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30 junio 2011

Ojeda: Situación en El Rodeo II demuestra el “colapso” del sistema judicial venezolano

El diputado William Ojeda, sostuvo que lo que ocurre en El Rodeo 2, demuestra “el colapso del sistema de administración de justicia en Venezuela”.

Destacó que no se tuvo que esperar que ocurrieran los hechos para comenzar a dar los beneficios procesales “que son Ley”, insistió.

Durante una conversación que sostuvo con familiares de los internos que permanecen en las inmediaciones de la cárcel, Ojeda criticó que el Ejecutivo luego de lo ocurrido, comience a clasificar a los internos, compruebe la insalubridad de los centros de reclusión y ataque los problemas de hacinamiento.

Por otro lado, propuso que organismos como Amnistía Internacional y la Cruz Roja intervengan para solucionar el conflicto en El Rodeo.

“Los organismos de reconocido prestigio en defensa de Derechos Humanos”, precisó.

Finalmente consideró que se deben identifica los directores y subdirectores de los centros de reclusión a nivel nacional.

“Hay que saber quienes son, cual es su procedencia, cual es su trayectoria porque ahí podríamos estar identificando algunas aberraciones que podrían estar cometiéndose desde el ministerio de Interior y Justicia”, alegó.

Via Unión Radio

27 junio 2011

Kennedy Bolívar: perseguido por denunciar corrupción en el TSJ

Actualmente se encuentra trabajando desde la Mesa de la Unidad Democrática en Florida, como Coordinador de la Comisión de Asuntos Juveniles y Estudiantiles, con la finalidad de agrupar a la mayor cantidad jóvenes en el exterior, residentes en EE UU, para participar en las elecciones presidenciales del año próximo

La historia de Kennedy José Bolívar Rosales,  no es fácil de digerir ya que desde el año 1999, con la llegada del Chávez al poder, comenzó la persecución política  en su contra, cuando presidía el comité de defensa de DD HH “Wilfredo Velásquez”, nombre que llevaba esta ONG  en  homenaje el productor agropecuario Wilfredo Velásquez, quien muere asesinado en el año 2000, presuntamente por agentes policiales del Estado Barinas, durante el mandato del gobernador de ese Estado Hugo de Los Reyes Chávez.
Actualmente se encuentra  trabajando  en  la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, como Coordinador de la Comisión de Asuntos Juveniles y Estudiantiles,  con la finalidad de agrupar a la mayor cantidad jóvenes en el exterior residentes en EE UU, para participar en las elecciones presidenciales del año 2012.

Una situación nada fácil

Explica que en la actualidad hay más de 60 mil asilados, al menos registrados en todos el Estado de La Florida, que  están luchando por su derecho a votar no solo en las primarias de la oposición del próximo 12 de Febrero, sino también en las presidenciales del 2012. La cosa no ha sido fácil. La política en nuestros consulados es retardar cualquier proceso de solicitud de documentos, renovación así como inscripción de nuevos votantes en el Registro Electoral (RE).
"Muchos jóvenes venezolanos salieron del país siendo menores de edad y ya alcanzan la mayoría, deben renovar su documentación de identidad, como es la cedula, pero esto es imposible", afirma.


Los atentados:

En el mes de enero de 2002, Kennedy José Bolívar, presenta una solicitud de investigación por intimidación y atropello contra dirigentes del partido que apoyaba al Presidente Chávez, tales como el alcalde de Caracas para la época Freddy Bernal, Lina Ron, Richard Peñalver, y otros  involucrados en los sucesos de Puente Llaguno. Al mes siguiente, luego de encabezar una marcha que exigía respeto a la Libertad, la Democracia y la Tolerancia, saliendo de la Universidad Central de Venezuela, fue herido por  arma de fuego a quemarropa, impactado en  el  brazo derecho. 


Las detenciones

En  febrero de 2003, aproximadamente a las 7:30 de la noche, momentos antes de ingresar a su casa fue aprehendido por funcionarios de la policía política DISIP (hoy día SEBIN), Dicha denuncia fue realizada por “La Razón y El Nacional”,  así como por el diputado Cesar Pérez Vivas en la Asamblea Nacional para el momento.    

Vivo o muerto

Cuenta Kennedy que en las distintas protestas de trabajadores que lideraron un grupo de sindicalistas, desempeñándose él, como delegado sindical del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ);  la arremetida por parte de la DEM-TSJ fue brutal, luego que en  enero de 2009,  presentara una denuncia de corrupción contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual trajo como consecuencia una persecución a nivel laboral, terrorismo laboral y político, siendo tildado de agente político de la oposición. A partir de Julio de 2009, ocupa el cargo de Presidente de la Seccional Caracas Este, del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ),  luego de haber realizado denuncias salariales, y de persecución política dentro del Poder Judicial es notificado personalmente por un grupo de  funcionarios de la Dirección de Seguridad y Directores de oficinas laborales que no podía ingresar a su lugar de trabajo y que había sido destituido del  cargo, de asistente de Tribunal en el Circuito Judicial de Los Cortijos de Lourdes, Municipio Sucre del Estado Miranda. 
“Me esperaban agentes de seguridad y de la  Policía   Política, esa misma noche se presentaron dos personas de civil sin identificación en las afueras de mi casa en motos que usualmente usa la policía  averiguando mi dirección de residencia”, comentó.

La tapa del frasco

En agosto de 2010, desde la Ciudad de Miami la periodista Patricia Poleo en su columna  “Factores de Poder”, hace mención al caso más célebre de terrorismo judicial cometido en el Poder Judicial Venezolano, refiriéndose a su persona; lo que bastó para que el Gobierno del Poder Judicial le acusara de estar suministrando información a la referida periodista y de inmediato se procede a  la apertura de una averiguación penal en su contra, acusándosele  a través de un oficio que era firmado por la Dirección de Seguridad y el Director Ejecutivo de la Magistratura,  en atención a una solicitud que hiciera la ciudadana Luisa Estela Morales, de obstrucción a la Administración de Justicia, saboteo, corrupción, daño a la cosa pública y asociación para delinquir, siendo estos el principio de un serie de acusaciones en su contra.
Esta es tan solo una historia más de los perseguidos políticos venezolanos. El  10 de febrero de 2011, un juzgado de migración previa verificación de toda una documentación y pruebas le otorgó a Kennedy José Bolívar Rosales la protección de asilo político.  

Ficha de un activista


• Nombre: Kennedy José Bolívar Rosales (Exiliado Político Venezolano, nace en el Estado Barinas y aunque es  abogado de profesión, se ha convertido en todero para sobrevivir.



• Presidente de la Seccional Caracas Este del Sindicato Unitario Organizado Nacional de la Administración de Justicia (SUONTRAJ)



• Miembro del Comité de Jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y ex dirigente estudiantil de la UCV. 





Wilmer Suárez


26 junio 2011

Afirman que el aumento de presos es culpa de los jueces

OLGALINDA PIMENTEL | EL UNIVERSAL
sábado 25 de junio de 2011 12:00 AM


 

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El incremento a 110% de la población carcelaria en apenas casi cuatro años, de acuerdo con el informe de gestión del Ministerio de Interior y Justicia de 2010, es responsabilidad directa del Poder Judicial, por incurrir en retardo procesal al no realizar las audiencias preliminares a los detenidos y no atender a los beneficios procesales de los presos.

Es la opinión de la ex directora de Prisiones del Ministerio de Justicia (1997) y ex juez penal, Mónica Fernández, quien instó a las autoridades de los poderes públicos que tienen responsabilidad en el tema carcelario a analizar el problema y tomar decisiones que frenen el aumento exagerado de la población penal.

"¿Cómo es posible que no se celebren audiencias preliminares? El propio informe del MIJ dice que más de 60% de los procesados no va a esos actos procesales. Hay que revisar por qué no se están realizando; cuáles son las excusas para no hacerlos", expresó Fernández, quien aseguró que en estos años ha crecido la inseguridad y la impunidad en dimensiones alarmantes.

Un 98% de los homicidios queda impune, de acuerdo con estadísticas correspondientes a 2010, pero también es cierto, dijo, que los detenidos son afectados por el retardo procesal, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal establece un lapso máximo de dos años para los procesos.
"Hay el número de presos que el Poder Judicial quiere que haya, porque los funcionarios que participan en la administración de justicia no cumplen con los lapsos procesales", afirmó. Señaló que curiosamente esa no es la situación de los juicios políticos.

