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30 septiembre 2017

El apartheid del hambre

El acceso a la alimentación como arma proselitista queda en evidencia en la forma descarada en como los candidatos del PSUV a las elecciones regionales utilizan el programa, en el que solo tienen cabida sus supuestos seguidores, que seguramente no votarán por ellos porque saben que son los responsables de la tragedia que vivimos.
Esta semana se conoció que la mortalidad por desnutrición en los hospitales pediátricos ha aumentado en los últimos tres años en 260 %. Los niños venezolanos están muriendo de hambre. Esto sucede en un país que solo hasta 2014 había destinado mas de 2.400 millones de dólares a la compra de un millón de toneladas de comida. De esa suma, solo se habría entregado el 14 por ciento. El resto fue hallado en estado de descomposición en contenedores ubicados en Puerto Cabello, Valencia y Tinaquillo, en lo que se conoce como el caso Pudreval.
No había interés en distribuir los alimentos, comprados con sobreprecio y en su mayoría a punto de caducar, sino en obtener dólares preferenciales a través de sobornos a los responsables de asignar contratos en CASA, Veximca, Suvinca, Pdvsa-Pdval-Bariven y de certificar el ingreso al país, deber del Seniat, el Ministerio de Salud y la GNB.
Lo que debió ser un plan para alimentar a los sectores más vulnerables con la importación de alimentos a dólares preferenciales, terminó siendo el episodio mas escandaloso en la historia de la corrupción. Además, es el caso con mayor impunidad ya que ni un solo funcionario o contratista ha sido condenado por este macro fraude a la nación.
Robar los recursos destinados a la alimentación no sólo es un delito penal, es un delito contra los derechos humanos, es decir, contra los Derechos económicos, sociales y culturales de la Humanidad (DESC).
Más allá del perjuicio al patrimonio público hay un daño profundo e irreversible: la muerte de venezolanos por desnutrición. Se trata de una violación directa del derecho a la salud y a la vida.
En la actualidad, continúan las operaciones irregulares en la adquisición de alimentos por parte del régimen de Maduro. Los escándalos alrededor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción o programa CLAP, así lo confirman.
Como si fuera poco, a la corrupción se suma la discriminación política con la venta de las cajas CLAP, a las que solo tienen acceso los ciudadanos que poseen el denominado “carnet de la patria”.
El acceso a la alimentación como arma proselitista queda en evidencia en la forma descarada en como los candidatos del PSUV a las elecciones regionales utilizan el programa, en el que solo tienen cabida sus supuestos seguidores, que seguramente no votarán por ellos porque saben que son los responsables de la tragedia que vivimos.
El jefe del Centro Nacional de Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, ha dicho que “las cajas de los CLAP son solamente para los sectores “más vulnerables” de Venezuela, porque “las clases media y media alta tienen recursos suficientes para comprar en el mercado normal venezolano, e incluso traerlos importados”.
Nosotros nos preguntamos ¿A qué clase media se refiere Bernal? A la misma que eliminó este sistema anacrónico, fiel copia del fracaso cubano? La clase media venezolana no existe. Actualmente solo hay dos clases, los pobres, que son la mayoría, y los ricos, los enchufados y sus relacionados.
Estas declaraciones demuestran claramente que el régimen está consciente de que está condenando a morir de hambre a una gran parte de la población venezolana, a la que cínicamente considera de clase media, la cual en la realidad no tiene los recursos necesarios para comprar alimentos a los monstruosos precios que marca la hiperinflación generada por la corrupción y el despilfarro del propio régimen.
Tampoco es cierto que este programa llegue a la mayoría empobrecida en todo el país, como demuestran los altos indicadores de pobreza extrema y crítica que aumentan aceleradamente, así como el constante reclamo de los sectores populares por la ausencia de alimentos. No hay carne, no hay pollo y ahora ofrecen conejos como la gran solución. Es una burla macabra inaceptable.
Someter a un pueblo a la tortura del hambre y a la muerte por desnutrición de manera selectiva (los que no tienen el carnet de la patria) y sistemática (antes con Pdval y ahora con las cajas Clap), es una brutal violación de los derechos humanos que puede ser incluida en el expediente del Tribunal Penal Internacional de La Haya.
25 de septiembre de 2017
@TablanteOficial

Soy bolichico y no lo sabía


Entiendo que en Venezuela 25 millones de dólares es un choreo infantil de un aficionado menor, pero en mi vida pequeñoburguesa podría resolver, bien resueltas, a 25 generaciones de mis descendientes

Buscando un correo electrónico traspapelado. No sé si esta expresión cabe también para los papeles virtuales, comencé a buscar en diversas carpetas de mi correo. Abrí los llamados “correos no deseados”, carpeta en la que casi nunca suelo meterme, porque, como su nombre lo indica, uno no desea saber de la gente que te escribe por allí. Casi siempre se trata de cadenas, con lo despreciables que estas siempre suelen ser. Para mi sorpresa, me encuentro con un correo en inglés suscrito por el CEO del Banco Central de Nigeria, Dr. Godwin Emefiele. Como es del dominio público, CEO significa “Chief Executive Officer” por sus siglas en inglés, como dice la gente instruida. En la comunicación Mr. Godwin –entiendo que su nombre tiene como primer componente a Dios y de segundo ganar, es decir, Diosgana– me dice lo siguiente: “your name with all your information from our central computer stating that abandoned fund worth of $25,000,000,00 (Twenty Five Million United State Dollars) belongs to you, Please; I want to know from you the reason why you abandoned such big fund here in our bank”.
Lo primero que me vino a la cabeza fue responder de inmediato con un breve: “pussy panita, I forgot those reales, Can you transfer them to me from one?”. Es decir: “coño, panita, me olvidé de esos reales, ¿me los puedes transferir de una?” Acto seguido, pensé, lo primero que debo hacer es buscarme en la lista de Trump a ver si aparezco, si es el caso, debo buscar un paraíso fiscal. Ni siquiera me pregunté de dónde vinieron esos reales ni cómo me los gané, entre bolichicos nunca nos preguntamos esas cosas. Entiendo que en Venezuela 25 millones de dólares es un choreo infantil de un aficionado menor, pero en mi vida pequeñoburguesa podría resolver, bien resueltas, a 25 generaciones de mis descendientes: el futuro de los Márquez asegurado hasta el año 3015, por lo menos.
Esto debe ser una broma de Emilio, fue lo segundo que pensé. Tengo que googlear a Godwin. Para mi sorpresa, el hombre existe y Google dice que con toda certeza es el “governor” del Banco Central de Nigeria, donde se encuentra mi cuantiosa fortuna, que tiene 54 años, la foto muestra un señor afrodescendiente, cosa que es lógica porque Nigeria queda en África (además yo también soy afrodescendiente, mis padres también eran africanos de Canarias, así que estamos entre paisanos), es cabeza de una bella familia. ¿Y si la vaina es verdad? y si tengo ese dinero abandonado por allá y este señor se ha tomado la molestia, ha tenido la finesa de ubicarme, para devolverme mis fondos –obviamente mal habidos– porque un pobre de solemnidad sabe exactamente cuánto tiene y dónde lo tiene y el esfuerzo que te ha costado cada céntimo ahorrado. ¿Por qué metí esos reales en Nigeria? ¿Seré un bolisonámbulo?, fue lo otro que me pregunté. Existen Caimán, Suiza y la celebrada Andorra, que está a punto de ser declarada como territorio venezolano, por la abundancia de nuestros fondos allá. Why Naiyiria? Am I an stupid? Yes I do.
Seguí leyendo. Me dice el pana Godwin que como yo no he aparecido a reclamar esos reales, me los han depositado en una ATM card a mi nombre. Es decir a una tarjeta de débito. Y hasta me manda la clave, cuyo pin obviamente no voy a revelar. Ni que fuera yo bolsa para decirles que la clave es 2116. Los bolichicos somos astutos. ¡Godwin de mi vida, me vienen los escraches! –pensé– que yo esté en el Peter Luger Steakhouse, de lo más tranquilo, enfrentado a una punta argentina con una botella de vino Protos, del bueno y se me pare alguien enfrente: “¡devuelve esa carne, corrupto!", y uno vomitando todo. Comencé a odiar a la oposición que tanto he defendido. Son unos traidores todos, es verdad.
Dr. Godwin me pide que le mande mis señas: dirección, teléfono, mi cuenta bancaria y mi firma escaneada. Por favor, que algún bolichico con más experiencia que yo, me ayude: ¿qué hago, le mando todo?

29 septiembre 2017

Un mal comienzo

La confrontación en desarrollo en el país es de tal calado que no resulta posible empezar por el reconocimiento de las manifestaciones más puras o radicales de las posiciones políticas de cada parte.

