En
el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el movimiento sindical
continental, representado por su organización la Confederación Sindical
de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y por el Consejo
Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) de la CIMT /OEA, se ha
reunido en ciudad de Lima, Perú, el día 11 de abril de 2018, para
reflexionar y debatir sobre la situación de las y los trabajadores de
las Américas, adopta esta “Declaración de COSATE – CSA ante la VIII
Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de las Américas”
“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”: la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas.
La
gobernabilidad democrática desde la visión de los trabajadores y de las
trabajadoras de las Américas, debe tener como sustento la idea de la
consolidación de la democracia y los mecanismos reales para su
gobernanza.
Para ello se requiere la participación de la sociedad en las decisiones, como garantía para su práctica efectiva y protegerla de la violencia, de la guerra, del militarismo, de la criminalidad y otros flagelos que son germen de la corrupción institucionalizada.
Para ello se requiere la participación de la sociedad en las decisiones, como garantía para su práctica efectiva y protegerla de la violencia, de la guerra, del militarismo, de la criminalidad y otros flagelos que son germen de la corrupción institucionalizada.
Insistimos
que la gobernabilidad democrática debe proporcionar justicia social,
promover la libertad sindical y la negociacion colectiva, asegurar la
igualdad entre géneros, entre grupos generacionales y étnicos e incidir
para la superación de las desigualdades y las asimetrías que afectan a
nuestra region.
El
lema bajo el cual ha sido convocada esta Cumbre “Gobernabilidad
democrática frente a la corrupción”, se confronta con un escenario
regional complejo, cuyas principales características son la
radicalización de las agendas conservadoras, antidemocráticas y con
programas económicos y políticos que llevan a la región a etapas que
creíamos superadas y cuyos impactos afectan a las mayorías de los
sectores sociales y populares, pero especialmente a quienes son más
vulnerables: mujeres, jóvenes, grupos étnicos, migrantes, sectores
empobrecidos, defensores de los derechos humanos y otros líderes
sociales.
Los
objetivos de la VIII Cumbre expresan una profunda contradicción y
cinismo, porque contrastan con la realidad, ya que el supuesto combate a
la corrupción es utilizado para minar las bases de la democracia y
limitar sus mecanismos e imponer agendas que están lejos de las
necesidades del pueblo.
Desde
el movimiento sindical, la corrupción la denunciamos como un fenómeno
que corroe estructuralmente a nuestras sociedades e instituciones
democráticas; que goza de impunidad, desvía ilícitamente importantes
recursos que deberían estar al servicio de la superación de las graves
desigualdades y asimetrías que violentan los derechos políticos,
económicos, sociales y ambientales de miles de personas de todos los
sectores, particularmente de la clase trabajadora.
La
corrupción es funcional al sistema económico dominante ya que permite,
que miles de millones de dólares sean apropiados por reducidos grupos de
actores públicos y privados, desviados a paraísos fiscales y con otros
instrumentos financieros ilícitos, sin que existan mecanismos efectivos
para su combate y castigo, asimismo, impone las reglas que soportan al
modelo neoliberal que es el gran beneficiario del saqueo de los recursos
nacionales y de la apropiación del trabajo de millones de personas.
Una
de las prácticas de corrupción más extendidas y que más perjudican es
el desvío de recursos por la evasión y elusión fiscal practicada por
grandes empresas y grupos económicos, sin que las mismas sean objeto de
condena por los grandes medios de comunicación, ni perseguidas por las
instituciones policiales o judiciales, lo que demuestra el falso
moralismo de quienes detentan el poder, obviando el mandato de ejercer
la gobernabilidad democrática. Los trabajadores impulsamos una justicia
fiscal, por estarnos convencidos que una regulación adecuada, la
transparencia y la rendición de cuentas impacta siempre en la
distribución de la riqueza para lograr trabajo decente y la reducción de
la pobreza y de las desigualdades en todas sus formas.
