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31 enero 2009

Sindicato judicial denunció ante TSJ despido de más de 80 trabajadores

Omar Espaillat C.
Foto: Nubia Herrera
Caracas, enero 30 (REDACTA).- El Sindicato Unificado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suntraj) denunció ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia al director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) Francisco Ramos Marín, por el despido injustificado de más de 80 trabajadores contratados por el Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana.

Luis Galvis, presidente nacional del mencionado sindicato, salió en defensa de los despedidos por considerar inconstitucional la medida y alejada de los cánones del derecho laboral, pues fueron echados a la calle sin la garantía de sus derechos, amén de que esos trabajadores son necesarios y ya tenían dos años laborando.

Llamó la atención de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estela Morales, al ser engañada respecto a las bondades de las nuevas sedes judiciales, las mismas bondades que dio a conocer en su balance de gestión 2008, durante el acto de Apertura del Año Judicial 2009, el pasado 27 de este mes.

- Dijo la doctora Morales, que la sede del Centro Simón Bolívar, para los tribunales de primera instancia civil, ya estaba lista y a disposición del público usuario y de los trabajadores, lo que es absolutamente falso; esta es una sede que apenas el día de ayer estaban lijando las paredes de cartón, porque ahora no las hacen de concreto sino de cartón y cuestan una millonada. Mientras tanto tenemos sedes como Metro Olimpo, con una inversión de más de 100 millardos de bolívares viejos y todavía no funciona, ya se dijo que no va a funcionar como tribunal, señaló.

Insistió en el engaño a la presidenta del TSJ por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, organismo “que maneja un discurso falso y su prioridad es la falacia. Anunció, durante mayo de 2008, que un pago realizado por 11.500 bolívares no sería descontado a los trabajadores, sin embargo en diciembre a costa del retroactivo adeudado por el incremento del 30%, ese pago le fue descontado, “mientras el personal de alto nivel de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, además de cobrar 9 meses de aguinaldo, también cobraron su retroactivo; pero el personal de bajo nivel no”.

Pidió la intervención urgente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en cuanto a su administración, sopena de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están avalando esta gestión, corran con las respectivas responsabilidades.

fuente: Diario El Carabobeño

30 enero 2009

Justicia en construcción


Delegados sindicales reclaman a la DEM por las obras inconclusas del traslado de los tribunales civiles al Centro Simón Bolívar

Por: Teresa Rita Bevilacqua
Fotos por: Saúl Uzcátegui

Trabajadores del Sindicato Unitario Organizado Nacional de los Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ) denuncian que el traslado de los tribunales de primera instancia en lo civil a la Torre Norte del Centro Simón Bolívar perjudica la salud y las condiciones de trabajo de sus agremiados, pues el lugar no está óptmimo.

Luis Martín Gálvez, representante legal del SUONTRAJ asegura que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) pretendía trasladar estos tribunales para resolver las condiciones laborales en el edificio de Pajaritos.

"En vez de arreglar el edificio de Pajaritos nos trasladaron para acá y aunque la presidenta del TSJ anunció que esto era un logro, hoy estos trabajos no están terminados, todavía se están lijando las paredes y la cal que desprenden se introduce en los pulmones, esta sede no está en condiciones para trabajar".

Gálvez indicó que los empleados protestaron ante la DEM y esta instancia acordó en conjunto con los jueces que no se trabaje allí hasta el 27 de febrero. Sin embargo, el organismo dictará unos cursos de capacitación a partir del lunes para los empleados a fin de implementar un nuevo sistema administrativo.

El representante legal del sindicato agregó que la DEM no informa a los empleados de las decisiones que toma sobre los tribunales y aunque asegura no oponerse al traslado, espera que no se repitan los "vicios" que ocurren en el edificio de Pajaritos y se garanticen las condiciones de trabajo regidas por la Lopcymat.

"En esta sede está previsto que cumplan sus labores 300 empleados y las personas que requieran los servicios judiciales. Nosotros nos debemos a los trabajadores, por lo que no podemos aceptar trabajar en unas condiciones desfavorables para todos".

En cuanto a los recursos destinados para la mudanza, Gálvez desconoce de dónde provienen.

"Ese es el gran misterio, la DEM no informa ni rinde cuentas sobre los recursos invertidos para este cambio, pero creemos que es cuantiosa la cantidad de dinero utilizada en esta obra".

El objetivo del Poder Judicial es transformar los tribunales de primera instancia en lo civil, para adecuarlos a un sistema llamado Juris 2000, que promete una mejor atención al público y a los abogados.

Por otro lado, el secretario de Conflictos del sindicato, Luis Baroni, cree que el director de la DEM, Francisco Ramos, debió informar del retraso en la conclusión de las obras a los empleados. "Yo presumo que el doctor Ramos quería vanagloriarse por la inauguración de sedes inconclusas, pero la realidad es que la situación del Poder Judicial es similar en todo el país".

Baroni agregó que el contrato colectivo que firmó el sindicato prevé que los trabajadores realicen una inspección conjunta con las autoridades por las regulaciones indicadas en la Lopcymat.

Según el representante, la DEM tomó la decisión de la mudanza de manera arbitraria por lo que ellos introdujeron la denuncia ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel).

Para Baroni, la DEM no ha sabido resolver las deficiencias del poder judicial en cuanto a su infraestructura. "Tienen tres sedes para poner a funcionar los tribunales civiles, pero en vez de dedicar los recursos a acondicionar las que ya existen, tienen un comodato permanente con otros edificios y eso es un derroche constante de dinero que desmejora el servicio judicial".

fuente: Talcual.com

12 enero 2009

¿Dónde están los reales?

¿Dónde están los reales? Trabajadores del sector entregaron un escrito a la comisión donde relatan una serie de hechos "que a nuestro punto de vista creemos que podrían haber irregularidades en la administración de los fondos que la Asamblea Nacional otorga por vía de créditos adicionales a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura", organismo dependiente del Tribunal Supremo de Justicia. En abril de 2008 la AN aprobó un crédito adicional por un monto de 514 millones de bolívares fuertes para cancelar complemento a empleados. "Ese dinero fue enterado a las cuentas, el 9 de abril el director ejecutivo de la Magistratura, Francisco Ramón Marín, convoca a este sindicato y demás organizaciones sindicales y dice que de ese monto se destinarán 300 millones que eran para el Poder Judicial, propuso que esos recursos se dividieran en un bono único, lo que daba 11.500 para cada trabajador, eso fue aprobado". Posteriormente, convocan en mayo a una reunión y dicen que no van a pagar ese monto ya que recibieron instrucciones del TSJ, que sólo cancelarían un aumento decretado por el Ejecutivo nacional. eso produjo conflicto a nivel de los tribunales. "La DEM otorgó un aumento y dijeron que otorgarían una cantidad única para los activos y para los jubilados y pensionados un bono de 9.450 bolívares". En noviembre la DEM informó que habían solicitado un crédito adicional por 522 millones de bolívares y que ahí estaba incluido un bono que los trabajadores tribunalicios reciben desde el año 2003, asimismo el aumento salarial decretado por el Ejecutivo retroactivo desde mayo y que la orden estaba en el Ejecutivo y había que esperar que se firmara, "luego nos enteramos que era mentira". Esta situación generó descontento en los trabajadores y a pesar de que habían dicho de que no tenían dinero empezaron a cancelar algunas deudas en diciembre. "Todo esto resume que algo debe estar ocurriendo en la administración de los fondos que el Ejecutivo y la AN aprueban para el Poder Judicial porque ha generado conflictos en mayo, en diciembre por falta de pagos. Tenemos pruebas audiovisuales que vamos a presentar". Los afectados exigen que "en procura de eficiencia en la entrega de recursos, transparencia de la administración de los fondos que maneja el Poder Judicial, esto debe investigarse. Creemos que la AN debe estrechar la vigilancia y el control sobre la administración de fondos de la DEM". Han formulado la denuncia en diversas instancias, en la Contraloría fue admitido y esperan respuesta, asimismo en la Comisión de Contraloría y ahora en Política Interior. La diputada Iris Varela, quien presidió la plenaria, informó que la denuncia fue remitida a la Subcomisión de Justicia, presidida por el diputado Carlos Echezuría, instancia que se abocará al caso. Agregó que como sindicato nacional tienen una seccional de trabajadores de Registros y Notarías y que a raíz de la implementación del Servicio Autónomo (SAREN) ha surgido una serie de situaciones que también deben investigarse.

fuente: entorno inteligente.com

09 enero 2009

Sindicalistas denunciaron a la DEM ante la AN

Las actividades del Poder Judicial en el año 2009 iniciaron con los mismos conflictos laborales con los que concluyeron en 2008. Los representantes del sindicato judicial Suontraj insistieron en sus reclamos laborales esta vez ante la Asamblea Nacional.

