JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Casi 24 mil bolívares deberá desembolsar el expresidente de la Corte Primera Contencioso Administrativa, Enrique Sánchez, para hacer frente a la multa de 250 unidades tributarias que el Auditor Interno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le impuso por presuntas irregularidades administrativas durante su paso por ese organismo.
El encargado de velar por el buen uso de los fondos del máximo juzgado, Jesús Gerardo Díaz, le aplicó la sanción al exfuncionario en junio pasado, luego de constatar que éste le dio el visto bueno a 33 solicitudes de viáticos, por un monto de 7.507,50 bolívares, a favor de quien era su chófer, Jhony Zambrano.
Al revisar los motivos por los cuáles el exmagistrado autorizó la tramitación de los fondos, el Auditor Interno del TSJ se encontró con que éste simplemente los justificó señalando que su subalterno iba a realizarle "diligencias personales" en localidades como Guatire (Miranda) o La Guaira (Vargas); y, por ello, lo acusó de violar la legislación nacional y la normativa que en la materia tiene el Poder Judicial.
El Instructivo de viáticos y otros gastos para el personal de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y el Poder Judicial establece que los bonos por traslado y alimentación son simplemente para "el logro y cumplimiento de la misión, objetivos y metas de quienes deban trasladarse dentro o fuera del país".
Díaz, en su dictamen, no sólo le impuso una multa de 250 unidades tributarias, las cuales deben ser calculadas a 65 bolívares cada una; sino que también le ordenó que le reintegre al Fisco Nacional el monto total de los 33 viáticos que le tramitó a su chófer.
Más sanciones
Además de la multa y del reparo, Sánchez podría ser sometido a otras sanciones en los próximos meses, pues el Auditor Interno del TSJ remitió el expediente en su contra a la encargada de la Contraloría General de la República, Adelina González, con el propósito de que le imponga los castigos que contempla en el artículo 105 de la Ley que regula a su despacho para quienes hagan mal uso del erario público.
La norma antes mencionada es la que faculta a la Contralora a acordar "en atención a la entidad del ilícito cometido" medidas como la suspensión, la destitución o la inhabilitación para el ejercicio de cargos de designación o elección popular por hasta 15 años.
Como Sánchez fue removido de su cargo a finales de junio de 2011, apenas cinco meses después de haber sido designado por el TSJ, se enfrenta a la posibilidad de ser impedido de ocupar cualquier puesto en la Administración Pública por hasta los próximos tres lustros.
En 2007 la Auditoría Interna del máximo juzgado ya dio noticia, pues a mediados de ese año se filtró un informe que elaboró y en el cual denunció que detectó irregularidades en la contratación y ejecución de distintas obras en la sede del organismo del rector del Poder Judicial. Dichas obras fueron impulsadas durante la gestión del anterior presidente del TSJ, magistrado Omar Mora Díaz; en la cual la actual presidenta, magistrada Luisa Estella Morales, ocupó la Primera Vicepresidencia.