"Si comparamos la celeridad de los procesos relacionados con casos políticos con aquellos ordinarios, puede observarse que no existe la misma celeridad. Los jueces están demasiado ocupados en responder otras exigencias".

Indicó que con la politización de las instituciones comenzó el colapso carcelario porque los jueces "tienen miedo de soltar gente".

"¿Cuántos jueces han realizado inspecciones en las cárceles en los últimos años? No van. Tienen miedo tal vez. Los presos están a a orden de los tribunales, no del Ejecutivo, y son ellos los que tienen que velar por los detenidos", advirtió.

Diez mil bolívares para magistrados del TSJ

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Seis los rechazaron por considerarlo fraude a la Ley de Emolumentos y advirtieron que esa misma Ley establece sanciones a quien reciba compensaciones extras.

¿TSJ? El 29 de enero de 2011 apareció en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público. De acuerdo con esa ley los emolumentos mensuales a percibir por los altos funcionarios entre los cuales se encuentran los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es de 12 salarios mínimos, el cual con el último aumento decretado por el Presidente de la República es de Bs. 1.223, suma ésta que al final nos da como tope máximo la cantidad de Bs. 14.676 mensuales. Es clara la citada ley cuando señala lo que debe considerarse como emolumento y así en su artículo 4 dispone: ART. 4. Se consideran emolumentos, la remuneración, asignación, cualquiera sea su denominación o método de cálculo, tenga o no carácter salarial, siempre que pueda evaluarse en efectivo y que corresponda a los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular, con ocasión a la prestación de su servicio. A tal efecto, los emolumentos comprenden, entre otros; los salarios y sueldos; dietas; primas; sobresueldos; gratificaciones; bonos; bono vacacional; bonificación de fin de año y asignaciones monetarias o en especies de cualquier naturaleza. Es decir, comprende todo tipo de ingreso, tengan o no carácter salarial, sea en asignaciones monetarias o en especies de cualquier naturaleza.

La ley es clara, los únicos emolumentos que pueden percibir los Magistrados del TSJ, en asignaciones monetarias o en especie de cualquier naturaleza no puede exceder del monto equivalente a 12 salarios mínimos. Ahora, nos hemos enterado de que con base en la Ley de Alimentación para los Trabajadores, donde se consagra la figura del llamado cesta ticket, se han emitido tarjetas para los magistrados por el orden de diez mil bolívares mensuales. Algunos magistrados, incluida la Dra. Mármol de León, se negaron a recibir este beneficio porque consideran que es un fraude a la Ley de Emolumentos. Aún cuando pudiera aceptarse que la figura del ticket o tarjeta de alimentación no está prevista dentro del concepto de emolumentos, encontramos que se excedió en mucho el monto que se podría otorgar mediante la figura del ticket o tarjeta de alimentación.

La la Ley de Alimentación para los Trabajadores que es el instrumento legal donde se consagra la figura del ticket o tarjeta electrónica de alimentación, en su Art. 5, Parágrafo 3ro. establece un límite máximo para este beneficio: “…Cuando el beneficio previsto en esta Ley se otorgue a través del suministro de cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación, la provisión mensual de estos suministros no deberá exceder el 30% del monto que resulte de sumar al salario mensual del respectivo trabajador el valor de los cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación recibidos por éste en el respectivo período mensual….”.

De acuerdo con esto, si el monto máximo a percibir por estos altos funcionarios es de Bs. 14.676, el límite máximo del beneficio dicho será la cantidad de Bs. 4.402,80 y nunca ese monto de diez mil bolívares mensuales.

fuente: quintodia.com

“La respuesta del Estado frente al crimen no siempre tiene que ser la prisión”

Foto captura cortesía de Televen, 26 de junio de 2011

El periodista José Vicente Rangel entrevistó este domingo a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Durante su participación en el programa José Vicente hoy hizo referencia acerca de la situación que se está viviendo en El Rodeo I y II.

La respuesta del Estado frente al crimen no siempre tiene que ser la prisión, el principio tiene que ser la libertad“, manifestó.

Al respecto manifestó que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagra que la prisión tiene que ser una excepción y que por encima de ella deben estar medidas como el régimen abierto que le permitan al individuo regenerarse.

“Nuestro régimen penitenciario es un régimen de vanguardia porque no es nada más la vigilancia y la custodia, en este proceso debe haber la posibilidades que el interno pueda reinsertarse en la sociedad. Nosotros hemos generando un modelo económico e incluso cultural donde el individuo le ha dado importancia al aspecto material”, enfatizó.

22 junio 2011

"Queremos a nuestros hijos, así estén descompuestos"

Sucesos 22 Jun 2011 | 07:11 am - Por Javier Ignacio Mayorca

Familiares exhortan al Gobierno para que identifique a todos los cadáveres que todavía permanecen en el complejo carcelario .

Raymundo Jáuregui estuvo durante tres días seguidos en los alrededores del complejo penitenciario de El Rodeo, a la espera de alguna información sobre su hijo Eulises José Jáuregui.

Cuando comenzó la intervención del penal por efectivos de la Guardia Nacional el viernes 17, el hombre, de 21 años de edad, apenas tenía 9 días en Rodeo I, por el robo de un teléfono celular. Gracias a las conversaciones con pastores evangélicos que permanecían en el reclusorio, Raymundo Jáuregui supo que su hijo falleció al recibir 2 disparos, presuntamente, durante el intercambio de fuego con los guardias nacionales.

Desde entonces, su cadáver permanecería arrinconado con otros tantos en la planta baja de la edificación. Fue quemado durante la incursión militar, según Jáuregui, y los restos han continuado deteriorándose por efecto del calor y la humedad de la zona.

"Queremos a nuestros hijos, así estén descompuestos. Ahí en La Torre no hubo cortocircuito, como dice el Gobierno.

Lo que hubo fue una masacre grande. Luego quemaron a los muertos", gritó.

La muerte de Jáuregui se produjo, supuestamente, después de las 3:00 pm del viernes cuando los presos del sector La Torre quedaron sin municiones y optaron por rendirse.

Le dispararon cuando asomaba una tela blanca, en señal de rendición, según las informaciones que él recibió.

"Queremos justicia. Que digan la verdad sobre lo que allí ocurrió. Pasaron la ametralladora sin respetar ni siquiera a los evangélicos. No dejaremos que los lleven a La Peste", dijo.

Drogas y armas. Para Raymundo Jáuregui es imposible que los familiares de los presos hayan introducido en las armas y las drogas en el penal, que luego fueron decomisadas por la Guardia Nacional durante la toma del sector La Torre.

"A uno lo desnudan y le meten las manos por todas partes para ver qué es lo que lleva. Los que pasan las drogas y las pajizas (escopetas) son del Gobierno", afirmó.

Recordó que durante su permanencia en los alrededores de la cárcel fue víctima de malos tratos por parte de los militares. Los presos de Rodeo I tenían armas cortas y largas, granadas fragmentarias y más de 44 kilos de cocaína en panelas, según la Guardia Nacional.

Jáuregui también criticó la cobertura realizada sobre estos sucesos por los medios de comunicación oficialistas.

"A veces han puesto a gente pagada para que se nos quite la angustia", afirmó.

Exhortó finalmente al Gobierno para que identifique a todos los cadáveres que todavía permanecen en el complejo carcelario. En su criterio, ése va a ser el primer paso para lograr justicia.

Desobediencia civil en regiones

Los reclusos del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, se declararon en desobediencia civil y se niegan a trasladarse a tribunales, en apoyo a los presos de Rodeo I y II. Como consecuencia, 80 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se sumaron a los 100 funcionarios que diariamente custodian este penal.

El general Alejandro Keleris Bucarito, comandante del Core 7, indicó que por ahora las visitas a los reos que llegaron de Rodeo están suspendida.
Un grupo de familiares de reclusos de Rodeo se presentó ayer en el Internado Judicial de Carabobo en Tocuyito. Algunos trataron de ingresar, pero no se les permitió la entrada. Sin embargo, pudieron enviar alimentos y comidas preparadas a sus familiares.

En solidaridad con los presos de Rodeo que fallecieron el fin de semana y que han sido trasladados a diversos estados del país, los reclusos del Internado Judicial de San Felipe iniciaron una huelga judicial pacífica, y se niegan a ser trasladados a la sede del Circuito Judicial del estado Yaracuy para impedir la realización de las audiencias.

En Barquisimeto, cuatro reclusos de Rodeo que fueron trasladados a la cárcel de Uribana recibieron ayer boleta de excarcelación, y quedaron bajo régimen de presentación cada ocho días. 

