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14 septiembre 2016

TÓPICO ESPECÍFICO: EL RIESGO DE SER CRÍTICO AL GOBIERNO DE VENEZUELA

Carlos Díaz es un trabajador de la empresa estatal Televisora Venezolana Social (TVES) creada por el gobierno con los equipos que confiscó a la televisora RCTV. El junto a otros compañeros intentaron crear una organización sindical. La respuesta de la empresa fue despedirlos no respetando el fuero sindical que protege a quienes están en proceso de constituir un sindicato. 

Orangel Palma es un sindicalista de la empresa Siderúrgica del Orinoco, un de las empresas metalmecánicas más grandes de América. Organizó varias protestas exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva y ha sido públicamente una voz crítica a la gestión de gobierno en esa empresa. Fue despedido.

Haydee Arvelaiz era una trabajadora del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) por atreverse a firmar para que se activara el revocatorio del mandato presidencial fue despedida. Junto a ella 200 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. 

Braulio jatar es un periodista director del portal informativo Reporte Confidencial. A través del portal difundió videos enviados por la comunidad de Villa Rosa en el estado Nueva Esparta donde se veía como muchas personas humildes tocaban cacerolas contra el presidente Nicolás Maduro quien visitó ese sector popular. Por difundir tales videos fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A pesar que las más de 20 personas detenidas por tocar cacerolas fueron puestas en libertad 16 horas después, al periodista se le dejó encarcelado.

El 01 de septiembre de 2016 se organizó una manifestación convocada por partidos de oposición y organizaciones sociales. El Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez reiteró que en el Municipio Libertador no se permitían las manifestaciones críticas al gobierno, que era un territorio libre de fascismo.

En Venezuela existe una política de gobierno de promover y practicar la discriminación política. Ser disidente tiene sus consecuencias y riesgos. Además de los despidos que se multiplican a lo largo y ancho del país de aquellas personas que perteneciendo a la administración pública expresan su simpatía con el proceso revocatorio, se despide a personal de empresas que se atreve a expresar de manera pública su simpatía por opciones políticas distintas a los partidos de la alianza gubernamental. Junto a ello se usan los organismos policiales para perseguir y detener disidentes.

El Mayor General Luis Motta Domínguez, Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), expresó en diciembre de 2015 que “hoy me voy a radicalizar más que nunca y todo el que sea escuálido (opositor) fuera de la corporación, fuera de la corporación” El para entonces ministro de Vivienda Ricardo Molina hoy Ministro de Transporte expresó: “Me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales (…) Al personal que forma parte de nuestras instituciones que políticamente esté en la acera del frente cero beligerancia, yo no acepto que nadie venga hablar mal de la Revolución, que nadie critique a Nicolás, no acepto militantes de partidos fascistas” El presidente de la República Nicolás Maduró expresó el 03.09.2016 al felicitar la graduación de un grupo de policías del denominado Comando Antiterrorista del Sebin expresó: “Vayan desde ya a obtener victorias… en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha…” En ese mismo saludo indicó “A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que actúen los terroristas (…)” En una evidente apología al odio y a la realización de ejecuciones extrajudiciales, el enemigo a derrotar según el Presidente son los grupos de la derecha.

Con tal discurso ante funcionarios del principal organismo de represión política en Venezuela, puede comprenderse el riesgo de ser identificado en Venezuela un activista político de la derecha… que para el gobierno puede ser un líder sindical, estudiantil, un activista de derechos humanos o un líder político de oposición. Todo parece indicar que en Venezuela se continuará con las políticas de discriminación política y de persecución a quienes expresen opiniones que cuestionen la gestión de gobierno.

A pesar de los riesgos nuestro deber es mostrar la realidad al mundo y reivindicar la vigencia de los derechos humanos.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) | N° 26 Agosto | 2016 |

20 julio 2016

LA DEM, ALEGA MORA ELECTORAL EN LOS SINDICATOS DEL PODER JUDICIAL PARA DISCUTIR CC

Mérida (CDS). Como era de esperarse el día Lunes dieciocho (18) de Julio de 2016, se llevó a cabo la Reunión de la DEM representada por su Director Ejecutivo Silio Sánchez, y los factores Sociales interlocutores de los Trabajadores Judiciales, representados y quienes asistieron a la reunión: SINTRAT, SUONTRAJ, FENTRAT, SUNEP-JUDICATURA, FENODE, SINDICATO BOLIVARIANO DE OBREROS, COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE JUBILADOS y Movimientos de Trabajadores; entre otras informaciones, en plenaria del debate, es que las Organizaciones que exigen ciertas mejoras entre ellas las Discusión de un Contrato Colectivo a favor de los Judiciales del País entre otros, el Patrono alegó como punto previo que las Organizaciones Sindicales debían hacer sus Elecciones Internas y salir de la Mora Electoral, que fueran a las regiones y se pusieran al día con las elecciones; pero no fue que el patrono descubrió el agua tibia, las organizaciones sindicales saben que deben colocarse al día con el tema de la mora Electoral y el cual han escurrido el bulto caso del SUONTRAJ (9) años, sin hacer las Elecciones Internas.-

El segundo TIPS Judicial importante:

LAS VACACIONES PAGOS PENDIENTES 2015.-
Bien cierto es que muchos trabajadores no le pagaron la diferencia del Aumento Salarial del año 2015, entre todos aquellos funcionarios que disfrutaron entre los Meses ENERO a AGOSTO correspondía a su BONO VACACIONAL, cosa que si ocurrió este año 2016, esa diferencia nadie la solicitó en estas reuniones pautas de Coalición Sindical, los Trabajadores siguen exigiendo los pagos de esa diferencia 2015.-

Tips: BONO por la NO FIRMA ¿??
VERDADES Y MENTIRAS DEL BONO POR LA NO FIRMA...,
Compañeros en los pasillos, se corren Bolas de cuentos sobre pagos que caen en su buena Fe de esperanza, incluso hasta Jueces y todo el personal, para poder que exista un pago por la no firma de la Contratación Colectiva, creo debe DISCUTIRSE en primera fase y culminarse la misma, ACORDÁNDOSE UN MONTO, pero mientras no exista una instalación formal del Ministerio del trabajo, DEM, Sindicatos, Procurador General, etc., FIRMA Y DEPOSITO, de dónde sacan el mal llamado Bonoooo… por la no firma” y para la firma de la Contratación Colectiva todo pasa por un tema de Legalidad Sindical, efectivamente tal como lo señalara la DEM en la reunión del día 18 de Julio del 2016.-

05 julio 2016

En la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) se violan los derechos de los trabajadores

Por:    


En la DEM se violan los derechos consagrados en la Constitución Bolivariana, en la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTT) como también Tratados Internacionales firmados por el estado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


La DEM es el órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene como finalidad ejercer por delegación las funciones de dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia  del Poder Judicial; Asegurar a los organismos del Poder Judicial el suministro de todos aquellos recursos que le agregan valor al proceso de administración de justicia en el ámbito nacional, necesarios para mantener y elevar la calidad de la administración de justicia en el país.


Dentro de las estructuras del Poder Judicial se encuentran los Tribunales, estos están compuestos por: los Jueces, Secretarios, Secretarios Asistentes, Asistentes y Alguaciles, un 70 % de los trabajadores del Poder Judicial (Secretarios, Secretarios Asistentes y Alguaciles) laboran con una cualidad de Trabajadores de Libre Nombramiento y Remoción, figura esta que deja a ese 70 % de trabajadores sin estabilidad laboral, a merced del Juez del Tribunal en que se encuentre asignado, ya que según la Ley del Poder Judicial le otorga el poder de despedir  a un trabajador en el momento en que lo decida.


En el poder judicial existen tres sindicatos a nivel nacional; SOUNTRAJ, SINTRAJ y SUNEP JUDICATURA, estos tres sindicatos han sufrido despidos de Directivos Nacionales y Regionales, directivos estos con la cualidad de Trabajadores de Libre Nombramiento y Remoción, electos por los trabajadores sin que la DEM haya ejercido en su momento oportuno objeción alguna, e incluso las directivas nacionales de estos sindicatos firman en representación por los trabajadores los contratos colectivos junto a la directiva de la DEM y tampoco han sido de alguna observación.


La destitución de un trabajador con fuero sindical violenta lo establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que a la letra dice lo siguiente:


...”Los promotores o promotoras y los o  las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozaran de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.”...


Asimismo, se violenta la Cláusula N° 49 de la Segunda Convención Colectiva de los Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Poder Judicial, suscrita en fecha 09 de Junio de 2005 y depositada legalmente por ante la Inspectoría Nacional del Trabajo Sector Público en la misma fecha, que dice textualmente lo siguiente:

“El Empleador reconocerá el Fuero Sindical establecido en la LOT, Título VII, Capítulo II, Sección Sexta en los términos, condiciones y modalidades señalados en dicha Ley.”


También,  el artículo 3 del Convenio N° 87 Sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación (1.948) de la Organización Internacional del trabajo (OIT), suscrito y ratificado por Venezuela. Según Gaceta Oficial N° 3011 Extraordinario de fecha 03  de Septiembre de 1.982; expresa textualmente lo siguiente:


“1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar su estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.”


el artículo 1  del Convenio N° 98 Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (1949),  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela, según Gaceta Oficial N° 28709 Extraordinario de fecha 22 de Agosto de 1.968; se refiere a la protección de la libertad sindical en los términos siguientes:


“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.


2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:


sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.


despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o. Con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo.”


De igual manera se violenta los artículos de la LOTT;


Artículo 353. Los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con esta Ley. Las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadores están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o injerencia contrario al ejercicio de este derecho.


Artículo 419. Gozarán de fuero sindical:


Los trabajadores y las trabajadoras solicitantes del registro de una organización sindical desde el momento de la solicitud, hasta quince días después de registrada la misma o de haberse negado su registro.


Los trabajadores y las trabajadoras que se adhieran a la solicitud de registro de una organización sindical desde su adhesión, hasta quince días después de registrada la misma, o de haberse negado su registro.


Los primeros y las primeras siete integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen menos de ciento cincuenta trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta tres meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la organización sindical.


Los primeros y las primeras nueve integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen entre ciento cincuenta y mil trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta tres meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la organización sindical.


Los primeros y las primeras doce integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen más de mil trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta tres meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la organización sindical.


Los primeros y las primeras cinco integrantes de la junta directiva de la seccional de una entidad federal cuando se trate de un sindicato nacional que tenga seccionales en entidades federales desde el momento de su elección hasta tres meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la seccional.


Los trabajadores y las trabajadoras de una organización sindical que realice elecciones sindicales desde el momento de la convocatoria, hasta la proclamación de la junta directiva.


Los trabajadores y las trabajadoras que han sido postulados o postuladas a una elección sindical hasta sesenta días después de proclamada la junta directiva.


Los trabajadores y las trabajadoras durante la tramitación y negociación de una convención colectiva de trabajo o de un pliego de peticiones  a partir del día y hora en que sea presentado por ante la Inspectoría del Trabajo, hasta el término de su negociación o sometimiento a arbitraje.


Los trabajadores y trabajadoras durante la tramitación y negociación de una reunión normativa laboral hasta el término de su negociación.


Los trabajadores y las trabajadoras durante el ejercicio de una huelga, tramitada conforme a lo previsto en la Ley.


La destitución de un trabajador con fuero sindical debe de ser apegado a la norma, el patrono debe de solicitar el desafuero ente la Inspectoría del Trabajo, esto según la LOTT;


Artículo 422. Cuando un patrono o patrona pretenda despedir por causa justificada a un trabajador o trabajadora investido o investida de fuero sindical o inamovilidad laboral, trasladarlo o trasladarla de su puesto de trabajo o modificar sus condiciones laborales, deberá solicitar la autorización correspondiente al Inspector o Inspectora del Trabajo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el trabajador o trabajadora cometió la falta alegada para justificar el despido, o alegada como causa del traslado o de la modificación de condiciones de trabajo , mediante el siguiente procedimiento.


Ahora bien, lo que viene sucediendo desde el año 2011 en el Circuito Laboral de la  Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, hasta la fecha han despedido a tres directivos sindicales, uno de SOUNTRAJ y dos de SINTRAT, despido este de manera injustificada.


Hago toda esta exposición ya que uno de los despedidos soy yo, SERGIO LUIS GIMENEZ, ALGUACIL GRADO 8, SECRETARIO DE FINANZA DEL SINDICATO SUONTRAJ, el cual fui despedido desde el 11 de Noviembre del 2011, por medio de un Decreto emanado de la Juez Superior Abg. Aura Estela Villarreal, despido este sorpresivo y sin conocer las causas del mismo, luego de ejercer mi derecho de Solicitar un Recurso de Reconsideración sin ser contestado por dicha juez, hago una solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo en fecha 25 del mismo mes, el cual se declara CON LUGAR y se emite la orden de Reenganche y el Pago de Salarios Caídos en fecha 16 de Octubre del 2012, sin que hasta la fecha se haya hecho efectiva dicha Providencia Administrativa.


Al contrario, la Consultoría Jurídica de la DEM solicita ante los Tribunales Laborales un Recurso de Nulidad y Medidas Cautelares sobre la Providencia Administrativa que ordenaba mi Reenganche, debido a estas actuaciones me vi obligado a denunciar ante la Inspectoría de Tribunales a las Abg. Aura Estela Villarreal, Juez Superior del Trabajo y a la Abg. Thania Ocque, Juez Primera de Juicio, por considerar que actuaron de una manera parcializada hacia el patrono, en este caso la DEM, para nadien es un secreto en el Circuito Judicial que debido a este caso se originó los despidos de dos Jueces, una secretaria asistente, un alguacil y la persona encargada del Sistema Juris.


No es entendible de como la Consultoría Jurídica de la DEM esgrime en sus alegatos de que yo no poseo fuero sindical porque mi condición de Trabajador de Libre Nombramiento y Remoción, porque no ejercieron el derecho de oposición en las elecciones del sindicato, pero si es aceptable para ellos que trabajadores con la misma condición laboral firmen el contrato colectivo, como en el caso del Secretario Nacional de SUONTRAJ Abg. Luis Galvis, quien es Secretario de Tribunal Civil en Caracas, por otro lado alegan que el Sindicato SUONTRAJ, se encuentran en Moro Sindical, motivo este que obedece a la negativa del CNE de aprobar el calendario para la realización de Elecciones de este sindicato, en estos momentos este caso se encuentra cerrado para el Tribunal Laboral del Estado Trujillo, ya que el Juez Abg. Nelson Bracho decidió con lugar el Recurso de Nulidad en contra de mi persona, y con ello el impedimento de ejercer mi derecho y de seguir mis funciones como Alguacil.


He de hacer mención, de mi SOLIDARIDAD de cientos de compañeros trabajadores de la Administración Publica que al igual que yo hemos sido objeto de despidos que a su vez las diferentes Inspectorías del país han sido declaradas Injustificadas y se ha decidido a su REENGANCHE sí que se haya cumplido tal petitorio, despidos que en muchos de los casos han sido por razones políticas con su patronos que es el mismo gobierno, diferencias que en algunos casos son denuncias hechas por casos de corrupción.


SERGIO LUIS GIMENZ

Equipo Nacional de Marea Socialista

Directiva Nacional, busca liquidar al SINTRAT somos Todos



Mérida (CDS). La Directiva ilegítima del SUONTRAJ (CDN) integrada como vemos en la Gráfica por Glenda Gonzalez, Oscar Morón, Mario Naspe, Norka Navarrete, y Luis Galviz (Todos ellos jubilados y una persona que no es empleado del poder judicial Oscar Moron) juramentan a un ex-directivo de SINTRAT MARCOS DURAN "Sintrat somos todos..." de la Seccional Apure, ahora será Seccional Apure Suontraj, hoy halado a las filas del SUONTRAJ, felicitaciones por ese logro a la Directiva Nacional, creemos que luego de nueve (09) años se está fortaleciendo y en buena hora saliendo del closet, aseguran que esta sería una de las series donde todos los afiliados al Sintrat renunciarán taxativamente,ante tanto protocolo y euforia Sindical, nos preguntamos lo siguiente: 

1) Realizarán las elecciones sindicales internas del Suontraj ? 


2) Firmarán otra Acta Convenio con la DEM ? Que la misma se volvería irrisoria a los bolsillos de los Trabajadores


3) El Plan Vacacional empieza el Mes de Julio y no se ha realizado el respectivo censo o pagarán algunos pininos, es decir,  Bolívares ? 


4) Revisarán los últimos ajustes salariales ya que hay una presunta falla de cálculo en los ajustes del 20% y 30% ? Ya que por mas que se saca la cuenta al reves y derecho no cuadra el ajuste


5) La Comisión intergremial (Sintrat, Sunep, Suontraj, y demás grupos sociales) de la Unidad Sindical lograrán algo luego de estar vencido el Contrato Colectivo desde el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, pareciere que fuere nueve (09) años una pelusa, 


6) La Mora Electoral de las ya Organizaciones señaladas, para su aprobación del un nuevo Proyecto que no se ha consultado a los Trabajadores Judiciales del País.


Abg. Richard Dávila

Presidente de la Seccional Mérida 

28 junio 2016

Cifras del falso gobierno obrero



Protesta de trabajadores





El maquillaje que hace el Gobierno a las cifras del desempleo pretende esconder la realidad de millones de venezolanos que no reciben un salario suficiente para vivir dignamente

Utilizando una estética supuestamente izquierdista, el gobierno de Maduro ha pretendido identificarse con quienes trabajan. Para ello y siguiendo a su predecesor, usa y abusa de la iconografía asociada al ideario obrero socialista. Sin embargo la mejor demostración de la rebeldía fashion que lo caracteriza, son las cifras que exhibe su gestión.


El INE, en sus datos sobre la fuerza de trabajo, reporta que para el pasado mes de abril se había producido un aumento de la desocupación femenina, lo que significa que hay menos mujeres recibiendo salario y protección social. Adicionalmente, el INE informa que de la gente que trabaja en Venezuela, un 60,3% lo hace en el sector formal de la economía, mientras un 39,7 labora en actividades informales.


Según informó esta semana el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, a través de su cuenta twitter, en cifras reales la inactividad laboral que describe el INE afecta a 8,3 millones de personas este año, mientras el desempleo abierto se ubica en 1.035.238 de personas. Ello significa que de 14.124.319 personas que conforman la población económicamente activa, un 92,7% estaría ocupada y el 7,3% desempleada.


Ahora bien, el término ocupación laboral que el INE identifica, no responde a la clasificación aceptada por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo digno, ni coincide con las definiciones constitucionales. Es decir, el 92,7% de la población económicamente activa en Venezuela no percibe un salario que, como establece el artículo 91 de la constitución, le permita vivir con dignidad. Ocupación, para el INE, es cualquier actividad realizada, que haya sido  informada por las personas entrevistadas, durante el muestreo denominado encuesta de hogares. Si esa actividad implica remuneración o no, eso es otra cosa.


Resulta que de acuerdo con las definiciones del INE, la ocupación involucra a las personas de 15 años y más de edad, que han declarado estar trabajando “con o sin remuneración, por lo menos una hora, durante la semana anterior a la realización de la entrevista”. Entonces si usted trabajó una hora, la semana pasada, usted es una persona ocupada.


Tamaña manipulación de la estadística oficial, más allá de estar animada por la práctica del avestruz que entierra la cabeza para no ver lo que sucede, pretende inútilmente maquillar la realidad laboral que conocemos. La verdad es que nuestra clase trabajadora está empobrecida y hay una abismal contracción del aparato productivo en el área pública y en el sector privado.


Pero volviendo al INE, la gente clasificada como ocupada y con remuneración, es el grupo de personas que “perciben un sueldo, salario u otro tipo de ingreso o compensación en dinero efectivo o en especie (alimentación o alojamiento) por el trabajo realizado como empleado u obrero, trabajador por cuenta propia, patrono o empleador”. Dicho de otra forma, si usted vive en la casa de su empleador y el alojamiento es el pago que éste le da por su labor, usted no está en la esclavitud, en el feudalismo o en el capitalismo salvaje, sino en el socialismo del siglo XXI.


Hablo de ese batiburrillo de frases tomadas de diferentes libros o manuales o creencias o interpretaciones de ideas, que son o han sido o pudieron ser expresadas por alguien, alguna vez y en algún lugar, que se nos ha presentado como socialismo del siglo XXI. Me refiero a ese modo gubernamental, que es capaz de sostener públicamente en el portal web de organismos oficiales, que Venezuela disfruta las bondades del socialismo del siglo XXI, mientras miles de personas son asesinadas año tras año en una guerra no declarada y millones de seres humanos hacemos cola por comida. Hablo de un país donde se cercenan los derechos políticos a todos los sectores opositores a ese gobierno, y donde especialmente se persigue y descalifica a quienes luchan genuinamente por los derechos de la gente pobre y de la clase trabajadora.


Una izquierda fashion y no un gobierno obrero es lo que manda hoy en Venezuela.

20 junio 2016

La Justicia sin justicia




Dirección Ejecutiva de la Magistratura








Las condiciones laborales en el Poder Judicial son precarias, con salarios totalmente devaluados lo que afecta a más de 25 mil personas, así como a más de diez mil jubilados y pensionados

Una profunda injusticia social caracteriza la política laboral en el Poder Judicial. Expresión de ello es la mora en la discusión de la Convención Colectiva, vencida desde junio de 2007, situación que afecta un universo de 25.000 personas. Otro rostro de este drama es el desconocimiento de los derechos de más de 10.000 personas jubiladas y pensionadas, a quienes se les discrimina en sus ingresos al no incrementarse su asignación  proporcionalmente a los aumentos salariales -cuando los hay-, percibidos por el personal activo.

La guinda de la torta es la problemática que aqueja al movimiento sindical del sector: dividido, ilegalizado en la práctica y disperso. Si bien tal condición se presenta en muchas organizaciones sindicales, en el caso del Poder Judicial es lamentablemente usada por una gestión institucional que, al menos hasta la presente fecha, desconoce el derecho a una remuneración digna y justa, establecido en el artículo 91 de la CRBV.

¿El resultado? La migración de profesionales y técnicos. Por otro lado, quienes permanecen en el Poder Judicial sufren la peor de las humillaciones al verse bajo el acoso, además de los miserables salarios, de la falta de agua en los sanitarios y el mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado en muchas sedes judiciales, así como la escasez -en algunos casos, la ausencia absoluta- de papel y de tinta. Las decisiones judiciales se imprimen en hojas reusadas por una de sus caras. A ello se unen los precarios escritorios y ascensores que no siempre funcionan, más el aderezo de una arbitraria distribución de bolsas con 3 o 4 productos regulados por persona, cada 20 o 25 días, previa cola, y sin igualdad alguna entre los circuitos judiciales del país.

Habría que sumar a este panorama la creciente animadversión que siente la población hacia el Poder Judicial. Y es que el rechazo popular hacia las decisiones de ciertos Juzgados, en el caso del acceso a las medicinas, por ejemplo, o en el de la constitucionalidad de algunas actuaciones del Ejecutivo, podría constituirse en un factor estresante para la masa laboral tribunalicia, como nos han comentado fuentes directas del sector. El aumento de causas judiciales que generan  tensión política en la sociedad y el despliegue, cada vez más frecuente de inusitadas medidas de seguridad en las sedes tribunalicias, expone a riesgos diversos tanto la vida como la salud y la integridad personal de quienes laboran en los órganos de la administración de justicia.

De estos riesgos laborales, por cierto, no se ocupa el TSJ, la DEM, ni el INPSASEL. Ello contrasta con el interés y la diligencia en la actuación de una de las cortes contencioso administrativas de Caracas, que prohibió manifestaciones cerca del CNE dizque para preservar la seguridad del personal de ese organismo. Me dijo una trabajadora judicial que intentó denunciar la degradación general de las condiciones y medio ambiente laboral en INPSASEL, pero en ese organismo del Ministerio del Trabajo le dijeron que no reciben denuncias sobre entes públicos y menos de la DEM o del TSJ.


Ahora bien, a este cúmulo de irregularidades se suma el entorno que rodea a la administración de justicia: delincuencia, inseguridad, inflación pavorosa y violencia sociopolítica. Pero ni el TSJ ni la DEM, abonan para ocuparse del personal Judicial, sus jubilados y pensionados con sentido de equidad. Este mes hubo un ajuste salarial apenas del 20%, retroactivo a marzo, y otro del 30%  desde mayo. Ambos se diluyen ante una pérdida del poder adquisitivo de la moneda ubicado en más del 500%.


Por sus recordadas luchas, el personal judicial fue el segmento laboral mejor pagado del sector público hace escasamente una década, pero hoy bajó al foso más profundo por sus pésimas condiciones de trabajo y por la depauperación generalizada de la administración justicia. Es patética esta cara que exhibe el Poder Judicial, sobre todo cuando su cabeza visible pretende dar lecciones a un país que clama justicia.

09 junio 2016

TSJ prohíbe a LaPatilla, a Caraota Digital y a todos los medios de comunicación publicar videos de linchamientos


 junio 8, 2016 7:08 pm .


El Tribunal Supremo de Justicia prohibió a los medios de comunicación de Venezuela, haciendo hincapié a LaPatilla.com y a CaraotaDigital.com, difundir imágenes de los linchamientos a los presuntos delincuentes en flagrancia.
La sentencia de título: TSJ condena linchamientos por contrariar la convivencia social, la condición humana y el Estado de Derecho, considera que la reseña de estos hechos noticiosos crean “zozobra e incertidumbre en la población”.
En el caso de La Patilla, la nota en cuestión se titula: “Atrapan a “Metrochoro” en Altamira y casi lo linchan (Video)”
El 7 de abril del 2016 el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández interpuso la demanda (que podrás leer a continuación), en la que solicita una medida cautelar innominada, “en virtud de existir un fundado temor de ser víctima de linchamiento”.
La sentencia de título: TSJ condena linchamientos por contrariar la convivencia social, la condición humana y el Estado de Derecho, considera que la reseña de estos hechos noticiosos crean “zozobra e incertidumbre en la población”.En el caso de La Patilla, la nota en cuestión se titula: “Atrapan a “Metrochoro” en Altamira y casi lo linchan (Video)”El 7 de abril del 2016 el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández interpuso la demanda (que podrás leer a continuación), en la que solicita una medida cautelar innominada, “en virtud de existir un fundado temor de ser víctima de linchamiento”.

Sentencia N° 429/2016 COMPLETA

Expediente Nº 16-0360
Magistrada-Ponente: Lourdes Benicia Suárez Anderson
En fecha 07 de abril de 2016, se recibió en esta Sala escrito suscrito por el abogado JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad n° V-14.689.864, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 105.578, quien ejerció en nombre propio y alegando actuar en representación de la Sociedad, DEMANDA POR INTERESES DIFUSOS contra los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, por difundir de manera indiscriminada los “(…) VIDEOS DE LINCHAMIENTO en sus redes sociales de twitter @la_patilla y @caraotadigital y en su páginas web www.lapatilla.com y www.caraotadigital.net (…)”, lo cual conforme a lo alegado por el demandante, lesiona flagrantemente los “(…) derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y moral, al debido proceso y a la educación de cualquier ciudadano que habite (sic) nuestra (sic) país (…)”. (Mayúscula y negrillas del escrito libelar).
El 11 de abril de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
En fecha 23 de abril de 2016, el ciudadano JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ presentó escrito mediante el cual ratificó la demanda incoada, así como la medida cautelar innominada solicitada.
I
DE LOS ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE
El ciudadano JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, ejerció la presente demanda para hacer valer los intereses difusos, en razón de los siguientes razonamientos:
Alertó que “(…) desde inicios del mes de marzo de año 2016 he podido apreciar a través de las páginas web y cuentas de twitter de los medios de comunicación demandados, anteriormente identificadas, (sic) la transmisión constante y reiterada de videos de linchamientos de personas que supuestamente estaban cometiendo algún delito (…)”. (Subrayado y negrillas del escrito libelar).
Agregó que en los videos publicados por las redes sociales se puede apreciar claramente como “(…) las personas rodean a los presuntos delincuentes y los golpean salvajemente, incluso hemos visto videos publicados por los demandados en los cuales se le rocía kerosene a la persona víctima de linchamiento y se puede apreciar como lo queman de forma inhumana (…)”.
Arguyó que la publicación “(…) de estos videos, que se puede apreciar en todo el país por cualquier usuario de las cuentas twiter o las páginas web de los demandados es totalmente innecesaria y fomenta e incita a la comisión de los delitos de homicidio, agavillamiento y lesiones personales poniendo en riesgo a cualquier persona que sea considerada un delincuente a que lo linchen incluso siendo inocente (…)”. (Subrayadoy negrillas del escrito libelar).
Argumentó que los videos de linchamiento difundidos por las redes sociales de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, podrían confundir a la población, ya que ésta podría considerar que “(…) es correcto linchar a cualquier persona, lo que pone en peligro la vida de todos los habitantes del país, niños, jóvenes, ancianos y en fin cualquier persona que sea considerada victima (sic) para ser linchada, incluyendo la vida de quien suscribe (…)”. Destacado del original.
Denunció que no “(…) se justifica darle publicidad constante y reiterada a estos homicidios colectivos para supuestamente dar una noticia, estas actuaciones de los medios de comunicación demandados causan un daño al país por cuanto se está transmitiendo un acto que puede ser copiado por algunos habitantes del país y considerarse como una costumbre de (sic) linchar a quien sea elegido para ello, lo que sin lugar a dudas pone en riesgo los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la integridad física y moral, al debido proceso y a la educación de cualquier ciudadano que habite (sic) nuestra (sic) país (…)”. (Negrillas del escrito libelar).
Alegó que la “(…) constante transmisión de videos de linchamientos hace propaganda a la comisión de este (sic) e incita a que se siga cometiendo, se hace ver como algo normal asesinar o golpear entre varias personas a cualquier ciudadano que sea elegido para ser linchado siendo culpable o inocente del delito que se le impute (…)”.
De la misma manera, el demandante solicita medida cautelar innominada, en virtud de existir un fundado temor de ser víctima de linchamiento. Por ello, requiere que se les prohíba a los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, así como sus cuentas en twitter, la publicación y divulgación constante de los videos con contenido de linchamientos.
En virtud de los argumentos explayados con antelación, el demandante solicita que la presente demanda de defensa de intereses difusos sea declarada con lugar en la definitiva.
II
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala Constitucional analizar la competencia atribuida para conocer demandas con miras a tutelar los derechos e intereses difusos. Para ello se puntualiza la disposición contenida en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto prevé a la letra:
“(…) Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se hayan generado (…)”. (Negrillas de esta Sala).
De la normativa citada, se desprende que esta Sala Constitucional tiene competencia para tramitar las controversias relacionadas con la afectación de los derechos e intereses colectivos o difusos, siempre y cuando la pretensión a tutelar tenga una repercusión nacional; en caso contrario, competirá el conocimiento a un tribunal de primera instancia en lo civil de la jurisdicción donde se suscitaron los hechos.
Partiendo de lo anterior, debemos analizar en el presente caso si efectivamente estamos en presencia de una demanda por intereses difusos, así como también determinar la trascendencia nacional para conocer el fondo de la controversia planteada ante esta Sala Constitucional. Para ello, debe destacarse que la solicitud planteada por el abogado JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, versa sobre la difusión masiva de unos videos, que a juicio de la parte actora, tienen un alto contenido de violencia y agresividad, lográndose observar, que personas aglomeradas toman la justicia por sus propias manos en perjuicio de uno o diversos sujetos, quienes presuntamente cometieron un hecho delictivo, ocasionándoles lesiones gravísimas o la muerte, según sea el caso, grabaciones éstas que son transmitidas sin censura y sin ningún pudor por los medios electrónicos digitales: “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, respectivamente.
A tal efecto, esta Sala Constitucional en reiteradas en sentencias, ha determinado que estamos en presencia de los intereses difusos cuando las pretensiones:
“(…) se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión.
Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (…)”. (Ver sentencias Nros. 483/2000, 656/2000, 770/2001, 1571/2001, 1321/2002, 1594/2002, 1595/2002, 2354/2002, 2347/2002, 2634/2002, 3342/2002, 2/2003, 225/2003, 379/2003, 1924/2003, 3648/2003, 1522/2007, 1617/2011,  1186/2015). (Subrayado de esta Sala).
En abundamiento de lo anterior, esta Sala en su sentencia n° 536/2005, determinó lo que de seguidas se cita:
“(…) Los derechos o intereses difusos tienen como rasgo definidor su indeterminación objetiva, pues el objeto de los mismos es una prestación indeterminada. Así lo determinó esta Sala Constitucional en su fallo n° 1321 del 16 de junio de 2002 (caso: Máximo Febres Siso y Nelson Chitty La Roche), en el que se señaló lo siguiente:
‘A su vez, los derechos o intereses difusos son indeterminados objetivamente, ya que el objeto jurídico de tales derechos es una prestación indeterminada, como ocurre en el caso de los derechos positivos, a saber, el derecho a la salud, a la educación o a la vivienda. Un derecho o interés individual puede ser difuso cuando es indeterminado por su carácter más o menos general o por su relación con los valores o fines que lo informan. En la privación de la patria potestad o en el procedimiento de adopción los derechos del niño y del adolescente pueden ser difusos en la medida en que la cura o cuidado de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente depende de que el interés tutelable sea concretado por el juez en cada caso. En suma, difuso no se opone a individual, ni se identifica con lo colectivo.Difuso se opone a concreto, claro o limitado; mientras que individual y colectivo se contrarían de manera patente’ (…)”. (Destacado de esta Sala).
En el presente caso, visto el alcance e influencia de los medios de comunicación digitales, así como el hecho notorio comunicacional, podemos colegir que estamos en presencia de un interés difuso, en virtud de protegerse a un número indeterminado de individuos que representan a toda la sociedad o a un segmento cuantitativamente importante de ella, toda vez que los videos objeto de esta solicitud difunden linchamientos, catalogados como actos criminales, conforme al juicio de valor alegado por la parte demandante, que de ninguna manera pueden reemplazar el ejercicio de la justicia y van en detrimento de la dignidad humana, de la calidad de vida de las personas que tienen acceso a esa información en todo el país, creando zozobra en la colectividad por la lesión flagrante del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la defensa y debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la salud pública, el derecho a la educación y a la garantía constitucional de administrar justicia, haciéndose ineludible la adopción de medidas de carácter general para combatir este flagelo, conforme lo prevén los artículos 43, 46, 49, 78, 83, 102 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.
A este tenor, corresponde analizar si la situación denunciada como lesiva tiene relevancia nacional, para ello, enfatizamos que los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por parte de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, respecto de la transmisión y difusión indiscriminada de los videos con contenidos de linchamientos, ocasionan indignación, calamidad e incertidumbre en la población venezolana y visto el carácter de orden público que reviste el presente asunto, esta Sala se declara competente para tramitar la presente demanda para proteger los derechos e intereses difusos, todo ello con la finalidad de promover la paz, el bien común y la sanidad pública de la sociedad, tal como se consagra en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (Ver sentencia n° 426/2012, caso: “Gilberto Rúa”). Así se declara.
III

