La opacidad informativa del sistema de justicia, la falta de coordinación entre los órganos que lo integran y el déficit presupuestario y de personal son los principales hallazgos de la Evaluación del Desempeño del Sistema de Justicia Venezolano (2001-2015), realizada por Acceso a la Justicia.
El sistema de justicia se refiere a los órganos del Estado e instituciones sociales vinculados directamente a la operación del derecho en la solución de casos o conflictos individuales. La Constitución en su artículo 253 establece: “El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los demás tribunales que determine la ley, Ministerio Público, Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, sistema penitenciario, medios alternativos de justicia, ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio”.
Aunque la Constitución no lo haga, debe incluirse como parte del sistema a la Defensoría del Pueblo por ser esencial para garantizar la protección de los ciudadanos frente al Estado en caso de violación de sus derechos humanos.
En Venezuela, algo fundamental como lo es el personal clave del sistema de justicia falla porque es insuficiente. Datos de 2016 dan cuenta de 2.139 jueces activos, de los cuales 73% no son titulares, es decir, no tienen estabilidad en su cargo. Ello deriva en que su imparcialidad e independencia pudieran verse comprometidas por el riesgo de ser removidos en el caso de que tomen una decisión que no obedezca a los intereses políticos del Gobierno.
A esto se añade que para 2016 contábamos con 6,9 jueces por cada 100 mil habitantes. Para 2013, el promedio latinoamericano se ubicaba en 11 jueces por cada 100 mil habitantes.
También nos faltan policías (el estudio tomó en cuenta a la Policía Nacional Bolivariana y la policía científica CICPC, no la policía municipal). Entre 2006 y 2014 hubo una disminución en el número de funcionarios al pasar de 83.177 a 85.057. Para 2014 la tasa de efectivos por cada 100 mil habitantes era de 281, y en 2011 ese promedio en Latinoamérica se ubicaba en 368 policías por cada 100 mil habitantes.
El panorama mejora con la cantidad de fiscales y de defensores públicos. Los fiscales del Ministerio Público pasaron de 1.292 en 2004 a 2.246 en 2017, con un incremento de 44% y una tasa de 7,1 funcionarios por cada 100 mil habitantes. En 2011 el promedio en América Latina era de 7 fiscales. Pero el aumento en el número de quienes se encargan de imputar delitos en representación del Estado no va de la mano de la estabilidad de los cargos, pues sólo 1% de ellos son titulares, ni de la disminución de la impunidad en el país. Los crímenes sin castigo se evidencian por ejemplo en la cantidad de presos, con 50.892 para 2015 cuando en 2014 había 54.895 reclusos, aun cuando la tasa de homicidios aumentó de 82 a 90 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
En cuanto a los defensores públicos, hubo un importante aumento de 147% entre los años 2003 (607 defensores) y 2015 (1.500 funcionarios), pero tampoco este incremento ha sido cónsono con una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que el organismo suele ser un apéndice del Poder Judicial, el cual a su vez está sujeto a los designios del Ejecutivo Nacional.
Si se observa el presupuesto destinado al sistema de justicia se puede encontrar la explicación al creciente déficit de personal, de infraestructura y la falta de modernización de sus procesos en el ámbito nacional. Los recursos asignados a la totalidad del sistema representaron solamente 2,6% del presupuesto nacional en 2005. Para 2015 la situación había empeorado con una asignación de apenas 1,6% con respecto al balance nacional de ingresos y egresos, aunque la Constitución exige un mínimo de 2%.
El órgano que menos dinero recibe es la Defensoría del Pueblo, con apenas 0,00001% (2015) con respecto al presupuesto de la nación, mientras que el Poder Judicial (TSJ, Cortes de Apelaciones y Tribunales) está a la cabeza con 0,8%, habiendo representado su presupuesto 1,8% en el año 2001 y llegando a un máximo de 2,2% en 2007.
Por otro lado, si bien cada institución tiene en su página web información valiosa como sus informes anuales, presupuesto, recursos humanos y estadísticas no suele estar publicada o en el mejor de los casos es irregular en líneas generales, sea porque no se publica en determinados años del período en estudio o es incompleta.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Para que el sistema de administración de justicia funcione y sea eficiente necesita recursos, funcionarios, infraestructura y tecnología adecuados, así como modernizarse en cuanto a procesos, aparte de cumplir requisitos indispensables como la independencia y la imparcialidad, sólo de esta forma los ciudadanos podrán tener la garantía del acceso a una justicia justa y oportuna. Lamentablemente esta no es la realidad venezolana, en la que los órganos encargados de impartir justicia, con el TSJ a la cabeza del Poder Judicial, responden únicamente a los intereses del Poder Ejecutivo que ni así les asigna suficientes recursos, con la consecuente crisis institucional que padecemos y que ha sido reconocida por organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
Enlace al informe: https://goo.gl/GyQFv1
