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25 abril 2018

La hiperinflación diluye a la banca venezolana y la deja sin fuerza para dar crédito


Abr 24, 2018 8:19 am

The logo of Citi is seen atop a building in Caracas, Venezuela April 6, 2018. Picture taken April 6, 2018. REUTERS/Marco Bello
Los bancos también están sobreviviendo REUTERS/Marco Bello


La hiperinflación que vive Venezuela devoró el patrimonio de la banca local hasta dejarla, en conjunto, del tamaño de un banco de la pequeña República Dominicana y sin capacidad para sacar de la recesión a la que fuera tiempo atrás una de las cuatro mayores economías de Latinoamérica.

Tras una década de tasas reguladas en un máximo de 28 por ciento y con una inflación que trepó a cuatro dígitos, los bancos del país petrolero no son rentables y tienen poco interés en inyectar capital a pérdida para ampliar los montos de los créditos y apalancar el consumo de empresas y personas.

Si bien aún operan bancos como el estadounidense Citibank o el gigante español BBVA en espera de tiempos mejores, el valor de las 31 entidades financieras privadas que seguían en pie al cierre de 2017 equivalía a 40 millones de dólares a la tasa de cambio oficial usada como referencia ante la falta de divisas.

“Los bancos están sobreviviendo”, dijo un asesor de la banca privada que prefirió no revelar su nombre. “Hacen esfuerzos por mantenerse operando pero sin expandir el crédito”, dijo.

Con tan poco respaldo, los bancos venezolanos prestan apenas un 28 por ciento del torrente de bolívares que manejan, según cifras oficiales a enero, muy lejos del promedio de los sistemas bancarios en América Latina que en 2017 mantenían volúmenes de crédito equiparables con los depósitos, según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El Gobierno parece tener prisa en revertir esta situación. En febrero el ente regulador de los bancos ordenó aumentar el máximo a prestar en cada tarjeta de crédito de 36 a 60 millones de bolívares, un poco menos de 300 dólares, según una resolución difundida en su web.

Ni la Superintendencia de Bancos (Sudeban) ni el Ministerio de Información respondieron a varios correos solicitando su opinión.

Pero Beglis Villanueva, una docente con tres tarjetas emitidas por el Banco Provincial, filial de BBVA en el país, no tuvo suerte con el aumento de cupos. El límite en sus tarjetas es menor a dos dólares y no ha cambiado en el último año.

“Las uso para comprar pan, que es lo único que puedo comprar con ellas”, dijo al salir de su trabajo en un colegio privado.

Un mal negocio

La banca venezolana -que en los últimos años ha cerrado centenares de oficinas y redujo miles de empleos- tiene restricciones para el cobro de comisiones y limitaciones legales para invertir en otra moneda, por lo que depende principalmente de la venta de créditos para subsistir.

Pero a diciembre había prestado un volumen de dinero que, según datos oficiales, equivale a 13 dólares por persona, en una nación con 30 millones de habitantes, que en su mayoría se salta alguna comida al día por la pérdida de su poder adquisitivo.

El tamaño de la cartera de créditos es ínfimo frente a los números de la banca en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina y México, el grupo de las principales economías de la región al que pertenecía Venezuela hasta 2009. En todos los casos prestan más de 2.000 dólares por persona, según una revisión que hizo Reuters de datos de Felaban a fines de 2017.

Yenny Bastida, una diseñadora de modas venezolana, ha visto cómo la banca local le redujo el crédito. Este año ofrecieron a su empresa el equivalente a 300 dólares que debe pagar en seis meses, la mitad del plazo que recibió de dos bancos en 2016.

“El monto es ridículo, apenas cubre un 20 por ciento de lo que financié dos años atrás”, dijo.

A las grandes y medianas empresas la banca privada local le presta no más del equivalente a 25.000 dólares y en casi todos los casos está exigiendo garantías en dólares, aseguró un consultor de grandes compañías que operan en el país.

“El crédito está perdiendo razón de ser”, dijo el profesor Leonardo Vera que trabajó por años en la unidad de investigación de un banco privado local. “Una economía sin crédito no crece, las empresas se quedan sin capital de trabajo para expandirse y el hogar tampoco puede aumentar el patrimonio”, apunta.

Tres años antes, la banca venezolana prestaba 59 por ciento de los depósitos y el volumen de la cartera de créditos equivalía a casi 100 dólares per capita, según datos oficiales.

Con el escenario de la hiperinflación venezolana, las empresas y personas tienen todos los incentivos para pedir préstamos, pues cómo máximo le cobran una tasa del 28 por ciento desde 2005, bajo una inflación que en marzo se ubicó en 8.878 por ciento anual, según la medición del Congreso opositor.
Pero la mayoría de los bancos hizo solo leves mejoras en los créditos al consumo, según dijeron tres ejecutivos del sector financiero, porque deben inyectar capital para ampliar los límites a financiar al ritmo que suben los precios.

“Los dueños de los bancos no van a traer dólares para capitalizar. Eso es pensamiento mágico”, dijo un alto ejecutivo de una de las instituciones más grandes del país, advirtiendo que cualquier aporte de los accionistas se lo devora en tres o cuatro meses la desmedida inflación.

Al cierre de 2017, los bancos ganaron 115 por ciento en proporción al patrimonio, muy por debajo de la voraz inflación que cerró en 2.600 por ciento, según data oficial y a contramano de lo que sucedió en las siete economías más grandes de la región, donde la banca ganó en términos reales.

La mayoría de los bancos privados solía inyectar todas las ganancias al patrimonio para ampliar el crédito en los últimos años de inflación alta, pero cuando los precios subieron por encima de cuatro dígitos se rompió el ciclo, dijeron fuentes del sector.

“Paños calientes”

“Señores de la Banca todavía tienen tiempo … traigan los dólares y compren petros”, dijo el vicepresidente Tareck El Aissami en marzo, al anunciar que permitirán aumentar capital con la compra en divisas de esa nueva moneda digital venezolana para que los bancos puedan fortalecer el patrimonio.

También para reanimar la banca, el Gobierno relajó el año pasado en dos oportunidades algunas normas contables para permitir a los bancos revalorizar sus activos, muchos de ellos inmuebles, y así otorgar más créditos. Y este año, al eliminar la tasa de cambio subsidiada, subió el valor en moneda local de la cartera de bonos denominados en dólares y creció ligeramente el patrimonio.
“Son paños calientes, el gobierno debe aprobar un aumento de las tasas de interés”, dijo una fuente cercana a las negociaciones que por meses mantienen sin éxito los bancos con autoridades, convencido que el rezago en el crédito irá a peor.

La banca privada local dejó de otorgar créditos a empresas y personas a largo plazo. Seis de cada 10 bolívares que prestó en 2017 fue para créditos comerciales, que reciben desde industrias hasta comercios y deben pagar en menos de 24 meses, indican la data oficial a enero y fuentes bancarias.
“La banca dejó de cumplir su rol”, dijo un ejecutivo de una compañía local que prefirió reservar su nombre. “Consigues mejor financiamiento con los proveedores”, apuntó el directivo de una compañía a la que le ofrecen créditos que no alcanzan siquiera para comprar 15 días de materia prima.
La coyuntura aún no ahuyenta a la mayoría de los banqueros, que aguardan regresen los tiempos donde Venezuela les aportó las mejores ganancias bajo la bonanza petrolera y en un mercado donde hay millones de clientes bancarizados.

“La banca sobrevivió a la hiperinflación en Perú y aquí también lo harán las instituciones que tienen enormes inversiones en inmuebles”, afirmó un operador por décadas del sector financiero. “Habrá sí reacomodos”, dijo.

Es el caso de la unidad de Citibank que comenzó a suspender tarjetas de crédito y cuentas a clientes el año pasado, en una estrategia de “reducir el mercado objetivo”, dijeron dos fuentes del sector y en diciembre el banco registró una pérdida de 43,1 por ciento sobre el patrimonio invertido, según datos oficiales.

El dueño del banco Banesco, la mayor entidad financiera de Venezuela por activos, afirmó en enero que la entidad no estaba a la venta, ni sería adquirido por el Gobierno pero compró el negocio minorista del alemán Deutsche Bank en Portugal, mostrando su intención de expandirse. Sus asesores dijeron que pese a esto permanecerá en el país.

En los últimos dos años sólo el banco portugués Novo Banco vendió su filial en Venezuela, pactando con el local Banca Amiga su salida de un mercado donde entró hace menos de una década. Como exigen las leyes locales, el gobierno aprobó la operación.

El BBVA desconsolidó su unidad local Provincial, que llegó a estar entre las más rentables del grupo, pero hace año y medio desestimó una oferta de compra de un banquero local, dijo una fuente cercana a la negociación. BBVA declinó comentar sobre esta propuesta.

“Venezuela es una tragedia”, dijo Francisco González, presidente del grupo financiero español a periodistas en un encuentro en Davos en febrero. “Desde luego no queremos irnos (…) yo confío que algo va a pasar”.
Reuters

A man walks outside a branch of BBVA Provincial bank in Caracas, Venezuela April 6, 2018. Picture taken April 6, 2018. REUTERS/Marco Bello
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The logo of BBVA Provincial is seen atop a building in Caracas, Venezuela April 6, 2018. Picture taken April 6, 2018. REUTERS/Marco Bello
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A woman walks outside a branch of BBVA Provincial bank in Caracas, Venezuela April 6, 2018. Picture taken April 6, 2018. REUTERS/Marco Bello
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People walk outside a branch of Citi bank in Caracas, Venezuela April 6, 2018. REUTERS/Marco Bello
REUTERS/Marco Bello

OMS: Venezuela tiene el mayor incremento de casos de malaria en el mundo

Agencias
Venezuela registra el mayor incremento de casos de malaria en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que teme no solo por las consecuencias internas, sino por la expansión de la enfermedad en los países limítrofes que reciben refugiados venezolanos.
“El caso de Venezuela nos preocupa significativamente. Los casos de malaria están creciendo de una manera muy preocupante a causa de la drástica reducción de las campañas antipalúdicas que se llevan a cabo en el país”, afirmó hoy en rueda de prensa el director del programa contra la malaria de la OMS, Pedro Alonso.
El especialista recordó que en la primera campaña de erradicación de la enfermedad en los años 1950-60, Venezuela destacó por ser el primer país en el mundo que pudo erradicar el paludismo en amplias zonas del país y que fue certificado por ello.
“Ahora tenemos incrementos masivos que probablemente lleguen a medio millón de casos por año. Es el mayor incremento registrado en el mundo”, denunció.
Oficialmente, en 2016, Venezuela reportó 245.000 casos y una muerte, mientras que la OMS estimó que, en realidad, el número de contagios ascendió al menos a 300.000 y el de decesos a 280.
Para 2017, la OMS estima que al menos se dieron 406.000 casos, una cifra muy difícil de verificar dado que el sistema epidemiológico del país es muy precario.
Alonso sostuvo que la OMS y específicamente su oficina regional, la Organización Panamericana de Salud (OPS), trabajan intensamente con el Gobierno para “tratar de aliviar las preocupantes condiciones”.
Además, la OPS ofrece a Venezuela medicamentos antipalúdicos y tratamientos preventivos como mosquiteras impregnadas de insecticida.
Alonso advirtió que el riesgo no sólo recae en la población venezolana que reside en su propio país, sino también en los que huyen de las duras condiciones venezolanas y buscan refugio en naciones limítrofes.
“Estamos viendo casos de malaria entre la población de refugiados venezolanos que llegan a Brasil, Colombia y Ecuador y otros lugares”, indicó.
“Tememos que haya nuevas transmisiones en esos países si no se controla bien a la población refugiada”, agregó.
Es por ello que apeló a los países vecinos a “asegurar una diagnosis y un tratamiento adecuado y gratis para cualquiera que vaya a un centro médico, porque no hay nada más peligroso que pacientes con acceso limitado a causa de su estatus financiero o legal”.
Por otra parte, Alonso dijo que si bien en números absolutos los casos de paludismo han crecido en América Latina, en general, la región marcha por el buen camino y que la enfermedad está controlada en la mayoría de los países a excepción de Venezuela, dado que si hay casos, éstos son puntuales.
Evocó, por ejemplo, nuevos casos en Colombia en las zonas abandonadas por guerrilleros desmovilizados y donde nunca antes se habían hecho controles epidemiológicos, o focos puntuales en Brasil y Ecuador. EFE

FOTOS | Finca Experimental de la ULA sigue invadida y la GN no actúa

Temen que se pierdan 1.000 litros de leche almacenada, que los invasores no dejaron sacar este martes

| Los invasores tomaron la finca el pasado 13 de abril, al final de la tarde  |Foto: Cortesía @NuaaULA
Mérida.- Once días han transcurrido desde que un numeroso grupo de personas invadió, al final de la tarde del viernes 13 de abril, la finca experimental Judibana de la Universidad de Los Andes (ULA), ubicada en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida. A la fecha, la Guardia Nacional (GN) y los organismos de seguridad no han actuado en defensa de las propiedades de esta casa de estudios.
En la finca funciona el Núcleo Experimental Alberto Adriani y, desde allí, se hace docencia, investigación, extensión y se desarrollan proyectos de distintas facultades y núcleos de la universidad.
Al menos 100 personas mantienen tomado el portón de entrada y limitan el acceso a los predios de la ULA. Un afiche del expresidente Hugo Chávez acompaña la invasión del grupo que dice llamarse “Consejo Socialista Lucha, Batalla y Victoria”, que se adueñó de un espacio, que ya había sido invadido en dos oportunidades.
Germán Rodríguez, coordinador de la Finca Experimental Judibana, denunció actitud hostil. (Foto: @NuaaULA)
La acción fue denunciada en su oportunidad por el rector de la ULA, Mario Bonucci, quien además de notificar el hecho a las autoridades también señaló que ocurren delitos como el abigeato, pues informó que los invasores sacrificaron dos reses que forman parte de las dinámicas de proyectos de investigación.
En la finca Judibana hay aproximadamente 200 animales y, desde hace dos años, son blanco de acciones de abigeato, lo que ha conllevado a la pérdida de, al menos, 20 reses.
Germán Rodríguez, director de la Finca Experimental Judibana, agredido y amenazado por los invasores este martes cuando se disponía a tomar una muestra de la leche almacenada, denunció que hay 1.000 litros de leche que pueden perderse porque los invasores, con actitud hostil y con armas blancas, impiden el ingreso del camión de la empresa láctea para llevarse el producto y procesarlo.
Pese a la inspección realizada, la GN no actúa para desalojar a los invasores  (Foto: @NuaaULA)
No hay procedimientos pese a medida cautelar
Efectivos de la GN conocieron de la invasión en su momento y la respuesta para las autoridades universitarias fue que deben esperar órdenes superiores para actuar.
Sin embargo, Germán Rodríguez recordó la medida cautelar que existe sobre la finca desde el año 2016 cuando hubo la primera invasión y solicitó a los organismos proceder a la desocupación antes de que se generen daños irreparables.
“Hay un cordón de miseria y la justificación de los invasores es que van a producir y lo que vemos al frente (de la finca), que es donde viven los invasores, es hacinamiento, servicios públicos de mala calidad y eso es lo que quieren replicar en Judibana”, subrayó Rodríguez, al tiempo que pidió la desocupación.
Este martes, los invasores no permitieron tomar muestra de la leche almacenada, la cual temen las autoridades que ya se esté dañando. | (Foto: @NuaaULA)
En el año 2016, el Tribunal Superior Agrario, el Ministerio de Agricultura y Tierras, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (Inti) y el entonces Ministerio  del Ambiente determinaron que la finca experimental Judibana tiene vocación académica, de investigación y de extensión, más no productiva.
El Instituto de Aeronáutica Civil (Inac) suscribió tal pronunciamiento de los entes correspondientes, sobre todo porque la finca está en el cono de aproximación de la pista del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía. Ante esta nueva invasión, el Inac también ha guardado silencio y no da respuesta a la solicitud de actuación que realizan las autoridades universitarias.
Hace dos años, un tribunal superior agrario determinó que la finca Judibana debe respetarse por su vocación académica, de extensión e investigación | (Foto: @NuaaULA)
En riesgo el núcleo universitario
Si los organismos de seguridad no hacen cumplir la medida cautelar y no hacen respetar la decisión del Tribunal Superior Agrario, la continuidad del núcleo universitario Alberto Adriani de la ULA está en riesgo.
El director de la finca experimental, Germán Rodríguez, señaló con preocupación que la invasión perjudica considerablemente el desarrollo del núcleo universitario de El Vigía, ya que la semana pasada debieron comenzar clases estudiantes de las carreras de Técnico Superior Agrícola y Técnico Superior Agrario y, a la fecha, no han podido iniciar las actividades, “porque no podemos colocar a los estudiantes en riesgo, teniendo presente que la finca es el espacio natural para el laboratorio de clases de esas carreras técnicas”, dijo.
Ante la matanza de dos reses, el impedimento para sacar la leche que se produce en la finca Judibana y la agresión al personal universitario, el rector de la ULA, Mario Bonucci, aseguró que la invasión pasó a ser destrucción y vandalismo.
Por la falta de acción de los organismos de seguridad que esperan, según dijeron, órdenes superiores para desalojar a los invasores, Bonucci se preguntó ¿será que actuarán cuando ya sea demasiado tarde?.

