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26 octubre 2012

Doctor Chimbín

El abogado defensor del caso Walid Makled fue acusado por el Ministerio Público por el uso indebido de falsificación de documentos. De acuerdo con la investigación que se llevó a cabo el abogado utilizó una orden judicial falsa, para entregar seis inmuebles ubicados en Valencia

El Ministerio Público acusó al abogado Rafael Blanco defensor privado de Walid Makled, quien fue aprehendido el jueves 13 de septiembre en Valencia, estado Carabobo, por su presunta vinculación con el uso de una orden judicial falsa.

En dicha orden falsa el Tribunal de Juicio del Área Metropolitana de Caracas ordenaba la entrega de seis bienes inmuebles bajo resguardo de la Oficina Nacional Antidrogas. El fiscal 26° nacional, José Miguel Medina Sayago, acusó al referido abogado por la presunta comisión de los delitos de uso y falsificación de documento público, previstos y sancionado en los artículos 322 y 319 del Código Penal.

En el escrito presentado ante el Tribunal de Control del estado Carabobo, el fiscal solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de Blanco y que se mantenga le medida privativa de libertad contra el abogado, quien está recluido en la Comandancia General de la Policía del estado Carabobo.

De acuerdo con la investigación, Blanco habría cometido una irregularidad al hacer uso de una orden judicial falsa del Tribunal de Juicio del AMC, con el fin de entregar seis inmuebles ubicados en Valencia.

Todos estos costosos bienes constituidos por dos centros comerciales, un lote de terreno, una parcela, un edificio y un apartamento, son propiedad de la familia Makled, pero como cuatro de sus integrantes están enjuiciados por diversos delitos, sus propiedades se encuentran bajo resguardo de la ONA.

Rafael Blanco, quien participó como defensor de Walid Makled desde que se inició el juicio el pasado 9 de abril, fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional en su residencia ubicada en la urbanización El Trigal Centro, en cumplimiento de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía  Nacional y acordada por el Tribunal de Control del estado Carabobo.