Las
trabajadoras y los trabajadores luchamos contra la corrupción, tanto de
los corruptos como de aquellos que son corruptores, vengan de donde
vengan. Los trabajadores combatimos las causas estructurales de la
corrupción y la ingeniería jurídico del sistema político que se
establece para perpetuarla como forma de dominación y explotación
Pero advertimos que el combate a la corrupción puede ser utilizado de forma parcializada y politizada, como está ocurriendo en algunos países, usada para combatir a los rivales políticos, judicializar y criminalizar a unos sectores y ocultar y amparar la corrupción practicada por otros.
Pero advertimos que el combate a la corrupción puede ser utilizado de forma parcializada y politizada, como está ocurriendo en algunos países, usada para combatir a los rivales políticos, judicializar y criminalizar a unos sectores y ocultar y amparar la corrupción practicada por otros.
Los
trabajadores no queremos que se use la bandera de la corrupción para
acallar u ocultar otros problemas fundamentales de los pueblos.
Rechazamos
la idea manipuladora que la corrupción es el principal problema de la
región y no compartiremos que sea usada como el “nuevo enemigo”, tal
como antes lo fue el comunismo y el narcotráfico.
El
caso más grave de desvío de la lucha “anticorrupción” lo vemos en
Brasil, donde el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue preso sin
haberse comprobado delito alguno, violando los instrumentos legales, la
Constitución y su legítimo derecho a la defensa, con la clara intención
de negar sus derechos políticos e impedir que pueda participar de las
elecciones presidenciales de 2018.
La
persecución a Lula es el más escandaloso crimen que se comete contra la
democracia, en nombre de un “combate a la corrupción , sumado al golpe
parlamentario, judicial y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff,
que ha permitido la implantación de una agenda antipopular,
antinacional y al servicio de los intereses del capital.
Lula,
es inocente, y por esto lo consideramos Preso Político y convocamos en
ejercicio de la solidaridad a la lucha internacional hasta lograr su
liberación.
En la actual coyuntura regional la posibilidad de una globalización equitativa con justicia social está cada vez más distante.
Los
cambios tecnológicos, las transformaciones en los modos de producir y
la influencia extrema del sistema financiero con su consecuencia en la
insistencia de políticas de ajustes estructurales y la desregulación
laboral, han generado fuertes asimetrías entre los países, encontrando
solo competitividad en la merma de los derechos para los trabajadores y
trabajadoras.
Esta
financiarización de la economía ocasiona la masiva pérdida de puestos
de trabajo y la precarización laboral; que genera situaciones de
trabajadores pobres y sin derechos, para quienes el trabajo ya no es
garantía de integración social. Constatamos que si están debilitando los
servicios públicos (educación, salud, seguridad social, provisión del
agua etc.) para justificar su privatización.
La
“nueva” oleada neoliberal en la región se sustenta en la profundización
de la lógica de los tratados de libre comercio y tratados de libre
inversión, cuyos efectos verdaderos son ampliamente conocidos para el
movimiento sindical. La agenda económica de la derecha en el poder se
afirma en una mayor liberalización comercial, en mayores garantías para
el capital, mayor flexibilización laboral y más ajustes en las políticas
sociales.
Las
grandes empresas y especialmente las empresas transnacionales (ETN)
continúan siendo las mayores beneficiarias de estas políticas
económicas. Las ETN´s son favorecidas por políticas de atracción de
inversión extranjera directa que, sin mayores costos para ellas, entrega
la explotación de recursos naturales, crea pocos y precarios puestos de
trabajo, otorga regímenes especiales de exención de impuestos,
permitiéndoles influir políticamente para la modificación de la
legislación social y ambiental que no sea favorable a sus negocios. Este
mecanismo de influencia económica, jurídica y legislativa de las ETN es
uno de los factores de mayor corrupción en nuestros países, que
desestabilizan a la democracia y vulneran la capacidad de los Estados
para ejercer sus funciones.
