06:56 pm 04-Ago de 2012|AVN
La información fue suministrada por el ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, quien indicó que un abogado estaría implicado en el asesinato del juez
El ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami | Eleonora Delgado
Dos personas fueron detenidas entre este viernes y sábado en dos municipios del estado Táchira y cuatro están siendo investigadas por su presunta participación en el asesinato del Juez Principal del Juzgado del municipio Jáuregui, Edixon Alberto Olano Jaimes, ocurrido el martes pasado en La Grita.
La información fue suministrada por el ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, quien indicó que la comisión especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) enviada desde Caracas maneja la hipótesis del robo como móvil del crimen.
El viernes fue detenido en Palmira, municipio Guásimos, Francisco Gabriel Montilla Zambrano, venezolano de 20 años de edad, uno de los autores materiales del homicidio, a quien se le incautó un arma de fuego comprometida con el suceso.
Este sábado en horas de la mañana fue detenido Jorge Iván Márquez Ramírez, abogado de nacionalidad venezolana y a quien se le decomisó el arma de reglamento asignada al juez.
"Este abogado planificó el robo a la residencia del juez en La Grita, posteriormente hubo una situación de secuestro de los familiares y el juez lamentablemente fue asesinado. Además, estamos investigando a cuatro personas más, entre ellas dos efectivos de la Policía del Táchira (Politáchira), por su presunta relación con el suceso", acotó El Aissami.
"Esto viene a corroborar que el ejecutivo regional se desentendió de su competencia y no tiene autoridad sobre la policía estadal. Por su irresponsabilidad, por estar involucrado en hechos de corrupción, por su desdén e incompetencia, reitero la solicitud de transferir Politáchira al gobierno nacional para devolverle la tranquilidad al pueblo tachirense", apuntó.
El ministro expresó que lamenta la relación de funcionarios de cualquier cuerpo de seguridad con hechos criminales y es por ello que el gobierno trabaja para la formación de la Policía Nacional, a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes).
