Encargados señalan que el procedimiento se hizo sin orden judicial. La propietaria declaró que la imprenta simplemente se limita a realizar los trabajos gráficos que sus clientes piden, respetando las normas establecidas en cuanto a publicidad y propaganda. Descartó que el taller se produzca material subversivo.
Dicen que la propaganda impresa de Pablo Pérez respeta normas electorales (Archivo)
MARÍA TERESA LUENGO | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
viernes 23 de noviembre de 2012 11:12 PM
Maracaibo.- Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), allanaron la sede de la imprenta Diseños y Grabados, ubicada en el sector Don Bosco de Maracaibo y revisaron el lugar en busca de material propagandístico.
Pasado el mediodía el grupo irrumpió en la vivienda donde funciona el taller gráfico, violentó el portón principal y la puerta de seguridad, para posteriormente agredir a quienes se encontraban laborando en el interior del establecimiento, donde funciona esta empresa familiar, que se encarga de producir la propaganda impresa del candidato a la reelección a la gobernación del estado Zulia, Pablo Pérez.
Nadia Marín, una de las propietarias del negocio, relató que se encontraban varios clientes, entre ellos estudiantes, que los uniformados mantuvieron retenidos dentro de la sede, bajo la orden de que nadie poda salir o entrar del inmueble.
La propietaria aseguró que ella y su hermana Marianela Marín fueron agredidas por los hombres del Sebin, al tiempo que a su hermano Alberto Marín querían llevárselo detenido sin ningún motivo.
Marín destacó además que los funcionarios no presentaron en ningún momento la orden de allanamiento, sin embargo argumentaron que su presencia se deba a que presuntamente en este taller gráfico se produce material propagandístico subversivo y en contra del candidato a la gobernación por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Explicó que cuando les solicitaron a los funcionarios la orden de allanamiento, éstos mostraban sus armas en la cintura, en señal de que esa era la orden.
La propietaria declaró que la imprenta simplemente se limita a realizar los trabajos gráficos que sus clientes piden, respetando las normas establecidas en cuanto a publicidad y propaganda.
Nosotros somos una empresa privada, le trabajamos a quien solicite nuestros servicios, dijo la propietaria al asegurar que su empresa no pertenece a ningún ente público.
Luego de mantenerse en el sitio por un par de horas sin encontrar prueba alguna de la fabricación de propaganda política subversiva y ante la presencia de los medios de comunicación, los funcionarios se vieron obligados a retirarse.