La postura gubernamental de señalar públicamente que el reconocimiento por la oposición de la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, como instancia “plenipotenciaria”, es una de sus exigencias en la nueva fase de diálogo anunciada, es un grave error. En primer lugar, porque coloca ante la opinión pública de manera unilateral un asunto que, de haber sido planteado, debía mantenerse dentro de la confidencialidad de la etapa preliminar del ensayo de negociaciones. En segundo término, y esto es lo más importante, porque compromete de entrada su viabilidad y pone el acento donde no debe estar.
En una situación de extrema polarización y pugnacidad política como la que sufre Venezuela, que se ha prolongado por varios años y que ha sido estimulada por conflictos de gran intensidad y por la invocación oficial de una ideología totalizante que niega espacios legítimos para el pensamiento contrario, comenzar por una cuestión de principio vinculada a la expresión más reciente del antagonismo y de la fractura política es una demostración de insensatez o de ausencia de voluntad para la negociación.
La confrontación en desarrollo en el país es de tal calado que no resulta posible empezar por el reconocimiento de las manifestaciones más puras o radicales de las posiciones políticas de cada parte. Solo es factible partir de un arreglo práctico en el que los contendientes, sabiendo que de momento no pueden entenderse en relación con temas de fondo de enorme trascendencia, procuran identificar áreas de interés común en las que dar pasos coordinados, con el propósito de alcanzar una Paz verdadera, como iniciativa que acaso pueda conducir en un futuro a una reconciliación más amplia.
Cronograma y garantías
Por ejemplo, hay que discutir sobre el cronograma electoral, y acerca de las correspondientes garantías electorales, pues cabe suponer que ambas partes asumen como necesarias las consultas electorales pendientes de acuerdo con la Constitución y las que deben celebrarse en el 2018. También sobre el respeto a la Asamblea Nacional, pues no hay Democracia sin Parlamento, y así en relación con otros temas. El gobierno nacional, a su vez, considerará seguramente indispensable abordar asuntos económico-financieros ligados a la imperiosa obligación de detener la destrucción de las condiciones de vida de la población que avanza aceleradamente. En cambio, pedir a la oposición que sea reconocida la denominada Asamblea Nacional Constituyente es intentar doblegarla en uno de los planteamientos centrales de su denuncia nacional e internacional sobre la profundización de la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrida en Venezuela.

Una cosa es que dicho órgano, considerado con razón por buena parte de la nación como espurio, sea empleado por el gobierno para implementar acuerdos que deba cumplir en el marco del diálogo, lo cual puede ser asumido por la oposición como un hecho, sin que se entre en el debate sobre la legitimidad de ese órgano ni ello implique un reconocimiento, y otra muy distinta es que se quiera exigir a la oposición renunciar a principios sustantivos de su lucha para que pueda existir una negociación.
¿Confusión?
Pudiera aducirse que es contradictorio requerir respeto a la autonomía y atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y luego decir que es inaceptable solicitar a la oposición el reconocimiento de la supuesta Constituyente. Sin embargo, no deben confundirse estas demandas. La Asamblea Nacional no quiere ser “reconocida” por el gobierno, ya que su legitimidad no es controvertida, sino tan solo pretende no ser derribada por decisiones judiciales y gubernamentales arbitrarias que le impiden ejercer sus facultades constitucionales. A lo que aspira es a que la dejen trabajar, a que el Tribunal Supremo de Justicia le permita cumplir la función que es propia del Parlamento en una democracia.

Si hay buena fe en el llamado a la reapertura del diálogo, deben abandonarse las posturas inquisitoriales, en las que el progreso de las conversaciones se sustente en la abdicación por las partes de sus posturas de principio. Si la Paz que se pregona es verdadera, ha de comprenderse que ésta no puede lograrse buscando aplastar al adversario en las ideas que inspiran su acción, sino únicamente tolerándolas y esforzándose en hallar áreas de coincidencia en pro de un bien superior. El silencio y parálisis sepulcral que hoy se observa en las calles del país, que ni siquiera es tranquilidad pública porque la delincuencia hace de las suyas sin miramientos, está muy lejos de testimoniar la Paz que el gobierno dice haber logrado con la Constituyente y ojalá no sea un anticipo del tipo de diálogo que quiere llevarse a cabo y de sus consecuencias.

¿Una ley “constitucional” contra el odio?

..... permitiría sancionar cualquier expresión considerada ofensiva contra los representantes del régimen, se castigará “hablar mal de un funcionario”, criticar sus actuaciones o reprochar sus acciones, permitiendo o considerando peligrosa cualquier manifestación contraria a la “moral socialista”, a la cual se refiere el Código Penal de Cuba.

Como arma de retaliación política ante hechos de pretendida intolerancia, reclamos o crítica, el gobierno ha sacado a relucir un “proyecto de ley constitucional para la promoción y garantía de la convivencia pacífica”.
Sin duda, un valor fundamental que debe restablecerse en Venezuela, hoy dividida como nunca en dos bandos calificados como de buenos y malos, patriotas y traidores, escuálidos y revolucionarios, burgueses y “pueblo”, es la prédica y la práctica de una auténtica tolerancia que nos reúna como hermanos, a pesar de las diferencias, como ocurrió en una época que ya nos parece muy lejana, perdida en el tiempo y en el espacio.
Desde el poder, en estos últimos veinte años, se ha fomentado la violencia bajo la fórmula más perversa de la retórica del amor, en el contexto irreconciliable de una revolución “pacífica, pero armada” y la afirmación rotunda de que lo que no se obtiene con votos se puede lograr con las armas.
Pero, además, de las palabras y discursos se ha pasado a los hechos y se ha recurrido una vez más al fetiche legalista como efectiva amenaza contra la libertad de los disidentes, recurriendo a viejas normas penales ya cuestionadas por su amplitud, como la que consagra el tipo delictivo de la instigación al odio, inaplicable a los líderes oficialistas que hacen uso de la libertad de expresión cuando pronuncian sus discursos incendiarios y aprobándose en 2005 una retrógrada reforma del Código Penal que, entre otras cosas, repotenció los delitos de desacato o de ofensas a los altos funcionarios públicos, incrementó las penas para la difamación e injurias, incluyó la sanción expresa por los “cacerolazos” y, como trofeo reformista, aprobó el “terrorismo mediático” para castigar con prisión de dos a cinco años a “todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos publicitarios cause pánico en la colectividad o lo mantenga en zozobra” (art. 296-A).
Ahora, la propuesta de “ley contra el odio, la intolerancia y la violencia”, se ha planteado castigar con pena de prisión de 10 a 15 años a “quien públicamente fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona, en razón de su pertenencia a determinado grupo racial, religioso, político o cualquier otra naturaleza, basada en motivos discriminatorios”.
Con esta norma, viciada en su origen y de manifiesta e inconstitucional apertura típica que permitiría sancionar cualquier expresión considerada ofensiva contra los representantes del régimen, se castigará “hablar mal de un funcionario”, criticar sus actuaciones o reprochar sus acciones, permitiendo o considerando peligrosa cualquier manifestación contraria a la “moral socialista”, a la cual se refiere el Código Penal de Cuba.
Sin embargo, ya en el seno de sus proponentes se ha alertado sobre la no aplicación retroactiva de la ley y, tal vez, el propio ex fiscal general Rodríguez recuerde que impugnó la reforma de 2005 por considerar que la mayoría de las “nuevas normas” eran fórmulas abiertas contra el principio de legalidad y violatorias de derechos como la libertad de expresión.
Finalmente, no puede escurrirse el bulto y evadir la responsabilidad por la siembra de odio durante tantos años, lo cual hoy nos proporciona los frutos amargos que el sentir venezolano rechaza, apelando a una ley penal que no emana del órgano legislativo ni se ajusta a las exigencias garantistas del derecho penal.
@ArteagaSanchez

Venezuela y Naciones Unidas

Trump realizó una afirmación que ha sido particularmente recogida por quienes reseñaron su intervención, y es aquella de que “El problema de Venezuela no es que hayan implementado mal el socialismo, es que lo implementaron al pie de la letra”.
El hecho de que la problemática venezolana se haya situado literalmente en el ojo del huracán en el foro mundial de las Naciones Unidas, nos habla de las dimensiones del trance que actualmente atraviesa nuestro país.
Más allá de las consideraciones particulares que merezca de parte de cada quien esta destacada noticia, el hecho mismo de que haya sucedido nos habla de que ya es innegable la repercusión mundial de lo que sucede en estas tierras.
Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dedicado varios minutos a nuestra patria en su primera intervención ante la ONU, ha sido una noticia que ha dado la vuelta al mundo, colocándonos una vez más entre las informaciones más destacadas de la jornada, no solamente debido al hecho de que estemos pasando por un trance tan complejo, sino también a los niveles a los cuales ha llegado la inquietud por lo que sucede.
Trump realizó una afirmación que ha sido particularmente recogida por quienes reseñaron su intervención, y es aquella de que “El problema de Venezuela no es que hayan implementado mal el socialismo, es que lo implementaron al pie de la letra”.
Una sentencia de muchas aristas, que tiene demasiada tela para cortar. Tanta, que queremos localizar el foco sobre un matiz particular, y no para afirmar, sino para reflexionar y que cada quien saque sus conclusiones.
Según lo expresado por el mandatario estadounidense, podríamos concluir que nuestra patria no habría llegado a este estado de cosas por impericia de los gobernantes, sino –muy por el contrario– como parte de la ejecutoria de un plan que buscaría desmantelar la estructura del país para así poder dominarlo y someterlo.
Estamos, como dije líneas antes, literalmente en el ojo del huracán y por encontrarnos justamente en el momento más álgido, nos hallamos muy lejos de poder sacar conclusiones sobre lo que nos sucede.
Un diagnóstico al respecto solamente se podrá hacer con la distancia que brinde el tiempo, cuando quizá tengamos acceso a elementos que sin duda hoy permanecen solapados por el calor de los acontecimientos.
Otra intervención presidencial que mereció ser destacada, fue la de nuestro vecino de Colombia, Juan Manuel Santos. El accionar de este jefe de Estado ha sido cuestionado por unos y otros en el marco del devenir de los asuntos venezolanos.
Desde nuestro punto de vista, Santos opera políticamente y con pragmatismo. Unas veces nos gusta y otras no, esa es la realidad del ejercicio del poder. En esta oportunidad, su voz como el máximo representante del país más hermano del nuestro, suma a las alarmas que se encienden respecto a nosotros en el mundo.
Otras voces que se han sumado en el coro internacional son las de los mandatarios de Brasil, Michael Temer y de Argentina, Mauricio Macri; amén del mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien convocó una reunión de las naciones que conforman el Grupo de Lima y cuya posición sobre lo que vivimos es por demás conocida.
Trump también trató el caso venezolano en una cena en Nueva York con Macri, Temer y el dignatario panameño, Juan Carlos Varela.
Lamentablemente, desde el gobierno venezolano, la lectura de este acontecimiento es simplista, preconcebida y anacrónica.
Desempolvar el superado episodio de la guerra fría para afirmar que se está editando nuevamente y además creer que la autodenominada revolución es el ombligo de esta supuesta reedición, nos explica por qué no hay manera de que las cosas caminen hacia adelante en el país.
El liderazgo oficialista insiste en crear una épica ficticia para negar la realidad, y sin duda el primer paso para modificar a ésta, es reconocerla. Seguimos presenciando justificaciones y la construcción de elucubraciones de diversa índole para otorgarle una fachada y un barniz al fracaso de un proyecto político.
Fracaso que se mide directamente por la confiscación del bienestar de la gente que todos vemos en la calle, porque todos lo padecemos por igual.
En conclusión, el feedback que nos da la comunidad internacional, subraya la urgencia de encontrar una salida al punto muerto en el cual se halla nuestra situación. Y no se trata de una intervención internacional, ni mucho menos. Evidentemente, lo que pasa aquí se resuelve aquí y entre nosotros.
Lo que sí es cierto es que todo lo que nos acontece actualmente está cargado de tal intensidad, que rebota a la comunidad internacional. Y que, en tiempos de la odiada globalización se entiende con mucha más claridad cómo somos un planeta entretejido de relaciones sumamente complejas.
El ejercicio de ser reactivos, de responder con justificaciones y acusaciones sacadas del baúl de los recuerdos, ni soluciona ni suma. ¿Buscamos salidas o seguimos apegados a ficciones? Mientras no se tomen decisiones, el tiempo avanza en contra.

La ANC tiene su propio tribunal: la Comisión de la Verdad


Transformar derechos constitucionales como la libertad de expresión en delitos y además seguir promoviendo una política de persecución y represión no nos lleva a nada, es más, conduce a mayor división y odio
La Constitución en su artículo 49 establece que toda persona debe ser juzgada por su juez natural y no por tribunales de excepción o comisiones creadas para tal efecto. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) creó el 8 de agosto, mediante Gaceta Oficial Extraordinaria n.° 6.323 la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública; una especie de tribunal con poderes de investigación.
El objetivo de la instancia, en efecto, es investigar los “hechos de violencia por motivos políticos e intolerancia, así como las dinámicas colectivas conexas” ocurridos desde 1999 en adelante, para determinar las responsabilidades legales correspondientes e incluso las morales y políticas (artículos 3 y 11.9 de la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Tranquilidad Pública).
Para cumplir con esta labor, la ley que la crea establece en su artículo 7 que la Comisión de la Verdad estará integrada por catorce personas: tres miembros de la ANC; tres de las organizaciones de víctimas de la violencia política 1999-2017; el Fiscal General; el Defensor del Pueblo; un miembro de una organización venezolana de Derechos Humanos; dos personas designadas por su competencia profesional, integridad y ética, y tres diputados de la Asamblea Nacional nombrados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Como estos últimos no han sido designados por la MUD, por desconocer la constitucionalidad y legitimidad de la ANC, y por tanto de sus actos, la Constituyente procedió a nombrar a los restantes 11 miembros de la Comisión, todos los cuales tienen vinculación con el partido de gobierno o su ideología política, y asignó su presidencia a la misma titular de la ANC, Delcy Rodríguez.
Los informes de la Comisión de la Verdad, según el artículo 18 de su ley de creación son vinculantes (obligatorios), así como sus actuaciones en cuanto a investigaciones o solicitudes de información a funcionarios que en caso de que no sean atendidas pueden ser causal de destitución (artículo 13). Sin embargo, sus decisiones definitivas deben ser aprobadas por la ANC. También puede dirigir a la Constituyente todo tipo de recomendaciones: que dicte medidas cautelares o de cualquier otro tipo, que decrete amnistías o indultos, que tome medidas para garantizar la paz, entre otras (artículo 11).
Por otro lado, las actuaciones de la Comisión son confidenciales (artículo 14) y cualquier persona que sea llamada por esta debe atender la solicitud; en caso de negarse sin causa justificada puede ser obligada por la fuerza pública (artículo 15).
Como bien indica la ONG Transparencia Venezuela esta Comisión más que de la verdad parece ser de la venganza, ya que su objetivo verdadero es perseguir a la oposición política e incluso la diversidad de pensamiento. En este sentido, el propio Presidente ha expresado al respecto que “Por la vía de la comisión de la verdad se destape todo lo que ha sucedido y se investiguen los crímenes que se han conocido uno por uno, y los que no se han conocido y se abra un gran proceso de la búsqueda de la verdad y la reparación de la herida que la derecha le ha creado a Venezuela”. Las líneas de acción de la comisión también demuestran cuál es su verdadero objetivo.
Por si fuera poco, el artículo 4 de la ley de creación de la mencionada instancia de la ANC se refiere a la investigación de los hechos en los que se hayan violado derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, la libertad personal, la paz, el ambiente y el patrimonio público, pero no los relacionados con la libertad de expresión o el derecho de manifestación, a pesar de su importancia para que haya una verdadera democracia, tal como lo establece el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.
Vale aclarar que el marco legal completo bajo el cual actuará la comisión aún no tiene vigencia, ya que está pendiente la aprobación de la Ley para la Convivencia Pacífica y Contra la Intolerancia (conocida en los medios como la “ley del odio”), que contendrá la mayoría de los hechos a los que se refiere su ley de creación. Se ha advertido que el llamado proyecto de ley contra el odio prevé sanciones a personas que manifiesten en las calles "de manera intolerante" o a quienes graben insultos o críticas hacia funcionarios del gobierno, lo que demuestra que esta comisión no sólo no protege derechos humanos relacionados con la libertad de expresión, sino que los convierte en delito, lo que es propio de un régimen autocrático.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Transformar derechos constitucionales como la libertad de expresión en delitos y además seguir promoviendo una política de persecución y represión no nos lleva a nada, es más, conduce a mayor división y odio. Como bien dijo Gandhi: “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”; así nos estamos quedando en Venezuela, cada vez más enredados en la dinámica política, sin ver dónde está la salida a una crisis cada vez más agobiante.
Enlace a la nota:https://goo.gl/xruri4
Enlace a la infografía: https://goo.gl/ W7XYnU

