A un joven que le disparan perdigonazos a quemarropa lo están castigando por manifestar, ejemplificó Camejo.
El Nacional 10 de marzo 2014 - 12:01 am
40 de los 42 casos que figuran en el informe que el Foro Penal Venezolano presentó el viernes a la defensora del pueblo Gabriela Ramírez son de torturas, indicó Lilia Camejo, integrante del Foro Penal Venezolano.
“No todos los casos son de jóvenes a los que les infligieron sufrimientos para obtener de ellos una confesión, sino que también hay muchachos a los que les ocasionaron fuertes dolores para castigarlos o para intimidarlos. Eso también es tortura. A un joven que le disparan perdigonazos a quemarropa lo están castigando por manifestar. A uno que lo arrodillan durante horas y lo golpean mientras está detenido lo están intimidando para que se asuste y no vuelva a manifestar”, ejemplificó Camejo.
En rueda de prensa ofrecida el sábado por la defensora del pueblo para presentar el informe Febrero: Un Golpe a la Paz –que pese a lo indicado por la funcionaria sigue sin estar en línea–, Ramírez aseveró lo siguiente: “Tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener… se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza, y, sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo”.
Pese a las explicaciones de la defensora y a su exigencia en la rigurosidad en el uso de los términos, lo cierto es que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura señalan expresamente que también se considerarán torturas los dolores o sufrimientos físicos o mentales que se inflijan intencionalmente a una persona para que confiese, para castigarla, intimidarla, coaccionarla o discriminarla.
ONU. Cinco relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas solicitaron al gobierno de Nicolás Maduro el esclarecimiento de las denuncias de detenciones arbitrarias, de uso excesivo de la fuerza y de violencia contra manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación durante las protestas que ya llevan más de un mes en todo el país.
Entre los solicitantes figuran el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez; el del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, Mads Andenas; y el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai.