DE LA ADMISIBILIDAD

Determinada la competencia de esta Sala para conocer de la presente demanda por intereses difusos se evidencia que la misma cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como que no está inmersa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 150 euisdem. En consecuencia, se admite la presente demanda para tutelar los derechos e intereses difusos. Así se decide.
En tal sentido, visto que la presente decisión se dicta fuera del lapso previsto en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena notificar al abogado JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ.
De igual modo, se ordena citar a la representación judicial de los medios de comunicación digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, presuntos agraviantes, así como notificar de la presente decisión al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al ciudadano Defensor del Pueblo y a la Fiscal General de la República.
Asimismo, se ordena publicar un cartel de emplazamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
IV
DE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA
Respecto de la medida cautelar innominada solicitada por la parte demandante, referida a la prohibición, mientras dure el presente proceso, de seguir transmitiendo los videos de linchamientos a través de las páginas de internet y las cuentas en redes sociales (twitter, instagram y facebook), de los medios digitales demandados “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, debe señalarse la disposición contenida en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto a la letra, establece que:
“(…) En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional, podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto (…)”.
Sobre esta facultad, la Sala ha afirmado que la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y por tanto un supuesto fundamental del proceso, que persigue un fin preventivo. (Ver sentencias Nros. 156/2000 y 269/2000).
En este orden de ideas, se aprecia que en determinadas ocasiones el objeto de la tutela judicial requiere de una protección expedita, lo cual responde, a su vez, a la necesidad de asegurar la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano jurisdiccional, evitando que un posible fallo a favor de la pretensión quede desprovisto de la eficacia por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias a derecho o interés reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento, tal como lo asentó esta Sala en su sentencia n° 1522/2007, caso: Diarios “El Progreso” y “El Luchador”.
Por ello, las medidas cautelares fungen y surgen como una necesidad de los justiciables, así como también, en determinadas ocasiones, del órgano jurisdiccional en aras de salvaguardar o mantener resguardado el núcleo esencial de los derechos de las partes involucradas y no como una excepción, razón por la cual constituye una facultad que posee el órgano jurisdiccional susceptible de ser  ejercida en todo estado y grado del proceso siempre que resulte necesario en el caso que se trate.
A tal efecto, visto que las medidas cautelares tienen un carácter de necesidad en un determinado procedimiento, se observa que los requisitos exigidos para acordar la procedencia de las mismas (fumus boni iurispericulum in mora) se reducen a un simple examen del juez de acuerdo a su sano criterio de acordar o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su examen, así como la ponderación de intereses.
En virtud de lo anterior, la pretensión de la medida cautelar innominada en el presente caso se circunscribe a la prohibición de publicar y difundir por parte de los medios de comunicación digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, los videos de linchamientos transmitidos en fecha 15 de febrero de 2016 por el link http://www.lapatilla.com/site/2016/02/15/atrapan-a-metrochoro-en-altamira-y-casi-lo-linchan-video/; el 23 de marzo del año en curso, por el portal web http://caraotadigital.net/ la-gnb-lo-capturo-y-luego-lo-entrego-a-la-gente-para-que-lo-lincharan-video/ y el 04 de abril de 2016 por los link http://caraotadigital.net/vecinos-enardecidos-de-los-ruices-golpean-y-queman-a-hampon-video/ y; http://caraotadigital.net/nuevo-linchamiento-en-caracas-video/, en los cuales se observa como una turba sin piedad y deshumanizando a las víctimas sustituyen el ejercicio de la justicia, quitándole la vida o en su defecto ocasionando lesiones gravísimas a personas que presuntamente cometieron un ilícito penal, lo cual, en un examen preliminar, se constata del contenido de los referidos videos, que son un hecho notorio comunicacional, un mensaje altamente agresivo, violento, que pudiera ser influyente en el bienestar psicológico, moral y emocional de los usuarios y usuarias que visualizan esa transmisión, dejando aparentemente en segundo plano la nota periodística, lo cual pareciera avalar implícitamente los linchamientos, no contribuyendo así los medios de comunicación digitales denunciados -instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo- al fortalecimiento de la ciudadanía en el respeto por la dignidad humana, por la vida, por la ley y por las instituciones encargadas de administrar justicia.
Equivalentemente, esta Sala evidencia la existencia de la figura del hecho notorio comunicacional, como un tipo de notoriedad, el cual puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del hecho, así se reiteró en la sentencia n° 245 de fecha 09 de abril de 2014, cuyo extracto es del tenor siguiente:
“(…) ¿Puede el juez fijar al hecho comunicacional, como un hecho probado, sin que conste en autos elementos que lo verifiquen? Si se interpreta estrictamente el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual es un principio general, el juez sólo puede sentenciar en base a lo probado en autos, con excepción del hecho notorio. Tiene así vigencia el vetusto principio que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pero si observamos las sentencias, encontramos que ellas contienen un cúmulo de hechos que no están probados en autos, pero que son parte del conocimiento del juez como ente social, sin que puedan tildarse muchos de ellos ni siquiera como hechos notorios. Así, los jueces se refieren a fenómenos naturales transitorios, a hechos que están patentes en las ciudades (existencia de calles, edificios, etc.), a sentencias de otros tribunales que se citan como jurisprudencia, a obras de derecho o de otras ciencias o artes, al escándalo público que genera un caso, a la hora de los actos, sin que existan en autos pruebas de ellos.
Si esto es posible con esos hechos, que casi se confunden con el saber privado del juez, con mucha mayor razón será posible que el sentenciador disponga como ciertos y los fije en autos, a los hechos comunicacionales que se publicitan hacia todo el colectivo y que en un momento dado se hacen notorios (así sea transitoriamente) para ese colectivo.
(…)
El hecho comunicacional puede ser acreditado por el juez o por las partes con los instrumentos contentivos de lo publicado, o por grabaciones o videos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noticia.
Pero el juez, conocedor de dicho hecho, también puede fijarlo en base a su saber personal, el cual, debido a la difusión, debe ser también conocido por el juez de la alzada, o puede tener acceso a él en caso que no lo conociera o dudase. Tal conocimiento debe darse por cierto, ya que solo personas totalmente desaprensivos en un grupo social hacia el cual se dirije el hecho, podrían ignorarlo; y un juez no puede ser de esta categoría de personas.
Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración (…)”. (Ver sentencias Nros. 98/2000 y 280/2008). (Negrillas del fallo).
Al respecto, queda acreditado como un hecho notorio comunicacional los videos de linchamientos transmitidos pública y masivamente por los medios de comunicación digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, cuyo contenido causa perturbación e intranquilidad en la sociedad, lo cual podría ocasionar un caos social, toda vez que el hecho de la noticia es importante, sin embargo, es necesario ser responsable al momento de ofrecer la nota informativa, evitando lo más posible un efecto psicológico negativo en la mayoría de la población, por ser como en psicología se ha estudiado como el “primado” -priming- denominado “(…)un fenómeno inconsciente que hace que nuestra forma de pensar y/o comportarnos cambie debido al contexto de la información (…)”. (Ver link http://:quo.mx/noticias/2014/02/26por-cambia-nuestra-forma-de-pensar).Así se declara.
En este contexto, se destaca el Informe Temático realizado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), en diciembre del año 2000, mediante el cual recomendó a los medios de comunicación lo siguiente:
