Las condiciones laborales en el Poder Judicial
son precarias, con salarios totalmente devaluados lo que afecta a más de
25 mil personas, así como a más de diez mil jubilados y pensionados
Una
profunda injusticia social caracteriza la política laboral en el Poder
Judicial. Expresión de ello es la mora en la discusión de la Convención
Colectiva, vencida desde junio de 2007, situación que afecta un universo
de 25.000 personas. Otro rostro de este drama es el desconocimiento de
los derechos de más de 10.000 personas jubiladas y pensionadas, a
quienes se les discrimina en sus ingresos al no incrementarse su
asignación proporcionalmente a los aumentos salariales -cuando los
hay-, percibidos por el personal activo.
La guinda de la torta es la problemática
que aqueja al movimiento sindical del sector: dividido, ilegalizado en
la práctica y disperso. Si bien tal condición se presenta en muchas
organizaciones sindicales, en el caso del Poder Judicial es
lamentablemente usada por una gestión institucional que, al menos hasta
la presente fecha, desconoce el derecho a una remuneración digna y
justa, establecido en el artículo 91 de la CRBV.
¿El resultado? La migración de
profesionales y técnicos. Por otro lado, quienes permanecen en el Poder
Judicial sufren la peor de las humillaciones al verse bajo el acoso,
además de los miserables salarios, de la falta de agua en los sanitarios
y el mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado en muchas
sedes judiciales, así como la escasez -en algunos casos, la ausencia
absoluta- de papel y de tinta. Las decisiones judiciales se imprimen en
hojas reusadas por una de sus caras. A ello se unen los precarios
escritorios y ascensores que no siempre funcionan, más el aderezo de una
arbitraria distribución de bolsas con 3 o 4 productos regulados por
persona, cada 20 o 25 días, previa cola, y sin igualdad alguna entre los
circuitos judiciales del país.
Habría que sumar a este panorama la
creciente animadversión que siente la población hacia el Poder Judicial.
Y es que el rechazo popular hacia las decisiones de ciertos Juzgados,
en el caso del acceso a las medicinas, por ejemplo, o en el de la
constitucionalidad de algunas actuaciones del Ejecutivo, podría
constituirse en un factor estresante para la masa laboral tribunalicia,
como nos han comentado fuentes directas del sector. El aumento de causas
judiciales que generan tensión política en la sociedad y el
despliegue, cada vez más frecuente de inusitadas medidas de seguridad en
las sedes tribunalicias, expone a riesgos diversos tanto la vida como
la salud y la integridad personal de quienes laboran en los órganos de
la administración de justicia.
De estos riesgos laborales, por cierto,
no se ocupa el TSJ, la DEM, ni el INPSASEL. Ello contrasta con el
interés y la diligencia en la actuación de una de las cortes contencioso
administrativas de Caracas, que prohibió manifestaciones cerca del CNE
dizque para preservar la seguridad del personal de ese organismo. Me
dijo una trabajadora judicial que intentó denunciar la degradación
general de las condiciones y medio ambiente laboral en INPSASEL, pero en
ese organismo del Ministerio del Trabajo le dijeron que no reciben
denuncias sobre entes públicos y menos de la DEM o del TSJ.
Ahora bien, a este cúmulo de
irregularidades se suma el entorno que rodea a la administración de
justicia: delincuencia, inseguridad, inflación pavorosa y violencia
sociopolítica. Pero ni el TSJ ni la DEM, abonan para ocuparse del
personal Judicial, sus jubilados y pensionados con sentido de equidad.
Este mes hubo un ajuste salarial apenas del 20%, retroactivo a marzo, y
otro del 30% desde mayo. Ambos se diluyen ante una pérdida del poder
adquisitivo de la moneda ubicado en más del 500%.
Por sus recordadas luchas, el personal
judicial fue el segmento laboral mejor pagado del sector público hace
escasamente una década, pero hoy bajó al foso más profundo por sus
pésimas condiciones de trabajo y por la depauperación generalizada de la
administración justicia. Es patética esta cara que exhibe el Poder
Judicial, sobre todo cuando su cabeza visible pretende dar lecciones a
un país que clama justicia.
