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16 febrero 2016

Magistrados se preparan para dejar sus sillas


Magistrados de la AN

Jueces con trayectoria política, proceso acelerado de escogencia y autodesigaciones están detrás del nombramiento de los recién ocupantes del TSJ
Los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumieron sus cargos el pasado 23 de diciembre con más sombras que luces ante una moribunda Asamblea Nacional (AN), que se notó apresurada para escoger a los representantes de la máxima casa del Poder Judicial cuyas vacantes no debieron quedar libres sino hasta 2016. El pasado martes 26 de enero los nuevos parlamentarios designaron a una Comisión Especial para estudiar la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del TSJ e investigar si hubo fallos o no en el proceso de escogencia de los jueces.

Aunque todavía no hay un informe final, hay casos que de entrada es necesario explicar, como el de Celeste Josefina Liendo Liendo, quien pareciera haberse pagado y dado el vuelto porque en la Gaceta Oficial 40.509, del 1 de octubre, fue designada como miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano consultivo, y en la Gaceta 40.816, del 23 de diciembre, quedó designada como magistrada suplente de la Sala Constitucional.

La designación de los Magistrados no se realiza según los parámetros de los artículos 264 y 265 de la Constitución, de los cuales se desprende que debe hacerse contando con la aprobación de los dos tercios del Parlamento. En su lugar se aplica el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) el cual es inconstitucional y habilita la designación de los Magistrados con una mayoría simple después de 3 sesiones en las que no se llegue a una mayoría calificada.

Además de ello, el Comité de Postulaciones estuvo conformado por cinco diputados del Partido Socialista Unido De Venezuela (PSUV) el cual, de acuerdo a la Constitución, (art. 264 ) debe estar integrado por "representantes de los diferentes sectores de la sociedad".

INVESTIGACIÓN CON OBSTÁCULOS
 
La Comisión de la AN debió arrancar la investigación desde cero porque, pese a la importancia que amerita, el expediente del proceso de selección y designación de los magistrados está incompleto, no está foliado, no tiene ningún tipo de protección y faltan 32 de los 34 currículos.

Carlos Berrizbeitia, diputado y presidente de la instancia, explica que esta comisión especial revisa si el proceso en la selección de los magistrados cumplió administrativamente con los requisitos de la Ley Orgánica del TSJ, la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. "Estamos revisando el expediente, más el proceso que se hizo para ver si hay violaciones del marco jurídico que marcan el proceso para la elección de los magistrados", agrega.

Si la Comisión determina que el proceso fue viciado la Asamblea Nacional tiene la potestad de rectificar la decisión, amparados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual establece en el artículo 81 que la Administración Pública "podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios". Además los artículos 83 y 84 de la misma norma señalan que "la administración pública podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella" y "podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos".

Berrizbeitia señala que una decisión de este tipo en una instancia tan importante como el TSJ no tiene precedente y agrega que "la Asamblea Nacional es la que elige a los magistrados del Poder Judicial, pero lo hace bajo un proceso legal, si este estuvo viciado y no estuvo en el marco legal por supuesto nosotros, como poder independiente, podemos anular el proceso de escogencia". También afirma que independientemente de que los magistrados hayan cumplido con todos los requisitos, si se comprueba la nulidad del proceso, éstos quedarían invalidados.

En otro orden de ideas, el parlamentario afirma que en los últimos años se ha utilizado el TSJ como herramienta política y no como instanciapara impartir justicia.
Considera que para que exista una democracia sólida y seria es necesario "que los poderes sean totalmente independientes y que las instituciones funcionen".

SIN RESPUESTAS
 
El pasado 19 de enero la Comisión Especial para estudiar la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del TSJ envió un comunicado a la presidenta del TSJ, Gladys Rodríguez, para solicitar los currículos académicos de los magistrados designados. La comisión aclara en la misiva a Rodríguez que los documentos están incompletos en el expediente que reposan en la División de Archivo de la AN. Esta solicitud hecha por los parlamentarios está apoyada en el principio constitucional de colaboración de los poderes públicos, establecidos en el artículo 136 de la Carta Magna. La Presidenta del TSJ no respondió la solicitud y la Comisión la reiteró el 27 de enero.

DE ALÓ PRESIDENTE A MAGISTRADO
 
Uno de los currículos que está en el expediente incompleto es el del magistrado Christian Zerpa, quien votó por sí mismo para el cargo porque cuando se designaron a los jueces fungía como diputado de la Asamblea Nacional saliente.

