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30 agosto 2008

Escapaba de El Rodeo pero cayó en las fauces de 4 pitbull

Un interno del centro penitenciario Rodeo II, quien logró fugarse el pasado martes del Circuito Judicial Extensión Barlovento (Mir), se introdujo en una vivienda privada en su huída y fue atacado por cuatro perros pitbull.

El reo era trasladado –junto a otro grupo de presos– a los tribunales ubicados en la zona industrial Cloris de Guarenas, según relata hoy “Ultimas Noticias”, para que fuera revisado su expediente. Al parecer en un descuido de los custodios y efectivos de la Guardia Nacional huyó por una de las puertas principales. De inmediato se desplegó en la zona un gran despliegue de funcionarios de la GN.

Cuando el interno empezó a correr por las urbanizaciones cercanas al Circuito Judicial, se le ocurrió meterse en el patio de una casa ubicada en la zona residencial Vicente Emilio Sojo.

En la vivienda se encontraban 4 perros pitbull que cuidaban la propiedad privada y, al ver entrar sorpresivamente al sujero, lo atacaron salvajemente.

El reo trató de escapar dando patadas a los pitbull, pero como eran muchos no pudo librarse de las mordidas. Los gritos de dolor y auxilio del preso fueron escuchados por los habitantes de la vivienda, quienes de inmediato notificaron de la situación a los efectivos que estaban desplegados en el área.

Cuando la GN llegó a la propiedad, los dueños de los pitbull controlaron a los animales para que pudieran llevarse al preso. El reo fue trasladado al Seguro Social Luis Salazar Domínguez de Guarenas. Presentó lesiones de gravedad en el cuello, brazos y piernas. Ayer fue dado de alta y llevado otra vez al Rodeo II.


fuente: noticias 24

27 agosto 2008

EN ARGENTINA: TRABAJADORA LE PUSO EL PECHO AL DESPIDO

Diario Judicial.com publica el fallo COMPLETO de la Cámara Laboral que consideró injustificado el despido de una mujer que se había tomado licencia para operarse las lolas. Según la empleadora, hubo “abandono de trabajo” porque la cirugía era innecesaria. Sin embargo, los jueces remarcaron que ello “resulta irrelevante” y que, en definitiva, “se trata de un hecho que integra la zona de reserva o privacidad de la trabajadora que debe ser respetado”.

La Sala III
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró “no ajustado a derecho” el despido de una mujer que se había tomado licencia para operarse las mamas, porque la empleadora estaba avisada del motivo de la ausencia temporal, y además, resultaba “irrelevante” para ella los fines de la cirugía.

Así lo decidieron los jueces Roberto Eiras y Elsa Porta en autos caratulados "T. K. P. D. c/Drimer Diana Celia s/ despido", y de esta manera, descartaron el “abandono de trabajo” alegado por la demandada al momento del despido.

Para la empleadora, la operación a que se sometió la actora no era con fines terapéuticos sino para procurar el perfeccionamiento físico de la persona, por lo que podría someterse a la misma en otra oportunidad en que no interfiriera con su trabajo.

Sin embargo, la cámara descartó esos argumentos. Sobre los fines de la operación, los jueces fueron terminantes: “Resulta irrelevante que la demandada entendiera que la cirugía a la que se sometió la actora era innecesaria, porque en definitiva, se trata de un hecho que integra la zona de reserva o de privacidad de la trabajadora que debe ser respetada por el empleador”, dijeron.

Mientras que el abandono de trabajo lo descartaron porque para que se configure “es necesario determinar que el ánimo del trabajador sea el de no reintegrarse a sus tareas, ya que no toda ausencia permite inferir la existencia de ese elemento subjetivo”. Y ello no ocurrió en el caso.

En octubre de 2005, la empleada notificó en forma verbal a la empleadora que tenía la intención de realizarse un implante mamario, y luego hizo lo propio a través de un telegrama. Allí, informó que en la semana del 23 al 30 de noviembre de ese año se implantaría las siliconas, por lo que “la empleadora tenía pleno conocimiento de que la actora se iba a ausentar de sus labores durante el plazo señalado”, expresa el fallo.

