Las diez personas entraron al hemiciclo. Caminaban lento. En sus caras se expresaba el cansancio, el dolor y hasta la confusión luego de más de dos meses de búsqueda frustrada. En esa fila había madres, hermanas, tíos y vecinos de los 14 desaparecidos, la mayoría asesinados por funcionarios del Ejército, en Barlovento.
Jenny Díaz recordó el relato de su hijo de 17 años, uno de los sobrevivientes. “Le pegaban con las peinetas de los Fal (fusiles) en las rodillas y en la cabeza. Le metieron corriente en sus partes íntimas, en las nalgas y en el cuello. Fue torturado. Lo amarraron por órdenes del teniente coronel José Ángel Roa Córdoba, él era quien daba las órdenes de como tenían que ser torturados los muchachos”, narró desde la tribuna.
Antes de terminar expresó una frase contundente: “Somos pobres, pero no somosdelincuentes (…) de verdad”.
Algunos diputados del chavismo miraban a los dolientes. Otros revisaban sus celulares. Todos se mantenían en silencio.
La hermana de Freddy Hernández, una de las víctimas que sigue desaparecida, afirmaba de nuevo que ninguno de los cuerpos que están en la morgue de Bello Monte pertenece al de Freddy.
Cuando los testimonios terminaron, Gilberto Pinto (Psuv) pidió un derecho de palabra. Subió al estrado, aseguró que se trataba de un hecho aislado y pidió que se le leyera de nuevo el comunicado del ministro de Interior y Justicia en el que se rechaza la masacre.
“¡Cínico!”, le gritaron desde la bancada de oposición y él respondió: “no es cinismo, diputada, los militares están degradados”.
Cuando Pinto recordó la masacre de El Amparo y de Cantaura para argumentar que las fuerzas de seguridad perseguían y asesinaban en el pasado (denominada cuarta república), la diputada Dinorah Figuera empezó a corear “¡no a la OLP, no a la OLP!” que fue replicado por el resto de la bancada.
El parlamentario chavista finalmente se acercó a la fila de personas y a la diputada Delsa Solórzano (MUD), presidenta de la comisión de Política Interior que investiga el caso. En las pantallas del hemiciclo se reflejaban imágenes del diputado gesticulando, defendiendo su postura mientras que la parlamentaria negaba con la cabeza y lo miraba con asombro.
Uno a uno, desde la bancada del oficialismo se fueron acercando a los familiares de las víctimas para conversar. El jefe dela fracción Héctor Rodríguez (Psuv) fue uno de éstos. Uno de los afectados le hablaba con ademanes fuertes y Rodríguez asentía con la cabeza.
Teodoro Campos (MUD) denunció que si en los siete días en los que estuvieron detenidos los jóvenes, recibiendo tratos crueles y degradantes, los comandos militares superiores hubieran actuado se hubiera salvado sus vidas. Por lo que exigió se enjuiciaran no solo a los autores materiales sino a todos los superiores de estos comandos.
Campos señaló que aunque solo nueve familias reconocieron a sus familiares, y muchas de ellas esperan todavía el resultado de los exámenes de ADN, el director de la morgue le informó que los 12 cadáveres ya habían sido entregados este 29 de noviembre.
El diputado Miguel Pizarro (MUD) se preguntó por qué, si es un operativo de seguridad ciudadana, los funcionarios irrumpen en las casas con armas de guerra. “Basta de criminalizar a los pobres”, dijo.
Para que el acuerdo en rechazo a la masacre fuera aprobado, los diputados de oposición tuvieron que reunirse más de una hora con los del chavismo en la antecámara de sesiones.
El Bloque de la Patria pidió que se eliminara la afirmación de que los funcionarios eran miembros de la OLP y en su lugar se colocó que los militares se habían identificado como integrantes de la OLP, según los testimonios de los familiares y sobrevivientes.
En la fracción rojita argumentaban que en estos procedimientos autorizados el Ministerio participan funcionarios policiales y no militares e insinuaban que los miembros del Ejércitoque se identificaron como OLP, estaban usurpando funciones.
El diputado Roque Valero -quien repartió el acuerdo en la bancada para que sus compañeros estamparan sus firmas- salía de la antecámara por momentos, al igual que la diputada Solórzano.
Finalmente, Víctor Clark (Psuv) llevó el acuerdo final a Secretaría donde sería transcrito.
Minutos después apareció Solórzano con el documento entre las manos en uno de los pasillos del Palacio y le hizo una seña al presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup (MUD), para que supiera que estaba listo.
Así se aprobó por unanimidad el acuerdo en rechazo a la masacre de Barlovento, que condena la desaparición forzada de estas personas y establece la creación de una comisión mixta de investigación que estará integrada por Solorzano, Teodoro Campos, Marcos Bozo, Edgar Zambrano más dos diputados del Psuv que deben ser designados.
En esta sesión también se aprobó un acuerdo sobre los efectos económicos de la escasez de efectivo y se difirió por segunda vez la segunda discusión del proyecto de Ley de Producción Nacional.
El diputado Franco Casella fue juramentado en sustitución de la diputada Mariana Hernández, quien renunció por motivos personales.