“(…) Los medios de comunicación social podrían contribuir a que los linchamientos no sean interpretados como actos de “justicia popular”. Para ello sería conveniente que promuevan una mayor comprensión de la compleja realidad socioeconómica, cultural e histórica del país. Debería evitarse la descripción de un hecho delictivo como “justicia” dado que esto lo presenta con una legitimidad que lo sitúa en el subconsciente colectivo con una valoración positiva. La descripción de “popular” es también cuestionable, ya que es sabido que en una turba son pocos los que activamente participan en un linchamiento. Por último, cuando se cataloga de “delincuentes” a las víctimas de los linchamientos y no a los linchadores, se justifica un acto criminal, al tiempo que se viola entre otros derechos, el de la presunción de inocencia y al debido proceso (…)”. (Ver https://es.wikisource.org/wiki/Los_linchamientos:_un_flagelo_contra_la_dignidad_humana). (Negrillas y subrayado de la Sala).
A tal efecto, aprecia esta Sala preliminarmente que la divulgación y difusión indiscriminada de los videos de linchamientos producen un efecto perturbador de los elementos psicológicos, éticos, morales y rectores de la sociedad, razón por la cual esta Sala aprecia que aunado al hecho de que los mencionados mensajes visuales son divulgados reiteradamente, se produce un grave riesgo de alteración del orden social y de la estabilidad psíquica y emocional de los usuarios y usuarias de estos canales de información en formato digital, lo cual, más allá de la noticia y los derechos a la libertad de expresión y a la información, resultan contrarios a la paz social y al interés general de mantenimiento del Estado de Derecho, por propender al enaltecimiento del quebrantamiento de la Ley.
Al hilo de las consideraciones expuestas y en aras de determinar la procedencia de la medida cautelar innominada solicitada, se hace necesario ponderar los derechos en conflicto, así tenemos que nuestra Carta Magna consagra el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una información oportuna y veraz. Partiendo de allí, los comunicadores sociales tienen el derecho de expresar periodísticamente un hecho noticioso y los usuarios y usuarias tienen el derecho de recibir una información adecuada, pero estos derechos no deben crear zozobra e incertidumbre en la población, ya que el ejercicio de la comunicación social debe contribuir con el desarrollo integral del individuo y de la sociedad, no siendo plausible que se socaven las bases de la convivencia social, que se fomenten acciones contrarias al orden público y denigrantes a la condición humana, lesionando implícitamente otros derechos constitucionales como el derecho a la salud pública, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al honor y a la reputación, haciéndose imperioso la adopción de medidas necesarias para salvaguardar cautelarmente los derechos constitucionales infringidos, a favor de la sociedad. (Ver sentencias Nros. 1566/2012 y 359/2014).
Precisamente, cuando el órgano jurisdiccional tenga conocimiento de un caso y constate la lesión de uno o varios derechos constitucionales por el ejercicio desproporcionado de otro derecho constitucional está en la obligación de salvaguardar la preeminencia de los derechos humanos, los derechos de la sociedad, preservar la paz y la sanidad pública, los cuales son eminentemente de orden público, permitiéndole así la facultad de limitar de manera razonable, oportuna y proporcionalmente ese derecho, para lo cual el Juzgador deberá ineludiblemente evaluar si la restricción o delimitación del derecho constitucional está: (i) permitido por la ley -fundamento legal-; (ii) que la finalidad sea salvaguardar ciertos bienes jurídicos relevantes; (iii) que se trate de medidas necesarias en una sociedad democrática, en la cual se busca que las instituciones protejan los derechos esenciales de los habitantes; y (iv) que existe la necesidad de imponer el límite o restricción de manera proporcional a la finalidad perseguida. (Ver sentencias Nros. 379/2007, 1566/2012 y 359/2014).
En razón de las consideraciones expuestas y visto que la transmisión reiterada de los videos de linchamientos podrían exaltar estos hechos contrarios a la esencia misma de la convivencia social a través de las instituciones del Estado, fomentando la anomia, el irrespeto a las leyes y a los derechos humanos en el sentido de concebir como lícita la justicia por propias manos por parte de la ciudadanía, sin prever la inocencia o no de la víctima y los derechos al debido proceso, la vida, y la integridad personal y en aras de promover el equilibrio democrático, la paz, la preeminencia de los derechos humanos y el imperio de la Ley, esta Sala declara procedente la medida cautelar de prohibición de publicación por parte de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL” de los videos con contenido de linchamientos, hasta tanto se decida el fondo de la presente demanda por derechos e intereses difusos. Así se decide.
En virtud de los derechos tutelados y visto el carácter de orden público que reviste la presente causa, esta Sala Constitucional extiende la medida cautelar decretada a todos los medios de comunicación nacionales con capacidad de transmitir este tipo de videos a través de sus plataformas tecnológicas. Así se decide.
Finalmente, dada la extensión de la medida cautelar decretada se ordena la notificación del Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, así como también al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Así se decide.
En atención a la procedencia de la medida cautelar decretada, esta Sala ordena la publicación íntegra del presente fallo en el Portal Web de este Tribunal Supremo de Justicia “www.tsj.gob.ve.” en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara procedente la medida cautelar de prohibición de publicación por parte de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL” de los videos con contenido de linchamientos, hasta tanto se decida el fondo de la presente demanda por derechos e intereses difusos, así como su extensión a todos los medios de comunicación nacionales con capacidad de transmitir este tipo de videos a través de sus plataformas tecnológicas”.
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de protección de  intereses difusos, interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, por el abogado JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad n°  V-14.689.864, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 105.578, contra los medios informativos digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, por la difusión masiva e indiscriminada de los videos sobre linchamientos de individuos, presuntamente involucrados en hechos delictivos, ocurridos recientemente en el territorio nacional.
SEGUNDO: ADMITE la demanda para la protección de los derechos e intereses difusos incoada.
TERCEROSE ORDENA NOTIFICAR al ciudadano JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, de la presente decisión.
CUARTOSE ORDENA CITAR a la representación legal de los medios informativos digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, notificación que deberá acompañarse con copia de este fallo y del escrito continente de la demanda, a los fines de dar contestación a la misma.
QUINTOSE ORDENA NOTIFICAR al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a la ciudadana Fiscal General de la República y al ciudadano Defensor del Pueblo y al Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, así como también al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
SEXTO:  SE ORDENA El EMPLAZAMIENTO de los interesados mediante cartel, el cual será publicado por la parte demandante, en uno de los diarios de mayor circulación nacional, para que se den por notificados, en un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación o de la notificación del último de los interesados.
SÉPTIMOSE ORDENA una vez consignado en autos el Cartel de emplazamiento de los interesados, la publicación, del mismo en el Portal Web de este Tribunal Supremo de Justicia “www.tsj.gob.ve.”.
OCTAVOSE ORDENA SUSTANCIAR la presenta causa conforme lo previsto en el artículo 146 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
NOVENOPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada. En razón de ello, se ORDENA la prohibición a los Medios Digitales “LA PATILLA” y “CAROTA DIGITAL”, de la difusión de videos de linchamientos, a través de sus páginas de internet, así como en sus cuentas en redes sociales, hasta tanto se decida el fondo de la presente controversia.
DÉCIMOSE EXTIENDE la medida cautelar decretada a todos los medios de comunicación nacionales con capacidad de transmitir este tipo de videos a través de sus plataformas tecnológicas.
DÉCIMO PRIMEROSE ORDENA, la publicación íntegra del presente fallo en el Portal Web de este Tribunal Supremo de Justicia “www.tsj.gob.ve.”, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara procedente la medida cautelar de prohibición de publicación por parte de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL” de los videos con contenido de linchamientos, hasta tanto se decida el fondo de la presente demanda por derechos e intereses difusos, así como su extensión a todos los medios de comunicación nacionales con capacidad de transmitir este tipo de videos a través de sus plataformas tecnológicas”.
Publíquese, regístrese y cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

La Presidenta,


GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO