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10 julio 2013

Edición 443: Anti-corrupción


Mariano Mejías

informe.marianomejias@gmail.com

Se habla de un diputado que se mete un billete en contratos con entes del Estado, y ahora mucho más cuando otro ex diputado amigo, está dirigiendo a uno de los más importantes organismos públicos. Impune aún está el caso del Sr. Illaramendi, con sus actividades poco ortodoxas relacionadas con el fondo de pensiones de los empleados de Pdvsa
Ya empezaron los contactos con dos partidos de vieja data de la oposición, para lograr el apoyo con miras a designar a un contralor general de la República que no se perciba tan vinculado al oficialismo, pero que tampoco se le cargue la mano en ciertos aspectos, sobre todo en el asunto de las ayudas a los países amigos

Judiciales BAnti-corrupción. Para quienes hemos pasado nuestra vida haciendo honor a las enseñanzas de padres y maestros es desconcertante ver cómo proliferan los pillos a nuestro alrededor. Esta pandemia de deshonestidad pone en duda aquello que nos decían de niños: que “el crimen no paga”. Ejemplos, a montones: Se habla de un diputado que se mete un billete en contratos con entes del Estado, y ahora mucho más cuando otro ex diputado amigo, está dirigiendo a uno de los más importantes organismos públicos. Impune aún está el caso del Sr. Illaramendi, con sus actividades poco ortodoxas relacionadas con el fondo de pensiones de los empleados de Pdvsa. Qué más pudiéramos comentar de una señora ejecutiva del Bandes, que está presa en Miami acusada de haber recibido sobornos del orden de los cinco millones de dólares por participar en un fraude con unos intermediarios financieros amigos, siendo que, al parecer, el asunto es mayor, embolsillándose en realidad $60 millones en menos de un año. En una Venezuela donde el dinero corre libre y donde la renta petrolera es inagotable, la gente siente que “ponerse” en un dinero que parece no tener dueño, es parte del éxito social. No hay sanción ni judicial ni social. Sarcástica pero vigente aún es la vieja frase de Gonzalo Barrios sobre que en Venezuela se roba porque no hay razones para no hacerlo. Ya es común oír hablar de “Los bolichicos“; del tren de vida de una familia política, de la importación de comida podrida por Pdvsa/Pdval, de la corruptela en la venta de minerales y tubos en Guayana, y un largo etcétera. Unos $200.000 millones propiedad de la nación, hoy estarían en manos de la boliburguesía o de amigos extranjeros. Ciertamente, la corrupción es un fenómeno universal inherente a la condición humana. Sin embargo, deben distinguirse dos tipos: la que permanece bajo límites de tolerabilidad social, y la que rebasa cualquier lindero soportable. Y en esta última perspectiva está Venezuela. El Gobierno ya lo sabe y remoja sus barbas por la candela que arde en el vecino carioca. Ni el carisma de Dilma puede parar la conmoción en Brasil que amenaza con hasta sabotear el propio Mundial de Football. Por ello, supimos que por vía de Cilia, Escarra y Gladys Gutiérrez, están hablando de preparar una reforma de la Ley Contra la Corrupción para crear de inmediato, de nuevo, la jurisdicción anti-corrupción, pero a diferencia de la que existió durante los años ochenta y noventa, no solo será un tribunal superior contra la corrupción -también colegiado -con varios magistrados-, sino que también se creará un tribunal de primera instancia que funcione como una corte con varios magistrados, una a nivel nacional, a semejanza de la Disciplinaria, que se encargue de enjuiciar los delitos contra la corrupción. Por otra parte, ya se empezaron los contactos con dos partidos de vieja data de la oposición, para lograr el apoyo con miras a designar a un contralor general de la República que no se perciba tan vinculado al oficialismo, pero que tampoco se le cargue la mano en ciertos aspectos, sobre todo en el asunto de las ayudas a los países amigos. Está sonando el nombre de Paciano Padrón, quien no resulta confiable para alguna gente del Gobierno ni para la misma oposición, por su enfermiza tendencia al protagonismo en los medios. Los nombres que sí resultan risibles son los que se tienen para los nuevos tribunales anticorrupción. Otros nombres, por su parte, son interesantes. Se menciona a una doctora de apellido Rosales, profesora de la UCV, conjuntamente con otros juristas, que se apellidan Riera, Rivera y Haddad.

Avocamiento. El que la Sala Constitucional, intempestivamente, se avocara a conocer la impugnación electoral que llevaba la Sala Electoral del TSJ, ya lo habíamos advertido en esta columna hace, exactamente, dos meses. Tal como lo relatamos entonces, obedecía a dos votos salvados que venían contra la negativa de anular, y cuya redacción ya manejábamos. Uno se oponía por el tema del ventajismo pre-electoral. La otra, por la concreta impugnación de 57 centros electorales, 10 en Caracas, 27 en Lara y el resto en el Estado Zulia. Por su parte, en la Constitucional no habrá sorpresas. Zulueta dudaba al respecto, y de otro magistrado se dijo que pretendía plantear su voto concurrente, pero habrá palo seguro en contra de los solicitantes. La sentencia será con “ponencia conjunta”, es decir, los siete serán los ponentes, sin saberse quien la diseñó.

Trapo rosado. Se suele hablar de “trapo rojo” cuando se saca un tema controvertido para quitarle presión a otros asuntos importantes en los que presiona la colectividad nacional. Y miren que hay temas de conflicto. La olla de presión que actualmente es Venezuela ya no cuenta ni con el carisma ni con los dólares para acallarle el pitico al vapor de la paila. Pero se pretende generar una distracción por un recurso ante el TSJ a ser resuelto a favor. Este crearía una discusión nacional sobre una modalidad nueva de “uniones de hecho“, y se llamará el “concubinato de género“. La figura permitirá uniones homosexuales notariadas, reinterpretándose el tema de las uniones de hecho homo, que aparentemente negaba la Constitución. Todo en la ola de seguir lo que hace dos días decidió la Corte Suprema norteamericana sobre las limitantes matrimoniales de la parcialmente derogada Ley Clinton.

La boricua. Es muy espinoso -pero pareciera estar sustentado en datos cuya documentación anda por allí circulando de correo en correo electrónico-, el tema de la nacionalidad de la magistrada del TSJ, Evelyn Marrero. Lo que se informa es que nació en Jayuya, Puerto Rico, el 22-2-42 y se nacionalizó venezolana el 15-7-66, según el Ordinal 1° del Artículo 37 de la Constitución de la República de 1961, que establecía que: “Son venezolanos por naturalización desde que declaren su voluntad de serlo: 1° La extranjera casada con venezolano”. Al momento de su nacionalización se encontraba casada (hoy divorciada) con un ciudadano apellido Osío, dos de sus hijos trabajaban en el Seniat, uno de ellos renunció y se fue para Bielorrusia; por cierto, práctica muy usual entre la familia de los magistrados: por ejemplo, una hija del jubilado magistrado Zerpa -hoy un gran cacao de la Facultad de Derecho de la UCV-, trabaja en Pdvsa. El caso es que la Constitución vigente consagra en su artículo 263 como requisito para ser magistrado del TSJ, tener la nacionalidad venezolana por nacimiento. La doctora ocupa el cargo de Magistrada desde 2004. La Ley del TSJ establece como requisito indispensable para ser magistrado, la nacionalidad originaria y no la derivada. El Poder Ciudadano en una oportunidad declaró desistido el procedimiento que se intentó contra la docta, alegando que el denunciante había abandonado el trámite. La especialista ha trabajado también en la Procuraduría y en la Corte de lo Contencioso Administrativo, casualmente con la abogada Morales, quien sabe mucho de la vida de su colega.

María Corina. En la FGR se le prepara su antejuicio de merito. Aparentarán que van con todo. Llamarán a declarar a Carrera Damas. La acusarán de rebelión civil. Buscan se vaya del país. Ella se mueve bien en el norte. Su situación trae roce para las aspiraciones de cercanía con EEUU. Quieren que entre su suplente en la AN, de quien se dice es cercano al oficialismo. Por cierto, que no hay un real consenso en la Plena del TSJ para defenestrar a Mardo. Se rumora que hasta problemas de dicción sufrieron los representantes de la Fiscalía en su exposición en la Audiencia.
Preguntando:
  • ¿Será cierto que un integrante de la Corte de lo Contencioso Administrativo, profesor de postgrado en la UCV, protegido por el magistrado suplente Ramos, antes de ser magistrado, tiempos en los cuales trabajaba en un órgano legislativo, llegó en esa época a 3 denuncias por acoso sexual a trabajadoras del ente legislativo?;
  • ¿Será cierto que un juez superior en lo Tributario de Caracas, tiene también dos denuncias por acoso, ante el Ministerio Público, una por Ciudad Bolívar, y otra por Caracas, con medida cautelar de prohibición de acercamiento a una ex trabajadora (abogada), estando la última denuncia en los tribunales de control de violencia?
  • ¿Será cierto que una jueza superior de lo Contencioso Administrativo, muy cristiana ella, tiene 2 denuncias por acoso laboral ante la Inspectoría de Tribunales?