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21 junio 2013

Sala Constitucional del TSJ decidirá recursos sobre 14A

Ponencia conjunta alega que fallo incide en institucionalidad democrática

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Decisión sobre las causas contra los resultados del 14 de abril podría acelerarse VICENTE CORREALE
 
EL UNIVERSAL
viernes 21 de junio de 2013  12:00 AM

Los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (recusados por la oposición por su vinculación con la PSUV) no decidirán sobre la procedencia de los recursos de impugnación contra los resultados del 14 de abril. Ayer, los magistrados integrantes de la Sala Constitucional decidieron avocarse a conocer todo lo relacionado con la elección presidencial sobrevenida.

En una ponencia conjunta de los siete magistrados de la Sala Constitucional se decidió "en tutela de los derechos políticos de los ciudadanos, del interés público, la paz institucional y el orden público constitucional, así como por la trascendencia nacional e internacional de las resultas del proceso instaurado" avocarse al conocimiento de las siete demandas contra los resultados del 14 de abril.

En la ponencia conjunta también se aclara que será competencia de esta Sala "cualquier otra causa que curse ante la Sala Electoral de este Máximo Juzgado y cuyo objeto sea la impugnación de los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, así como sus organismos subordinados".

La decisión tomada por la presidente del TSJ y de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, y respaldada por los otros seis magistrados, se fundamenta inicialmente en el artículo 25.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se define como competencia privativa de la Sala Constitucional "avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme".

Aclaran los magistrados que la Sala Constitucional deberá hacer uso de esta facultad no solo "en los casos de posible transgresión del orden público constitucional, ante la ocurrencia de acciones de diversa índole en las cuales se podría estar haciendo uso indebido de los medios jurisdiccionales para la resolución de conflictos (...) sino también cuando el asunto que subyace al caso particular tenga especial trascendencia nacional, esté vinculado con los valores superiores del ordenamiento jurídico, guarde relación con los intereses públicos y el funcionamiento de las instituciones o que las pretensiones que han generado dichos procesos incidan sobre la institucionalidad democrática o el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente sus derechos políticos".

Además argumentan los magistrados que en los asuntos litigiosos relacionados con los derechos de participación y postulación, "se encuentran vinculados el orden público constitucional. En el caso de autos, con mayor razón, existen méritos suficientes para que esta Sala estime justificado el ejercicio de la señalada potestad, pues ha sido cuestionada la trasparencia de un proceso comicial de la mayor envergadura, como el destinado a la elección del máximo representante del Poder Ejecutivo, así como la actuación de órganos del Poder Público en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, de lo que se deduce la altísima trascendencia para la preservación de la paz pública que reviste cualquier juzgamiento que pueda emitirse".

Cinco días hábiles

La decisión obliga a los magistrados de la Sala Electoral a remitir a la Sala Cosntitucional todas las actuaciones hechas hasta le fecha en el lapso de cinco días hábiles contados a partir de su notificación.

Fuentes del TSJ argumentaron que pasar la decisión a la Sala Constitucional podría acelerar la decisión sobre la impugnación del 14 de abril.

Con relación a esta decisión, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, argumentó a través de su cuenta en Twitter: "La Sala Constitucional TSJ se avocó a juicio de impugnaciones ¿Será que ahora tendremos justicia los venezolanos?.

Por su parte, el coordinador del equipo jurídico de la MUD, Gerardo Fernández, aseguró que las expectativas de los demandantes giran en torno a que el Máximo Juzgado del país sea "justo e imparcial" y se les permita demostrar "el fraude y la corrupción electoral" que se presentaron en los comicios presidenciales.

En declaraciones durante un contacto telefónico con EUTV, el abogado destacó que las impugnaciones interpuestas por Capriles "son unas válvulas de escape que están en manos del TSJ para resolver la crisis de legitimidad de origen y de desempeño que hasta ahora ha demostrado el gobierno del presidente (Nicolás) Maduro".