Provea rechaza la criminalización del derecho a huelga | Foto Omar Véliz / Archivo
En el sector privado, la ley sí se aplica con rigor, explicó la activista de la ONG, Esperanza Hermida
edgar lópez 1 de mayo 2014 - 12:01 am
Sobre la base de la información aportada por las organizaciones sindicales, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, determinó que el gobierno se ha negado a cumplir órdenes de reenganche y pago de salarios caídos en perjuicio de más de 5.000 trabajadores del sector público.
Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad de Provea, explicó que cuando se viola la inamovilidad laboral y el trabajador despedido reclama ante la Inspectoría del Trabajo, no encuentra amparo, pues se les considera funcionarios públicos que deben resolver la controversia en tribunales contencioso funcionariales. “Las inspectorías no están procesando los reenganches. Ello viola las garantías establecidas en la nueva Ley del Trabajo e implica un proceso judicial largo, engorroso y costoso, pues el afectado requiere asesoría jurídica”, precisó la activista.
Distinto ocurre el en el sector privado, prosiguió Hermida: “Por lo general los reenganches y pagos de salarios caídos se ordenan de inmediato y, adicionalmente, se envía a un funcionario a la sede de la empresa para que verifique el cumplimiento de las órdenes”.
La situación empeora con el aumento de la nómina de la administración pública que, según estadísticas extraoficiales de Provea, casi alcanza los tres millones de personas
Fuera de la ley. Hermida considera que los decretos de inamovilidad laboral han resultado contraproducentes, pues impiden asegurar la estabilidad que pretende la legislación laboral vigente desde 2012.
La situación es grave porque la nómina del sector público se ha incrementado a casi tres millones de personas. El Estado es el mayor empleador del país.
“Un elemento resaltante en el sector público, con las pocas convenciones que se discutieron, fue la violación de las normas que establecen que deben discutirse con el sindicato que represente la mayoría. Es especialmente lamentable el caso de la discusión en la industria petrolera, donde se impuso una política de discriminación política contra un sector de la junta directiva no afecta al partido de gobierno”, aseguró la defensora de derechos humanos.
Además, en 2013 el Ejecutivo nacional se negó a discutir el anteproyecto del Contrato Marco de la Administración Pública, el cual se consignó formalmente el 23 de julio de 2008; es decir, se acumulan más de 5 años de mora. En mayo de 2013 varias organizaciones sindicales, incluidas algunas que ya habían presentado el proyecto en 2008, informaron que presentarían al Ejecutivo nacional una convención marco con “visión socialista”
Otro fenómeno que surgió el año pasado, indicó Hermida, fue la sustitución de la discusión colectiva por la aplicación de la reunión normativa laboral, otro mecanismo para establecer condiciones colectivas de trabajo: “Con la particularidad de que en vez de ser discutidas y consensuadas colectivamente, son impuestas por el Ejecutivo a una rama de actividad”. Así ocurrió con los sectores universitario y salud.
Otro hallazgo en el análisis de Provea es que hay más sindicatos, pero menos trabajadores sindicalizados: “Según el Ministerio del Trabajo, entre 2000 y 2013 se han registrado 6.086 nuevas organizaciones sindicales, lo que contrasta con las 4.198 organizaciones sindicales que se registraron entre 1986-1998. Sin embargo, la mayor cantidad de sindicatos contrasta paradójicamente con la disminución de trabajadores sindicalizados y convenciones colectivas discutidas y firmadas”.
Quiebre de empresas expropiadas
El fracaso del control obrero
Desde 2008 el Ejecutivo promueve el llamado “control obrero de las fábricas”. Los trabajadores dirigirían la producción y establecerían los beneficios que les corresponden. En la lógica oficialista, si los trabajadores cogestionan o gestionan en su totalidad, la empresa no se requiere de convenciones colectivas. Provea considera que el verdadero objetivo es fomentar el desinterés de los trabajadores por la contratación colectiva.
“Hoy la mayoría de las empresas bajo control obrero están en crisis de producción y mantienen grandes deudas con su personal por violaciones reiteradas a las convenciones colectivas”, afirmó Hermida.
A modo de ejemplo, mencionó el caso de Diques y Astilleros Nacionales, C.A (Dianca). La empresa fue expropiada y entregada a un grupo de personas organizadas en Consejo de Trabajadores, que debían ocuparse de todo los detalles de la cadena de producción y comercialización de los productos. “Los trabajadores se quedaron sin gerencia y llevaron a la empresa al fracaso”, resumió Hermida.
Las cifras
600 trabajadores del hospital Dr. Osío, en Cúa, y 63 enfermeras de Barrio Adentro protestaron en 2013 por permanecer en estado de tercerización, proscrito en la nueva Ley del Trabajo. El Estado es el empleador con más tercerizados.
59 sindicalistas y trabajadores fueron asesinados en 2013, la mayoría por presuntos conflictos intersindicales. Ello equivale a 5 asesinatos por mes.