Foto: Thabata Molina

con información de EL NACIONAL

Ministerio Público imputará a 4 funcionarios del CICPC por muerte de tres detenidos

21 Jun 2011 | 04:46 pm - Por El-Nacional.com / Nota de prensa
También se pidió el traslado al referido Tribunal de los funcionarios Evert Rondón y Alfredo Suárez, quienes permanecen privados de libertad por su presunta vinculación con este caso, a fin de imputarles otros delitos. Más: "Edema cerebral por disminución de oxígeno" mató a prisioneros del Cicpc"

 

El Ministerio Público citó en calidad de imputado, para el próximo jueves 23 de junio, al anatomopatólogo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Franklin Pérez, por el caso de la muerte de tres detenidos en El Rosal, ocurrida el 26 de mayo 

En este sentido, los fiscales 39° nacional y 86° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Carlos Tabares y Desireé Boada, respectivamente, imputarán al galeno, en presencia de su representante legal, por los delitos que a bien haya determinado el MP.

Asimismo, los fiscales solicitaron ante el Tribunal 48° de Control del AMC, órdenes de aprehensión contra cuatro funcionarios del Cicpc como parte de la investigación en este caso.

Adicionalmente, se pidió el traslado al referido Tribunal de los funcionarios Evert Rondón y Alfredo Suárez, quienes permanecen privados de libertad por su presunta vinculación con este caso, a fin de imputarles otros delitos.

Vale señalar que el pasado 02 de junio, Rondón y Suárez fueron imputados por trato cruel a detenido, omisión de socorro y quebrantamiento de pactos y tratados internacionales.

Es importante recordar, que el pasado 26 de mayo se encontraron los cuerpos sin vida de Pedro Rivero y William Nazareth Pérez, quienes permanecían recluidos en la mencionada dependencia del Cicpc.
Horas antes, por presentar problemas de salud, fue trasladado a Salud Chacao, Rubén Enrique Arnal, quien estaba detenido en la mencionada sede del organismo policial desde el 23 de mayo.

No obstante, por la gravedad del cuadro clínico, fue remitido al Hospital Domingo Luciani, de El Llanito, en el municipio Sucre del estado Miranda, donde posteriormente falleció.

con información de EL NACIONAL

20 junio 2011

El "pran" y su ejército de peones

19 Jun 2011 | 08:11 pm - Por THABATA MOLINA
Un informe de la Dirección de Servicios Penitenciarios revela la estructura que organiza la cadena de mando que gobierna en las cárceles

Como si se tratara de un juego de ajedrez sobre un tablero corroído por la violencia y la desidia, en el submundo carcelario existe una estructura que permite un relativo orden interno en el penal. Pero esto tiene un precio. Todo el poder recae sobre una sola figura, los demás son sólo peones, y cada movimiento tiene un solo propósito: proteger al "pran", que puede compararse con el rey en el ajedrez. Así sus negocios serán prósperos y "reinará" la calma.

Los funcionarios de la Dirección Nacional de los Servicios Penitenciarios elaboraron un informe sobre cómo es la estructura interna de poder en las cárceles. En Rodeo I y en el resto de los penales venezolanos existen estas estructuras denominadas "carros", cada una arrastra hasta 500 reos y se impone la ley del más fuerte. Viven bajo normas y reglas no escritas, pero que de manera tácita son asumidas por cada uno de los internos, que se someten al poder de un solo hombre.

En el caso de Rodeo I, hay dos carros, el de La Torre y el del Anexo. De estos dos grupos de poder depende todo el modus vivendi de los 3.000 reos que alberga el penal.

¿Cómo juegan? El liderazgo es del "principal" o "pran" y viene dado por su poder de letalidad: es un cargo que se gana a punta de sangre. Tras él, siempre habrá uno o dos reclusos que se convertirán en su "sombra" (como se les denomina en el argot penitenciario) y su "mano derecha" que, sin duda alguna, deben ser hombres capaces de dar su vida a cambio de la de su líder. Su papel dentro del tablero es el de la torre.

El "pran" también tiene a sus servicios uno o dos reclusos llamados "la bóveda". Ellos tienen la responsabilidad de almacenar y custodiar los botines de armas, dinero y bienes que negocia el líder con el resto de la población penal.

