Edición 448: Inmunidad

Por Mariano Mejías  agosto 3, 2013

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Bajo una simple interpretación gramatical de las normas, sin mayores miriñaques, es perfectamente posible que un funcionario de alta categoría lo siga siendo mientras sea procesado en causa penal, con lo cual se acopla la perfecta expresión de que “inmunidad no es impunidad”

Inmunidad. No queremos referirnos al fondo del asunto por el cual se está enjuiciando al ex diputado Mardo. Dicen que lo que hay es una resaltante precariedad de pruebas. Presenciamos de viva voz la intervención que la Vindicta Pública realizó en la audiencia de ante juicio de meritos ante el TSJ, el 25 de junio pasado. Por cierto, esa audiencia no fue conducida de una manera óptima por la magistrada encargada de hacerlo. Ante pregunta jurídica de Mardo, la susodicha -que estudió uno de esos cursos relámpagos que dan en Salamanca, España-, mostró desconocimiento para responder temas procesales o penales y acudió, a la vista de todos, a la honorable secretaria de la Sala Plena, la bien formada académicamente doctora Olga Dos Santos. Hasta acudió dicha magistrada al propio alguacil de la Plena, también con años en el cargo. No pudo mi amigo “Pachequito” hacer borrar el video y la grabación de tan risible acto, ya a disposición de muchos por Internet, por lo que tal filtración es una pifia de la nueva conducción en Dos Pilitas, dicen conspicuos “malpensadores” que fue una trampa auspiciada por la Directiva anterior. Hasta se percibió que el vicepresidente del TSJ, sentado al lado de la magistrada directora del debate, tuvo que quitarle la famosa campanita para poner orden, ante tanto nerviosismo de novata, quien está cada día ganando experiencia en esos menesteres; al fin y al cabo “nadie nace aprendío”. Más allá del papelote, lo que queremos referirnos, es que se está mal usando en Venezuela la institución del antejuicio contra los altos funcionarios, algo parecido al “impeachment” norteamericano. Se ha perdido su filosofía y esencia. Las normas que regulan en la Constitución y en el COPP ese tipo de juicio, de modo alguno contemplan como condición procesal, suspender de las funciones a funcionarios designados por elección popular. Bajo una simple interpretación gramatical de las normas, sin mayores miriñaques, es perfectamente posible que un funcionario de alta categoría lo siga siendo mientras sea procesado en causa penal, con lo cual se acopla la perfecta expresión de que “inmunidad no es impunidad”. Ello explica por qué tal tipo de funcionario tiene como juez natural a la Sala Plena del TSJ, desde su audiencia de presentación y hasta la ejecución de su sentencia si es que fuere condenado al final del proceso por dicha Sala. En otras palabras: la Plena del TSJ no es solo para el antejuicio, sino para todo el proceso. Así se entiende, dado que es un procedimiento especial en las leyes. La destitución como diputado de un procesado, con tan exigua fundamentación, cuando apenas se inicia su investigación, es un desafuero. Nos recuerda mucho lo que ocurrió en el vecino país, en Colombia, en 2012, cuando su Fiscalía investigó al hoy ex diputado Sigifredo López, quien había sido secuestrado 7 años por la guerrilla y sobrevivió al homicidio del que fueron víctimas 11 compañeros diputados. López fue indagado y detenido por la fiscalía dizque por haber participado en el secuestro colectivo. Luego, después de 3 meses de detención, fue dejado en libertad con el reconocimiento expreso, no solo por no existir fundamento para imputarle delito, sino que su judicialización se había basado en testigos falsos y en pruebas cuestionables. Allá hubo una “ceremonia de perdón” de la Fiscalía General de la Nación. El ex diputado López respondió: “Acepto sus disculpas, pero tampoco se pueden soslayar los graves errores que se cometieron”.

Justicia crepuscular. En pasada columna nos referimos al caso del acusado Leonardo Del Moral, a quien imputan por tremendo delito, secuestrar al ciudadano Alejandro Martínez. Para noviembre de 2012 estaba programado su juicio en el Tribunal 1 de Juicio de Lara a cargo del provisorio Adelmo Leal. Se presentaron las partes y allí el juez, con sorpresa, anunció a las partes que decidió darle la libertad al acusado. El dominio público barquisimetano dicen que lo hizo por amistad y presiones de una magistrada larense hoy suplente en el TSJ. Fue destituido y la Corte de Apelaciones revocó tal libertad. Recomenzado el juicio el pasado miércoles 31 de julio, el acusado apareció frente a sus acusadores en plena audiencia, altivo y seguro, mostrando en su rostro y ademanes la seguridad de que se decidiría nuevamente a su favor. Mientras tanto, en Barquisimeto, la gente está pendiente pues ese secuestro conmocionó, y también en Valencia, la tierra del secuestrado, donde la expectativa es mucho mayor, por la compleja situación familiar que subyace en ese caso.

