Edición 436: En TSJ dejó una estela de cosas…

Mariano Mejías

informe.marianomejias@gmail.com

En TSJ dejó una estela de cosas… Luego de graduarse de bachiller en su Yaracuy natal, allá por los años del 1960, la joven Luisa Estella Morales Lamuño logró ingresar en la Universidad de Carabobo en donde se gradúo de abogado y, después, en universidad colombiana, alcanzó un titulo de “Experto Latinoamericano en Derecho Agrario”. Entonces, muy vinculada a Copei, ingresó al Poder Judicial, y fue nombrada juez agraria en su terruño, cargo del que fue destituida en junio de 1989 por el Consejo de la Judicatura. Se lee en Gaceta Oficial dicha sentencia en la que se mencionan hechos tan graves como “…alteración de actas”… y otras infracciones. En octubre del mismo año, la destituida se buscó al Dr. Morris Sierralta, y demandó la nulidad de la resolución que la dejó fuera del Poder Judicial. El magistrado ponente de su causa fue el eximio jurista Román Duque Corredor, quien declaró Sin Lugar el Recurso de Anulación. Morales se trasladó a Caracas y regresó de nuevo al Poder Judicial, como magistrada en la Corte 1ª de lo Contencioso Administrativo, en donde fue nuevamente, destituida en 2003, esta vez por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Insistió en regresar al Poder Judicial, y es cuando la Asamblea Nacional abrió los concursos para las nuevas designaciones de los magistrados que integrarían el TSJ en 2004, a través de la comisión que presidía el diputado Pedro Carreño. La yaracuyana se postuló; pero la mencionada Comisión de Funcionamiento y Reestructuración que por segunda vez la había destituido, en julio de 2004 le envió el Oficio 1-2004 a Carreño advirtiéndole que la postulada había sido 2 veces removida de la judicatura. La última “…por haber incurrido en grave error judicial inexcusable reconocido en sentencia por la Sala Político Administrativa”, en incidencia en la que supuestamente negó la protocolización de documento de compraventa de unos terrenos. Nada de esto fue obstáculo para que ingresara al TSJ, y no solo presidiera la Sala Constitucional, sino que hasta le arrebató la Presidencia del Máximo Ente al magistrado Omar Mora, presidiéndolo de 2007 al 2009, primero; ratificándosele de 2009 al 2011; y de 2011 a este mayo de 2013. Desde el inicio de su quehacer en el TSJ comienza una gestión atribulada, la que muchos califican de arbitraria y de franca decadencia material y humana del Poder Judicial Venezolano. Y es que en la propia apertura del Año Judicial 2007, le hizo incurrir al Presidente Chávez en un contratiempo, ya que siendo él quien inauguraría la nueva plaza del TSJ, tuvo que entrar por la puerta de atrás porque aún los trabajos no estaban concluidos; trabajos éstos, por cierto, asignados a la empresa “Ingeniería Suma C.A.”, cuyos costos se elevaron en varios millardos. En el aspecto administrativo patrimonial, es bien criticable el marcado deterioro de la infraestructura de los palacios judiciales nacionales. Por su parte, el descontento laboral es tan extremo, no solo por el desmejoramiento de las condiciones remunerativas de los trabajadores tribunalicios -con casi 6 años sin discusión de la contratación colectiva-, sino que, y es lo más grave, sabemos de un pormenorizado informe que reposa en la Primera Magistratura Nacional sobre la escandalosa contratación de los seguros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, avalada por la Consultoría Jurídica de dicho organismo. A esto se aúna, la negativa a cancelar unos días de bonificación por el lapso 2009 al 2013 que aun se le deben a los trabajadores, y cuyo depósito ingresó en bancos desde septiembre de 2009. Todavía se recuerda el incidente de la supuesta fotografía tomada a la abogada Morales cuando ejercía su derecho al voto en diciembre de 2007, en ocasión de la propuesta presidencial a la reforma Constitucional, donde se le retrató votando “NO” a tal propuesta. Recuerden ustedes, mis lectores, aquella respuesta que dio a la periodista de El Nacional, Vanessa Gómez, una vez que esta la interrogara ante tal evidencia reflejada por la travesura periodística: “…es peligroso meterse conmigo porque yo también soy como el espinito, que en la sabana florea”. Otra crítica que se ha hecho, fundada o no a la abogada Morales, como presidenta de la Comisión Judicial del TSJ, es que habría designado a su propia hija, la abogada Leticia Acosta Morales, para el cargo donde hace 6 años fue destituida su madre: Magistrada de la Corte 1ª de lo Contencioso Administrativo.