Además, los camaristas consideraron que el despido también fue injustificado porque se trató de una ausencia de siete días de una trabajadora que se desempeñó para la demandada por casi 8 años, que no tuvo ningún tipo de apercibimiento ni sanción a lo largo de la relación.

“La actitud de la empleadora permite concluir que se trataba de una buena trabajadora ya que la propia demandada indicó en su responde que daba adelantos de dinero y diversos préstamos de dólares y bancarios a la trabajadora e incluso que visitó a la actora en su domicilio cuando nació el segundo hijo de ésta”, valoró el tribunal.

La mujer deberá ser indemnizada en 36.053 pesos más intereses.

fuente: Diario judicial.com

21 agosto 2008

Intentaron asesinar a alguacil del Circuito Judicial de El Vigía

El joven recibió dos impactos de bala

Wendy Molero

De dos balazos, uno en el rostro a la altura de la región auricular izquierda y otro en el hombro, intentaron asesinar a un alguacil del Circuito Judicial Penal extensión El Vigía, cuando se encontraba laborando.

El hecho se registró ayer pasadas las tres de la tarde en el sector Los Giros del municipio Zea, cuando el joven, quien fue identificado como Waldryn Alberto Useche Lara, de 38 años de edad, realizaba unas citaciones emanadas de los tribunales.

La información fue conocida a través de fuentes policiales, las cuales indicaron que el joven fue abaleado en plena vía pública, mismo sitio donde fue auxiliado por comisiones de los Bomberos que lo trasladaron de inmediato al hospital II de El Vigía por la cercanía al lugar de los hechos, donde le brindaron los primeros auxilios y luego fue remitido con urgencia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, donde aún permanece recluido.

Hasta ahora, los organismos de seguridad desconocen el móvil del ataque a este funcionario, así como la manera en que ocurrió el hecho. Sin embargo, de manera extraoficial se ventila que Useche portaba para el momento en que realizaba su trabajo la chaqueta que los identifica, negra con letras amarillas, y se cree que tal vez fue confundido por los sujetos con un funcionario del Cicpc o la Policía de Mérida y accionaron el arma de fuego en su contra.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisrticas Subdelegación El Vigía conoció del caso tras el ingreso de este hombre al principal centro de salud de esa localidad, hecho que fue reportado al Cicpc de Tovar, organismo que dio inicio a las pesquisas a fin de determinar las circunstancias de este intento de homicidio en perjuicio del trabajador tribunalicio.

fuente: Diario Cambio de siglo.net

20 agosto 2008

Intentan evitar partidización de central sindical oficialista

Foto El Universal.com



Sindicatos condicionan permanencia en la recién creada CST

Poco más de dos semanas fueron suficientes para que la Central Socialista de Trabajadores (CST), surgida tras el cisma en la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), sufriera su primera crisis. Tras desencuentros sobre el papel que debe cumplir la organización sindical, el lunes lograron fijar una postura común y es que el tema político había surgido como una piedra en el zapato para algunos dirigentes sindicales.

En tan poco tiempo se manifestaron dos tendencias: una que prefiere asumir un carácter de defensa de los derechos de los trabajadores y otra que está a la espera del lineamiento político emanado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sobre el margen de acción de la central sindical.

Fuentes de la CST señalaron que las partes al final se comprometieron a que la organización se plegará a las decisiones de los sindicatos de base y no a los compromisos políticos que surjan desde Miraflores.

En caso de que no se cumpla este acuerdo, un grupo de dirigentes aseguró que se retirara de la recién creada agrupación sindical.

Los consultados resaltaron que en el grupo de los integrantes de la CST que están a favor de seguir los lineamientos del PSUV se encuentran Franklin Rondón y Oswaldo Vera, mientras que entre los que apoyan el papel reivindicativo se encuentran Juan Crespo, entre otros dirigentes.

Crespo resaltó que no hay división en la CST y que se allana el camino para evitar que la política se entrometa en el tema reivindicativo. De hecho, en la reunión del lunes se instó a Oswaldo Vera a que se separe por un año de su cargo como coordinador nacional de la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores (FSBT), a fin de evitar una posible partidización de la central.

"No seremos un apéndice del Gobierno, somos socialistas porque así lo queremos predicar", señaló Crespo.

La CST nació de la ruptura de la Únete, pues esta última no logró amalgamar las posturas diversas que convivían en ella.

Fue así como las corrientes FSBT, Autonomía Sindical y el Movimiento Alfredo Maneiro dieron un paso a un lado para aglutinar sindicatos en otra organización, lo que dejó a Únete con las tendencias de pensamiento C-Cura, Colectivo de Trabajadores en Revolución y Marea Socialista.

Luego de la separación, los integrantes de la nueva central sindical intentaron obtener el apoyo del presidente Hugo Chávez, pero el primer mandatario jamás se pronunció a favor de la CST.

Las fuentes consultadas destacaron que precisamente este punto crea las diferencias entre los miembros de la organización, pues todavía esperan que Chávez dé el visto bueno, o que al menos lo haga el partido de Gobierno.

"El PSUV se resistió a la creación de esta central y, aun así, lanzaron la CST, lo que ocasionó que el Gobierno se abstenga de apoyarlo", señalaron. STP

el universal.com

(12:31 PM) Trabajadores de Misión Barrio Adentro exigen mejoras salariales

Caracas.- Un grupo de trabajadores de la Misión Barrio Adentro acudieron al Ministerio del Trabajo, para entregarle al ministro Roberto Hernández, un documento donde solicitan mejoras en sus salarios.

Adolfo Delgado, presidente de la Federación de Médicos Bolivarianos, explicó que hasta los momentos el Ministerio de Salud no les ha dado ninguna respuesta, por lo cual acudieron al del Trabajo para ver si con la intervención del jefe de este despacho se llega a una solución laboral satisfactoria.

Denunció que les rebajaron los sueldos a los odontólogos y médicos les rebajaron los sueldos, el valor de los cestatickets no corresponde a la unidad tributaria actual, entre otros.

"No ha habido posibilidad de acuerdo en el Ministerio de Salud y no hay respuesta. Nosotros creemos que mancomunadamente podemos lograr algo en vista de que individualmente no hemos podido lograr nada".

Asimismo señaló que los trabajadores de Barrio Adentro exigen al ministro del Trabajo que se inicien las discusiones para el contrato de los trabajadores de salud que incluyan todos los sectores.

"Somos una clase trabajadora y creemos que merecemos una contratación digna".

Aseguró que la contratación colectiva de los médicos tiene seis años sin discutirse y que desde que pasaron a ser trabajadores fijos del Estado no han recibido ningún beneficio, así como ratificó el desmejoramiento de sueldo de 1000 médicos y 2700 odontólogos de la misión gubernamental.

Carolina Contreras A.
eluniversal.com

15 agosto 2008

Los juristas de la República están llamados a ser más racionales



Carora, Lara (Especial).- A propósito de la inauguración de Palacio de Justicia en la ciudad de Carora, del estado Lara, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, instó a los jueces a edificar no sólo sedes físicas para impartir justicia, sino también a edificar sedes morales que a partir de la ética y los principios lleven a la aplicación de un Derecho más racional e inteligible para el ciudadano común.

La presidenta del máximo Tribunal de la República recalcó la importancia de entender la racionalidad del Derecho y de generar los cambios que sean necesarios para dictar leyes claras, toda vez que estas leyes se hacen por y para el pueblo. “Si bien es importante tener un Palacio de Justicia, también lo es tener la convicción de que el Derecho tiene que ser racional y, que la racionalidad jurídica no puede ser diferente a la racionalidad como tal, puesto que la racionalidad es una sola (…) la razón es el alma del Derecho. Los juristas están llamados en estos tiempos a ser más racionales y estamos llamados a hablar cada vez más un idioma claro”.

Según dijo la titular del TSJ, “no se legisla para un grupo de privilegiados que sepa leer las leyes porque tuvo el privilegio de pasar por una universidad. No puede ser que la gente tenga que pagar para que alguien le traduzca y le diga qué quiere decir y qué es que está obligado a cumplir”, puntualizó la Dra Morales.

En este orden de ideas recalcó la funcionaria que resulta muy importante que los juristas hoy día, dentro del momento histórico que vive Latinoamérica, y muy especialmente Venezuela, comiencen a buscar un lenguaje mucho más cercano a la razón humana, es decir, más claro, más común para todos y no en latín, ya que no es el lenguaje común.

Insistió en que el Derecho es la razón, ya que no es algo abstracto. La razón que es la vía del Derecho, es la razón natural y no puede ser artificial. “Abogados, jueces, solamente entendiendo la racionalidad del Derecho podríamos nosotros evolucionar hacia un cambio profundo en la estructura jurídica de nuestro país y por qué no en el resto de Latinoamérica.

Recalcó también que la ley de la naturaleza humana es la ley de la razón y, la razón es el habla del Derecho y nada contra la razón puede ser Derecho; entonces, “ahí es donde debemos encontrar la naturaleza de las leyes (…) cada vez que el juez se enfrenta a la aplicación ilógica, irracional de la norma, debe tener claro el silogismo que le señala matemáticamente, el carácter científico del Derecho; el Derecho tiene que ser racional o dejará de ser ciencia; el Derecho no puede ser artificial ni estar creado como una entelequia, ya que tiene que identificarse con la realidad”, aseveró la Presidenta Morales.

Entre otros aspectos se refirió también a las decisiones de la Sala Constitucional que tienen que ver con las leyes que ha dictado el Ejecutivo, y al respecto indicó que “las leyes que tienen carácter orgánico, de acuerdo con la Constitución son orgánicas y tienen legitimidad, porque la Carta Magna, a excepción de otras leyes del mundo, donde no existe la habilitación para legislar. Entonces nosotros no podemos regirnos por constituciones extrañas a nuestro pacto social (…) la Sala Constitucional, con toda responsabilidad, al revisar la organicidad de las leyes lo hace basándose en parámetros científicos; entonces la ley se revisa de acuerdo al órgano que lo emite”, indicó.

Para finalizar, resaltó la importancia de crear nuevas sedes judiciales que den acceso a la justicia, y aprovechó la oportunidad para saludar y agradecer el apoyo brindado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para hacer realidad, luego de seis años, el sueño de alcanzar esta sede digna para el Poder Judicial.


EL PALACIO DE JUSTICIA


Por su parte La jueza rectora del Circuito Judicial Penal de Carora, María Leonor Pineda, aseguró que la inauguración del Palacio de Justicia demuestra el compromiso asumido por los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, y muy especialmente de la Dra, Luisa Estella Morales, en la búsqueda de una justicia expedita, transparente, accesible y con un gran sentido social.

Destacó que la nueva sede se convierte en un espacio que dignifica al Poder Judicial y abre las puertas a los ciudadanos que acudan allí en busca de la justicia que les pertenece.

Cabe resaltar que el edificio del Palacio de Justicia, ubicado en la Calle Guzmán Blanco con calle Lara, municipio Torbes, es una sede moderna diseñada bajo un nuevo concepto estructural que se ajusta a las necesidades de las sedes judiciales que se requieren hoy día. Allí funcionarán inicialmente 12 Tribunales y próximamente también se incorporarán dos de Lopnna. Cuenta con 12 jueces, uno por tribunal, y uno de Lopnna que también será incorporado.

Desde ya abren sus puertas en materia penal adolescentes 2 de control; uno de juicio y uno de ejecución. En materia Penal ordinario existen 3 de control 2 de protección y 3 civiles. Las doctoras María Leonor Pineda, jueza rectora del Circuito Judicial Penal de Carora y Yanina Carabin, presidenta del Circuito Judicial Penal, serán las encargadas de la coordinación desde Barquisimeto y trabajarán conjuntamente con coordinadores locales de Carora.

Cabe destacar que al acto de inauguración asistieron, entre otros, el vicepresidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Juan Rafael Perdomo; Raúl Reyes Reyes, gobernador del estado Lara, María Leonor Pineda, jueza rectora del Circuito Judicial Penal de Carora; Yanina Carabin, presidenta del Circuito Judicial Penal; Clemencia Palencia, jueza rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Penal de estado Portuguesa; Thaín Font, Jueza rectoral del estado Yaracuy, Francisco Ramos Marín, director ejecutivo de la DEM, Oswaldo Hevia, director adjunto de la ENM, entre otras personalidades del Poder Judicial de distintas entidades.


Fotos:

Daniel González


Autor:
PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
12/08/2008

Comisión de Funcionamiento y Reestructuración presenta su portal

La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (CFRSJ) integrada por las comisionadas Alicia García de Nicholls, Belkis Useche y Flor Violeta Montell, puso a la disposición de todos los ciudadanos su página web, en cuya dirección http://cfr.tsj.gov.ve podrán consultar la información judicial que genera esta instancia disciplinaria.

Para el lanzamiento del portal se realizó un acto formal en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), al que asistieron la Magistrada Yris Peña Espinoza, presidenta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e inspectora general de tribunales; la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, vicepresidenta de la Sala de Casación Civil del TSj; la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, integrante de la Sala Constitucional del TSJ y ex presidenta de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración; el coordinador de la DEM, Julio César Rojas; el director adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura, Oswaldo Hevia, jueces rectores, presidentes de las circunscripciones judiciales, coordinadores laborales, directores de la DEM, fiscales del Ministerio Público, inspectores y funcionarios del Poder Judicial.

Correspondió a la comisionada Belkis Useche dar inicio al acto de presentación del portal que, según afirmó, presentará de forma accesible, oportuna y dinámica las decisiones, jurisprudencias y otras actividades desarrolladas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración.

Para Useche el lanzamiento del portal representa la entrada de la Comisión al campo de la modernización y la tecnología. "Este portal nos acerca a ese estado de la globalización en el que todas las instituciones deben estar inmersas, a fin de lograr la transparencia en cada una de las funciones que llevamos a cabo como entes del Poder Público. La Comisión ha dado un paso muy importante en el logro de uno de sus objetivos".

Actuación prudente y ponderada

Por su parte, la Magistrada Yris Peña Espinoza indicó que a través del portal se podrá monitorear la labor mancomunada que ha realizado la Inspectoría General de Tribunales junto a las Salas del TSJ, los tribunales del país y la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración.

Dijo sentirse complacida y felicitó a la Comisión por la iniciativa de poner en marcha esta herramienta informática y por el trabajo que ha cumplido en el área disciplinaria. En tal sentido, destacó que la Comisión ha realizado con ponderación, con prudencia, con pulcritud y con respeto hacia los jueces el trabajo disciplinario.

Para concluir les deseó éxito con la página web, "porque con ella se ponen a tono con los principios que orientan la administración pública nacional que son los principios de transparencia, de rendición de cuentas, de responsabilidad, de celeridad en los trámites, eso es muy importante. Yo sé que con esta página web no solamente los integrantes del Sistema Judicial van a monitorear el funcionamiento de la Comisión sino que al mismo tiempo van a lograr ver todas las actividades que ha realizado".

Información y transparencia

La presidenta de la Comisión, Alicia García de Nicholls, indicó que indudablemente al hablar de transparencia hay que referirse a la información. Sin embargo, agregó, "no basta que exista información para que haya transparencia. Debe ser el flujo de oportuna y confiable información la que garantice la credibilidad en términos de comportamiento y es aquí donde surge la importancia de un método o un medio de comunicación como lo es esta página".

Agregó que aun cuando están conscientes de que la información a publicar pudiera afectar intereses individuales, "debe privar la búsqueda de una convivencia vital para y con el ciudadano, a partir de una actuación institucional que comprometa a los administradores de justicia con las consecuencia de sus decisiones". Agregó que se debe atacar el individualismo y motivar la convivencia para la construcción de un futuro donde prevalezcan los principios de autonomía e independencia judicial.

Destacó Nicholls que el portal revelará de manera clara la actuación en materia disciplinaria, no solo de los miembros que integran la Comisión sino de los jueces y juezas de Venezuela.

Luego de esta intervención, correspondió a la comisionada Flor Violeta Montell explicar a los asistentes cada uno de los motores de búsqueda disponibles en la página web, como la sección de noticias, eventos, servicios, directorio, enlaces, gestión judicial, audiencias, decisiones, jurisprudencia, foros, entre otros.

Autor:
PRENSA DEM

Fecha de Publicación:
12/08/2008

06 agosto 2008

UN JUEZ FUNCIONANDO COMO PATRONO A LA CAZA DE SINDICALISTAS EN EL PODER JUDICIAL

Nunca hemos tenido miedo por la labor que desempeñamos. Cuando decidimos convertirnos en dirigentes sindicales sabíamos que la defensa de los derechos y de las justas reivindicaciones a favor de los trabajadores y que la tarea de promover cambios y transformaciones no es fácil, y que el odio y sus consecuentes manifestaciones como la envidia, la calumnia, el egoísmo, el miedo, la intolerancia, entre otras, se nos iban a colocar de frente con toda la intención de destruirnos, intentos que han sido permanentes en nuestra gestión sindical pero que siempre han fracasado.

De manera general debemos decir que si bien es cierto que el “Estado” se originó para regular la conducta de los hombres, según Kelsen, no menos cierto es que, en la concepción tradicional tripartita de los poderes del “Estado” (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) entre los mismos debe existir respeto y acatamiento de sus decisiones que son autónomas, es decir, que si el “Estado” coacciona para el cumplimiento de sus fines y de sus objetivos, es el mismo “Estado” quien debe cumplir con las decisiones que emanan de el mismo pues ese es el poder coactivo que deriva de la concepción de “Estado”. Esto, en conclusión, es “el deber ser”.

Cuando a algún dirigente sindical se le ocurre apelar a la contraloría social dentro de un organismo para que se mejore la calidad del servicio que se presta o para que sencillamente se corrijan algunos elementos que pudieran ser objeto de alguna irregularidad, arbitrariedad o injusticia nos encontramos de frente con la pared que representan quienes en determinado momento detentan la autoridad. Escuchamos frases estereotipadas “esos son escuálidos” “los está mandando el partido a hacer eso para oscurecer nuestra gestión” “tú pareces de oposición” y lo que menos se les ocurre pensar es que, en el ejercicio de la actividad sindical emanada de la soberana decisión de los trabajadores, en función de defender los sagrados intereses y derechos de los mismos, lo que se busca es mejorar el ejercicio de la función pública.

Precisamente la “contraloría social” lo que persigue es este concepto: mejorar la función pública para que a los ciudadanos tengan servicios públicos de calidad. Si se respetarán los derechos sindicales y más aún los derechos de los trabajadores que se encuentran prestando una labor para el “Estado” tendríamos un aparato estatal de altísima calidad. Pensamos y creemos que ese es precisamente el objetivo que se persigue desde la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela pero la acción y comportamiento de algunos funcionarios al servicio de un específico organismo del “Estado” dan al traste con ese fin.

Hacemos estas consideraciones porque cada día que pasa en el ejercicio de nuestra función sindical vemos como se profundizan más arbitrariedades, injusticias y atropellos devenidos de quienes en algún momento y por razones estrictamente políticas tienen la dirección, jefatura, supervisión, autoridad, mando o señorío, en fin, son jefes y figuran al mando de un determinado grupo de trabajadores y de trabajadoras.

En este sentido, denunciamos que son perseguidos por su acción sindical el Presidente seccional del Estado Mérida, Richard Dávila y el Secretario de Cultura y Formación Nacional y Secretario de Organización de la seccional Mérida, Francisco Cermeño. Ellos por haber estado al frente durante su gestión, en la defensa de los derechos de los trabajadores, ahora mismo se les está solicitando que se les abra unos expedientes administrativos para destituirlos por ejercer la función sindical. Por la dignidad de nuestro ejercicio sindical, el de nuestras familias, el de los trabajadores que nos dan su confianza y su apoyo, día a día, y por respeto a la dirigencia sindical nacional debemos informar de lo que pasa en Mérida. La nueva modalidad que se ha escogido para tratar de atacarnos, desacreditarnos y arrodillarnos es la calumnia, materializada en tales denuncias realizadas por un Juez (autoridad judicial) con una serie de argumentos que no forman parte de la esfera laboral sino sindical y que a todas luces están prescritos; arremeten en contra de un sindicato batallador y que está al lado de los trabajadores.

Resulta que, para EL denunciante, practicar la “contraloría social” es denigrar a quien se sale de la esfera de las relaciones laborales cuando con sus arbitrariedades y atropellos humillan a sus subalternos y dejan a un lado nuestro Contrato Colectivo. Resulta que para los jueces que denuncian al presidente seccional y al secretario nacional de cultura y formación y secretario de organización seccional del SUONTRAJ es una “…falta de ética, de seriedad y probidad, alejándose del apostolado de que los mismos trabajadores le encomendaron, al confiar en ellos…” que el sindicato asuma la defensa de los derechos y justas reivindicaciones de los trabajadores para que no se les humille y para que se cumpla con el contenido de la convención colectiva vigente. Se ha llegado al punto de señalar este Juez que “…ha sido objeto de … ataques indiscriminados y por ende irracionales…”. Lo que no dice el Juez denunciante es que con su conducta ha atropellado a pobres trabajadores y por consecuencia a familias enteras, que ha vulnerado y violado los derechos de los trabajadores y les ha sometido a la más horrenda de las degradaciones: dejarles sin trabajo.

Podemos equiparar al sindicalista con una figura de la antigua Roma, de la que de repente este Juez, quien es abogado, ha olvidado y es el Tribuno de la Plebe. Precisamente el Tribuno de la Plebe tenía inmunidad a los fines de que por sus denuncias en contra de la autoridad no fuera objeto de persecuciones por parte del senado romano por su función de defender ciertos derechos de la plebe. Si hacemos un símil de esa época a la de hoy, pues no tenemos otro remedio que señalar que el Tribuno de la plebe son los sindicalistas serios y honestos con ellos mismos al defender los derechos de los trabajadores, la plebe no es más que el pueblo y que en el caso del poder judicial son los trabajadores y la autoridad creo que no necesita mayor explicación. Eso somos nosotros, tribunos de la plebe, que ahora se nos persigue por nuestra actividad sindical.

Desde sus inicios el SUONTRAJ ha sido un sindicato combativo que no se vende, ni cambia sus principios, valores e ideales por amedrentamientos al estilo de quienes ya no volverán. Los derechos de los trabajadores no se cambian como en un mercado persa. Con los derechos de los trabajadores no se hacen trueques. No vayan a creer que porque nos están persiguiendo vamos a abandonar la actividad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores. Están equivocados quienes piensan de esta manera. Este tipo de acciones lo que hacen es fortalecernos y nos convencen que no estábamos errados al haber escogido el representar a los trabajadores. Estamos resteados en nuestra visión: “la defensa de los derechos de los trabajadores”.

Pareciera ser que esa enseñanza practicada por nuestras familias y que nos legaran nuestros padres de ser y ejercer la honestidad a toda costa, tiene sus más adversos, encarnizados e insospechados enemigos y formas de manifestación.

Alertamos a los trabajadores judiciales de todo el país que se empieza a orquestar desde Mérida una asonada en contra de la dirigencia sindical. Alertamos para prepararnos para el combate. Y como dice ese recordado cantautor revolucionario venezolano, Alí Primera, “Y hay que afinar el tino, es decir, la puntería que aunque diga groserías el pueblo tiene derecho”.


Declaran constitucionalidad del artículo 105 de la Ley de Contraloría

Caracas.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, declaró la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, con el voto salvado del magistrado Pedro Rondón Haaz.

Con esta medida, de carácter inapelable, se cierra la posibilidad para que 272 funcionarios que fueron inhabilitados políticamente por la Contraloría General puedan postularse para las elecciones regionales del 23 de noviembre.

Sin embargo, en los casos de Enrique Mendoza, David Uzcátegui y William Méndez todavía habría que esperar el pronunciamiento de la Sala Político Administrativa en cada caso, ya que previamente los funcionarios habían solicitado la nulidad de la sanción.

Según información suministrada por una nota de prensa del máximo tribunal del país, "el fallo judicial concluye que el procedimiento administrativo llevado por la Contraloría General de la República, para el establecimiento de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos investigados, comprende tres etapas que garantizan el derecho a la defensa y el debido proceso de los imputados; guardando así plena y efectiva compatibilidad con lo previsto en el artículo 49 constitucional".

Asentó el fallo que la norma bajo análisis no puede reputarse como una "norma penal en blanco" como alegó la representación judicial de la ciudadana Ziomara del Socorro Lucena Guédez, debido a que la garantía de la tipicidad "está plenamente satisfecha, en virtud de que el propio texto legal cuestionado prevé los hechos y conductas acreedoras de sanciones".

Por otra parte, el fallo también aclara que la Contraloría General de la República no debe desarrollar otro procedimiento adicional para la imposición de las sanciones accesorias como la inhabilitación.

La Sala concluye que la restricción de los derechos humanos "pude hacerse conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general, por la seguridad de los demás integrantes de la sociedad y por las justas exigencias del bien común, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", reseña la nota de prensa.

El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal faculta a la Contraloría General de la República para declarar la responsabilidad administrativa de aquellos funcionarios públicos incursos en ilícitos administrativos en perjuicio de la cosa pública, así como para la imposición de multas de contenido económico y la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, cuando la gravedad de la falta así lo amerite.

Las inhabilitaciones han generado la movilización de grupos opositores que denuncian que la medida viola la Constitución porque los acusados no han sido enjuiciados.

El abogado del candidato a la alcaldía metropolitana Leopoldo López, Enrique Sánchez Falcón, indicó al canal "Globovisión" que está a la espera de otras dos decisiones por parte de la Sala Político Administrativa del TSJ, que a su juicio pudiera emitir una opinión diferente a la publicada hoy por la Sala Constitucional, reseñó DPA.

El contralor, Clodosbaldo Russián, aplicó la medida a casi 300 personas acusándolas de haber utilizado dinero público en partidas diferentes a las que estaban destinadas.


Karina Brocks
eluniversal.com

05 agosto 2008

PRESIDENTE SECCIONAL INFORMA

EN EL MARCO DEL PASADO VI ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Mérida (CDS) Habíamos dejado de colgar este vídeo por la situación que es conocida del incumplimiento del Acta del 09/04/2008. En este vídeo podemos observar como Juan José Tomas Porter, Tesorero y miembro de la Comisión Permanente del Sindicato de Secretarios Judiciales de España, hace una disertación sobre el sindicalismo y la función pública en el marco del VI Encuentro Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia realizado en la sede de la Universidad de América Latina (UTAL) en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2008.


02 agosto 2008

Fiscal General presentará propuesta de Ley de Extinción de la Acción Penal

Caracas, 20 Jul ABN.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que este martes 22 de julio presentará ante la Asamblea Nacional (AN) una propuesta de Ley de Extinción de la Acción Penal para los casos del Régimen Procesal Penal Transitorio, señala una nota de prensa.

La representante del Ministerio Público (MP), a través del programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV), manifestó que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), se estableció en su articulado una etapa de transición para resolver las causas pendientes correspondientes al Código de Enjuiciamiento Criminal.

'No había una cifra precisa de cuántas causas estaban bajo este régimen, se trata de 17 a 20 millones de expedientes. A esta fecha, después de 10 años del Copp, se han resuelto 10 millones de casos', señaló.

Ortega Díaz enfatizó que desde que asumió la Fiscalía General se abocó a trabajar con su tren directivo sobre este tema y expresó que muchas de esas causas han prescrito porque fueron presentadas hace 30 años.

Sostuvo además que esas causas en transición, atendidas por un grupo de fiscales designados, mantienen colapsado el sistema de justicia.

La fiscal explicó que la propuesta que presentará ante la AN excluye aquellos casos de violaciones grave de los derechos humanos, atentados contra el patrimonio público, tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales.

A la vez que están excepto de la ley aquellas causas penales en las cuales, para la fecha de entrada de vigencia de la propuesta, ya se hubiese solicitado la medida preventiva de libertad.

Ortega Díaz precisó que luego de la promulgación de esta ley y su publicación en Gaceta Oficial, se procederá a conformar una comisión técnica integrada por el Fiscal Superior de la zona, el presidente del circuito judicial y la máxima autoridad policial, designada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MIJ).

fuente: ABN