El presidente de Suontraj, Luis Galvis, acompañado por varios miembros del gremio, tuvo un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior del Parlamento para exponer ante los diputados la situación de los empleados tribunalicios y los incumplimientos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Galvis indicó que expusieron ante los legisladores la misma denuncia que hicieron a finales del año pasado en la Contraloría por irregularidades administrativas en la DEM, instancia dirigida por Francisco Ramírez.

"La DEM hizo unos pagos a finales de diciembre pero no se sabe a qué conceptos corresponden, no han pasado informes de nómina y nosotros necesitamos que Francisco Ramos rinda cuentas", insistió el representante sindical.

Dijo que aún les adeudan a los trabajadores los pagos por concepto de fideicomisos desde 2006 a 2008 y que también faltaría cancelar la indemnización por demora en la firma del contrato colectivo.

"Esperamos que la Asamblea Nacional inicie una investigación de toda la administración presupuestaria de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por lo menos de los últimos tres años, porque creemos que el incumplimiento de los pagos a los empleados se debe a una inadecuada administración de fondos en la DEM", señaló.

Agregó que, además de a la Comisión de Política Interior, llevaron el caso a la Comisión de Contraloría, para que verifiquen la situación interna de la DEM.

"Acudiremos a donde sea necesario para que se establezcan responsabilidades. Con el dinero de los empleados judiciales no se debe jugar".

fuente: ENTORNO INTELIGENTE.COM

08 enero 2009

Piden que se investiguen presuntas irregularidades en registros y notarías

Maritza Villarroel O. / Prensa AN

Luis Martín Galvis, presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia, solicitó a la Comisión de Política Interior que se investigue el funcionamiento del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) por presuntas irregularidades en su funcionamiento, asimismo pidió ejercer control sobre los recursos asignados a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.


Dijo que presentaron un escrito en la comisión donde relatan una serie de hechos “que a nuestro punto de vista creemos que podrían haber irregularidades en la administración de los fondos que la Asamblea Nacional otorga por vía de créditos adicionales a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura”, organismo dependiente del Tribunal Supremo de Justicia.


Recordó que en abril de 2008 la AN aprobó un crédito adicional por un monto de 514 millones de bolívares fuertes para cancelar complemento a empleados, “ese dinero fue enterado a las cuentas, el 9 de abril el director ejecutivo de la Magistratura, Francisco Ramón Marín, convoca a este sindicato y demás organizaciones sindicales y dice que de ese monto se destinarán 300 millones que eran para el Poder Judicial, propuso que esos recursos se dividieran en un bono único, lo que daba 11.500 para cada trabajador, eso fue aprobado”.


Posteriormente, convocan en mayo a una reunión y dicen que no van a pagar ese monto ya que recibieron instrucciones del TSJ, que solo cancelarían un aumento decretado por el Ejecutivo nacional, eso produjo conflicto a nivel de los tribunales. ”La DEM otorgó un aumento y dijeron que otorgarían una cantidad única para los activos y para los jubilados y pensionados un bono de 9.450 bolívares”.


En noviembre la DEM informó que habían solicitado un crédito adicional por 522 millones de bolívares y que ahí estaba incluido un bono que los trabajadores tribunalicios reciben desde el año 2003, asimismo el aumento salarial decretado por el Ejecutivo retroactivo desde mayo y que la orden estaba en el Ejecutivo y había que esperar que se firmara, “luego nos enteramos que era mentira”.


Esta situación generó descontento en los trabajadores y a pesar de que habían dicho de que no tenían dinero empezaron a cancelar algunas deudas en diciembre.


“Todo esto resume que algo debe estar ocurriendo en la administración de los fondos que el Ejecutivo y la AN aprueban para el Poder Judicial porque ha generado conflictos en mayo, en diciembre por falta de pagos. Tenemos pruebas audiovisuales que vamos a presentar”.


Precisó en procura de eficiencia en la entrega de recursos, transparencia de la administración de los fondos que maneja el Poder Judicial, esto debe investigarse. “Creemos que la AN debe estrechar la vigilancia y el control sobre la administración de fondos de la DEM”.


Añadió que han formulado la denuncia en diversas instancias, en la Contraloría fue admitido y esperan respuesta, asimismo en la Comisión de Contraloría y ahora en Política Interior.


La diputada Iris Varela, quien presidió la plenaria, informó que la denuncia fue remitida a la Subcomisión de Justicia, presidida por el diputado Carlos Echezuría, instancia que se abocará al caso.


Agregó que como sindicato nacional tienen una seccional de trabajadores de Registros y Notarías y que a raíz de la implementación del Servicio Autónomo (Saren) ha surgido una serie de situaciones que también deben investigarse.


Refirió que en febrero del año pasado el MIJ dictó una resolución donde se homologaban los sueldos y salarios de los registros y notarías al sistema que tenía el citado ministerio y equiparaba los sueldos de los registradores y notarios a los sueldos del director de línea, eso generó malestar.


Posteriormente, se dicta un tabulador provisorio que está vigente.”El ministro designa un director general del servicio autónomo, sin que existiera una estructura técnico-administrativa que avalara ese nombramiento. Le asigna atribuciones que rayan en competencias del ministro”.


Tampoco existe un reglamento orgánico que norme cómo va a establecer ese funcionamiento de ese servicio a nivel nacional. Hubo denuncias de trabajadores de hechos que están ocurriendo, como por ejemplo: no se han renovado pólizas de HCM, no se otorga el aporte patronal, tampoco se deposita el fideicomiso.


“Pedimos a la AN que vigile cómo funciona ese servicio, pareciera que está funcionando de manera ilegal y a pesar de que la Ley de Registro Público crea el servicio debe existir una estructura, una planificación y unas políticas”.


La diputada Varela dijo que ha recibido numerosas denuncias de supuestas irregularidades en Saren, a nivel nacional “por eso voy a sumarme a investigar este aspecto y dar una respuesta lo más pronto”.


Se evalúa citar al presidente de Saren para que aclare las denuncias formuladas.


También estuvieron Luis Alberto Baroni, secretario de conflicto y reclamo nacional; Pablo Salgado, secretario de Deporte y Recreación; Oscar Morón, secretario de Finanzas Nacional y presidente de la Seccional de Registros y Notarías Públicas.

Sindicatos judiciales exigen al Supremo intervenir la DEM

La intervención de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y la revisión de las cuentas de esa instancia, la cual maneja más de 80% de los fondos del Poder Judicial, exigió el Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La demanda la formuló ayer el presidente de la organización, Luis Galviz, quien informó que también acudió ante la Comisión de Contraloría del Parlamento para entregarles la denuncia que 24 horas antes presentó en la Contraloría.

En ese documento, Suontraj acusa al director de la Magistratura, Francisco Ramos, de violar la Ley contra la Corrupción, pues utilizó unos recursos aprobados con un fin (cancelar un bono compensatorio) para otro (pagar un anticipo del aumento salarial de 30% decretado por el Gobierno).

Asimismo exigió que se revisen todos los fondos que se han destinado a la reparación del edificio José María Vargas, ubicado en la esquina de Pajaritos y donde funcionan los tribunales civiles y mercantiles.

Galviz exigió a las autoridades del TSJ que aclaren cuándo les cancelerán el bono de 132 días adicionales a los aguinaldos que les vienen otorgando desde hace varios años.

"No sabemos cuándo lo va pagar, si el 31 de diciembre a las 12 de la noche o el 24 de diciembre cuando tengamos que darle los regalos a nuestros hijos. Aquí vemos con estupor la cesta navideña que le van a dar a los trabajadores del TSJ, mientras que a los del Poder Judicial no les dan ni un turrón", remató.


Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL