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29 marzo 2016

PRESIDENTE DEL SUONTRAJ NACIONAL, LUIS GALVIZ RECIBIÓ JUBILACIÓN.-


Caracas, Miranda y Vargas
Jubilados y pensionados del Poder Judicial reciben prestaciones en tiempo récord

En reconocimiento al trabajo realizado durante más de 25 años dedicados al Poder Judicial y como un acto de Justicia Social de parte del Tribunal Supremo de Justicia y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el pasado viernes 11 de marzo, 130 jubilados y pensionados de Caracas, Vargas y Miranda, recibieron en tiempo récord sus cheques por concepto de prestaciones sociales. 

El acto que tuvo lugar en el auditorio de los tribunales laborales de Caracas donde estuvieron presentes autoridades del Poder Judicial, contó con la participación de 130 beneficiados que expresaron su satisfacción, como Aviel Tovar, secretario jubilado del Circuito Judicial de Caracas, quien, en una intervención bastante emotiva, se remontó a febrero de 1988 cuando muy joven ingresó a los tribunales penales con poca experiencia, pero con el tiempo fue aprendiendo como hombre y profesional. 

Tovar enfatizó estar satisfecho por haber cumplido con la labor encomendada y salir con la frente en alto y por la puerta grande. Y agradeció a las autoridades porque se llevan a su casa las prestaciones en el tiempo adecuado. "Se hizo justicia para el trabajador de la justicia". 

De igual manera, María Hidalgo, asistente de tribunales jubilada de la jurisdicción Contencioso Tributaria de Caracas, dijo que como mujer y trabajadora se siente honrada, porque el hecho de estar ahí significa que lo hicieron bien y con cariño. Recordó que sacrificaron horas y muchas veces no pudieron estar con sus hijos, pero todo ese sacrificio fue para darle una mejor calidad de vida a la familia. Dijo que espera que los relevos sigan el camino que dejan quienes se van del Poder Judicial. 

Luis Galviz, jubilado de la Dirección Administrativa Regional de Vargas, al dirigirse a los presentes dijo que la DEM hizo justicia a los jubilados y pensionados al entregar las prestaciones sociales en tiempo oportuno. "Cada uno de nosotros cumplió hoy una fase de la vida laboral en esta institución e iniciamos otra en el ámbito privado, no obstante, también hoy se establece un vínculo, un lazo y una relación vitalicia con el organismo judicial que nos otorga la jubilación de derecho". Reconoció la política laboral de la DEM hacia los trabajadores y trabajadoras, la cual presenta un enfoque hacia su dignificación tal y como está previsto en el Plan Estratégico del Poder Judicial.

16 febrero 2016

Magistrados se preparan para dejar sus sillas


Magistrados de la AN

Jueces con trayectoria política, proceso acelerado de escogencia y autodesigaciones están detrás del nombramiento de los recién ocupantes del TSJ
Los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumieron sus cargos el pasado 23 de diciembre con más sombras que luces ante una moribunda Asamblea Nacional (AN), que se notó apresurada para escoger a los representantes de la máxima casa del Poder Judicial cuyas vacantes no debieron quedar libres sino hasta 2016. El pasado martes 26 de enero los nuevos parlamentarios designaron a una Comisión Especial para estudiar la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del TSJ e investigar si hubo fallos o no en el proceso de escogencia de los jueces.

Aunque todavía no hay un informe final, hay casos que de entrada es necesario explicar, como el de Celeste Josefina Liendo Liendo, quien pareciera haberse pagado y dado el vuelto porque en la Gaceta Oficial 40.509, del 1 de octubre, fue designada como miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano consultivo, y en la Gaceta 40.816, del 23 de diciembre, quedó designada como magistrada suplente de la Sala Constitucional.

La designación de los Magistrados no se realiza según los parámetros de los artículos 264 y 265 de la Constitución, de los cuales se desprende que debe hacerse contando con la aprobación de los dos tercios del Parlamento. En su lugar se aplica el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) el cual es inconstitucional y habilita la designación de los Magistrados con una mayoría simple después de 3 sesiones en las que no se llegue a una mayoría calificada.

Además de ello, el Comité de Postulaciones estuvo conformado por cinco diputados del Partido Socialista Unido De Venezuela (PSUV) el cual, de acuerdo a la Constitución, (art. 264 ) debe estar integrado por "representantes de los diferentes sectores de la sociedad".

INVESTIGACIÓN CON OBSTÁCULOS
 
La Comisión de la AN debió arrancar la investigación desde cero porque, pese a la importancia que amerita, el expediente del proceso de selección y designación de los magistrados está incompleto, no está foliado, no tiene ningún tipo de protección y faltan 32 de los 34 currículos.

Carlos Berrizbeitia, diputado y presidente de la instancia, explica que esta comisión especial revisa si el proceso en la selección de los magistrados cumplió administrativamente con los requisitos de la Ley Orgánica del TSJ, la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. "Estamos revisando el expediente, más el proceso que se hizo para ver si hay violaciones del marco jurídico que marcan el proceso para la elección de los magistrados", agrega.

Si la Comisión determina que el proceso fue viciado la Asamblea Nacional tiene la potestad de rectificar la decisión, amparados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual establece en el artículo 81 que la Administración Pública "podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios". Además los artículos 83 y 84 de la misma norma señalan que "la administración pública podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella" y "podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos".

Berrizbeitia señala que una decisión de este tipo en una instancia tan importante como el TSJ no tiene precedente y agrega que "la Asamblea Nacional es la que elige a los magistrados del Poder Judicial, pero lo hace bajo un proceso legal, si este estuvo viciado y no estuvo en el marco legal por supuesto nosotros, como poder independiente, podemos anular el proceso de escogencia". También afirma que independientemente de que los magistrados hayan cumplido con todos los requisitos, si se comprueba la nulidad del proceso, éstos quedarían invalidados.

En otro orden de ideas, el parlamentario afirma que en los últimos años se ha utilizado el TSJ como herramienta política y no como instanciapara impartir justicia.
Considera que para que exista una democracia sólida y seria es necesario "que los poderes sean totalmente independientes y que las instituciones funcionen".

SIN RESPUESTAS
 
El pasado 19 de enero la Comisión Especial para estudiar la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del TSJ envió un comunicado a la presidenta del TSJ, Gladys Rodríguez, para solicitar los currículos académicos de los magistrados designados. La comisión aclara en la misiva a Rodríguez que los documentos están incompletos en el expediente que reposan en la División de Archivo de la AN. Esta solicitud hecha por los parlamentarios está apoyada en el principio constitucional de colaboración de los poderes públicos, establecidos en el artículo 136 de la Carta Magna. La Presidenta del TSJ no respondió la solicitud y la Comisión la reiteró el 27 de enero.

DE ALÓ PRESIDENTE A MAGISTRADO
 
Uno de los currículos que está en el expediente incompleto es el del magistrado Christian Zerpa, quien votó por sí mismo para el cargo porque cuando se designaron a los jueces fungía como diputado de la Asamblea Nacional saliente.

Aunque los magistrados no deben tener nexos políticos, los de Zerpa son irrefutables. Comenzó siendo miembro del Comando Táctico Municipal del Movimiento V República (MVR) en el estado Mérida y fue responsable del Padrón Electoral para el Referéndum Revocatorio del 2004.

En 2005 y 2006 Zerpa fue director de Relaciones Presidenciales del Despacho la Presidencia, responsable de la elaboración del listado de invitados y de la convocatoria del programa Aló Presidente. En 2007 y 2008 continuó muy cerca de Hugo Chávez, esa vez como Viceministro de Relaciones Presidenciales y estuvo encargado de la agenda del difunto mandatario. Su currículo también revela que estuvo en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en el Ministerio de Interior y Justicia. Antes de formar parte del máximo tribunal del país fue diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Exterior

01 febrero 2016

Juristas se oponen a aumento de número de magistrados del TSJ

Miembros del Bloque Constitucional de Venezuela en la AN | foto: runrunes




El Bloque Constitucional prefiere que la AN revoque las designaciones realizadas en 2014 y 2015
Luis Alfonso Herrera, Cecilia Sosa y Blanca Rosa Mármol de León consideran un error repetir la estrategia del chavismo para someter al Poder Judicial 

27 DE ENERO 2016 - 12:01 AM

El aumento del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fue una controversial estrategia utilizada por el oficialismo para afianzar su control hegemónico del Poder Judicial. Por ello los voceros de las organizaciones no gubernamentales Un Estado de Derecho y Bloque Constitucional se oponen a repetir “un artificio” que burla el rigor de la carta magna para garantizar la autonomía e independencia de los órganos de administración de justicia.
“Sería lo mismo que se hizo con el impulso del tristemente célebre Luis Velásquez Alvaray en 2004, cuando el chavismo aumentó el número de magistrados de 20 a 32”, advirtió Luis Alfonso Herrera, director de Un Estado de Derecho.
El golpe de Estado de abril de 2002 causó un cisma en el oficialismo, pues Luis Miquilena, otrora mentor del fallecido presidente Hugo Chávez, le retiró su apoyo al gobierno y pasó a las filas de la oposición. Esa división se reprodujo en el TSJ y se puso en evidencia en la sentencia que absolvió a los militares involucrados en el golpe, con una votación cerradísima de 11 votos a favor y 9 en contra. Chávez calificó el fallo como “una plasta”.
En 2004, el diputado Pedro Carreño presidía el Comité de Postulaciones Judiciales y, sin pruritos, dijo: “Vamos a estar claros: nosotros no nos vamos a meter autogoles. En el grupo de los postulados no hay nadie que vaya a actuar contra nosotros”. En el acto de juramentación de los nuevos magistrados, el 14 de diciembre de 2004, el entonces diputado Nicolás Maduro expresó: “¡Son ustedes la cabeza de la revolución judicial que sustenta el Estado democrático que apenas estamos construyendo!”.
Y hay un precedente previo. En marzo de 2000, por decisión de la Comisión Legislativa que se instaló después de la Asamblea Nacional Constituyente, se elevó de 15 a 20 el número de magistrados del TSJ. En esa oportunidad, Miquilena confesó públicamente que los nuevos rectores del Poder Judicial tenían que ser “afectos al proceso”.
“Actualmente lo que está planteado es despolitizar al TSJ. Es decir, contar con verdaderos magistrados: imparciales e independientes del resto de los poderes públicos e, incluso, de las mayorías que transitoriamente puedan imponerse en la Asamblea Nacional”, agregó Herrera.
Cecilia Sosa, coordinadora nacional del Bloque Constitucional, agregó: “El aumento del número de magistrados va a evidenciar la pretensión de que el TSJ quede bajo el control de otro bloque de poder, en este caso de la oposición. Estaríamos incurriendo en un fraude similar al cometido por el oficialismo para apoderarse de los tribunales del país”.
La también magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León ofreció como solución que la Asamblea Nacional revoque las designaciones realizadas en 2014 y 2015 sin apego a la Constitución, con fundamento en los artículos 89 y 90 del Reglamento Interior y de Debates. Y, además, que se revisen todas las credenciales de los magistrados para verificar si cumplen con los requisitos establecidos en la carta magna.

El dato
Transparencia Venezuela presentó ayer su sitio web Suprema Injusticia (www.supremainjusticia.org). Mercedes De Freitas, directora de la ONG, indicó que el propósito es que la ciudadanía pueda incorporarse a la discusión sobre la idoneidad y las ejecutorias de las máximas autoridades del Poder Judicial. En ese sentido, los primeros contenidos del portal son los perfiles políticos de algunos magistrados y ex magistrados, así como 43 sentencias que niegan derechos fundamentales.

29 enero 2016

Mujer policía confesó ser la homicida del ex magistrado


4 cadáveres han llegado a la morgue durante las primeras horas del año / Foto Alexandra Blanco
Morgue de Bello Monte, Caracas / Foto: Alexandra Blanco
A los policías, que eran parte de una banda robacarros, les encargaron buscar una camioneta como la de la víctima. Optaron por matarlo al ver quién era

SANDRA GUERRERO 

Adalgisa García de Rengifo, viuda del magistrado emérito del TSJ, Rafael Arístides Rengifo Camacaro, de 69 años de edad, asesinado el 18 de este mes, luego de salir del restaurante La Estancia, en La Castellana, no quiere que la policía del municipio Cristóbal Rojas de Miranda le ofrezca disculpas, sino que aspira a que ese organismo sea intervenido en vista de que 3 oficiales de ese cuerpo policial están implicados en el homicidio de su esposo.
Ayer, junto con otros familiares y su abogado Gustavo Álvarez, acudió a la morgue de Bello Monte a retirar el cadáver de Rengifo, que fue sometido a experticias científicas para identificarlo legalmente. El sepelio se efectuó en la tarde.

Dijo que tiene conocimiento de que 17 funcionarios de esa policía están bajo investigación por el delito de robo de vehículos. Explicó que cuando su esposo salió del restaurante tomó la avenida principal de Bello Campo para llegar a la autopista Francisco Fajardo y fue en ese momento que la patrulla de la policía del municipio Cristóbal Rojas, al mando de la oficial Karla Contreras, interceptó la camioneta Fortuner gris, y luego llegaron al lugar los oficiales Yorman Moreno y José Manuel Barrios.

Al ex magistrado lo sacaron de su carro, lo subieron a la unidad policial y se lo llevaron a Mata Linda, en Cúa, donde la oficial Contreras primero lo golpeó con un bate y después le dio un tiro en el occipital. El vehículo de la víctima se lo llevaron Jhonny José Benítez Chacón y otro hombre que no ha sido detenido. Cuando Benítez fue aprehendido por el Cicpc, en Plaza Venezuela, llevaba puesta la camisa, el reloj y los zapatos de la víctima.

A Rengifo Camacaro decidieron matarlo cuando encontraron entre sus pertenencias el carnet que lo acreditaba como magistrado emérito.

Confesión. La mujer policía habría confesado con frialdad ser la autora de la muerte de Rengifo Camacaro y dijo también que la Fortuner fue un encargo que una persona en el estado Zulia le hizo a la banda se dedicaba al robo de vehículos a la cual pertenecía.

García de Rengifo –que durante más de 20 años trabajó en el Poder Judicial y el último cargo que ocupó fue el de presidenta de la Corte de Lopna en el Distrito Capital– dijo sobre la actuación de esos policías: “Nunca había visto casos y prácticas tan horrorosas que no son propias de los venezolanos. Hay impunidad para robar y matar”.

Ella y su abogado advirtieron a la ciudadanía que tiene que estar pendiente de la delincuencia policial en ese municipio. Cerca del sitio donde hallaron el cuerpo de Rengifo Camacaro localizaron dos maletas con osamentas.

La viuda del ex magistrado hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que dote de un presupuesto justo al Cicpc y de tecnología. 

16 diciembre 2015

RESOLUCIÓN JUBILACIONES ESPECIALES: JUECES, FUNCIONARIOS Y OBREROS AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL



Caracas, 9 de diciembre de 2015
205° y 156°



RESOLUCIÓN N° 2015-0027


De conformidad con los artículos 254 y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenados con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en ejercicio de la atribución establecida en numeral 10 del artículo 36 eiusdem, que confiere a esta Sala Plena la facultad para dictar las normas concernientes a los derechos y obligaciones de los empleados o empleadas a su servicio y organizar el sistema de administración del personal.

CONSIDERANDO

Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 254 y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Alto Tribunal de la República constituye el máximo órgano rector del Poder Judicial, y como tal goza de autonomía funcional, financiera y administrativa; y en su carácter de rector del Poder Judicial y máxima representación, le corresponde la dirección, el gobierno y la administración del mencionado Poder Público Nacional, de manera tal que cuenta con las competencias para dictar, por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, la regulación referida a las jubilaciones especiales para este ámbito del Poder Público Nacional.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Supremo de Justicia es el órgano Rector de las políticas en materia de personal del Poder Judicial, y entre sus prioridades está la evaluación y la adecuación del ingreso y egreso del talento humano de que dispone, para el fomento de la eficiencia en la atención del ciudadano y ciudadana, de conformidad con la ley.

CONSIDERANDO

Que normativamente se requieren directrices y lineamientos para los trámites, planificación, formalización, verificación y aprobación de la modalidad de Jubilaciones Especiales para los Jueces y Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio para el otorgamiento de la jubilación ordinaria, exigidos por la normativa jurídica que los regula; así como establecer los trámites administrativos, que deben cumplir, para garantizar de manera eficaz y oportuna el otorgamiento, el ejercicio y el disfrute igualitario del beneficio especial.


CONSIDERANDO

Que existen funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial que, aunque han prestado servicios al Estado durante tiempo prolongado, no han cumplido los requisitos mínimos para obtener el derecho a la jubilación conforme a la legislación ordinaria.

CONSIDERANDO

Que esta Sala Plena aprobó en los años 2005, 2008 y 2009 las Normas que regularían los planes y beneficios de jubilación de carácter especial, para los Jueces y Juezas, Defensores Públicos y Defensoras Públicas, Inspectores e Inspectoras de Tribunales, funcionarios y empleados administrativos al servicio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial, contenidas en la Resolución S/N° de fecha 10 de agosto de 2005, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.339, del 20 de diciembre de 2005; en la Resolución N° 2008-0023, de fecha 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.0505, del 3 de noviembre de 2008; y en la Resolución N° 2009-0010 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.915 Extraordinario, del 2 de abril de 2009, respectivamente.

RESUELVE

Dictar las normas que regularán los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los Jueces y Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, salvo los del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son del siguiente tenor:

PRIMERA: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros y por acuerdo motivado, previo análisis de cada caso realizado por la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de Magistrados, Empleados, Funcionarios y Obreros del Tribunal, podrá conceder, aun de oficio y en todo caso sujeto a la disponibilidad presupuestaria, el beneficio de jubilación especial a los Jueces, Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en la normativa ordinaria; siempre y cuando hayan cumplido quince (15) años como mínimo de servicio dentro de la Administración Pública, cinco (5) años de los cuales dentro del Poder Judicial.

SEGUNDA: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros y por acuerdo motivado, previo análisis de cada caso realizado por la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de Magistrados, Empleados, Funcionarios y Obreros del Tribunal, podrá conceder, aun de oficio y en todo caso sujeto a la disponibilidad presupuestaria, el beneficio de jubilación especial a los Jueces, Juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, que sin reunir las condiciones indicadas en la norma anterior, presenten alguna de las razones o circunstancias excepcionales siguientes:

1.      Las enfermedades graves, dictaminadas en el respectivo informe médico, que impidan el normal desempeño de las funciones o actividades de índole laboral, certificado por el órgano del Poder Judicial con competencia en la materia.

2.      Situaciones sociales graves derivadas de cargas familiares, debidamente avaladas y certificadas por el respectivo informe social, emitido por el respectivo órgano, en el cual se especifique que la circunstancia que genera tal situación, requiere exclusivamente de la atención del trabajador o funcionario a quien se pretende otorgar el beneficio.

TERCERA: Las jubilaciones especiales se calcularán tomando como porcentaje base inicial el sesenta y cinco por ciento (65%) y se aumentará hasta un ochenta por ciento (80%) del monto del último sueldo o salario normal que se haya devengado, a razón de dos por ciento (2%) por cada año de antigüedad superior a los quince (15) años de servicio.

En los casos de las jubilaciones especiales a las que se refiere la norma segunda, cuya antigüedad no excede los quince (15) años de servicio, se determinará el cálculo del porcentaje entre el cincuenta y cinco por ciento (55%) y el sesenta y cinco por ciento (65%) del monto del último sueldo o salario normal que se haya devengado.

CUARTA: Para que procedan las jubilaciones especiales que están reguladas en estas normas, el funcionario debe estar desempeñando sus funciones para el momento de la solicitud.

QUINTA: Los trámites administrativos para el otorgamiento del beneficio de las Jubilaciones Especiales contenidas en esta Resolución los gestionarán los Jueces, Juezas, funcionarios y empleados administrativos y judiciales del Poder Judicial, de forma directa ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura o a través de las Oficinas de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional de la Circunscripción Judicial correspondiente, la cual la remitirá en forma inmediata con sus documentos soportes a la citada Dirección General.

SEXTA: El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva de la Magistratura, deberá remitir mediante oficio a la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de Magistrados, Empleados, Funcionarios y Obreros del Tribunal, el expediente contentivo de la solicitud de la jubilación especial, el cual deberá contener la documentación siguiente:

1.      Solicitud debidamente suscrita por el interesado o interesada, en caso de que sea a instancia de parte.

2.      Certificación de cargo, que acredite el órgano para el cual prestó servicio, el cargo desempeñado, la duración de la relación de trabajo, el último sueldo o salario devengado.

3.      Copia legible y ampliada de la cédula de identidad.

4.      Hoja de cálculo en la cual se refleje el monto de la jubilación especial, emanada de la respectiva oficina o dependencia de recursos humanos.

5.      Informe médico convalidado por el órgano con competencia en materia de salud pública, en el cual se justifique las razones o circunstancias excepcionales, cuando el trámite se genere por razones de salud y así aplique.

6.      Informe social que justifique el trámite o solicitud de la jubilación especial, cuando el trámite se genere por razones sociales y así aplique.

7.      Cualquier otro que solicitare la Comisión Calificadora de Jubilaciones y Pensiones de Magistrados, Empleados, Funcionarios y Obreros del Tribunal.

SÉPTIMA: La base de cálculo para la jubilación de los beneficiarios que hayan recibido ascenso en el transcurso del año anterior a la publicación de esta Resolución o durante su vigencia, será el salario normal que hayan devengado antes de su ascenso.

OCTAVA: Las jubilaciones especiales reguladas a través de esta Resolución serán concedidas a solicitud de la parte interesada o de oficio por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

NOVENA: Las funcionarias o los funcionarios sujetos a esta Resolución, en los casos que les sea otorgada la jubilación especial, percibirán incrementos anuales en los montos de sus respectivos beneficios en forma proporcional al aumento de salario del cargo que ocupaban, sujeto a la disponibilidad presupuestaria; y disfrutarán, además, de los beneficios de los que goza el personal activo, tales como Hospitalización, Cirugía y Maternidad y Caja de Ahorros.

DÉCIMA: En caso de fallecimiento del beneficiario o la beneficiaria de la jubilación especial, o si después de acordado el beneficio por la Sala Plena, no se hubiese publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el monto mensual que sea asignado será entregado como pensión al sobreviviente de la manera siguiente:

a)     Al cónyuge o concubina (o), mientras no cambie su estado civil o no inicie una relación de hecho legalmente establecida y siempre que sea mayor de cincuenta y cinco (55) años, o de cualquier edad si se encuentra totalmente incapacitado;

b)     A los hijos cuya filiación esté legalmente establecida y aún de aquellos que lo probaren posteriormente, solteros y menores de dieciocho años de edad;

c)     A los hijos cuya filiación este legalmente establecida y aún de aquellos que lo probaren posteriormente, solteros, de cualquier edad, si padecen defectos físicos o intelectuales permanentes que lo incapaciten para el trabajo;

d)     A los hijos cuya filiación esté legalmente establecida y aún de aquellos que lo probaren posteriormente, solteros, con edad comprendida entre los dieciocho y veinticinco años de edad, siempre y cuando estén cursando estudios de educación superior y se encuentren desempleados;

e)     A los ascendientes directos del beneficiario que prueben su relación de dependencia económica de aquél.

DÉCIMA PRIMERA: El monto de la pensión para los o las sobrevivientes se distribuirá así:

a)     Si sólo existiera el cónyuge o la concubina o concubino, en las condiciones que están dispuestas en el literal "a" de la norma anterior, ésta o éste recibirá el cien por ciento (100%) de la pensión;

b)     Si sólo existieren hijos, se repartirá en cien por ciento (100%) de la pensión en partes iguales entre aquellos a quienes, de conformidad con la norma anterior, le corresponda la pensión;

c)     Si existieran cónyuge o concubina o concubino e hijos, el cincuenta por ciento (50%) de la pensión será para el cónyuge o concubina o concubino y el otro cincuenta por ciento (50%) para los hijos en partes iguales entre aquellos que tengan el derecho de conformidad con la norma anterior;

d)     Si no existiera ni cónyuge ni concubina o concubino ni hijos, le corresponderá el cien por ciento (100%) de la pensión a los ascendientes directos en partes iguales, siempre que demuestren su dependencia económica del causante.

DÉCIMA SEGUNDA: Las jubilaciones especiales acordadas conforme a las presentes normas, serán publicadas en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela. 

DÉCIMA TERCERA: Se deroga la Resolución N° 2009-0010, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.915 Extraordinario, de fecha 2 de abril de 2009.

DÉCIMA CUARTA: Cualquier asunto que no esté regulado en esta Resolución, será resuelto por la mayoría absoluta de los miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

DÉCIMA QUINTA: Esta Resolución iniciará su vigencia desde su aprobación por la Sala Plena y, posteriormente, se ordenará su publicación en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.

DÉCIMA SEXTA: La presente Resolución tendrá vigencia de un (1) año desde su aprobación por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, excepto lo dispuesto en la segunda norma y aquellas que complementen su aplicación, las cuales mantendrán su vigencia hasta que sea dictada la normativa correspondiente.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.


La Presidenta,




GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO




            Primer  Vicepresidente,                                                                                                 Segunda Vicepresidenta,




MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ                                                              INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE





Los  Directores,




EMIRO GARCÍA ROSAS                                                                                      GUILLERMO  BLANCO VÁZQUEZ





MARJORIE CALDERÓN GUERRERO




Los Magistrados,




ARCADIO DELGADO ROSALES                                             MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL




JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN                                                       LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ




FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                                     MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA




LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO                           FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ




EVELYN MARRERO ORTIZ                                                                      FERNANDO  RAMÓN VEGAS  TORREALBA




YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA                                                          ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ




DEYANIRA NIEVES BASTIDAS                                                              HÉCTOR CORONADO FLORES




CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA                                                             MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN


 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ                                                             CARMEN ZULETA DE MERCHÁN       




JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER                                                     JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO




BÁRBARA GABRIELA CÉSAR  SIERO                           INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA  ARIZALETA             




MARISELA  VALENTINA  GODOY  ESTABA                                            ELSA JANETH GÓMEZ MORENO  




EDGAR  GAVIDIA RODRÍGUEZ                                                DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO




El Secretario,




JULIO CÉSAR ARIAS RODRÍGUEZ