JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
La investigación contra el presunto narcotraficante Walid Makled y sus tres hermanos se inició en mayo de 2008, es decir seis meses antes de que efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y de la Guardia Nacional allanaran la finca que tenía en la localidad carabobeña de Tocuyito, donde encontraron más de 300 kilos de cocaína.
La revelación la hizo el inspector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Franss Escalona, el único experto que desfiló ayer ante el Tribunal 20 de Juicio de Caracas.
El funcionario, quien participó en las pesquisas iniciales y en las averiguaciones que se desarrollaron después de que fuera revisada la hacienda de los Makled, informó que el Ministerio Público solicitó al organismo de inteligencia su colaboración para indagar sobre los hermanos luego de que la policía municipal de San Diego (Carabobo) encontrara abandonado un contenedor, en cuyo interior había unas laminas de zinc y una panela de cocaína.
Asimismo indicó que la Fiscalía pidió su colaboración porque la Superintendencia de Bancos (Sudeban) detectó que los hermanos movilizaron altas sumas de dinero en lapsos de tiempo corto, lo cual les hacía presumir "legitimación de capitales". Estas sospechas se vieron acrecentadas, según relató, por el reportaje que el fallecido periodista Orel Sambrano publicó el semanario ABC de Carabobo y en el cual señaló a Makled de narcotraficante.
Escalona aseveró que al investigar el conjunto de empresas que la familia tenía se encontraron que 25% eran "de maletín", es decir no existían físicamente.
Igualmente comentó que una vez allanada la finca El Rosario, a él le tocó revisar tres apartamentos de los hermanos y en ellas incautó cheques, vouchers, estados de cuenta, registros de pago y otros instrumentos financieros por montos "exabruptos (sic)".
Acto seguido indicó que encontraron órdenes de compra de bonos por un millón de dólares y de letras por 11 millones de bolívares.
Durante el interrogatorio a Escalona se presentaron varios impasses entre la defensa pública y privada y los fiscales.
El defensor público Jesús Gutiérrez, quien se incorporó tarde a la audiencia por encontrarse en otro juicio, le preguntó al funcionario sobre un allanamiento realizado en Maracay, en el cual no participó el experto. El juez Alí Fabricio Paredes le llamó la atención.
A seguir esperando
Pese a que para hoy el Juez había prometido que decidiría si le otorgaba una medida humanitaria a José Soto, uno de los seis empleados de Makled procesados junto a él y sus hermanos, no hubo decisión.
Soto, de 73 años de edad y quien tiene meses quejándose de problemas en la próstata, sufrió un vahído en la audiencia del miércoles pasado, lo cual obligó a trasladarlo de emergencia hasta el servicio médico del Palacio de Justicia y posteriormente fue llevado al Hospital Militar de Caracas, donde estuvo varias horas recluido.
