martes 20 de marzo de 2012 06:33 PM
Anderson Paredes / Sabrina Machado / Maracaibo
En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la destitución del magistrado Eladio Aponte Aponte, luego de no haberse presentado a ejercer su derecho de palabra, este martes, en el Parlamento.
El magistrado es investigado por su presunta complicidad con el narcotraficante Walid Makled, por la entrega de dos credenciales.
La investigación contra Aponte Aponte se originó tras la intervención de Rafael Rodríguez Mudarra, presidente de URD, quien solicitó que se abriera un expediente al abogado por sus presuntos nexos con el cuestionado narcotraficante.
En la sesión parlamentaria, el diputado Oscar Ronderos denunció que Walid Makled fue invitado a la boda de una de las hijas del magistrado Aponte, “y uno no invita a cualquiera a ese momento familiar tan especial, haciendo evidente una relación cercana. Se consiguió la invitación”.
El diputado José Morales, miembro de la comisión especial nombrada en el Parlamento para la revisión del expediente del magistrado, señaló que este martes presentarían el informe en plenaria donde ratifican que el Consejo Moral Republicano cumplió con el debido proceso en el caso del funcionario del Poder Judicial, señalado de otorgar credenciales al narcotraficante Walid Makled, lo que fue calificado como "falta grave" por ese órgano del Poder Moral.
Morales manifestó que la comisión recomienda que continúe el procedimiento en el que se contempla la comparecencia de Aponte en la Asamblea para que ejerza su defensa y se pueda tomar una decisión en el caso, que podría derivar en su destitución.
Jorge Ramos Reyes, abogado del magistrado, había adelantado que su representado no acudirá a la citación realizada por la Asamblea por supuestamente haber atentado contra la ética pública y la moral administrativa.
“Él no se va a prestar a una decisión política, cuando se defendió en lo jurídico”, afirmó Ramos, quien la semana pasada informó que Aponte Aponte había solicitado de manera formal a la Sala Plena del máximo tribunal del país su jubilación, que le corresponde por ser un derecho constitucional.
