La diputada Delsa Solórzano, de la comisión de defensa de derechos Humanos de la Unidad, señaló que los trabajadores amenazados con despido por su voto, deben "mantenerse" en sus puestos de trabajo porque la "ley los protege", "hay inmovilidad laboral".
OCARINA ESPINOZA
| EL UNIVERSAL
sábado 20 de abril de 2013 12:29 PM
Caracas.-
La diputada Delsa Solórzano reiteró que la Unidad Democrática está
realizando las gestiones necesarias para defender los derechos de los
trabajadores que han sido amenazados por su preferencia política. "No
los vamos a dejar solos", aseguró.
Indicó que los afectados deben mantenerse en sus puestos de trabajo porque la ley los ampara, empezando porque en estos momentos en el país hay inamovilidad laboral.
La diputada presentó videos y mensajes en redes sociales de funcionarios del oficialismo que realizaron amenazas sobre los empleados que votaron por Henrique Capriles Radonski.
Existe, según informó Solórzano, un equipo de abogados que está atendiendo todas las denuncias recibidas, incluso previo a las elecciones del 14 de abril. Se han encargado de los amenazados en su puesto de trabajo, pero también los detenidos "ilegalmente" por presunta violencia política.
Estado por estado
La diputada hizo una actualización del estatus en el que está la situación legal de cada uno de los detenidos en los días posteriores a las elecciones por presuntamente haber incurrido en actos de violencia política.
Informó que en el estado Carabobo hubo 91 personas detenidas que ya han sido puestas en libertad. "Se detuvieron incluso a menores de edad y esto es bastante grave porque ni siquiera se cumplió con lo establecido en la Lopna".
Sólorzano ironizó con las razones esgrimidas por las fuerzas públicas del Estado para efectuar estas detenciones. "Para el gobierno nacional estar personas cometieron el delito conocido como ‘porte ilícito de cacerolazas'. En este país cacerolear es un delito, por ser la expresión de los que pensamos diferente".
Los delitos formales imputados y que según Solórzano no fueron cometidos fueron: agavillamiento, rebelión, obstrucción a las vías públicas, terrorismo. "No sabíamos que sonar una cacerola con una cuchara era terrorismo", acotó.
En el estado Barinas hubo 44 detenidos, de los cuales 11 aún están privados de libertad por delitos como asociación a delinquir y otras similares a los mencionados anteriormente. Los liberados en varios estados les fue establecido un régimen de presentación que puede afectar su salida del país e incluso el cumplimiento de sus compromisos laborales.
En el estado Lara fueron detenidas 70 personas, manejan pruebas que ya se han hecho públicas en medios de comunicación de que estos ciudadanos fueron torturados. Les obligaban a ponerse gorras del 4 de febrero y a cantar consignas a favor de Nicolás Maduro y si no lo hacían eran golpeados. "Esto está sancionado por un tratado firmado por Venezuela: Convención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes", recordó Solórzano.
En el estado Monagas hubo 35 detenidos, destaca el caso de Ángel Aristimuño, dirigente de Un Nuevo Tiempo, quien aún está privado de libertad en esta entidad, según Solórzano, esperan para la mañana de este sábado sea liberado.
La parlamentaria hizo especial énfasis el caso de Cumanacoa, estado Sucre, ahí se encuentran detenidos Rodrigo Hernández y su hermano. Sostuvo Solórzano la detención ha estado viciada por violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los afectados.
Agregó que la versión que manejan desde la oposición es que en la noche del 15 de abril hubo un cacerolazo en la zona en la que residen estos jóvenes y desde las afueras de la urbanización fueron agredidos por motorizados. "Llamaron a la policía para que evitaran las agresiones y cuando la policía llegó lo que hizo fue realizar allanamientos sin orden judicial y detenerlos".
Indicó que durante la juramentación de Nicolás Maduro, éste presentó las fotografías de estos jóvenes, señalándolos como culpables de la muerte de Hender José Bastardo de 21 años, sin que ni siquiera hayan sido presentados ante los tribunales de justicia. "Exigimos que se hagan las investigaciones de los hechos".
Vías de denuncia
Solórzano informó que serán llevadas todas las denuncias a todos los organismos internacionales de los cuales Venezuela es parte para que se tomen las medidas necesarias contra el Estado.
Asimismo, indicó que se ha abierto un canal de comunicación para los empleados públicos que han sido objeto de estas irregularidades (denunciaempleadopublico@gmail.com), hasta la fecha han recibido un "centenar" de denuncias verificadas.
El teléfono. 0414-307-37-29 y el Twitter personal de la diputada @delsasolorzano, también están disponibles para las denuncias. Solórzano indicó que el ofrecimiento de l equipo de abogados incluye la ayuda con las acciones legales que correspondan en cada caso.
En Twitter: @ocarinaespinoza.
Indicó que los afectados deben mantenerse en sus puestos de trabajo porque la ley los ampara, empezando porque en estos momentos en el país hay inamovilidad laboral.
La diputada presentó videos y mensajes en redes sociales de funcionarios del oficialismo que realizaron amenazas sobre los empleados que votaron por Henrique Capriles Radonski.
Existe, según informó Solórzano, un equipo de abogados que está atendiendo todas las denuncias recibidas, incluso previo a las elecciones del 14 de abril. Se han encargado de los amenazados en su puesto de trabajo, pero también los detenidos "ilegalmente" por presunta violencia política.
Estado por estado
La diputada hizo una actualización del estatus en el que está la situación legal de cada uno de los detenidos en los días posteriores a las elecciones por presuntamente haber incurrido en actos de violencia política.
Informó que en el estado Carabobo hubo 91 personas detenidas que ya han sido puestas en libertad. "Se detuvieron incluso a menores de edad y esto es bastante grave porque ni siquiera se cumplió con lo establecido en la Lopna".
Sólorzano ironizó con las razones esgrimidas por las fuerzas públicas del Estado para efectuar estas detenciones. "Para el gobierno nacional estar personas cometieron el delito conocido como ‘porte ilícito de cacerolazas'. En este país cacerolear es un delito, por ser la expresión de los que pensamos diferente".
Los delitos formales imputados y que según Solórzano no fueron cometidos fueron: agavillamiento, rebelión, obstrucción a las vías públicas, terrorismo. "No sabíamos que sonar una cacerola con una cuchara era terrorismo", acotó.
En el estado Barinas hubo 44 detenidos, de los cuales 11 aún están privados de libertad por delitos como asociación a delinquir y otras similares a los mencionados anteriormente. Los liberados en varios estados les fue establecido un régimen de presentación que puede afectar su salida del país e incluso el cumplimiento de sus compromisos laborales.
En el estado Lara fueron detenidas 70 personas, manejan pruebas que ya se han hecho públicas en medios de comunicación de que estos ciudadanos fueron torturados. Les obligaban a ponerse gorras del 4 de febrero y a cantar consignas a favor de Nicolás Maduro y si no lo hacían eran golpeados. "Esto está sancionado por un tratado firmado por Venezuela: Convención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes", recordó Solórzano.
En el estado Monagas hubo 35 detenidos, destaca el caso de Ángel Aristimuño, dirigente de Un Nuevo Tiempo, quien aún está privado de libertad en esta entidad, según Solórzano, esperan para la mañana de este sábado sea liberado.
La parlamentaria hizo especial énfasis el caso de Cumanacoa, estado Sucre, ahí se encuentran detenidos Rodrigo Hernández y su hermano. Sostuvo Solórzano la detención ha estado viciada por violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los afectados.
Agregó que la versión que manejan desde la oposición es que en la noche del 15 de abril hubo un cacerolazo en la zona en la que residen estos jóvenes y desde las afueras de la urbanización fueron agredidos por motorizados. "Llamaron a la policía para que evitaran las agresiones y cuando la policía llegó lo que hizo fue realizar allanamientos sin orden judicial y detenerlos".
Indicó que durante la juramentación de Nicolás Maduro, éste presentó las fotografías de estos jóvenes, señalándolos como culpables de la muerte de Hender José Bastardo de 21 años, sin que ni siquiera hayan sido presentados ante los tribunales de justicia. "Exigimos que se hagan las investigaciones de los hechos".
Vías de denuncia
Solórzano informó que serán llevadas todas las denuncias a todos los organismos internacionales de los cuales Venezuela es parte para que se tomen las medidas necesarias contra el Estado.
Asimismo, indicó que se ha abierto un canal de comunicación para los empleados públicos que han sido objeto de estas irregularidades (denunciaempleadopublico@gmail.com), hasta la fecha han recibido un "centenar" de denuncias verificadas.
El teléfono. 0414-307-37-29 y el Twitter personal de la diputada @delsasolorzano, también están disponibles para las denuncias. Solórzano indicó que el ofrecimiento de l equipo de abogados incluye la ayuda con las acciones legales que correspondan en cada caso.
En Twitter: @ocarinaespinoza.