Lo más grave de la gestión Morales en el TSJ es lo que se ha llamado, el Miedo a la Titularidad de los diferentes magistrados que integran las varias jurisdicciones del país. En su gestión presenciamos una vuelta inmisericorde, no solo a la provisionalidad en la designación de los cargos judiciales, sino a la más abyecta manipulación, humillación e irrespeto a la función judicial. Es la creación de la llamada “Justicia Desechable”, pasando por alto la carrera judicial de abnegados y estudiosos jueces que ingresaron por concurso en los diferentes ámbitos judiciales nacionales. Como lo certificaba la O.E.A., para el año de ingreso de la abogada Morales a la Presidencia del TSJ, en 2007, “…sólo el 20 por ciento de los 1.732 jueces del país gozan actualmente de permanencia en sus cargos y disfrutan de los derechos establecidos en la Constitución. El 80 por ciento restante está conformado por jueces provisionales (52%), jueces temporales (26%) y por quienes ocupan otros cargos sin ninguna estabilidad (2%.)”… Hoy esa cifra es alarmantemente mayor: En mayo de 2013 solo hay 73 jueces titulares en todo el país, de un total de casi 2.000 jueces (al haberse aumentado la nómina con la jurisdicción de violencia de género).

Pero lo peor fue la manipulación de terror que se generó desde la llamada Comisión Judicial del TSJ, presidida hasta 2011 por la Morales, la que no solo dejó sin efecto nombramientos, sino que hasta suspende a jueces titulares, sin que ni siquiera se les haya iniciado el más mínimo procedimiento por ante la Inspectoría de Tribunales. Un tenebroso sistema de “Destitución Sumaria de Jueces” que ha colocado en un estado de postración y absoluta ausencia de libertad decisoria al Poder Judicial Venezolano. Ello hasta coloca a Venezuela en una situación de incertidumbre jurídica que se proyecta en niveles tan extremos como el de imponerse al país, clausulas de “salvaguarda comercial” en los contratos de comercio internacional, habida cuenta la franca inexistencia del concepto de “independencia judicial”. Jueces titulares en todo el país como: Iracema Vílchez, Guadalupe Sánchez, Gloris Cruz, Luisa Rojas, María R. Martínez, Humberto Agrinzano, Carlos Spartalian, Ana González, Mario Popoli, Jesús G. Quijada, H. Vilela, Alicia Torres, Juan C. Apitz, Perkins Rocha, Ana M. Ruggieri, María C. Adame, Gustavo A. Labrador, Hely S. Oberto, Rosy E. Brito, Jesús Ollarves, Patricia Cabrera, Carmen R. Campolargo, Gisela Parra, Kennedy Bolívar, Gilberto Piñero, Norkis Aguilar, Rayza Mavarez, Senly Urdaneta, Miguel Martin, Juan Villegas, Ángel Zerpa y casi dos centenares más, están en el haber destituyente o de suspensión de la abogado Morales (muchos de ellos reales juristas, profesores universitarios, y hasta instructores en las propias escuelas del sistema de justicia oficial), que fueron inmediatamente reemplazados por los designados con el solo criterio de su Comisión Judicial; amen de más de 175 destituciones de trabajadores de los tribunales, especialmente en Caracas, Sucre, Carabobo, Miranda y Anzoátegui. Es obvio y prioritario que la labor más apremiante que le corresponde a la nueva presidenta Gutiérrez (presidenta tanto del TSJ como de su Comisión Judicial) es el reintegro de todos estos jueces a sus posiciones por la sencilla y diáfana razón que de las propias decisiones de las salas del TSJ se desprende, que la Comisión Judicial de ese ente no fue ni es apta para suspender y menos aun para destituir jueces titulares, a los que buena parte de ellos se les mantiene suspendidos de su sueldo por más de 4 años, siendo que el Código de Ética de los Jueces sólo permite que tal suspensión dure un máximo de 6 meses. No negamos que deban investigarse, pero en el cargo, porque mal pudieron haber sido separados por dicha Comisión, e inclusive, algunos, hasta tienen ganada su jubilación.

Por cierto, que tales eyecciones del Poder Judicial, no ha dejado de tener consecuencias francamente trágicas, como la destitución de una juez por más de 34 años en la judicatura como Carmen Arocha W., en Caracas, quien ya jubilable, fue sacada sin contemplación, muriendo casi de inmediato por la situación; o la juez María Verónica Emanuelli, también en Caracas, viuda de otro juez -Marcos Guerra-, quien falleció en funciones, y con una huérfana hija, ambos fueron destituidos, sin ni siquiera saber por qué. Y, claro está, como pedirle peras al olmo, cómo pedirle respeto al Poder Judicial, a alguien que, siendo su cabeza, en diciembre de 2009 dijo que la “división de poderes debilita al Estado”, y abogó por una revisión de ese principio establecido en la Carta Magna de 1999, según lo reseño la prensa local; o que en marzo de 2013 afirmó que existía continuidad administrativa con el sucesor de un presidente no juramentado; o que un vicepresidente de la República podía ser candidato sin ausentarse de su cargo; sin dejar de mencionar que en 2011 creó un delito no contemplado en código alguno, el homicidio por dolo de consecuencias necesarias (¿?), así como creó la apropiación bancaria por sentencia cuando la ley no la establecía, o dijo que los invasores de predios rústicos no eran delincuentes a pesar de contemplarlo expresamente la ley.