El corazón petrolero de Venezuela, paralizado por los cortes de luz

Abr 25, 2018 7:29 am
 Cabimas, Venezuela  (REUTERS/Isaac Urrutia)
Cabimas, Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia)

El Estado de Zulia —la entidad petrolera que aún da de comer a Venezuela y la de mayor población— está sumido en el caos por la agudización de un racionamiento eléctrico que comenzó a finales del año pasado y que desde la semana pasada ha dejado a la población más de la mitad del día a oscuras y a algunos con apenas una hora de luz en 24 horas. Así lo reseña elpais.com
Por Florantonia Singer
El fin de semana, Maracaibo, la segunda en población del país sudamericano, era un pueblo fantasma. La semana comenzó igual. Negocios cerrados, calles oscuras con la huella de las protestas nocturnas y la gente resistiendo las altas temperaturas que superan los 30 grados centígrados en una región donde el aire acondicionado es casi un artículo de primera necesidad.
“El lunes los niños no tuvieron clases y este martes las maestras nos avisaron a media mañana que podíamos llevar a los niños porque había llegado la luz”, cuenta Andreína Parra, de 36 años de edad, mientras hacía una fila por más de dos horas para cargar combustible en una de las pocas estaciones que estaba prestando servicio porque tenía luz.
La empresa estatal de electricidad, Corpoelec, ha informado que el racionamiento eléctrico era solo de tres horas. La medida se comenzó a aplicar a finales de año para enfrentar los rigores de una sequía que es cíclica en el país tropical, que suele afectar las fuentes de energía hídricas, y que al gobierno se le ha ido de las manos más de una vez.
Este martes, en una rueda de prensa, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha dicho que la causa la crisis eléctrica en la entidad es el sabotaje de dirigentes de la oposición contra el gobernador del estado, Omar Prieto, un aliado de Nicolás Maduro.
El funcionario también ha anunciado la detención de 29 personas, gran parte de ellas fueron arrestadas este martes durante una protesta frente a la sede la empresa estatal en Maracaibo, y entre las cuales está el presidente de la cámara municipal de la ciudad, el edil Carlos Armijo, y dos periodistas que cubrían la manifestación. Prieto no mencionó que en otra protesta ocurrida en la noche del lunes en rechazo a los apagones, fue asesinado Anderson Olivares, un adolescente de 15 años herido por un arma de fuego que presuntamente accionó un conductor que pasaba por la Circunvalación 3, cerca del barrio La Antena, informó la ONG de derechos humanos Provea.
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En 48 horas se solventará la distribución del agua en un 70 por ciento

Noticias de Mérida
ramonguevara

Para dar a conocer todo el esfuerzo humano y financiero  que realiza el Gobierno regional para dar solución a la crisis del servicio de agua potable, el mandatario regional, Ramón Guevara,  ofreció una  rueda de prensa en la que afirmó que las condiciones  que actualmente se presentan en la empresa Aguas de Mérida  son producto  de la calamitosa  situación en la que la actual gerencia recibió dicho ente.
El Gobernador sostuvo que durante  la presente semana aspiran poner en  funcionamiento, en un 70 por ciento, la distribución del  agua en la ciudad, una vez que la compañía encargada en reparar las bombas las coloque en  funcionamiento  en un plazo no mayor de 48 horas a partir de este martes.
“Entendemos la incomodidad que tiene el pueblo de Mérida sobre los servicios públicos en general, pero es mi deber también asumir el costo de aquellos que no hicieron nada para mantener a tono el mantenimiento de la empresa Aguas de Mérida”.
Guevara autorizó a la presidencia de la hidrológica y su adjunto a programar los diferentes cortes del servicio de agua, mientras se recupera la producción del vital líquido.
Dijo que igualmente han  autorizado al presidente de la referida empresa, Henry Dávila, para que  en el transcurso de las próximas horas entregue  un informe oficial a Hidroven, ente rector del agua en el país, para que desde el punto de vista  financiero dé  una  respuesta.
Señaló que están en la búsqueda de recursos que rodean los  nueve millardos de bolívares, que serán destinados exclusivamente para activar las cinco bombas de agua que se han deteriorado por el uso a lo largo de  más de 30 años,  y que no han recibido mantenimiento en las últimas dos décadas.
La primera autoridad del estado destacó que representantes del Gabinete regional se reunieron con el gerente de Corpoelec en la región, quien se comprometió en dar fluido eléctrico permanente  para mantener el sistema de bombeo en los sectores Milla, El Vallecito y La Hoyada de Milla, ya que funciona con electricidad.
Los químicos utilizados para la potabilización del vital líquido no están llegando, añadió, y el estado solo ha podido adquirir 15 toneladas de las 300 que se requieren para las ciudades de Mérida y El Vigía.
Respecto al tema de intervención de la hidrológica, opinó que “el problema no es la intervención,  el problema es buscar los más de 20 millardos de bolívares que requiere la empresa Aguas de Mérida para darle solución a  la crisis del agua”. Prensa OCI

