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10 octubre 2017

Durante abril y agosto más de 200 ciudadanos fueron detenidos por protestar según FPV


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Durante las protestas antigubernamentales registradas en el estado Mérida entre abril y agosto de 2017, más de doscientos ciudadanos fueron detenidos por manifestar su derecho a la libertad de expresión  y la libre protesta, asimismo, varias personas fueron objeto   de maltratos crueles y denigrantes por los cuerpos de seguridad del Estado, refirió el Foro Penal Venezolano (FPV) Capitulo Mérida.

El representante de la ONG en la región, Fernando Cermeño, dijo a Caraota Digital que 29 ciudadanos están privados de libertad y son considerados “presos políticos” por el FPV, mientras que 11 enfrentan cortes  militares, “apelamos por la defensa de estos ciudadanos inocentes y exigimos la libertad de todos, no han cometido ninguna clase de delito y actualmente están enjuiciados de manera injusta violándose el debido proceso, además de las normas establecidas en la Constitución Nacional”, comunicó.
Explicó también, que más 150 de los ciudadanos son defendidos por la organización que representa.
Violaciones de derechos humanos fueron escaladas ante la OEA y UE
Respecto a la violación de los derechos humanos, Cemeño comentó que han elevado una serie de denuncias ante la Organización de Estado Americanos (OEA) con detalles del número de causas de lo sucedido a más de doscientas personas procesadas en la entidad, “nuestro director ejecutivo Alfredo Romero puso de manifiesto lo sucedido, una serie de denuncias sobre derechos humanos y delitos de lesa humanidad,  estamos convencidos que se han cometido en Venezuela y particularmente en Mérida contra ciudadanos que salieron a manifestar de forma pacífica”, expuso Cermeño.
El abogado defensor, aseveró que el informe realizado desde la organización que representa fue reconocido por la Unión Europea (UE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de la Tortura y el alto comisionado de la ONU, “es una de las fuentes principales que utilizan los organismos internacionales para constatar que en Venezuela hubo violación de derechos fundamentales a los ciudadanos disidentes del Gobierno nacional”.
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