Promesas. Indignación es la que sienten los abogados del TSJ por el pírrico 8% de aumento de sueldo que recientemente recibieron, siendo que desde 2007 no se les había aumentado salario. Es en ellos, y no en los magistrados, que realmente descansa la elaboración de las sentencias en el Máximo Tribunal. ¿Sabrá Nicolás Maduro de esto y que los Magistrados recibieron un mega bono de 300.000 bolívares fuertes y es sólo uno de los 3 que recibirán? En definitiva, los magistrados tienen un paquete anual que suma más de 1.000.000 de bolívares al año cada uno, inclusive los de la Sala Electoral, que sacan solo 52 sentencias de fondo al año; y sus asistentes, que son los que realmente trabajan, únicamente reciben 8% de aumento después de 6 años. Por lo demás, supimos que hasta la Contraloría General maneja la información del incumplimiento del horario de parte de algunos altos jerarcas del TSJ. Es vox populi allá, que únicamente trabajan de martes a jueves, muchos de sus críticos, que son gente de adentro del TSJ, hablan es de los tonificados bronceados playeros que lucen algunos magistrados los días martes cuando llegan. No es descabellado que en el Alto Tribunal también se implemente una “Agenda única“, como se hizo con los tribunales penales de Caracas.

Retroceso informático. No sabemos qué está pasando con la nueva conducción en el Máximo Tribunal, pero en tal breve plazo han retrocedido muchas cosas. Una real joya era la página web del TSJ. Era manejable, fácil en la indagación de información de jurisprudencia, doctrina, cuentas, leyes, etc. Superaba con creces, a páginas informáticas de otros altos tribunales, como el español, el colombiano, y el argentino. Pero desde hace 10 días cambiaron el formato y el de ahora es un verdadero desastre, absolutamente inmanejable

Doctrinarios. En el mundo entero no es muy común que se dé la combinación entre buen doctrinario del Derecho y juez o magistrado. Jueces no fueron los padres del Derecho procesal: Chiovenda, Carnelutti y Calamandrei. Juez nunca fue el alemán James Goldschmidt. El gran uruguayo Couture nunca golpeó el martillo -o mallete, como se llama técnicamente- de juez. El procesalista colombiano Hernando Devis Echandía, padre de jueces, el nunca lo fue. Ahora bien, uno de los más brillantes procesalistas actuales, el neogranadino Jairo Parra Quijano ha sido juez en su país; de la misma forma que el más importante penalista latinoamericano actual, el argentino Eugenio Raul Zaffaroni, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de su país, hasta 2015. Es magistrado del Tribunal Supremo Español, el gran doctrinario -argentino de nacimiento- Enrique Bacigalupo. Entre nosotros, el doctrinario guariqueño, Luis Loreto Hernández, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el insigne cojedeño Arminio Borjas. Alberto Arteaga, insigne jurista patrio, no ha sido magistrado ni tampoco Arístides Rengel Romberg. Salvando esta ostensible distancia, actualmente muchos son los jueces y magistrados que publican doctrina, ellos mismos profesores universitarios. Ejemplos sobran, aunque algunos de ellos sean atrevidos al publicar: jueces penales tales como María Pérez Dupuy, con su “El Amparo a la Libertad“; o Mario Popoli, “Los aportes de la criminalística en la fase preparatoria“; o Samir Richani, o García Vara, o Ángel Zerpa, “Revisión del Concepto de Debido Proceso”, entre muchísimos otros. Magistrados del TSJ como el probacionista insigne Jesús Eduardo Cabrera, “Legalidad de la prueba por inconstitucionalidad“, o Angulo Fontiveros, o el Dr. Perdomo, quienes han publicado. Paradójicamente, todavía no entendemos por qué un magistrado de la Sala Electoral, como lo fue Luis Martínez, publicó un Manual de Derecho Penal (¿?). Pero lo que realmente nos sorprendió y se comentó mucho en el foro nacional esta semana, fue la publicación que hizo el magistrado Eladio Aponte Aponte, quien publicó a través de la famosa editorial de Brewer Carias, la Editorial Juridica Venezolana, su “obra“, “Recurso de casación penal por violación directa de la Constitución”. Los criticones de ocasión, a manera de burla, empezaron a decir que un brillante juez penal, reconocido enemigo de Aponte, profesor universitario de alta factura, tuvo mucho que ver en la hechura de ese libro.

Magnicidio. Fantasioso o real el asidero sobre una conspiración en ciernes, lo que sí sabemos de buena fuente es que se está programando que desde el Poder Judicial comience una cruzada de detenciones a importantes dirigentes opositores.

Preguntando:

• ·      ¿Será cierto que en el llamado tribunal de consignaciones (depósitos por bienes litigiosos), desapareció el dinero consignado?

¿Será cierto que detrás de la demanda e incautación de cuentas a un personaje de los medios, está un real problema de índole laboral con los empleados de la empresa comunicacional?