¿Cómo saber si alguien es (o no) preso político?: Estos son los criterios

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Las características definidas por ONG venezolanas son estudiadas a nivel internacional
“Si en algo ha sido innovador el Gobierno es en crear nuevas fórmulas de persecución”, indicó Himiob
El director  del Foro Penal, Gonzalo Himiob, expuso este jueves los tres criterios que considera su organización para definir a una persona como presa política en Venezuela, ante los cambios que ha habido en las fórmulas para la persecución en el país.
Estos criterios han sido trabajados por diversas organizaciones no gubernamentales nacionales y, según explicó Himiob, están siendo estudiados a nivel internacional, en la Organización de Estados Americanos y han llegado a ser analizados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
“Son criterios que se están validando a nivel mundial, porque si un país ha innovado en esto (la persecución) es Venezuela”, señaló Himiob durante un foro sobre justicia militar organizado por la ONG Acceso a la Justicia.
Criterios para considerar a alguien como preso político
1) Debe haber sido privado de libertad de forma arbitraria. El artículo 44 de la Constitución plantea dos escenarios principales para que una persona sea detenida: cuando es capturada en flagrancia o cuando hay una orden de detención en su contra. Si la persona es detenida sin orden y no está cometiendo un delito, es una detención arbitraria.
2) La persona no debe haber recurrido a la violencia en el hecho en el que fue detenida. Este criterio —explicó Himiob— es de Amnistía Internacional para considerar a alguien como preso de conciencia.
3) La detención debe tener motivos políticos.
Foto: Rafael Briceño – Contrapunto/Archivo
En el trabajo para la creación del proyecto de Ley de Amnistía, las organizaciones no gubernamentales que participaron llegaron a definir hasta 33 criterios para determinar una motivación política en una detención.
Estos señalamientos fueron explicados y reducidos por Himiob a tres fundamentales:
1) La persona es detenida para ser neutralizada por lo que significa o representa a nivel individual. Es decir, aquellos que son detenidos por su significado para un grupo de personas o su liderazgo.
En este aspecto, el caso principal y más representativo es el de Leopoldo López. Como él, los de Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y otros dirigentes políticos detenidos por su significado y peso en el sector opositor.
2) Detención de una persona no por su significado individual, sino por su pertenencia a un grupo u organización que el Gobierno quiere neutralizar. No son detenidos por sus acciones individuales, sino para enviar un mensaje al grupo al que pertenecen.
Es el caso de los estudiantes detenidos en protestas o de la propia jueza María Lourdes Afiuni, cuyo caso no respondía solamente a su acción judicial, sino que sirvió de mensaje a los jueces que actúen de forma contraria a las líneas de gobierno.
3) Detenciones para crear una narrativa oficial que justifique fallas del Gobierno en algunos sectores. El Gobierno captura a varias personas y los responsabiliza por situaciones que necesita incluir en su narrativa.
Este es el caso de los detenidos entre los panaderos acusados de supuestamente acaparar pan, de los capturados por su presunta relación con Óscar Pérez, a quienes señalan de una supuesta conspiración, o de los comisarios de la Policía Metropolitana cuya prisión es necesaria para mantener la narrativa oficial que responsabiliza a la oposición por los hechos del 11 de abril de 2002, explicó Himiob.
 
Foto: Rafael Briceño – Contrapunto/Archivo
Cumplir o no estas características es lo que diferencia a los listados del Foro Penal sobre el total de presos políticos a los que mantienen los partidos políticos, cuyos criterios no siempre responden a las definiciones jurídicas en este sentido.
Esto, explicó Himiob, se refiere a la categorización de las personas como presas políticas. Hay otros casos, muchos, de detenciones injustas o arbitrarias, que en efecto tienen incumplimientos al debido proceso, pero no representan prisión política.
“Toda detención política es arbitraria, pero no toda detención arbitraria es política”, puntualizó Himiob.

Declaración Sindical VIII Cumbre de las Américas

http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12303


En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el movimiento sindical continental, representado por su organización la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y por el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) de la CIMT /OEA, se ha reunido en ciudad de Lima, Perú, el día 11 de abril de 2018, para reflexionar y debatir sobre la situación de las y los trabajadores de las Américas, adopta esta “Declaración de COSATE – CSA ante la VIII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de las Américas”

DaiGBOWWsAAIxi2“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”: la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas.
La gobernabilidad democrática desde la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas, debe tener como sustento la idea de la consolidación de la democracia y los mecanismos reales para su gobernanza. 
Para ello se requiere la participación de la sociedad en las decisiones, como garantía para su práctica efectiva y protegerla de la violencia, de la guerra, del militarismo, de la criminalidad y otros flagelos que son germen de la corrupción institucionalizada.
Insistimos que la gobernabilidad democrática debe proporcionar justicia social, promover la libertad sindical y la negociacion colectiva, asegurar la igualdad entre géneros, entre grupos generacionales y étnicos e incidir para la superación de las desigualdades y las asimetrías que afectan a nuestra region.
El lema bajo el cual ha sido convocada esta Cumbre “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, se confronta con un escenario regional complejo, cuyas principales características son la radicalización de las agendas conservadoras, antidemocráticas y con programas económicos y políticos que llevan a la región a etapas que creíamos superadas y cuyos impactos afectan a las mayorías de los sectores sociales y populares, pero especialmente a quienes son más vulnerables: mujeres, jóvenes, grupos étnicos, migrantes, sectores empobrecidos, defensores de los derechos humanos y otros líderes sociales.
Los objetivos de la VIII Cumbre expresan una profunda contradicción y cinismo, porque contrastan con la realidad, ya que el supuesto combate a la corrupción es utilizado para minar las bases de la democracia y limitar sus mecanismos e imponer agendas que están lejos de las necesidades del pueblo.
Desde el movimiento sindical, la corrupción la denunciamos como un fenómeno que corroe estructuralmente a nuestras sociedades e instituciones democráticas; que goza de impunidad, desvía ilícitamente importantes recursos que deberían estar al servicio de la superación de las graves desigualdades y asimetrías que violentan los derechos políticos, económicos, sociales y ambientales de miles de personas de todos los sectores, particularmente de la clase trabajadora.
La corrupción es funcional al sistema económico dominante ya que permite, que miles de millones de dólares sean apropiados por reducidos grupos de actores públicos y privados, desviados a paraísos fiscales y con otros instrumentos financieros ilícitos, sin que existan mecanismos efectivos para su combate y castigo, asimismo, impone las reglas que soportan al modelo neoliberal que es el gran beneficiario del saqueo de los recursos nacionales y de la apropiación del trabajo de millones de personas.
Una de las prácticas de corrupción más extendidas y que más perjudican es el desvío de recursos por la evasión y elusión fiscal practicada por grandes empresas y grupos económicos, sin que las mismas sean objeto de condena por los grandes medios de comunicación, ni perseguidas por las instituciones policiales o judiciales, lo que demuestra el falso moralismo de quienes detentan el poder, obviando el mandato de ejercer la gobernabilidad democrática. Los trabajadores impulsamos una justicia fiscal, por estarnos convencidos que una regulación adecuada, la transparencia y la rendición de cuentas impacta siempre en la distribución de la riqueza para lograr trabajo decente y la reducción de la pobreza y de las desigualdades en todas sus formas.
Las trabajadoras y los trabajadores luchamos contra la corrupción, tanto de los corruptos como de aquellos que son corruptores, vengan de donde vengan. Los trabajadores combatimos las causas estructurales de la corrupción y la ingeniería jurídico del sistema político que se establece para perpetuarla como forma de dominación y explotación
Pero advertimos que el combate a la corrupción puede ser utilizado de forma parcializada y politizada, como está ocurriendo en algunos países, usada para combatir a los rivales políticos, judicializar y criminalizar a unos sectores y ocultar y amparar la corrupción practicada por otros.
Los trabajadores no queremos que se use la bandera de la corrupción para acallar u ocultar otros problemas fundamentales de los pueblos.
Rechazamos la idea manipuladora que la corrupción es el principal problema de la región y no compartiremos que sea usada como el “nuevo enemigo”, tal como antes lo fue el comunismo y el narcotráfico.
El caso más grave de desvío de la lucha “anticorrupción” lo vemos en Brasil, donde el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue preso sin haberse comprobado delito alguno, violando los instrumentos legales, la Constitución y su legítimo derecho a la defensa, con la clara intención de negar sus derechos políticos e impedir que pueda participar de las elecciones presidenciales de 2018.
La persecución a Lula es el más escandaloso crimen que se comete contra la democracia, en nombre de un “combate a la corrupción , sumado al golpe parlamentario, judicial y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff, que ha permitido la implantación de una agenda antipopular, antinacional y al servicio de los intereses del capital.
Lula, es inocente, y por esto lo consideramos Preso Político y convocamos en ejercicio de la solidaridad a la lucha internacional hasta lograr su liberación.
En la actual coyuntura regional la posibilidad de una globalización equitativa con justicia social está cada vez más distante.
Los cambios tecnológicos, las transformaciones en los modos de producir y la influencia extrema del sistema financiero con su consecuencia en la insistencia de políticas de ajustes estructurales y la desregulación laboral, han generado fuertes asimetrías entre los países, encontrando solo competitividad en la merma de los derechos para los trabajadores y trabajadoras.
Esta financiarización de la economía ocasiona la masiva pérdida de puestos de trabajo y la precarización laboral; que genera situaciones de trabajadores pobres y sin derechos, para quienes el trabajo ya no es garantía de integración social. Constatamos que si están debilitando los servicios públicos (educación, salud, seguridad social, provisión del agua etc.) para justificar su privatización.
La “nueva” oleada neoliberal en la región se sustenta en la profundización de la lógica de los tratados de libre comercio y tratados de libre inversión, cuyos efectos verdaderos son ampliamente conocidos para el movimiento sindical. La agenda económica de la derecha en el poder se afirma en una mayor liberalización comercial, en mayores garantías para el capital, mayor flexibilización laboral y más ajustes en las políticas sociales.
Las grandes empresas y especialmente las empresas transnacionales (ETN) continúan siendo las mayores beneficiarias de estas políticas económicas. Las ETN´s son favorecidas por políticas de atracción de inversión extranjera directa que, sin mayores costos para ellas, entrega la explotación de recursos naturales, crea pocos y precarios puestos de trabajo, otorga regímenes especiales de exención de impuestos, permitiéndoles influir políticamente para la modificación de la legislación social y ambiental que no sea favorable a sus negocios. Este mecanismo de influencia económica, jurídica y legislativa de las ETN es uno de los factores de mayor corrupción en nuestros países, que desestabilizan a la democracia y vulneran la capacidad de los Estados para ejercer sus funciones.
En poco tiempo América Latina y el Caribe, pasó de ser una región que se proyectaba como espacio de integración regional, de cooperación entre los países, de complementariedad económica y de solidaridad entre pueblos y naciones, a ser nuevamente un espacio de influencia de intereses coloniales, de agendas pro imperialistas y al servicio del capital transnacional. Las iniciativas de integración alternativa, como UNASUR y CELAC, están bloqueadas por que varios gobiernos, y los intereses que los soportan, prefieren un realineamiento con la agenda de intereses de los EE. UU., que promover iniciativas de soberanía regional en favor del desarrollo, la consolidación democrática y la paz.
Expresamos nuestra preocupación por la situación en la República Bolivariana de Venezuela y condenamos la forma como grupos de gobiernos con intereses particulares, se sobreponen a la institucionalidad internacional para promover acciones de injerencia contra un Estado democrático soberano y crear un clima de desestabilización, enfrentamiento y violencia entre su población.
Rechazamos la adopción de medidas de bloqueo – que perjudican al pueblo venezolano - sanciones y otras acciones económicas, financieras y diplomáticas, porque violan el derecho internacional y profundizan la situación de deterioro social, económico y político del pueblo venezolano. Demandamos el respeto a las decisiones soberanas de su población, por vía de los instrumentos y la institucionalidad democrática contenidos en su constitución nacional.
Condenamos la injerencia externa en ese país y demandamos de los gobiernos de la región un compromiso responsable con la democracia, la paz y la soberanía, sin exclusiones, promoviendo el efectivo entendimiento entre los diversos actores políticos y favoreciendo el diálogo y la negociación.
El sindicalismo de las Américas y su compromiso con la democracia, la justicia y la verdadera integración.
El movimiento sindical hemisférico reafirma su posición como activo sujeto social y político de la democracia.
Expresamos que no existe posibilidad de ejercicio democrático, ni gobernabilidad en una región que continúa siendo la más desigual del mundo a pesar de todas sus riquezas y del esfuerzo de millones de hombres y mujeres que trabajan.
Rechazamos el autoritarismo económico y político como medio que pretende imponer la minoría sobre la mayoría, para resolver los graves problemas de la región. No serán los muros, reales y virtuales, que frenarán el deseo de dignidad y justicia de millones de seres humanos en el Continente. Rechazamos categóricamente la criminalización de los trabajadores migrantes y denunciamos la militarización de las fronteras.
Es fundamental el libre ejercicio de todas las libertades democráticas, de todos los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. En ese sentido, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar su efectiva realización, en un clima de paz, entendimiento, respeto e inclusión. Cada persona, mujeres, hombres, jóvenes, grupos étnicos y demás sujetos sociales mayoritarios, deben ser visibles y sus voces incluidas en todas las decisiones que les atañen.
Las trabajadoras y los trabajadores sufrimos el retroceso de la instituciones de derecho en nuestra región, que afectan a nuestros pueblos y que debe revertirse para lograr un desarrollo sustentable e inclusivo, Sostenemos nuestras aspiraciones en materia de transparencia en ejercicio de la política, libertad de expresión, en la justicia independiente del poder político y de las grandes corporaciones y en el fortalecimiento de la libertad sindical y dialogo social como piedra angulares de la democracia.
La CSA manifiesta su respaldo y solidaridad con el pueblo y el sindicalismo peruano movilizado a nivel nacional para protestar contra la corrupción y los pactos de impunidad que buscan institucionalizarse. 
Saludamos la realización de la Cumbre de los Pueblos como expresión del ejercicio soberano, democrático de representación legítima de los intereses, aspiraciones y deseos de la diversidad que representamos como pueblos de las Américas.
Consejo sindical de asesoramiento técnico de la CIMT-OEA (COSATE)
Confederación Sindical de Trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA)
Lima, 11 de abril de 2018

CSA condena el asesinato de la lideresa indígena y defensora de los derechos culturales en Perú, Olivia Arévalo


La CSA manifiesta su profundo repudio ante el brutal asesinato de la lideresa indígena y defensora de los derechos culturales en Perú Olivia Arévalo, dirigente del pueblo shipibo konibo, ocurrido este jueves 19 de abril, en la comunidad Victoria Gracia, provincia de Coronel Portillo, en la región peruana de Ucayali

ASESINATO SHIPIVO Foto: TeleSur TV 
El asesinato fue perpetrado al medio día por un sicario que la ejecutó con cinco disparos en el pecho. Olivia Arévalo era una reconocida defensora de los derechos culturales indígenas, de la medicina tradicional de la Amazonía y de los cantos sagrados de su pueblo shipibo konibo.
El 2014, en la misma región de Ucayali, los líderes indígenas de la comunidad asháninka de Saweto, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, fueron brutalmente asesinados a balazos por sicarios contratados por mafias empresariales madereras. Los dirigentes asesinados luchaban por la titulación de sus tierras ante la apropiación ilegal de invasores madereros. El caso fue denunciado por las organizaciones sindicales ante la OIT.
Muchos líderes y lideresas indígenas de las Américas son estigmatizados, enjuiciados, amenazados y asesinados por el hecho de defender los derechos de los pueblos indígenas. El cobarde asesinato en marzo del 2016 de Berta Cáceres de Honduras es un caso paradigmático que evidencia la estigmatización y la alta vulnerabilidad que padecen las/os dirigentes indígenas, ante la codicia de proyectos económicos multinacionales coludidos con autoridades estatales.
El movimiento sindical de las Américas está comprometido con la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de su derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo y la protección de sus valores culturales basados en el fomento del respeto hacia la madre tierra y la relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza.
La CSA manifiesta su solidaridad con los pueblos indígenas, exige al Estado peruano identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del crimen contra la lideresa Olivia Arévalo, y exhorta a los Estados de la región a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y brindar protección a los líderes indígenas que enfrentan amenazas de muerte y hostigamientos por parte de mafias empresariales criminales, en connivencia con autoridades estatales.




Red de Derechos Humanos CSA-CSICSA - Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas
Rua Formosa, 367 - Conj. 450 - Edifício CBI
Centro - São Paulo - CEP: 01049-00- São Paulo - Brasil
Tel: 55 11 2104-0750 | http://www.csa-csi.org | derechoshumanos@csa-csi.org

CSA condena la violencia, lamenta las pérdidas de vidas y llama al diálogo para la paz en Nicaragua

http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12306


CSA llama al diálogo y la negociación para restablecer la paz y la seguridad en Nicaragua

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La CSA condena la situación de violencia vivida en los últimos días en Nicaragua, en medio de manifestaciones contra la aplicación de la Reforma del Sistema de Pensiones adoptada por el gobierno de ese país, y que ha ocasionado lamentables pérdidas de vidas de jóvenes y policías, destrucción de infraestructura pública y privada y creando un espiral de violencia altamente preocupante.
Rechazamos el intento de imposición de reformas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) en contra de la soberanía y la democracia de los pueblos. Las recetas que recomiendan implementar el FMI y el Banco Mundial están orientadas a generar mayores sacrificios y privaciones al pueblo trabajador, en favor de los grupos económicos nacionales y transnacionales. Los sindicatos a nivel internacional enfrentaremos la promoción por parte de las instituciones financieras internacionales de medidas que obliguen a los gobiernos a imponer mayores sacrificios a la población, puesto que esto podrá conducir a situaciones explosivas, como las que estamos evidenciando en estos días de caos y violencia en Nicaragua.
Abogamos por el cese de actos de violencia y vandalismo contra las empresas, el comercio y la infraestructura pública. Llamamos al diálogo tripartito y con otros sectores interesados para abordar la problemática de la seguridad social y las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en interés del bienestar del pueblo y en favor de la paz y la armonía en Nicaragua.
La CSA lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas ocasionadas en el marco de las protestas, demanda del gobierno y los demás poderes públicos el establecimiento de las responsabilidades y el castigo a los culpables de estas muertes y expresa su solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo nicaragüense.


Red de Derechos Humanos CSA-CSICSA - Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas
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13 noviembre 2017

EL FORO PENAL ANTE LAS AFIRMACIONES FORMULADAS POR NICOLÁS MADURO EN ENTREVISTA CONCEDIDA A JORDI EVOLE EN EL PROGRAMA DE TV “SALVADOS” TRANSMITIDO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

 
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EL FORO PENAL ANTE LAS AFIRMACIONES FORMULADAS POR NICOLÁS MADURO EN ENTREVISTA CONCEDIDA A JORDI EVOLE EN EL PROGRAMA DE TV “SALVADOS” TRANSMITIDO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

Durante la noche del 12 de noviembre de 2017, en el programa “Salvados” transmitido en España y a través de las redes sociales, conducido por el periodista español Jordi Evole, fue presentada una entrevista hecha al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela. En dicha entrevista, el ciudadano Maduro Moros afirmó textualmente, entre otras cosas, que “…El Foro Penal Venezolano es un organismo que es dirigido por gente que estuvo incursa en delitos graves en el país, delincuentes, y es financiado por organismos de inteligencia de los Estados Unidos…”.
En este sentido expresamos lo siguiente:
PRIMERO: Rechazamos categóricamente tales afirmaciones y señalamientos. Tal y como puede verificarlo fácilmente el gobierno venezolano cuando así lo considere conveniente, ninguno de los miembros de la Directiva del Foro Penal, ni sus abogados voluntarios, han sido condenados o han incurrido jamás en la comisión de delito alguno, mucho menos en la comisión de supuestos “delitos graves”.
SEGUNDO: Ratificamos nuestro compromiso con Venezuela, con la libertad, con la construcción de un mejor país y con la defensa objetiva, imparcial, gratuita y al alcance de todos los ciudadanos, sin sesgos o distinciones, de los DDHH en general. Para ello, estamos a la disposición de quien así lo requiera, incluso si se trata de órganos del Poder Público o del gobierno en Venezuela que, por cierto, en no pocas oportunidades ha validado la objetividad y el legítimo desempeño del Foro Penal, y no ha dudado en solicitar de nuestra ONG, cuando así lo ha considerado conveniente, datos y estadísticas sobre el fenómeno de la persecución por motivos políticos en el país, tal y como ocurrió recientemente, cuando en fecha 23 de agosto de 2017, según oficio No. SE-2017-0003, por parte de la “Comisión para la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública”, nos fue requerida información a nuestra disposición sobre el número e identidades de los, para esa fecha, presos políticos en Venezuela.
TERCERO: Nuestro objetivo, que no abandonaremos, es la defensa y promoción de los derechos humanos, independientemente de quien sea la víctima, quien sea el que los vulnere o de quien esté coyunturalmente en el poder. Históricamente, incluso quienes han estado en el gobierno muchas veces han solicitado nuestra asistencia cuando han sido víctimas de violaciones graves a los DDHH, y así será también en el futuro, para todos los ciudadanos, incluso en el supuesto de que eventualmente quienes hoy militan en las filas del oficialismo sean víctimas de violaciones a sus DDHH. Cuando se trata de defender los DDHH, el Foro Penal no discrimina.
CUARTO: No hemos recibido, ni recibiremos, financiamiento o aportes monetarios ni de ningún otro tipo por parte de organismos o agencias de inteligencia o de contrainteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica ni de ningún otro país.
Desde el Foro Penal reiteramos nuestra absoluta disposición a lograr que el respeto a los DDHH se haga un punto de encuentro entre todos los venezolanos para lograr, desde su promoción y defensa, una transición hacia un país en libertad.
En Caracas, a los 13 días del mes de noviembre de 2017.

Foro Penal 
Alfredo Romero – Director Ejecutivo
Gonzalo Himiob Santomé – Director
Alonso Medina Roa – Director
Robiro Terán – Director
Mariela Suárez – Coordinadora Operativa Nacional
Dimas Rivas – Coordinador Estado Aragua
Luis Armando Betancourt – Coordinador Estado Carabobo
Laura Valbuena – Coordinadora Estado Zulia
Ezequiel Monsalve – Coordinador Estado Bolívar
Raquel Sánchez – Coordinadora Estado Táchira
José Armando Sosa – Coordinador Estado Monagas
Lucía Quintero – Coordinadora Estado Barinas
José Reyes – Coordinador Estado Falcón
Pedro Troconis – Coordinador Estado Lara
Fernando Cermeño – Coordinador Estado Mérida
Alberto Iturbe – Coordinador Estado Miranda (Altos Mirandinos)
Adriana Nápoles – Coordinador Estado Miranda (Valles del Tuy)
Rossana Carreño – Coordinadora Estado Anzoátegui
Olnar Ortiz – Coordinador Estado Amazonas
Néstor Gutiérrez – Coordinador Estado Cojedes
Pedro Arévalo – Coordinador Estado Nueva Esparta
José Torres Leal – Coordinador Estado Portuguesa
Daniel Salazar – Coordinador Estado Sucre
Rafael Maldonado – Coordinador Estado Trujillo
Gabriel Gallo – Coordinador Estado Yaracuy
Wiecza Santos – Coordinadora Estado Apure