19 septiembre 2017

Otorgaron libertad para “Mamá Lis” con varias medidas cautelares

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El miércoles fue su quinta audiencia de presentación en vista de que las anteriores habían sido diferidas. La información de su liberación fue dada a conocer por el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.
Caracas.- La noche del miércoles fue puesta en libertad –con varias medidas cautelares– la activista por los derechos humanos (DDHH), Lisbeth Auxiliadora Añez Tomi, conocida comúnmente como “Mamá Lis”.
La ciudadana fue imputada en tribunales militares por los presuntos delitos de rebelión militar y traición a la patria. Ayer fue su quinta audiencia de presentación en vista de que las cuatro anteriores habían sido diferidas.
Añez se encontraba recluida en El Helicoide desde el mes de mayo luego de haber sido detenida por el Sebin en el Aeropuerto de Maiquetía cuando esta se disponía a viajar a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico.
La información de su liberación la dio a conocer a través de Twitter Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano (FPV).
Fuente: El Universal.

Promesa electoral de Lacava: Otorgar boletas de excarcelación a detenidos en protestas

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  Las caras eran de confusión. Hermanos, primos, tíos y parejas de jóvenes detenidos durante manifestaciones de calle se veían entre ellos, comentaban que habían recibido una llamada misteriosa pero que los llenaba de esperanza. Algunos caminaban con ansiedad por los pasillos de un reconocido hotel de Naguanagua, otros esperaban sentados que los familiares directos de los imputados — papá y mamá — salieran de la reunión a la que los invitaron con la presencia del candidato oficialista a la gobernación, Rafael Lacava, y la juez del tribunal 6to en funciones de control militar, Luz Mariela Santafé Acevedo, para negociar libertades.
Todo indicaba que se trataba de una promesa propagandística ¿”Acaso están utilizando a los presos políticos para fines electorales?”, se preguntó Luis Armando Betancourt, coordinador regional del Foro Penal Venezolano (FPV) al recibir la denuncia de familiares de tres casos que él asiste jurídicamente.
En el encuentro, que se dio la mañana del miércoles 6 de septiembre, hubo comida, jugo, café y una conversación con los comentarios irreverentes de Lacava. La juez llegó. Pero la boletas de excarcelación no.
“Hasta medicinas y dinero nos ofrecieron ahí adentro. Es una burla”, expresó consternada la madre de uno de los jóvenes detenido mientras manifestaba el pasado 20 de julio en La Isabelica, y que se encuentra en la cárcel de Uribana en Lara, junto a otros 10 jóvenes que han sido torturados en varias oportunidades.
El candidato se comprometió a mediar para otorgar las libertades en los próximos días. Betancourt explicó que a cada uno de esos 30 aprehendidos, cuyos familiares fueron convocados para el encuentro en el lujoso hotel, les corresponde la libertad por derecho ya que han transcurrido los 45 días de prisión preventiva y aún no han sido llevados a la audiencia preliminar.
Betancourt fue claro: “Nosotros estamos a favor de las medidas que aceleren la libertad de los presos políticos y en ese contexto estamos dispuestos a realizar todos las acciones necesarias para que se materialice la libertad, pero bajo ningún concepto vamos a tolerar que se utilice a los presos políticos y a sus familiares para fines de obtener un voto ni por parte de la oposición ni del gobierno. Así no debe ser manejado el tema de los Derechos Humanos y menos jugando con la libertad de las personas”.
La reunión de Lacava con la jueza indica la falta de autonomía del poder judicial, además de confirmarse  la condición de presos políticos que efectivamente tienen estas personas y otros más, según Betancourt. “Quedó en evidencia que son casos manejados a discreción por el Gobierno”.
La tarde del miércoles se materializaron varias libertades. “Desconocemos si fue producto de la reunión. Esperemos que sea producto de la aplicación de los principios y garantías establecidos en la Constitución”. Betancourt insistió en que si el candidato a la gobernación, o cualquier otra persona, quiere trabajar en la liberación de los presos políticos, que impulsen la Ley de Amnistía ya propuesta por el Foro Penal Venezolano.
Fuente: El Carabobeño.

410 detenidos en protestas siguen procesados por los tribunales militares

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Salvo algunos casos puntuales, como el de Lisbeth Añez, no se han producido declinaciones a jurisdicciones ordinarias
La promesa que hizo Delcy Rodríguez, presidente de la asamblea nacional constituyente, y el fiscal designado por esa instancia, Tarek William Saab, de remitir a los tribunales ordinarios los casos de civiles detenidos en las protestas que estaban siendo procesados por la justicia militar, no se ha cumplido, de acuerdo con el Foro Penal Venezolano y la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz.
Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal, indicó que durante las protestas en el país, entre abril y julio, 726 civiles fueron presentados en jurisdicciones militares; de ese grupo 410 personas aún se encuentran privadas de libertad, a la espera de la audiencia preliminar o de la conclusión de las investigaciones que llevan los tribunales castrenses.
Pese a ser civiles, fueron acusados de delitos que están establecidos en el Código de Justicia Militar como traición a la patria, rebelión militar, agavillamiento, ultraje al centinela, sustracción de efectos y de equipos de la Fuerza Armada, y violación del perímetro de seguridad.
El 11 de agosto, Saab indicó que el Ministerio Público “revisaría” al menos 72 casos de civiles procesados por la justicia militar que corresponden a la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido una posición oficial respecto a esas causas y los abogados que forman parte de la defensa de algunos de los detenidos afirman que no ha habido declinaciones consecuentes de la actuación del gobierno.
Solo en casos concretos ha habido declinaciones, las cuales han sido durante las audiencias preliminares luego de someter a prisión a los acusados. Como ocurrió el miércoles con ocho personas, entre ellas la activista por los derechos humanos, Lisbeth Añez, que luego de cuatro audiencias diferidas compareció ante el juez del Tribunal Militar 4º de Control del estado Vargas, en el que le dictaron libertad condicional con medidas cautelares que fueron fijadas por un juzgado ordinario.
“Están declinando las competencias, pero mantienen el proceso. Eso es algo completamente irregular, porque si se declina la competencia quiere decir que nunca el tribunal fue competente al caso. No se justifica, entonces, que siga el juicio. Lo que se debe es anular todo y remitir las actas al Ministerio Público ordinario y no al militar”, manifestó Himiob.
Según los abogados, las declinaciones no responden al acuerdo de la ANC sino a que, en la mayoría de los casos, no existen elementos suficientes para que los acusados sean imputados o las personas han sido víctimas de la violencia por parte de funcionarios de seguridad del Estado.
“Están mas politizados los tribunales civiles que los de jurisdicción militar”, manifestó Andrés Colmenares, director de Funpaz. Aseguró que, pese a que es una irregularidad que los ciudadanos sean procesados por un juez militar, en varios casos los jueces han actuado de manera “más ecuánime”.

El dato
21 personas de Lara y Carabobo quefueron detenidas durante las protestas están presas en Uribana por orden de jueces militares. Están en riesgo de contraer tuberculosis, debido a las condiciones de reclusión, denunciaron sus abogados Eliécer Jiménez y Abraham Cantillo.

Promesas incumplidas
Delcy Rodríguez
presidente de la ANC
“Recibimos una comunicación del presidente Nicolás Maduro solicitando que los casos llevados ante la jurisdicción militar sean declinados ante la jurisdicción ordinaria. Daremos inmediata ejecución a esta solicitud” (15 de agosto de 2017)
Tarek William Saab
Fiscal designado por la ANC
“Es necesaria una repuesta rápida. En cada caso de civiles presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar podrá solicitarse ante el TSJ que dirima si concierne a esta jurisdicción la imputación de estos ciudadanos”. (11 de agosto de 2017)
Nixon Leal
Fundador de Jóvenes Venezolanos
El miércoles fue liberado con medidas cautelares Nixon Leal, quien estuvo preso en El Helicoide desde el pasado 3 de mayo cuando lo detuvieron al salir del hospital Domingo Luciani, luego de entregar insumos médicos a los jóvenes heridos en las manifestaciones.
Estuvo desaparecido dos días después de la detención y fue imputado por traición a la patria por el juez del Circuito Judicial Penal Militar del Fuerte Tiuna. Leal fue señalado por el vicepresidente Tareck el Aissami de liderar una “célula armada”.
Alberto Cabrera
Periodista de Voluntad Popular
Luego de ser procesados por el Tribunal Militar 18º de Control del estado Zulia, el periodista Alberto Cabrera y otras 12 personas, entre ellos el concejal Ángel Machado detenidos en Maracaibo, fueron recluidas en el Centro de Procesados Militares de Santa Ana en el estado Táchira.
El pasado 29 de julio la juez castrense, a cargo de ese juzgado, teniente de navío Ana Méndez, les dictó privativa de libertad por los delitos de rebelión militar, ultraje al centinela, ofensa y menosprecio a la FANB.


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Zulia, Miranda, Aragua y Carabobo, los estados con más presos políticos


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  El Foro Penal contabiliza 566 presos políticos en Venezuela, y de esa cantidad 67 están recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide en Caracas.
La ONG de derechos humanos publicó en Twitter el mapa de Venezuela donde detalla cuales son los estados con mayor número de presos políticos y cuales son los centros de reclusión que albergan a más privados de libertad por adversar al régimen.
Zulia con 130, Miranda con 80, Aragua 73 y Carabobo con 72, son las entidades con más presos políticos. Le siguen Distrito Capital con 44, Bolívar con 31, 29 en Táchira, 27 en Mérida, 20 en Falcón, 13 en Lara y Portuguesa, ocho en Barinas, siete en Nueva Esparta, cinco en Anzoátegui, cuatro en Sucre, tres en Monagas y Cojedes, y dos en Apure y Amazonas.
Sobre a los sitios de reclusión:103 personas tienen arresto domiciliario, 67 están en El Helicoide, 62 en Ramo Verde, 44 en la cárcel de Santa Ana, 33 en la cárcel 26 de Julio, 31 en destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana, 23 en el Comando de la Ciega, 23 en centro de arrestos y detenciones preventivas de Cabimas, 20 en La Pica, 20 en el CORE 2, Desur Maracaibo 16, 12 en comando policial del estado, 10 en Uribana y 10 en El Dorado, y otros 70 presos se encuentra en diferentes reclusorios.
Fuente: El Carabobeño.

ANGELLY PERNIA #MeCuadroConEllas

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Angelly Pernía dice que no cree en la justicia, y no es para menos después de lo que vivió. En el marco de una protesta estudiantil, fue atacada por un grupo de siete funcionarios de la Guardia Nacional que la identificaron como dirigente estudiantil: “El primer golpe lo sentí con el casco en la parte de la nuca, luego me arrodillan en el piso y me dan golpe en los riñones y vientre y me escupen”. La trasladaron hasta la Residencia de Gobernadores, donde continuaron las agresiones dentro de la patrulla. El gobernador y su esposa estaban ahí y con las pocas fuerzas que le quedaban de la golpiza, Angelly gritaba para llamar su atención: “Para callarme me rocían con cloro y con gasolina, y uno de los funcionarios, muerto de la risa, me dice que me va a prender, que eso va a ser culpa mía” La trasladaron al cuartel de Politáchira y la metieron en una celda de castigo. Pese a tener una hemorragia uterina intensa, producto de la golpiza, le impidieron cambiarse de ropa o siquiera ponerse una toalla sanitaria. En medio de irregularidades, la sentenciaron a 15 años de cárcel, pues le sembraron un bolso con explosivos de Cavim. La juez, sin embargo, accedió a trasladarla a un hospital por el sangrado. Tuvieron que operarla pues, entre otras cosas, tenía un ovario desgarrado por los golpes que le dieron. Después le dieron una medida cautelar. La valiente historia de esta joven forma parte de nuestra campaña #MeCuadroConEllas.
FUENTE: https://foropenal.com/2017/08/17/angelly-pernia-mecuadroconellas/