04-05-13
DIANA LOZANO PERAFÁN
EL NACIONAL
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado mediante sentencia que cuando la diferencia de votos entre dos candidatos es pequeña cobran gran relevancia las irregularidades electorales que hubieran podido cometerse. El 16 de junio de 2005, mediante la sentencia Nº 72, los magistrados ordenaron suspender temporalmente la juramentación y la toma de posesión de quien había sido elegida decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, debido a que la vencedora había obtenido el triunfo por una diferencia de cuatro votos y su contendora más cercana alegaba irregularidades.
Extractos de este y otros fallos sobre fraude electoral, en el que los magistrados establecen que para que una elección sea verdaderamente libre los electores deben votar sin violencia y coacción, figuran en el recurso que fue presentado en nombre de Henrique Capriles Radonski ante esa instancia el jueves. En el caso de las presidenciales del 14 de abril, el Consejo Nacional Electoral dio ganador al candidato oficialista Nicolás Maduro por una diferencia de 1,49% de los votos. A la par del escaso margen por el que se le dio la victoria al abanderado del Gobierno, el Comando Simón Bolívar recibió 19.500 denuncias de irregularidades que fueron enviadas por electores de todo el país vía correo electrónico y otras 3.000 de testigos de la unidad que el día de la elección trabajaron en las mesas.
Ante este panorama, si los magistrados de la Sala Electoral mantienen su criterio, la solicitud de anular las elecciones presidenciales y convocar a nuevos comicios no sólo debería ser admitida, sino que de comprobarse la comisión de las irregularidades electorales que se alegan en el escrito, los venezolanos deberían acudir de nuevo a las urnas para elegir al presidente de la República.
Irregularidades. En 743 centros de votación se registraron actos de presión que impidieron o afectaron la labor de los testigos de la unidad, se indica en el escrito, en el que se advierte que en esos centros estaban inscritos más de 2 millones de electores.
En la solicitud también se señala que el Comando Simón Bolívar recibió denuncias de 3.389 centros en todo país, en los que estaban registrados –y podrían haberse visto afectados– 8.134.554 votantes.
“Una muestra de las condiciones irregulares de funcionamiento de las mesas, por los abusos cometidos antes y durante el día de las elecciones, es que de las actas de escrutinio con las que cuenta el CSB, en más de 80% de los casos falta el dato esencial del números de electores que sufragaron según el cuaderno de votación”, se denuncia en el recurso.
A la par de dar ejemplos de las irregularidades supuestamente cometidas, en el escrito se incluyen extractos de fallos en los que los magistrados han fijado posición jurídica sobre el uso de estrategias ilegales para alterar resultados electorales. “El fraude electoral previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es el engaño grave por medio de maniobras dolosas que tienen por finalidad menoscabar la libre manifestación de voluntad del electorado, durante específicas fases del proceso electoral”, señaló la Sala Electoral en octubre de 2005.
En otras sentencias dictadas en 2001 y 2007 se admitió que el elector no puede expresar libremente su voluntad si es sometido a violencia.
“La aceptación de una oferta electoral necesita de ausencia de todo engaño o violencia cometida en el procedimiento electoral”, indicó la sala en septiembre de 2001.
Luego de recordarle a la propia Sala Electoral lo que ha sentenciado en ocasiones anteriores, en el recurso se indica con claridad el objetivo que se persigue: “Determinar cuáles fueron las condiciones bajo las cuales los venezolanos ejercieron su derecho al sufragio, para demostrar que esas condiciones incidieron en la libre voluntad del elector en un contexto de clara preferencia al candidato Maduro, quien resultó proclamado presidente con un estrecho margen”.
La tesis de Capriles es que si se constituye una sala accidental que garantice imparcialidad, en el proceso se demostrará que “las elecciones se realizaron bajo ‘fraude, cohecho, soborno y violencia’, en el sentido que se privó al elector de la libertad de decisión al momento de ejercer su voto, ante el cúmulo de presiones que favorecieron al candidato Maduro”.
Podemos
Nicolás Maduro fue postulado candidato por el PSUV y por otras 13 organizaciones, entre ellas Podemos.
En el recurso interpuesto ante la Sala Electoral del TSJ se advierte que para el momento en que se propuso a Maduro esa tolda estaba sujeta a un régimen especial derivado de una sentencia dictada por la Sala Constitucional del máximo tribunal el 7 de junio de 2012, en la que se estableció que debía designarse una junta ad hoc.
Los magistrados ordenaron que esa junta estuviera presidida por Didalco Bolívar y que Baudilio Reinoso fuera vicepresidente.
“La postulación no fue realizada por la junta ad hoc determinada en ese fallo, sino que fue llevada a cabo por sólo uno de los miembros de esa junta, a saber, el ciudadano Didalco Bolívar. El vicepresidente Baudilio Reinoso no estuvo de acuerdo con tal postulación”, se advierte en el escrito.
La relevancia de la denuncia estriba en que Maduro obtuvo mediante la tarjeta de Podemos 210.465 votos, y la diferencia de sufragios por la que el CNE dio ganador a Maduro fue de 224.739 sufragios.
Si se anulara la postulación de Maduro por parte del partido Podemos, y con ello los votos obtenidos a través de esa tarjeta, la diferencia entre ambos candidatos se reduciría a 14.274 sufragios.
En el recurso se insiste en que existen otras irregularidades que harían fraudulentos los resultados anunciados por el CNE, pero que no han podido ser demostrados por la reticencia arbitraria del órgano a efectuar una auditoría integral.