En
poco tiempo América Latina y el Caribe, pasó de ser una región que se
proyectaba como espacio de integración regional, de cooperación entre
los países, de complementariedad económica y de solidaridad entre
pueblos y naciones, a ser nuevamente un espacio de influencia de
intereses coloniales, de agendas pro imperialistas y al servicio del
capital transnacional. Las iniciativas de integración alternativa, como
UNASUR y CELAC, están bloqueadas por que varios gobiernos, y los
intereses que los soportan, prefieren un realineamiento con la agenda de
intereses de los EE. UU., que promover iniciativas de soberanía
regional en favor del desarrollo, la consolidación democrática y la paz.
Expresamos
nuestra preocupación por la situación en la República Bolivariana de
Venezuela y condenamos la forma como grupos de gobiernos con intereses
particulares, se sobreponen a la institucionalidad internacional para
promover acciones de injerencia contra un Estado democrático soberano y
crear un clima de desestabilización, enfrentamiento y violencia entre su
población.
Rechazamos
la adopción de medidas de bloqueo – que perjudican al pueblo venezolano
- sanciones y otras acciones económicas, financieras y diplomáticas,
porque violan el derecho internacional y profundizan la situación de
deterioro social, económico y político del pueblo venezolano. Demandamos
el respeto a las decisiones soberanas de su población, por vía de los
instrumentos y la institucionalidad democrática contenidos en su
constitución nacional.
Condenamos
la injerencia externa en ese país y demandamos de los gobiernos de la
región un compromiso responsable con la democracia, la paz y la
soberanía, sin exclusiones, promoviendo el efectivo entendimiento entre
los diversos actores políticos y favoreciendo el diálogo y la
negociación.
El sindicalismo de las Américas y su compromiso con la democracia, la justicia y la verdadera integración.
El movimiento sindical hemisférico reafirma su posición como activo sujeto social y político de la democracia.
Expresamos
que no existe posibilidad de ejercicio democrático, ni gobernabilidad
en una región que continúa siendo la más desigual del mundo a pesar de
todas sus riquezas y del esfuerzo de millones de hombres y mujeres que
trabajan.
Rechazamos
el autoritarismo económico y político como medio que pretende imponer
la minoría sobre la mayoría, para resolver los graves problemas de la
región. No serán los muros, reales y virtuales, que frenarán el deseo de
dignidad y justicia de millones de seres humanos en el Continente.
Rechazamos categóricamente la criminalización de los trabajadores
migrantes y denunciamos la militarización de las fronteras.
Es
fundamental el libre ejercicio de todas las libertades democráticas, de
todos los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y
culturales. En ese sentido, los Estados tienen la responsabilidad de
garantizar su efectiva realización, en un clima de paz, entendimiento,
respeto e inclusión. Cada persona, mujeres, hombres, jóvenes, grupos
étnicos y demás sujetos sociales mayoritarios, deben ser visibles y sus
voces incluidas en todas las decisiones que les atañen.
Las
trabajadoras y los trabajadores sufrimos el retroceso de la
instituciones de derecho en nuestra región, que afectan a nuestros
pueblos y que debe revertirse para lograr un desarrollo sustentable e
inclusivo, Sostenemos nuestras aspiraciones en materia de transparencia
en ejercicio de la política, libertad de expresión, en la justicia
independiente del poder político y de las grandes corporaciones y en el
fortalecimiento de la libertad sindical y dialogo social como piedra
angulares de la democracia.
La
CSA manifiesta su respaldo y solidaridad con el pueblo y el
sindicalismo peruano movilizado a nivel nacional para protestar contra
la corrupción y los pactos de impunidad que buscan institucionalizarse.
Saludamos la realización de la Cumbre de los Pueblos como expresión del ejercicio soberano, democrático de representación legítima de los intereses, aspiraciones y deseos de la diversidad que representamos como pueblos de las Américas.
Saludamos la realización de la Cumbre de los Pueblos como expresión del ejercicio soberano, democrático de representación legítima de los intereses, aspiraciones y deseos de la diversidad que representamos como pueblos de las Américas.
Consejo sindical de asesoramiento técnico de la CIMT-OEA (COSATE)
Confederación Sindical de Trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA)
Confederación Sindical de Trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA)
Lima, 11 de abril de 2018
