- Diana Lozano Perafán 29 de octubre 2012 - 12:01 am
En 2011 la excarcelación de 13 presos políticos fue impulsada por razones tan diversas como una huelga de hambre o la enfermedad del Presidente
Aunque prefirió no dar detalles, el abogado Gonzalo Himiob aseguró que Miraflores está dispuesto analizar los casos
Hay disposición desde Miraflores para evaluar las causas de los presos políticos, aseveró el abogado Gonzalo Himiob, que formó parte de las mesas de negociación que se estableció con el Gobierno en febrero de 2011, mediante la cual se logró la libertad de algunos de estos presos.
“Se nos han pedido informes legales en los que se explique, dentro de la Constitución y las leyes, cuáles son las medidas que les corresponden a cada uno”, indicó el abogado integrante del Foro Penal Venezolano.
Himiob afirmó que como en todo proceso de este tipo probablemente no todas las peticiones serán concedidas, pero advirtió que no está autorizado para dar detalles sobre el asunto.
Actualmente hay 14 presos políticos en Venezuela, según el último informe de la Fundación para el Debido Proceso. De estos detenidos nueve han estado privados de libertad el tiempo necesario para optar por medidas alternativas de cumplimiento de las penas, que les han sido negadas por los tribunales.
En esta lista figuran el comisario Iván Simonovis y los policías metropolitanos Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Marco Hurtado, Héctor Rovain y Luis Molina (sentenciados por los hechos de abril de 2002), Rolando, Otoniel y Juan Guevara (condenados por el asesinato del fiscal Danilo Ánderson) y María Lourdes Afiuni (detenida por haber dejado en libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, que tenía 2 años preso sin sentencia), entre otros.
José Luis Tamayo, abogado en el caso 11-A, aseguró que no ha sido contactado por ningún representante del Ejecutivo Nacional. “Lo único que tengo entendido es que existe precisamente esa aparente disposición del Gobierno”, dijo.
Tamayo explicó que en todo caso seguirá haciendo trámites ante el Poder Judicial para lograr una medida humanitaria para Simonovis (que está gravemente enfermo) y medidas alternativas de cumplimiento de condenas para los PM, a quienes les corresponden desde hace más de 2 años.
Jackeline Sandoval, abogada de los Guevara, dijo no tener conocimiento sobre conversaciones con el Gobierno. Explicó que insistirán con las solicitudes ante los tribunales. “Las medidas les corresponden por ley”, afirmó.
La abogada advirtió que durante el gobierno de Chávez han sido dictadas dos leyes de amnistía (una en el año 2000 y otra en el 2007), lo que en su criterio implica un reconocimiento de que hay detenidos políticos en el país.
Aunque el presidente Hugo Chávez ha asegurado que en Venezuela no hay presos políticos, algunos detenidos han sido excarcelados después de que el mandatario ha “exhortado” al Poder Judicial a ocuparse de sus casos.
De los considerados presos políticos este año sólo ha salido de la cárcel el empresario del caso Microstar Gustavo Arraiz (a quien liberaron después de hacer huelga de hambre), mientras que el año pasado fueron excarcelados 13 de estos detenidos.
La libertad de estas personas, que en ningún caso ha sido plena, fue impulsada por hechos tan diversos como la huelga de hambre que realizó un grupo de estudiantes o el cáncer que le fue extirpado al presidente.
23 días en ayuno. En febrero del año pasado, luego de una huelga de hambre que duró 23 días y en la que participaron 90 estudiantes en 9 estados del país y 7 sedes diplomáticas, el entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia Tareck El Aissami suscribió un acuerdo con los huelguistas.
A cambio de que levantaran la protesta, el funcionario se comprometió a tramitar los beneficios de prelibertad para siete de los llamados presos políticos, de los que finalmente excarcelaron a cinco.
Al día siguiente de concluida la huelga fue liberado Biaggio Pilieri (que había sido electo a la Asamblea Nacional y que estaba preso aunque lo habían absuelto dos veces por la misma acusación de malversación de fondos). Un día después excarcelaron a Freddy Curupe (electo diputado suplente por Anzoátegui y señalado por supuesto enriquecimiento ilícito).
El 4 de marzo de ese año sacaron de la cárcel a Otto Gebauer (detenido en 2004 por haberse encargado de custodiar a Chávez durante su traslado a La Orchila en abril de 2002), así como a Silvio Mérida Ortiz y Felipe Rodríguez (detenidos en 2003 y 2005, respectivamente, por las explosiones de febrero de 2003 en los consulados de Colombia y España, y por estar involucrados en los alzamientos de Plaza Altamira).
En la lista de quienes serían excarcelados también figuraban los policías metropolitanos Marco Hurtado y Arube Pérez, condenados por los hechos de abril de 2002. Aún están privados de libertad.
Otros que no habían sido incluidos en el acuerdo fueron liberados después de la huelga: el sindicalita Rubén González (a quien el TSJ le anuló la condena a 7 años y medio de cárcel que le habían impuesto después de que lideró una huelga de trabajadores de Ferrominera), William Saub (al que le otorgaron una medida humanitaria por padecer cáncer de piel y requerir tres bypass. Estaba condenado a 6 años de prisión por su participación en una protesta contra la transnacional Crystallex), y Juan Carlos Chancellor (a quien le acordaron libertad condicional por haber cumplido más de la mitad de la condena a 7 años de prisión que le impusieron por participar en la protesta contra Crystallex).
El cáncer de Chávez. Después de que el jefe de Estado informó al país que le había sido extirpado un tumor maligno fueron excarcelados cinco presos políticos que padecían graves problemas de salud, cuatro de los cuales sufrían cáncer de próstata
"No soy un dictador que va a dar órdenes a los demás poderes, pero me atrevo a hacer un exhorto humanitario al Poder Judicial para que les dé algún beneficio a estas personas", aseveró Chávez el 16 de julio de 2011.
Cuatro días después de este exhorto le otorgaron medida cautelar a Alejandro Peña Esclusa, que había sido operado de cáncer y no había recibido el tratamiento posterior. Estaba detenido por supuesto ocultamiento de explosivos y asociación para delinquir.
Al día siguiente liberaron a Lázaro Forero, sentenciado a 30 años de cárcel por los hechos de abril de 2002, a quien también le habían diagnosticado un tumor maligno en la próstata.
Julio Rodríguez, que padecía esa misma enfermedad, recibió medida humanitaria en octubre de ese año.
En la víspera de la navidad de 2011 fue liberado Henry Vivas (que había sido condenado por el caso 11-A, y que sufría 17 patologías y necesitaba 6 operaciones) y José Sánchez Mazuco (que padecía cáncer de próstata, y que había sido declarado culpable de ordenar el asesinato de Claudio Macías en la cárcel de El Marite).
