Para exfuncionarios judiciales y juristas la designación es signo "de reparto de poder"
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No es buena señal en el Poder Judicial, la juramentación de Argenis Chávez (AVN)
- OLGALINDA PIMENTEL | EL UNIVERSAL
viernes 14 de junio de 2013 08:43 AM
La percepción entre
exfuncionarios judiciales y juristas es la misma. La designación del
ingeniero Argenis Chávez, hermano del fallecido Presidente de la
República y ex presidente de Corpoelec, frente a la Dirección Ejecutiva
de la Magistratura (DEM), es un signo "evidente" del "desprecio que
los administradores del Estado venezolano tienen del Poder Judicial"; y
también de un "reparto desvergonzado" del poder , mientras queda
confiscada la libertad del ciudadano.
"Si aquí cualquiera puede ser juez, puede ser también el director de la Magistratura una persona que no viene, por cierto, de ejercer una dirección exitosa", afirma la ex magistrada de la Sala Penal del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, quien asegura que "fue unánime" la decisión de la Sala Plena del alto Juzgado, integrada por 32 magistrados, de nombrar a Chávez, porque no hubo voto salvado.
"La carrera judicial en Venezuela se acabó", advierte Mármol de León, quien precisa que a pesar de que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le asigna al Director Ejecutivo de la Magistratura, "máxima autoridad gerencial", 15 atribuciones sobre políticas y planes de naturaleza administrativa, el nombramiento de Chávez no es adecuado pues desconoce cuáles son las necesidades reales del Poder Judicial, con el cual nunca ha tenido contacto.
"Existe insuficiencia de jueces penales (poco más de 800 jueces) y los que están, trabajan en pésimas condiciones en el Palacio de Justicia. Los jueces de control carecen de espacio, sin salas de audiencia lo que se traduce en retardo procesal", refiere la exmagistrada.
-¿Puede incidir el hermano del fallecido Presidente en la no liberación de los presos políticos y de Afiuni?
-No. Sus funciones son administrativas y debe poner en práctica las políticas y el diseño de planes y proyectos que sirvan al funcionamiento del sistema judicial.
Obediencia de funcionarios
Sin embargo, el abogado René Molina, primer Inspector General de Tribunales durante la naciente Comisión de Emergencia Judicial (1999) que presidía Manuel Quijada y la cual adelantaba un proyecto de sistema judicial autónomo e independiente, descarta que este nombramiento garantice, por la vía administrativa, operativa y funcional, un poder judicial autónomo e independiente, bandera esencial anticorrupción, dice, con la que Hugo Chávez llegó a ser Presidente.
Lo que, a su juicio, sí es evidente es que la designación del ingeniero confirma la concepción de que ya no hay jueces, sino "funcionarios obedientes". "Ya no hace falta que tengan credenciales ni conocimientos de lo que es la administración de justicia; son una partida de funcionarios castrados; el Poder Judicial es mayoritaria y estratégicamente provisional, para que atiendan a lo que dicen los de arriba y no la Constitución y las leyes".
El abogado penalista Alberto Arteaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, sostiene que el cambio en la DEM es importante porque "es señal inequívoca del tratamiento que se le da a la eficiencia y autonomía del Poder Judicial".
Está por verse, dicen, si las primeras acciones se corresponden con las necesidades.
"Si aquí cualquiera puede ser juez, puede ser también el director de la Magistratura una persona que no viene, por cierto, de ejercer una dirección exitosa", afirma la ex magistrada de la Sala Penal del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, quien asegura que "fue unánime" la decisión de la Sala Plena del alto Juzgado, integrada por 32 magistrados, de nombrar a Chávez, porque no hubo voto salvado.
"La carrera judicial en Venezuela se acabó", advierte Mármol de León, quien precisa que a pesar de que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le asigna al Director Ejecutivo de la Magistratura, "máxima autoridad gerencial", 15 atribuciones sobre políticas y planes de naturaleza administrativa, el nombramiento de Chávez no es adecuado pues desconoce cuáles son las necesidades reales del Poder Judicial, con el cual nunca ha tenido contacto.
"Existe insuficiencia de jueces penales (poco más de 800 jueces) y los que están, trabajan en pésimas condiciones en el Palacio de Justicia. Los jueces de control carecen de espacio, sin salas de audiencia lo que se traduce en retardo procesal", refiere la exmagistrada.
-¿Puede incidir el hermano del fallecido Presidente en la no liberación de los presos políticos y de Afiuni?
-No. Sus funciones son administrativas y debe poner en práctica las políticas y el diseño de planes y proyectos que sirvan al funcionamiento del sistema judicial.
Obediencia de funcionarios
Sin embargo, el abogado René Molina, primer Inspector General de Tribunales durante la naciente Comisión de Emergencia Judicial (1999) que presidía Manuel Quijada y la cual adelantaba un proyecto de sistema judicial autónomo e independiente, descarta que este nombramiento garantice, por la vía administrativa, operativa y funcional, un poder judicial autónomo e independiente, bandera esencial anticorrupción, dice, con la que Hugo Chávez llegó a ser Presidente.
Lo que, a su juicio, sí es evidente es que la designación del ingeniero confirma la concepción de que ya no hay jueces, sino "funcionarios obedientes". "Ya no hace falta que tengan credenciales ni conocimientos de lo que es la administración de justicia; son una partida de funcionarios castrados; el Poder Judicial es mayoritaria y estratégicamente provisional, para que atiendan a lo que dicen los de arriba y no la Constitución y las leyes".
El abogado penalista Alberto Arteaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, sostiene que el cambio en la DEM es importante porque "es señal inequívoca del tratamiento que se le da a la eficiencia y autonomía del Poder Judicial".
Está por verse, dicen, si las primeras acciones se corresponden con las necesidades.
