue preso sin
haberse comprobado delito alguno, violando los instrumentos legales, la
Constitución y su legítimo derecho a la defensa, con la clara intención
de negar sus derechos políticos e impedir que pueda participar de las
elecciones presidenciales de 2018.
La
persecución a Lula es el más escandaloso crimen que se comete contra la
democracia, en nombre de un “combate a la corrupción , sumado al golpe
parlamentario, judicial y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff,
que ha permitido la implantación de una agenda antipopular,
antinacional y al servicio de los intereses del capital.
Lula,
es inocente, y por esto lo consideramos Preso Político y convocamos en
ejercicio de la solidaridad a la lucha internacional hasta lograr su
liberación.
En la actual coyuntura regional la posibilidad de una globalización equitativa con justicia social está cada vez más distante.
Los
cambios tecnológicos, las transformaciones en los modos de producir y
la influencia extrema del sistema financiero con su consecuencia en la
insistencia de políticas de ajustes estructurales y la desregulación
laboral, han generado fuertes asimetrías entre los países, encontrando
solo competitividad en la merma de los derechos para los trabajadores y
trabajadoras.
Esta
financiarización de la economía ocasiona la masiva pérdida de puestos
de trabajo y la precarización laboral; que genera situaciones de
trabajadores pobres y sin derechos, para quienes el trabajo ya no es
garantía de integración social. Constatamos que si están debilitando los
servicios públicos (educación, salud, seguridad social, provisión del
agua etc.) para justificar su privatización.
La
“nueva” oleada neoliberal en la región se sustenta en la profundización
de la lógica de los tratados de libre comercio y tratados de libre
inversión, cuyos efectos verdaderos son ampliamente conocidos para el
movimiento sindical. La agenda económica de la derecha en el poder se
afirma en una mayor liberalización comercial, en mayores garantías para
el capital, mayor flexibilización laboral y más ajustes en las políticas
sociales.
Las
grandes empresas y especialmente las empresas transnacionales (ETN)
continúan siendo las mayores beneficiarias de estas políticas
económicas. Las ETN´s son favorecidas por políticas de atracción de
inversión extranjera directa que, sin mayores costos para ellas, entrega
la explotación de recursos naturales, crea pocos y precarios puestos de
trabajo, otorga regímenes especiales de exención de impuestos,
permitiéndoles influir políticamente para la modificación de la
legislación social y ambiental que no sea favorable a sus negocios. Este
mecanismo de influencia económica, jurídica y legislativa de las ETN es
uno de los factores de mayor corrupción en nuestros países, que
desestabilizan a la democracia y vulneran la capacidad de los Estados
para ejercer sus funciones.
En
poco tiempo América Latina y el Caribe, pasó de ser una región que se
proyectaba como espacio de integración regional, de cooperación entre
los países, de complementariedad económica y de solidaridad entre
pueblos y naciones, a ser nuevamente un espacio de influencia de
intereses coloniales, de agendas pro imperialistas y al servicio del
capital transnacional. Las iniciativas de integración alternativa, como
UNASUR y CELAC, están bloqueadas por que varios gobiernos, y los
intereses que los soportan, prefieren un realineamiento con la agenda de
intereses de los EE. UU., que promover iniciativas de soberanía
regional en favor del desarrollo, la consolidación democrática y la paz.
Expresamos
nuestra preocupación por la situación en la República Bolivariana de
Venezuela y condenamos la forma como grupos de gobiernos con intereses
particulares, se sobreponen a la institucionalidad internacional para
promover acciones de injerencia contra un Estado democrático soberano y
crear un clima de desestabilización, enfrentamiento y violencia entre su
población.
Rechazamos
la adopción de medidas de bloqueo – que perjudican al pueblo venezolano
- sanciones y otras acciones económicas, financieras y diplomáticas,
porque violan el derecho internacional y profundizan la situación de
deterioro social, económico y político del pueblo venezolano. Demandamos
el respeto a las decisiones soberanas de su población, por vía de los
instrumentos y la institucionalidad democrática contenidos en su
constitución nacional.
Condenamos
la injerencia externa en ese país y demandamos de los gobiernos de la
región un compromiso responsable con la democracia, la paz y la
soberanía, sin exclusiones, promoviendo el efectivo entendimiento entre
los diversos actores políticos y favoreciendo el diálogo y la
negociación.
El sindicalismo de las Américas y su compromiso con la democracia, la justicia y la verdadera integración.
El movimiento sindical hemisférico reafirma su posición como activo sujeto social y político de la democracia.
Expresamos
que no existe posibilidad de ejercicio democrático, ni gobernabilidad
en una región que continúa siendo la más desigual del mundo a pesar de
todas sus riquezas y del esfuerzo de millones de hombres y mujeres que
trabajan.
Rechazamos
el autoritarismo económico y político como medio que pretende imponer
la minoría sobre la mayoría, para resolver los graves problemas de la
región. No serán los muros, reales y virtuales, que frenarán el deseo de
dignidad y justicia de millones de seres humanos en el Continente.
Rechazamos categóricamente la criminalización de los trabajadores
migrantes y denunciamos la militarización de las fronteras.
Es
fundamental el libre ejercicio de todas las libertades democráticas, de
todos los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y
culturales. En ese sentido, los Estados tienen la responsabilidad de
garantizar su efectiva realización, en un clima de paz, entendimiento,
respeto e inclusión. Cada persona, mujeres, hombres, jóvenes, grupos
étnicos y demás sujetos sociales mayoritarios, deben ser visibles y sus
voces incluidas en todas las decisiones que les atañen.
Las
trabajadoras y los trabajadores sufrimos el retroceso de la
instituciones de derecho en nuestra región, que afectan a nuestros
pueblos y que debe revertirse para lograr un desarrollo sustentable e
inclusivo, Sostenemos nuestras aspiraciones en materia de transparencia
en ejercicio de la política, libertad de expresión, en la justicia
independiente del poder político y de las grandes corporaciones y en el
fortalecimiento de la libertad sindical y dialogo social como piedra
angulares de la democracia.
La
CSA manifiesta su respaldo y solidaridad con el pueblo y el
sindicalismo peruano movilizado a nivel nacional para protestar contra
la corrupción y los pactos de impunidad que buscan institucionalizarse. Saludamos
la realización de la Cumbre de los Pueblos como expresión del ejercicio
soberano, democrático de representación legítima de los intereses,
aspiraciones y deseos de la diversidad que representamos como pueblos de
las Américas.
Consejo sindical de asesoramiento técnico de la CIMT-OEA (COSATE) Confederación Sindical de Trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA)
“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”: la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas.