Jueces con trayectoria política, proceso
acelerado de escogencia y autodesigaciones están detrás del nombramiento
de los recién ocupantes del TSJ
Los
34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumieron sus
cargos el pasado 23 de diciembre con más sombras que luces ante una
moribunda Asamblea Nacional (AN), que se notó apresurada para escoger a
los representantes de la máxima casa del Poder Judicial cuyas vacantes
no debieron quedar libres sino hasta 2016. El pasado martes 26 de enero
los nuevos parlamentarios designaron a una Comisión Especial para
estudiar la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del TSJ e
investigar si hubo fallos o no en el proceso de escogencia de los
jueces.
Aunque todavía no hay un informe final,
hay casos que de entrada es necesario explicar, como el de Celeste
Josefina Liendo Liendo, quien pareciera haberse pagado y dado el vuelto
porque en la Gaceta Oficial 40.509, del 1 de octubre, fue designada como
miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano consultivo, y en
la Gaceta 40.816, del 23 de diciembre, quedó designada como magistrada
suplente de la Sala Constitucional.
La designación de los Magistrados no se
realiza según los parámetros de los artículos 264 y 265 de la
Constitución, de los cuales se desprende que debe hacerse contando con
la aprobación de los dos tercios del Parlamento. En su lugar se aplica
el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
(LOTSJ) el cual es inconstitucional y habilita la designación de los
Magistrados con una mayoría simple después de 3 sesiones en las que no
se llegue a una mayoría calificada.
Además de ello, el Comité de
Postulaciones estuvo conformado por cinco diputados del Partido
Socialista Unido De Venezuela (PSUV) el cual, de acuerdo a la
Constitución, (art. 264 ) debe estar integrado por "representantes de
los diferentes sectores de la sociedad".
INVESTIGACIÓN CON OBSTÁCULOS
La Comisión de la AN debió arrancar la investigación desde cero porque, pese a la importancia que amerita, el expediente del proceso de selección y designación de los magistrados está incompleto, no está foliado, no tiene ningún tipo de protección y faltan 32 de los 34 currículos.
Carlos Berrizbeitia, diputado y
presidente de la instancia, explica que esta comisión especial revisa si
el proceso en la selección de los magistrados cumplió
administrativamente con los requisitos de la Ley Orgánica del TSJ, la
Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea
Nacional. "Estamos revisando el expediente, más el proceso que se hizo
para ver si hay violaciones del marco jurídico que marcan el proceso
para la elección de los magistrados", agrega.
Si la Comisión determina que el proceso
fue viciado la Asamblea Nacional tiene la potestad de rectificar la
decisión, amparados en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, la cual establece en el artículo 81 que la
Administración Pública "podrá convalidar en cualquier momento los actos
anulables, subsanando los vicios". Además los artículos 83 y 84 de la
misma norma señalan que "la administración pública podrá en cualquier
momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad
absoluta de los actos dictados por ella" y "podrá en cualquier tiempo
corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la
configuración de los actos administrativos".
Berrizbeitia señala que una decisión de
este tipo en una instancia tan importante como el TSJ no tiene
precedente y agrega que "la Asamblea Nacional es la que elige a los
magistrados del Poder Judicial, pero lo hace bajo un proceso legal, si
este estuvo viciado y no estuvo en el marco legal por supuesto nosotros,
como poder independiente, podemos anular el proceso de escogencia".
También afirma que independientemente de que los magistrados hayan
cumplido con todos los requisitos, si se comprueba la nulidad del
proceso, éstos quedarían invalidados.
En otro orden de ideas, el parlamentario
afirma que en los últimos años se ha utilizado el TSJ como herramienta
política y no como instanciapara impartir justicia.
Considera que para que exista una
democracia sólida y seria es necesario "que los poderes sean totalmente
independientes y que las instituciones funcionen".
SIN RESPUESTAS
El pasado 19 de enero la Comisión Especial para estudiar la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del TSJ envió un comunicado a la presidenta del TSJ, Gladys Rodríguez, para solicitar los currículos académicos de los magistrados designados. La comisión aclara en la misiva a Rodríguez que los documentos están incompletos en el expediente que reposan en la División de Archivo de la AN. Esta solicitud hecha por los parlamentarios está apoyada en el principio constitucional de colaboración de los poderes públicos, establecidos en el artículo 136 de la Carta Magna. La Presidenta del TSJ no respondió la solicitud y la Comisión la reiteró el 27 de enero.
DE ALÓ PRESIDENTE A MAGISTRADO
Uno de los currículos que está en el expediente incompleto es el del magistrado Christian Zerpa, quien votó por sí mismo para el cargo porque cuando se designaron a los jueces fungía como diputado de la Asamblea Nacional saliente.
Aunque los magistrados no deben tener
nexos políticos, los de Zerpa son irrefutables. Comenzó siendo miembro
del Comando Táctico Municipal del Movimiento V República (MVR) en el
estado Mérida y fue responsable del Padrón Electoral para el Referéndum
Revocatorio del 2004.
En 2005 y 2006 Zerpa fue director de
Relaciones Presidenciales del Despacho la Presidencia, responsable de la
elaboración del listado de invitados y de la convocatoria del programa
Aló Presidente. En 2007 y 2008 continuó muy cerca de Hugo Chávez, esa
vez como Viceministro de Relaciones Presidenciales y estuvo encargado de
la agenda del difunto mandatario. Su currículo también revela que
estuvo en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en el Ministerio de Interior y
Justicia. Antes de formar parte del máximo tribunal del país fue
diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política
Exterior
