Gabriela Ramírez reconoció que la elección del país obliga a las autoridades a dar fiel cumplimiento a las recomendaciones en materia de Derechos Humanos que aceptó en el marco del Examen Periódico Universal.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
miércoles 14 de noviembre de 2012 06:41 PM
Caracas.- Para la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, no hay ninguna contradicción en el empeño puesto por el Gobierno para lograr el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y su decisión de retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Existe una diferencia: la Comisión y la Corte responden a una lógica parcial, mientras que el Consejo vela por la lógica de 154 países que -en Asamblea General de la ONU- votaron por nuestro ingreso tras del reconocimiento de todos nuestros avances y de la capacidad de poder aportar un trabajo vigoroso -de manera modesta y respetuosa de la soberanía de cada Nación- en materia de Derechos Humanos", afirmó luego de culminar un conversatorio en la sede de su despacho sobre los retos que para el país suponen la elección ocurrida el lunes.
Ramírez le salió al paso a las criticas que organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han realizado a la elección de Venezuela, indicando que "más que no gubernamentales se comportan como organizaciones antigubernamentales". Asimismo formuló votos porque el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos siga los pasos del Sistema de Naciones Unidas y se revise y se reforme.
En 2006 la ONU resolvió disolver a la muy cuestionada Comisión de Derechos Humanos y creó el actual Consejo de Derechos Humanos, en el cual los miembros de la organización global se someten al Examen Periódico Universal de garantías fundamentales.
La Defensora reconoció que la elección de Venezuela coloca a las autoridades en una situación de mayor compromiso a la hora de dar cumplimiento a las recomendaciones que aceptó precisamente tras ser sometida a la evaluación sobre la situación de los Derechos Humanos en octubre pasado.
El Ejecutivo aceptó tomar medidas para combatir la inseguridad y mejorar la situación de las cárceles, pero de plano rechazó adoptar cualquier medida para garantizar plenamente la situación de la libertad de expresión, la independencia judicial y mejorar su relación con organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana.
Por último, Ramírez indicó que los objetivos del Estado en el tiempo que ocupará una de las 47 sillas de la instancia que tiene su sede en Ginebra (Suiza) serán dos: Promocionar y hacerle seguimiento a la educación, y mantener el diálogo interactivo entre las naciones para apoyar a los Estados que están en mayor situación de vulnerabilidad.
