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12 mayo 2009

En el TSJ tildan de "interventora" a Comisión del Sistema de Justicia

Magistrado envió al Gobierno un documento con observaciones

Aunque reconocen que la Asamblea Nacional adoptó algunas de sus observaciones que le hicieron a la ya aprobada Ley Orgánica del Sistema de Justicia, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) todavía se escuchan voces en contra del texto, las cuales consideran que el mismo contradice el espíritu y letra de la Constitución de 1999.


Un magistrado, quien prefirió el anonimato, elaboró un documento donde se cuestiona la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, organismo que se encargará de "analizar, coordinar y evaluar" las políticas presupuestarias y de formación de los funcionarios del sistema de administración de justicia.


Se conoció que el texto, al cual tuvo acceso El Universal, fue enviado al vicepresidente ejecutivo, Ramón Carrizález, con el propósito de alertar al Gobierno sobre los vicios de inconstitucionalidad de la norma. El instrumento, aprobado el pasado 2 de abril por el Parlamento, todavía no ha entrado en vigencia, pues el presidente Hugo Chávez no lo ha refrendado.


Para algunos magistrados consultados el hecho de que el jefe de Estado no haya firmado la ley es interpretado como una señal de que podría vetarla. No obstante, esos mismos informantes auguraron que en caso de ser publicada en Gaceta Oficial, la Sala Constitucional no anulará la ley.
En el documento se fustiga al organismo que estará integrado por un diputado, la presidenta del TSJ, la fiscal general, la defensora del Pueblo, la procuradora, la defensora Pública, el ministro del Interior y un miembro de un consejo comunal, por considerar que las facultades que se le atribuyen en materia financiera y de capacitación representan "una intervención" en la "autonomía de las diversas ramas del Poder Público, especialmente en el caso de los poderes Judicial y Ciudadano".


El escrito recuerda que el artículo 267 de la Carta Magna confiere al máximo juzgado "la dirección, gobierno y administración" del Poder Judicial y ordena la creación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), oficina que se encarga de ejecutar las políticas de personal (ingreso, egreso y acceso de jueces y demás funcionarios) y de velar por el estado de la infraestructura tribunalicia.


Ya hay participación ciudadana El magistrado, en su documento, también fustiga la obligación impuesta tanto al TSJ, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensa Pública y al Ministerio del Interior de rendir cuentas anualmente a los consejos comunales.


"Los consejos comunales (...) son instancias de participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas y no órganos de adscripción o de control de las ramas del Poder Público", se replica en el texto.


De la misma manera se pone en entredicho la posibilidad de materializar este mandato y otros relacionados con la participación de los consejos comunales. ¿La razón? "Son instancias de participación con un alcance geográficamente delimitado o circunscrito (...) Cómo un órgano de actuación localizada tan concreta, puede actuar sobre un sistema tan complejo como lo es el Sistema de Justicia. Así, pongamos por caso, en términos territoriales o espaciales, el problema de determinar a cuál consejo comunal correspondería intervenir en materia de selección, nombramiento y procedimientos disciplinarios de un funcionario de un juzgado con competencia regional o uno del Ministerio Público con competencia nacional".


Por último, en el escrito se recuerda que la participación ciudadana ya está prevista en la administración de justicia a través de las denuncias a jueces y funcionarios ante la Inspectoría de Tribunales, la figura del escabino, mediante la cual los ciudadanos participan en los juicios penales o las objeciones a la lista de candidatos a jueces.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL