Búsqueda personalizada

17 noviembre 2016

Un “guiso” familiar milmillonario se destapó en la Asamblea Nacional

 Autor: 
asamblea-guiso
La corrupción en Pdvsa, la sentencia del TSJ sobre la facultad de la AN para determinar responsabilidades políticas y la criminalización de la protesta encendieron el debate en el hemiciclo este miércoles.
Las 10 cajas de cartón blanco fueron colocadas junto a la tribuna de oradores. Cada una estaba marcada con etiquetas en las que se identificaban los nombres de los casos en letras grandes y rojas.
La montaña de papeles contenidas en esas cajas era la prueba del “caso conclusivo más grande de toda la historia de Venezuela en materia de corrupción”, en palabras del presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.
En total, se “perdieron” $11 mil millones con los que se pudieron costear “cinco millones de tratamientos oncológicos, construir 15 millones de casas, cubrir 425 años de presupuesto de todas las universidades o comprar 68 platos navideños por (cada) venezolano”, de acuerdo con las estimaciones que maneja el parlamentario.
Guevara exponía los casos ante las curules vacías de la bancada chavista, que se retiró nuevamente del hemiciclo tras argumentar que no había cuórum reglamentario. El diputado Francisco Torrealba (Psuv) llegó a decir en los jardines del Palacio Federal Legislativo que tenía “mejores cosas que hacer” para perder el tiempo.
El expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, fue señalado como principal responsable del “guiso”. El nombre de dos de sus supuestos familiares (Diego Salazar y Jesús Luongo) también resonaron en el hemiciclo.
Luongo es vicepresidente de Refinación de Petróleos de Venezuela.
Expresiones como “monstruo de la corrupción” y “actor de reparto” se escucharon decir en la fracción opositora en alusión a Ramírez, incluso se llegó a decir que “la cadena perpetua no sería suficiente”.
El debate -que se extendió por casi dos horas- concluyó con la aprobación de un acuerdo en el que se declara la responsabilidad política del expresidente de Pdvsa y se exhorta al presidente Nicolás Maduro a destituirlo como embajador ante la ONU.
“¡Aprobado por unanimidad!” expresó el presidente del Parlamento Henry Ramos Allup a modo de chiste.
La sentencia 948 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que prohíbe declarar la responsabilidad política de Maduro y convocar actos que “alteren el orden público” también fue tema de debate.
Entre el público invitado, en uno de los balcones del hemiciclo, estaba Junior Ayala. El parche en su ojo izquierdo lo diferenciaba del resto. Cuando escuchó su nombre en voz de la diputada Delsa Solórzano, se levantó de la silla.
“Quiero aprovechar de saludar a Rafael Ayala que está allá arriba, un héroe de Venezuela que perdió un ojo gracias a la actuación de los cuerpos armados del Gobierno. La Policía de Barinas lo agredió brutalmente y por culpa de esa terrible e indebida actuación, nuestro valiente amigo hoy está aquí con nosotros Y me parece muy oportuno que esté hoy acá por la sentencia que hoy nos ocupa”, manifestó.
La parlamentaria aseguró que la sentencia es nula porque “está viciada en el proponente mismo” y “criminaliza” la protesta.
Ramos Allup también intervino para cerrar el debate. Tomó una copia de la sentencia, la levantó y luego la lanzó con desdén en su escritorio, tras afirmar que la decisión es “de ejecución imposible”.
“Esta acción que este señor, que no es Procurador ni es nada, ha preparado es un pasticho. Mezcla una acción de amparo sobre facultades, para lo cual no procede la acción de amparo y, a su vez, nos dicta una especie de prohibición para que no podamos convocar manifestaciones porque, violando otro principio que es el de la individualidad de la acción penal, pretenden responsabilizarnos de cualquier hecho de violencia que se produzca en una manifestación pública”, explicó.
El diputado Luis Silva enseñaba sus carteles, ya representativos, mientras se debatía el punto.
La máxima autoridad del Poder Legislativo leyó con una pausa dramática la sentencia 1.338 del 25 de junio de 2002, que establece que la responsabilidad política se aplicará a los funcionarios públicos, incluyendo al Presidente.
“No sé qué pujido intelectual han debido hacer para llegar a la conclusión de que el Presidente no es funcionario público, entonces ¿qué es, funcionario privado?”, preguntó a la cámara mientras de fondo se escuchaban las carcajadas de la diputada María Teresa Pérez.
Ramos Allup advirtió que el Gobierno “hace el simulacro de que quiere el diálogo, pero lo sabotean en la práctica” con este tipo de acciones desde el TSJ y que si para el próximo fin de semana no daba resultados “de carne y hueso”, en la oposición tendrán razones suficientes para decirle al Vaticano que “el país no puede seguir en manos de forajidos”.
La sesión terminó con la aprobación de un acuerdo que condena “el activismo político y la falta de independencia” de la Sala Constitucional. La reforma parcial de la Ley de Puerto Libre para el estado Nueva Esparta también recibió los votos favorables en su primera discusión.