Nunca hemos tenido miedo por la labor que desempeñamos. Cuando decidimos convertirnos en dirigentes sindicales sabíamos que la defensa de los derechos y de las justas reivindicaciones a favor de los trabajadores y que la tarea de promover cambios y transformaciones no es fácil, y que el odio y sus consecuentes manifestaciones como la envidia, la calumnia, el egoísmo, el miedo, la intolerancia, entre otras, se nos iban a colocar de frente con toda la intención de destruirnos, intentos que han sido permanentes en nuestra gestión sindical pero que siempre han fracasado.
De manera general debemos decir que si bien es cierto que el “Estado” se originó para regular la conducta de los hombres, según Kelsen, no menos cierto es que, en la concepción tradicional tripartita de los poderes del “Estado” (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) entre los mismos debe existir respeto y acatamiento de sus decisiones que son autónomas, es decir, que si el “Estado” coacciona para el cumplimiento de sus fines y de sus objetivos, es el mismo “Estado” quien debe cumplir con las decisiones que emanan de el mismo pues ese es el poder coactivo que deriva de la concepción de “Estado”. Esto, en conclusión, es “el deber ser”.
Cuando a algún dirigente sindical se le ocurre apelar a la contraloría social dentro de un organismo para que se mejore la calidad del servicio que se presta o para que sencillamente se corrijan algunos elementos que pudieran ser objeto de alguna irregularidad, arbitrariedad o injusticia nos encontramos de frente con la pared que representan quienes en determinado momento detentan la autoridad. Escuchamos frases estereotipadas “esos son escuálidos” “los está mandando el partido a hacer eso para oscurecer nuestra gestión” “tú pareces de oposición” y lo que menos se les ocurre pensar es que, en el ejercicio de la actividad sindical emanada de la soberana decisión de los trabajadores, en función de defender los sagrados intereses y derechos de los mismos, lo que se busca es mejorar el ejercicio de la función pública.
Precisamente la “contraloría social” lo que persigue es este concepto: mejorar la función pública para que a los ciudadanos tengan servicios públicos de calidad. Si se respetarán los derechos sindicales y más aún los derechos de los trabajadores que se encuentran prestando una labor para el “Estado” tendríamos un aparato estatal de altísima calidad. Pensamos y creemos que ese es precisamente el objetivo que se persigue desde la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela pero la acción y comportamiento de algunos funcionarios al servicio de un específico organismo del “Estado” dan al traste con ese fin.
Hacemos estas consideraciones porque cada día que pasa en el ejercicio de nuestra función sindical vemos como se profundizan más arbitrariedades, injusticias y atropellos devenidos de quienes en algún momento y por razones estrictamente políticas tienen la dirección, jefatura, supervisión, autoridad, mando o señorío, en fin, son jefes y figuran al mando de un determinado grupo de trabajadores y de trabajadoras.
En este sentido, denunciamos que son perseguidos por su acción sindical el Presidente seccional del Estado Mérida, Richard Dávila y el Secretario de Cultura y Formación Nacional y Secretario de Organización de la seccional Mérida, Francisco Cermeño. Ellos por haber estado al frente durante su gestión, en la defensa de los derechos de los trabajadores, ahora mismo se les está solicitando que se les abra unos expedientes administrativos para destituirlos por ejercer la función sindical. Por la dignidad de nuestro ejercicio sindical, el de nuestras familias, el de los trabajadores que nos dan su confianza y su apoyo, día a día, y por respeto a la dirigencia sindical nacional debemos informar de lo que pasa en Mérida. La nueva modalidad que se ha escogido para tratar de atacarnos, desacreditarnos y arrodillarnos es la calumnia, materializada en tales denuncias realizadas por un Juez (autoridad judicial) con una serie de argumentos que no forman parte de la esfera laboral sino sindical y que a todas luces están prescritos; arremeten en contra de un sindicato batallador y que está al lado de los trabajadores.
Resulta que, para EL denunciante, practicar la “contraloría social” es denigrar a quien se sale de la esfera de las relaciones laborales cuando con sus arbitrariedades y atropellos humillan a sus subalternos y dejan a un lado nuestro Contrato Colectivo. Resulta que para los jueces que denuncian al presidente seccional y al secretario nacional de cultura y formación y secretario de organización seccional del SUONTRAJ es una “…falta de ética, de seriedad y probidad, alejándose del apostolado de que los mismos trabajadores le encomendaron, al confiar en ellos…” que el sindicato asuma la defensa de los derechos y justas reivindicaciones de los trabajadores para que no se les humille y para que se cumpla con el contenido de la convención colectiva vigente. Se ha llegado al punto de señalar este Juez que “…ha sido objeto de … ataques indiscriminados y por ende irracionales…”. Lo que no dice el Juez denunciante es que con su conducta ha atropellado a pobres trabajadores y por consecuencia a familias enteras, que ha vulnerado y violado los derechos de los trabajadores y les ha sometido a la más horrenda de las degradaciones: dejarles sin trabajo.
Podemos equiparar al sindicalista con una figura de la antigua Roma, de la que de repente este Juez, quien es abogado, ha olvidado y es el Tribuno de la Plebe. Precisamente el Tribuno de la Plebe tenía inmunidad a los fines de que por sus denuncias en contra de la autoridad no fuera objeto de persecuciones por parte del senado romano por su función de defender ciertos derechos de la plebe. Si hacemos un símil de esa época a la de hoy, pues no tenemos otro remedio que señalar que el Tribuno de la plebe son los sindicalistas serios y honestos con ellos mismos al defender los derechos de los trabajadores, la plebe no es más que el pueblo y que en el caso del poder judicial son los trabajadores y la autoridad creo que no necesita mayor explicación. Eso somos nosotros, tribunos de la plebe, que ahora se nos persigue por nuestra actividad sindical.
Desde sus inicios el SUONTRAJ ha sido un sindicato combativo que no se vende, ni cambia sus principios, valores e ideales por amedrentamientos al estilo de quienes ya no volverán. Los derechos de los trabajadores no se cambian como en un mercado persa. Con los derechos de los trabajadores no se hacen trueques. No vayan a creer que porque nos están persiguiendo vamos a abandonar la actividad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores. Están equivocados quienes piensan de esta manera. Este tipo de acciones lo que hacen es fortalecernos y nos convencen que no estábamos errados al haber escogido el representar a los trabajadores. Estamos resteados en nuestra visión: “la defensa de los derechos de los trabajadores”.
Pareciera ser que esa enseñanza practicada por nuestras familias y que nos legaran nuestros padres de ser y ejercer la honestidad a toda costa, tiene sus más adversos, encarnizados e insospechados enemigos y formas de manifestación.
Alertamos a los trabajadores judiciales de todo el país que se empieza a orquestar desde Mérida una asonada en contra de la dirigencia sindical. Alertamos para prepararnos para el combate. Y como dice ese recordado cantautor revolucionario venezolano, Alí Primera, “Y hay que afinar el tino, es decir, la puntería que aunque diga groserías el pueblo tiene derecho”.
Nunca hemos tenido miedo por la labor que desempeñamos. Cuando decidimos convertirnos en dirigentes sindicales sabíamos que la defensa de los derechos y de las justas reivindicaciones a favor de los trabajadores y que la tarea de promover cambios y transformaciones no es fácil, y que el odio y sus consecuentes manifestaciones como la envidia, la calumnia, el egoísmo, el miedo, la intolerancia, entre otras, se nos iban a colocar de frente con toda la intención de destruirnos, intentos que han sido permanentes en nuestra gestión sindical pero que siempre han fracasado. 
