RUBENS YANES | EL UNIVERSAL
martes 6 de noviembre de 2012 12:00 AM
Que el sistema judicial funciona de forma irregular, parcializada y sujeta a los caprichos del poder no son noticias nuevas. La necesidad de la depuración del sistema judicial venezolano es tan antigua como la crisis económica, para quienes crecimos tras la devaluación que nos sacó del 4,30.
Desde los 80s se oye hablar de jueces corruptos, casos con sentencias incomprensibles y de las famosas tribus judiciales, controladas por poderosos abogados con vinculaciones políticas.
También ha habido estudios económicos que revelaron lo costoso que resulta para el ciudadano común tener acceso a la justicia formal. No solo por el factor corrupción, sino por la cantidad de carencias y trabas inherente al más sencillo trámite judicial -pedir una experticia, lograr que un detenido sea trasladado o conseguir una copia de un expediente son tareas cotidianas que nuestro sistema convierte en titánicas.
Lo que sí es de una relativa novedad es la existencia de presos políticos, encarcelados por órdenes directas de algún funcionario de poder, y la existencia de pranes que controlan las cárceles y sus alrededores.
Dos de los casos más sonados hoy en día reflejan estas novedades. Ambos podrían ser considerados manifestaciones de la degradación que vivimos como sociedad.
El caso de la actriz Jimena Araya, "Rosita", irrumpe en la escena criminológica nacional como un sencillo caso de cooperación para la evasión de un recluso. Un delito menor que apenas conlleva a dos años de prisión, pero de gran impacto por la calidad de los implicados: una popular y muy atractiva actriz televisiva, y un Pran de la cárcel de Tocorón.
La captura de Rosita y su casi inmediato dictamen de libertad bajo fianza fueron noticias ampliamente difundidas.
Lo impactante fue la celeridad inicial. En horas se le aprobó la posibilidad de salir en libertad condicional, mientras que a otros reclusos -como la jueza María Lourdes Afiuni y miles de anónimos detenidos- esperan por justicia.
Amigos abogados me explicaron qué era lo procedente en el caso de la actriz Jimena Araya y así lo entendí; aunque no fueron igual de convincentes explicándome cómo una jueza de la República se mantiene detenida, aun cuando las posibles penas que le tocaría pagar ya fueron más que cubiertas.
Si Rosita podía haber salido en libertad casi inmediatamente, a Afiuni se le ha negado todo lo que se la ha podido negar. Ha sido un caso lleno de excesos e irregularidades, desde el inicio mismo cuando pusieron presa a una Jueza por haber tomado una decisión que hasta ahora no ha podido ser refutada con argumentos legales.
La comparación de estos casos me genera una duda perturbadora: ¿qué se puede esperar de una sociedad que libera a los criminales y encarcela a los jueces?
Sea cuales sean los desenlaces de estos casos, uno solo podría pedir porque en ambos o mejor en todos- el Poder Judicial cumpliese con su cometido: distribuir la justicia oportuna y "ciegamente" a todos los miembros de la sociedad.
@rubensyanes
