Además del reparo de Bs. 7 millones, Velázquez Alvaray fue inhabilitado
La Contraloría acusó al exmagistrado de realizar contrataciones al margen de la ley VENANCIO ALCAZARES/ARCHIVO
EL UNIVERSAL
miércoles 23 de abril de 2014 12:00 AM
6,7 millones de bolívares. Ese el monto que el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luis Velázquez Alvaray, deberá pagarle al Fisco Nacional como reparación por el daño que le ocasionó su gestión al frente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).
La información figura en el último informe anual que la contralora encargada, Adelina González, le entregó a la Asamblea Nacional y en el cual acusó al exfuncionario de contratar obras "con inobservancia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas" y por incurrir en "omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes y del patrimonio" del Poder Judicial.
Además de la millonaria suma, una de las más grandes impuestas por el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos a una sola persona, también le impuso 15 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, el máximo que se puede imponer esta sanción.
Las irregularidades en la DEM, en particular la forma cómo se adquirieron los terrenos en la urbanización Lebrún de Caracas, provocaron la destitución por parte de la Asamblea Nacional de Velázquez Alvaray en 2006.
En esos terrenos se construiría la Ciudad Judicial, la nueva sede de los juzgados penales de Caracas. El entonces ministro del Interior, Jesse Chacón, acusó a quien por la época era magistrado de la Sala Constitucional y presidente de la Comisión Judicial de incurrir en hechos de corrupción.
Contra Aponte
Pero Velázquez Alvaray no es el único exmiembro del TSJ contra el que González tomó medidas, pues también solicitó al Ministerio Público procesar penalmente al expresidente de la Sala Penal, Eladio Aponte Aponte; y a su hija por enriquecimiento ilícito, informaron fuentes de la Fiscalía.
Aponte Aponte fue removido en 2012 por el Parlamento, debido a sus vínculos con el presunto narcotraficante Walid Makled, quien está siendo enjuiciado por casos de lavado de dinero y drogas.
