“Los magistrados una vez designados se quedan ahí 12 años”. Foto: Gil Montaño / Reuters
La inminente renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acaloró el debate sobre la independencia judicial en Venezuela, cuestionada por algunos por considerar que se supedita a los intereses de la “revolución socialista” del presidente Hugo Chávez.
La magistrada del TSJ Blanca Mármol de León denunció que el oficialismo quiere acelerar la elección de las al menos ocho vacantes, de un total de 32 jueces titulares, que quedaran antes de enero del 2011 para asegurar el control de la máxima corte del país, pues después de esa fecha no contará con la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional.
“La independencia de los jueces está perdida, no son autónomos. Tienen miedo porque cuando deciden pueden ser destituidos o detenidos”, dijo la jueza penal en una entrevista con Reuters el miércoles en la tarde en su amplio despacho, presidido por una estatua de la Justicia vendada y una pequeña imagen de Cristo.
En elecciones en septiembre, los partidarios de Chávez no lograron obtener las dos terceras partes del Legislativo necesarias para designar a los magistrados del TSJ, por lo que planean concretar los cambios antes de que se instale en enero la nueva Asamblea Nacional donde la presencia de la oposición forzaría una negociación.
“Con una Asamblea constituida de diferente forma podría suceder que no todos los magistrados fueran de la corriente política del Gobierno, por eso la prisa en hacer las designaciones ahora”, afirmó Mármol.
Durante una década de mandato, Chávez ha mantenido al país polarizado en torno a su proyecto bolivariano que dice defender a los pobres de una oligarquía explotadora enquistada en el poder.
El oficialismo asegura que la renovación del TSJ sólo busca resolver nombramientos que estaban demorados, mientras sus críticos lo acusan de adelantarlo para evitar resoluciones e interpretaciones de leyes que pudieran perjudicarlo.
“En el Tribunal Supremo de Justicia se favorecen las políticas del Gobierno”, aseguró la magistrada, quien dijo que sólo ella y otros dos colegas se oponen a decisiones influenciadas por el Gobierno.
JUECES CON MIEDO
Con casi cuatro décadas de carrera judicial, Mármol reconoció que la administración de justicia en el país petrolero ya era señalada como corrupta e ineficiente, pero alertó que el Gobierno de Chávez la ha debilitado aún más al bajar exigencias académicas, disciplinarias y de carrera para los jueces.
“La columna vertebral de la democracia es un Poder Judicial autónomo e independiente y veo con gran preocupación que eso lo estamos perdiendo aceleradamente”, comentó.
El año pasado recrudecieron las críticas a la autonomía judicial tras el encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni por liberar a un empresario acusado de corrupción que tenía su juicio demorado por tres años.
El propio Chávez, indignado, pidió que apresaran a Afiuni y le dieran la máxima pena de 30 años, asegurando que dos siglos atrás la hubieran fusilado por presunta corrupción.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha solicitado su liberación y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch denuncian el caso como ejemplo de la perniciosa influencia del mandatario en el Poder Judicial.
A esta renovación del TSJ, la tercera en el mandato de Chávez, se postularon 400 candidatos, incluyendo un ex vicepresidente y destacados miembros del partido de Gobierno.
“Los magistrados una vez designados se quedan ahí 12 años”, dijo Mármol para resaltar el alcance que tendrá la decisión.
Con la primera gran renovación de la corte tras la aprobación de una nueva Constitución en 1999, Chávez logró diluir la influencia de Gobiernos anteriores y con la segunda amplió el número de magistrados para asegurarse el control.
El próximo relevo en el TSJ será en el 2012 cuando finalice el período de varios magistrados, al mismo tiempo que Chávez buscará una nueva reelección para un mandato fresco de seis años.
El acelerado avance del país hacia el ecléctico “socialismo del siglo XXI” con masivas expropiaciones y profundos cambios en la estructura del Estado llena de esperanzas a millones de venezolanos que se sienten reivindicados tras décadas de exclusión política y social.
Sin embargo, otros alertan que Chávez se encamina hacia una autocracia con restricciones a las libertades civiles, sociales y económicas que una justicia parcializada no podría contener.
“El Poder Judicial está atemorizado. Los jueces tienen miedo, y en un país donde los jueces tienen miedo los ciudadanos no pueden dormir tranquilos”, sentenció Mármol.
Por Patricia Rondón Espín
Vía Reuters
