En ponencia de la magistrada Evelyn Marrero Ortíz
Sin lugar el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar en caso de juez del estado Mérida
Sin lugar el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar en caso de juez del estado Mérida
Se ordenó a
VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Denunció el recurrente la falta de motivación del acto administrativo recurrido, por considerar que el acto impugnado no se pronunció con relación a su pedimento respecto a tomar declaración a Luisa Rodríguez de González, quien era la Secretaria Accidental del Tribunal a su cargo para la época de los hechos, omisión que -según su parecer- es violatoria de los artículos 9, 18 ordinal 5 y 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En el caso de autos, de la lectura del acto administrativo impugnado apreció
El recurrente alegó que el acto impugnado no se pronunció con relación al pedimento de tomar declaración a la ciudadana Luisa Rodríguez de González, quien para la época de los hechos en ese entonces se desempeñaba como Secretaria Accidental del Tribunal a su cargo. Sin embargo, no indicó el accionante cómo la referida omisión repercutió en la decisión recurrida, en razón de lo cual la Sala no reemplazó lo que es un deber de la parte y, por tanto, desechó la denuncia.
VIOLACIÓN DEL DERECHO A
Alegó el actor que el acto impugnado violó, su derecho a la privacidad, honor y reputación consagrado en el artículo 60 de la Constitución , por haber dejado plasmado en su Informe el Inspector designado por la Inspectoría General de Tribunales, hechos de su vida privada que lo desprestigian públicamente.
Con relación al contenido del derecho a la privacidad, honor y reputación contemplados en el referido artículo 60 de la Constitución , como consecuencia de la aplicación de una sanción de destitución, se observó que la recurrente atribuyó las lesiones a su honor y su reputación al ciudadano Luis Felipe Pérez Ramírez, quien se desempeñaba como Secretario del Tribunal a su cargo y quien, presuntamente, es el autor de las denuncias que fueron formuladas en su contra.
En orden a lo anterior es preciso señalar, que la Inspectoría General de Tribunales dejó constancia de ciertos hechos y declaraciones en el Informe, sin embargo, esta actividad de la Inspectoría no puede considerarse per se como violatorio del derecho al honor y a la reputación del recurrente, toda vez que tal actividad se ajusta a la labor de investigación que corresponde al referido órgano
VIOLACIÓN DE
En el caso concreto, observó la Sala que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial inició un procedimiento disciplinario durante el cual el recurrente contó con la oportunidad de formular sus alegatos y presentar pruebas en relación a los hechos imputados, tal como se colige del texto del acto impugnado.
Igualmente apreció que la sanción disciplinaria de destitución fue impuesta al recurrente por haber considerado la Administración suficientemente acreditados los hechos imputados al accionante, sobre la base de elementos probatorios que constan en el expediente administrativo.
Es así como la Sala consideró que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial no violó el derecho a la defensa del recurrente cuando cambió la calificación jurídica de los hechos imputados por la Inspectoría General de Tribunales, ya que no se impuso una sanción mayor a la solicitada ni se imputaron hechos distintos a los que inicialmente dieron lugar a la investigación en contra de Eliseo Moreno Mosalve, sino que la Comisión consideró que el supuesto respecto del cual se configuró la conducta sancionable del recurrente, era el contemplado en los dispositivos normativos antes señalados.
VIOLACIÓN DEL DERECHO A
Finalmente observó
En el caso que se examina, el recurrente afirma haber cumplido con los requisitos para hacerse acreedor del derecho a la jubilación antes de que fuese iniciado el procedimiento disciplinario en su contra. En este orden de ideas, aduce que solicitó el beneficio de jubilación en el año 1998, solicitud que ratificó en el año 2000.
Al juez contencioso-administrativo no le está permitido, en principio, sustituir a
Desechados los vicios bajo examen, la Sala Político Administrativa declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad y en consecuencia, es improcedente la solicitud de pago de salarios dejados de percibir “bonificaciones, primas y aumentos”.
Autor: Prensa TSJ
Fecha: 23/03/2007