Aunque los magistrados no deben tener nexos políticos, los de Zerpa son irrefutables. Comenzó siendo miembro del Comando Táctico Municipal del Movimiento V República (MVR) en el estado Mérida y fue responsable del Padrón Electoral para el Referéndum Revocatorio del 2004.

En 2005 y 2006 Zerpa fue director de Relaciones Presidenciales del Despacho la Presidencia, responsable de la elaboración del listado de invitados y de la convocatoria del programa Aló Presidente. En 2007 y 2008 continuó muy cerca de Hugo Chávez, esa vez como Viceministro de Relaciones Presidenciales y estuvo encargado de la agenda del difunto mandatario. Su currículo también revela que estuvo en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en el Ministerio de Interior y Justicia. Antes de formar parte del máximo tribunal del país fue diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Exterior

01 febrero 2016

Juristas se oponen a aumento de número de magistrados del TSJ

Miembros del Bloque Constitucional de Venezuela en la AN | foto: runrunes




El Bloque Constitucional prefiere que la AN revoque las designaciones realizadas en 2014 y 2015
Luis Alfonso Herrera, Cecilia Sosa y Blanca Rosa Mármol de León consideran un error repetir la estrategia del chavismo para someter al Poder Judicial 

27 DE ENERO 2016 - 12:01 AM

El aumento del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fue una controversial estrategia utilizada por el oficialismo para afianzar su control hegemónico del Poder Judicial. Por ello los voceros de las organizaciones no gubernamentales Un Estado de Derecho y Bloque Constitucional se oponen a repetir “un artificio” que burla el rigor de la carta magna para garantizar la autonomía e independencia de los órganos de administración de justicia.
“Sería lo mismo que se hizo con el impulso del tristemente célebre Luis Velásquez Alvaray en 2004, cuando el chavismo aumentó el número de magistrados de 20 a 32”, advirtió Luis Alfonso Herrera, director de Un Estado de Derecho.
El golpe de Estado de abril de 2002 causó un cisma en el oficialismo, pues Luis Miquilena, otrora mentor del fallecido presidente Hugo Chávez, le retiró su apoyo al gobierno y pasó a las filas de la oposición. Esa división se reprodujo en el TSJ y se puso en evidencia en la sentencia que absolvió a los militares involucrados en el golpe, con una votación cerradísima de 11 votos a favor y 9 en contra. Chávez calificó el fallo como “una plasta”.
En 2004, el diputado Pedro Carreño presidía el Comité de Postulaciones Judiciales y, sin pruritos, dijo: “Vamos a estar claros: nosotros no nos vamos a meter autogoles. En el grupo de los postulados no hay nadie que vaya a actuar contra nosotros”. En el acto de juramentación de los nuevos magistrados, el 14 de diciembre de 2004, el entonces diputado Nicolás Maduro expresó: “¡Son ustedes la cabeza de la revolución judicial que sustenta el Estado democrático que apenas estamos construyendo!”.
Y hay un precedente previo. En marzo de 2000, por decisión de la Comisión Legislativa que se instaló después de la Asamblea Nacional Constituyente, se elevó de 15 a 20 el número de magistrados del TSJ. En esa oportunidad, Miquilena confesó públicamente que los nuevos rectores del Poder Judicial tenían que ser “afectos al proceso”.
“Actualmente lo que está planteado es despolitizar al TSJ. Es decir, contar con verdaderos magistrados: imparciales e independientes del resto de los poderes públicos e, incluso, de las mayorías que transitoriamente puedan imponerse en la Asamblea Nacional”, agregó Herrera.
Cecilia Sosa, coordinadora nacional del Bloque Constitucional, agregó: “El aumento del número de magistrados va a evidenciar la pretensión de que el TSJ quede bajo el control de otro bloque de poder, en este caso de la oposición. Estaríamos incurriendo en un fraude similar al cometido por el oficialismo para apoderarse de los tribunales del país”.
La también magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León ofreció como solución que la Asamblea Nacional revoque las designaciones realizadas en 2014 y 2015 sin apego a la Constitución, con fundamento en los artículos 89 y 90 del Reglamento Interior y de Debates. Y, además, que se revisen todas las credenciales de los magistrados para verificar si cumplen con los requisitos establecidos en la carta magna.

El dato
Transparencia Venezuela presentó ayer su sitio web Suprema Injusticia (www.supremainjusticia.org). Mercedes De Freitas, directora de la ONG, indicó que el propósito es que la ciudadanía pueda incorporarse a la discusión sobre la idoneidad y las ejecutorias de las máximas autoridades del Poder Judicial. En ese sentido, los primeros contenidos del portal son los perfiles políticos de algunos magistrados y ex magistrados, así como 43 sentencias que niegan derechos fundamentales.