Contraloría verificó que no hay un registro para cuantificar la deuda
La Contraloría detectó que la DEM no lleva un registro para calcular las prestaciones GIL MONTAÑO/ARCHIVO
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
jueves 21 de febrero de 2013 12:00 AM
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no sabe cuánto le adeuda a sus secretarios, alguaciles y demás empleados y obreros de los distintos juzgados del país por concepto de pasivos laborales. Así lo aseguró la Contraloría General de la República luego de revisar las actividades y procedimientos realizados por el Fondo de Prestaciones Sociales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial entre enero de 2010 y julio de 2011.
En su informe de gestión correspondiente al año 2012, el cual entregará en los próximos días a la Asamblea Nacional, la contralora encargada de la República, Adelina González, reveló que "la Dirección General de Recursos Humanos de la DEM no lleva un registro de información histórico en el cual se cuantifiquen y consoliden los derechos exigibles y causados por concepto de prestaciones sociales".
En el Poder Judicial laboran más 20 mil personas y otras 8 mil están jubiladas, según el proyecto de presupuesto de 2013.
Asimismo detectó que en los presupuestos de 2010 y 2011 el máximo juzgado no incorporó "recursos (...) en las partidas correspondientes a prestaciones sociales e indemnizaciones de empleados, obreros y contratados, así como para las prestaciones de antigüedad originada por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo".
No obstante, en los anteproyectos de ingresos y egresos para ambos ejercicios sí se previeron recursos para atender esos compromisos. Para ambos años se solicitaron 1,7 millardos de bolívares, según el reporte.
Entre el 30 y 31 de diciembre de 2010 la DEM destinó 378 millones de bolívares al pago de pasivos, lo cual apenas representó el 21% del total; es decir "el Fondo no contó los recursos requeridos para asumir la totalidad de los compromisos acumulados al 2010 y 2011".
En Facebook y en los blogs de los distintos sindicatos judiciales se pueden encontrar decenas de quejas de trabajadores y extrabajadores del Poder Judicial denunciando el incumplimiento de los depósitos en los fideicomisos por antigüedad y la entrega de los recursos acumulados cuando se han retirado, respectivamente.
El organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos reclamó a la DEM, instancia que administra el 80% de los fondos del Poder Judicial y que se encarga del mantenimiento de los juzgados, que "solicite los recursos presupuestarios requeridos para honrar los compromisos por concepto de prestaciones sociales" y que diseñe "un sistema integrado de información y control que permita cuantificar los derechos exigibles por concepto de prestaciones".
