El Bloque Constitucional prefiere que la AN revoque las designaciones realizadas en 2014 y 2015
Luis Alfonso Herrera, Cecilia Sosa y Blanca Rosa Mármol de León consideran un error repetir la estrategia del chavismo para someter al Poder Judicial
27 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
El aumento del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fue una controversial estrategia utilizada por el oficialismo para afianzar su control hegemónico del Poder Judicial. Por ello los voceros de las organizaciones no gubernamentales Un Estado de Derecho y Bloque Constitucional se oponen a repetir “un artificio” que burla el rigor de la carta magna para garantizar la autonomía e independencia de los órganos de administración de justicia.
“Sería lo mismo que se hizo con el impulso del tristemente célebre Luis Velásquez Alvaray en 2004, cuando el chavismo aumentó el número de magistrados de 20 a 32”, advirtió Luis Alfonso Herrera, director de Un Estado de Derecho.
El golpe de Estado de abril de 2002 causó un cisma en el oficialismo, pues Luis Miquilena, otrora mentor del fallecido presidente Hugo Chávez, le retiró su apoyo al gobierno y pasó a las filas de la oposición. Esa división se reprodujo en el TSJ y se puso en evidencia en la sentencia que absolvió a los militares involucrados en el golpe, con una votación cerradísima de 11 votos a favor y 9 en contra. Chávez calificó el fallo como “una plasta”.
En 2004, el diputado Pedro Carreño presidía el Comité de Postulaciones Judiciales y, sin pruritos, dijo: “Vamos a estar claros: nosotros no nos vamos a meter autogoles. En el grupo de los postulados no hay nadie que vaya a actuar contra nosotros”. En el acto de juramentación de los nuevos magistrados, el 14 de diciembre de 2004, el entonces diputado Nicolás Maduro expresó: “¡Son ustedes la cabeza de la revolución judicial que sustenta el Estado democrático que apenas estamos construyendo!”.
Y hay un precedente previo. En marzo de 2000, por decisión de la Comisión Legislativa que se instaló después de la Asamblea Nacional Constituyente, se elevó de 15 a 20 el número de magistrados del TSJ. En esa oportunidad, Miquilena confesó públicamente que los nuevos rectores del Poder Judicial tenían que ser “afectos al proceso”.
“Actualmente lo que está planteado es despolitizar al TSJ. Es decir, contar con verdaderos magistrados: imparciales e independientes del resto de los poderes públicos e, incluso, de las mayorías que transitoriamente puedan imponerse en la Asamblea Nacional”, agregó Herrera.
Cecilia Sosa, coordinadora nacional del Bloque Constitucional, agregó: “El aumento del número de magistrados va a evidenciar la pretensión de que el TSJ quede bajo el control de otro bloque de poder, en este caso de la oposición. Estaríamos incurriendo en un fraude similar al cometido por el oficialismo para apoderarse de los tribunales del país”.
La también magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León ofreció como solución que la Asamblea Nacional revoque las designaciones realizadas en 2014 y 2015 sin apego a la Constitución, con fundamento en los artículos 89 y 90 del Reglamento Interior y de Debates. Y, además, que se revisen todas las credenciales de los magistrados para verificar si cumplen con los requisitos establecidos en la carta magna.
El dato
Transparencia Venezuela presentó ayer su sitio web Suprema Injusticia (www.supremainjusticia.org). Mercedes De Freitas, directora de la ONG, indicó que el propósito es que la ciudadanía pueda incorporarse a la discusión sobre la idoneidad y las ejecutorias de las máximas autoridades del Poder Judicial. En ese sentido, los primeros contenidos del portal son los perfiles políticos de algunos magistrados y ex magistrados, así como 43 sentencias que niegan derechos fundamentales.
