La hegemonía del Ejecutivo impide aplicar sanciones en casos polémicos
PEDRO PABLO PEÑALOZA
| EL UNIVERSAL
lunes 3 de septiembre de 2012 12:00 AM
La tragedia de Amuay deja
llanto, dolor y una duda que se repite: ¿se llevará a cabo una
investigación seria que identifique la causa de la explosión?
La pregunta, que rebota en las redes sociales, deja en evidencia la incredulidad de un sector de la población frente a las instituciones y el propio Gobierno central.
Los casos se acumulan: ¿Quién pagó por la descomposición de miles de toneladas de comida importada por Pdval? ¿Qué se sabe del asesinato de la embajadora Olga Fonseca, ocurrido en la sede diplomática venezolana en Kenia? ¿Cómo entran armas de guerra y droga a las cárceles? ¿Quién explica la aparición de "narcoavionetas" en territorio nacional? Y el cuestionario se extiende hasta llegar a los sucesos de abril de 2002, herida que permanece abierta clamando justicia.
"Ninguna institución permite arrojar investigaciones con resultados confiables, puesto que todas están parcializadas y dominadas por el Ejecutivo nacional", sostiene el alcalde de Baruta y experto constitucionalista, Gerardo Blyde.
Blyde apunta que el pilar fundamental de un Estado democrático de Derecho se afinca en un sistema de justicia autónomo e independiente.
"Cuando esta independencia y autonomía no existe y todo el sistema judicial es manifiestamente dependiente del Ejecutivo nacional, como en Venezuela, las investigaciones y decisiones no son imparciales y, por tanto, cada vez que los ciudadanos acuden para obtener justicia terminan desprotegidos", apunta el abogado.
Bajo estas condiciones, añade Blyde, "la impunidad es la norma" y el "súper Estado se impone y aplasta los derechos del ciudadano".
Visión oficial
En diciembre de 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, levantó una polvareda al afirmar: "No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado".
Luego, Morales aclaró que el Poder Judicial no sufre ningún tipo de interferencia y abundó: "La existencia del Consejo de Estado o el principio de colaboración entre los poderes son muy sanos y permiten que el Estado, que es uno, y el Poder, que es uno divido en competencias, puedan coordinar".
El presidente Hugo Chávez coincidió con Morales al considerar que "la división de poderes debilita el Estado", pero subrayó: "Ah, la autonomía de los poderes es otra cosa. Lo que sacan los medios es que queremos eliminar los poderes y crear uno solo y, por tanto, nos quieren pintar de querer montar un modelo dictatorial para justificar cualquier cosa".
Fórmula peligrosa
Para ilustrar la realidad venezolana, el politólogo Herbert Koeneke cita una fórmula elaborada por el profesor norteamericano Robert Klitgaard: "corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas".
Koeneke indica que "en la medida que no haya mecanismos que permitan hacer auditorías, rendición de cuentas ni separación de poderes, todo se presta para la corrupción".
El académico expresa que el "monopolio" al que se refiere Klitgaard no se limita a las grandes corporaciones y pone sobre el tapete un ejemplo en el sector público: "para el caso de Amuay, Rafael Ramírez es presidente de Petróleos de Venezuela y, además, ministro de Petróleo y Minería". Es decir, concentra todo el poder.
"No hay autonomía de los poderes públicos en Venezuela y, por consecuencia, no hay confianza en las decisiones que se toman", resume Koeneke.
La revolución bolivariana incorporó a la tradicional estructura de los tres poderes públicos otros dos: el Electoral y el Ciudadano. Koeneke recuerda que las últimas dos rectoras que ingresaron al Consejo Nacional Electoral militaban en el chavismo: Socorrro Hernández era ministra de Telecomunicaciones y Tania D'Amelio, diputada a la Asamblea Nacional. De los cinco directivos del ente comicial, solo uno, Vicente Díaz, no sigue la línea roja.
Además, el oficialismo ha bloqueado la designación de un nuevo contralor general de la República, tras la muerte de Clodosbaldo Russián.
Koeneke advierte que ese cuadro institucional, marcado por la discrecionalidad, atenta contra la estabilidad de la sociedad. "El principal problema para el venezolano es la inseguridad personal, pero ahora también está la institucional".
La pregunta, que rebota en las redes sociales, deja en evidencia la incredulidad de un sector de la población frente a las instituciones y el propio Gobierno central.
Los casos se acumulan: ¿Quién pagó por la descomposición de miles de toneladas de comida importada por Pdval? ¿Qué se sabe del asesinato de la embajadora Olga Fonseca, ocurrido en la sede diplomática venezolana en Kenia? ¿Cómo entran armas de guerra y droga a las cárceles? ¿Quién explica la aparición de "narcoavionetas" en territorio nacional? Y el cuestionario se extiende hasta llegar a los sucesos de abril de 2002, herida que permanece abierta clamando justicia.
"Ninguna institución permite arrojar investigaciones con resultados confiables, puesto que todas están parcializadas y dominadas por el Ejecutivo nacional", sostiene el alcalde de Baruta y experto constitucionalista, Gerardo Blyde.
Blyde apunta que el pilar fundamental de un Estado democrático de Derecho se afinca en un sistema de justicia autónomo e independiente.
"Cuando esta independencia y autonomía no existe y todo el sistema judicial es manifiestamente dependiente del Ejecutivo nacional, como en Venezuela, las investigaciones y decisiones no son imparciales y, por tanto, cada vez que los ciudadanos acuden para obtener justicia terminan desprotegidos", apunta el abogado.
Bajo estas condiciones, añade Blyde, "la impunidad es la norma" y el "súper Estado se impone y aplasta los derechos del ciudadano".
Visión oficial
En diciembre de 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, levantó una polvareda al afirmar: "No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado".
Luego, Morales aclaró que el Poder Judicial no sufre ningún tipo de interferencia y abundó: "La existencia del Consejo de Estado o el principio de colaboración entre los poderes son muy sanos y permiten que el Estado, que es uno, y el Poder, que es uno divido en competencias, puedan coordinar".
El presidente Hugo Chávez coincidió con Morales al considerar que "la división de poderes debilita el Estado", pero subrayó: "Ah, la autonomía de los poderes es otra cosa. Lo que sacan los medios es que queremos eliminar los poderes y crear uno solo y, por tanto, nos quieren pintar de querer montar un modelo dictatorial para justificar cualquier cosa".
Fórmula peligrosa
Para ilustrar la realidad venezolana, el politólogo Herbert Koeneke cita una fórmula elaborada por el profesor norteamericano Robert Klitgaard: "corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas".
Koeneke indica que "en la medida que no haya mecanismos que permitan hacer auditorías, rendición de cuentas ni separación de poderes, todo se presta para la corrupción".
El académico expresa que el "monopolio" al que se refiere Klitgaard no se limita a las grandes corporaciones y pone sobre el tapete un ejemplo en el sector público: "para el caso de Amuay, Rafael Ramírez es presidente de Petróleos de Venezuela y, además, ministro de Petróleo y Minería". Es decir, concentra todo el poder.
"No hay autonomía de los poderes públicos en Venezuela y, por consecuencia, no hay confianza en las decisiones que se toman", resume Koeneke.
La revolución bolivariana incorporó a la tradicional estructura de los tres poderes públicos otros dos: el Electoral y el Ciudadano. Koeneke recuerda que las últimas dos rectoras que ingresaron al Consejo Nacional Electoral militaban en el chavismo: Socorrro Hernández era ministra de Telecomunicaciones y Tania D'Amelio, diputada a la Asamblea Nacional. De los cinco directivos del ente comicial, solo uno, Vicente Díaz, no sigue la línea roja.
Además, el oficialismo ha bloqueado la designación de un nuevo contralor general de la República, tras la muerte de Clodosbaldo Russián.
Koeneke advierte que ese cuadro institucional, marcado por la discrecionalidad, atenta contra la estabilidad de la sociedad. "El principal problema para el venezolano es la inseguridad personal, pero ahora también está la institucional".