A los servicios del principal también están el cobrador y los voceros. La función de los primeros es básicamente llevar en un cuaderno registro de todos los negocios y deudas que cada reo asume con "el carro", desde el derecho por estar en el área de mando, que ellos lo llaman "la causa", hasta lo que cada recluso le deba por la droga o las armas que le compre, mientras que los voceros o palabreros tienen más bien la función del caballo del ajedrez: hablan ante las autoridades del MRIJ o del carro rival, en representación del líder, pero no tienen potestad para tomar decisiones dentro de la cadena de mando, por lo general, son miembros de la iglesia evangélica y llamados "varones de fuego".

El penúltimo nivel de la estructura organizativa penitenciaria está representado por los "gariteros". Ellos se encargan de mantener informado al principal de lo que ocurre a su alrededor, pero no se pueden desplazar a sus anchas por el penal ni mucho menos matar.

Sólo se ubican en el territorio dominado por su "pran". En momentos de crisis, los enemigos del "pran" antes de tener acceso al líder tendrían que pasar por los "luceros", que son una especie de grupo de choque, también encargado de montar guardias por hora. Ellos tienen libertar para moverse por todas las áreas del penal y trabajan basados en el terror que aplican a la población general. Entre sus funciones está cobrar las cuentas del líder y tienen potestad para decidir a quién matan. Son un grupo de 300 reclusos aproximadamente por "carro" que controlan armas y evocan el trabajo del peón en el ajedrez.

Costumbre y adaptación. "El principal es el que decide a quién vende las armas, qué se vende en las cantinas, maneja la droga y hasta quién vive dentro de las distintas áreas del penal, y nosotras sólo nos limitamos a traer el dinero para que ellos adentro puedan vivir lo mejor posible", explicó un familiar de un reo de Rodeo I. Para entenderlo es casi imprescindible empaparse del argot, pues utilizan términos propios para identificar con claves el entorno. Las mujeres, que también participan de la dinámica, tienen como líderes a "las punteras" que son los que están a la cabeza de las colas durante los días de visitas, las primeras en entrar y las voceras del grupo.

Cuando un familiar cae preso, por lo general, son las mujeres de la familia las que asumen la carga. Ellas se adaptan a la rutina y en cada visita sortean los escalafones de mando ­en el área externa con la Guardia Nacional y en el interior con los custodios penitenciarios­ para que sus vidas y la de su familiar sean lo más cómodas posible durante su permanencia en ese penal.

fuente: El Nacional

18 junio 2011

TSJ prohíbe temporalmente castigar la mendicidad

La Sala Constitucional admitió la petición de la defensora del Pueblo para que revise la constitucionalidad de las normas que consideran delito el pedir dinero o comida.

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL

viernes 17 de junio de 2011  01:37 PM

Caracas.- Ningún venezolano podrá ser detenido por pedir comida o dinero en las calles del país, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió suspender temporalmente los tres artículos del Código Penal que sancionaban la mendicidad.

La decisión la adoptó la Sala Constitucional del máximo juzgado al admitir la demanda de nulidad que la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, interpuso contra los artículos 502, 503 y 538 del Código Penal y aceptó la petición de ésta de dejarlos sin efecto mientras revisa si se ajustan o no al texto fundamental.

Ramírez, en su acción, sostiene que el permitir que se castigue a las personas por pedir constituye una violación al debido proceso.

“El Poder Judicial es uno de los elementos más corruptos y donde menos hemos hecho”

Valencia, 18 Jun. AVN .- Establecer mecanismos que permitan ejercer la contraloría dentro del sistema judicial venezolano propusieron este sábado los abogados bolivarianos de la región central del país durante un encuentro del gremio realizado en Valencia, estado Carabobo.

Carlos Escarrá, diputado de la Asamblea Nacional (AN) y vocero de la coordinación jurídica del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), refirió que esta propuesta es necesaria para mejorar el sistema de justicia del país.

“Este encuentro fue muy significativo y entre las principales propuestas destacan la creación de una contraloría judicial. El Poder Judicial es uno de los elementos más corruptos y donde menos hemos hecho lamentablemente en la revolución”, manifestó.

Agregó que “esta contraloría debe atacar las roscas en todos los niveles. Aquí hay mafias entre policías, fiscales y jueces, y también debe garantizar todo lo relativo a los derechos humanos”.

Otro tema discutido durante este encuentro fue el rol del abogado y la unidad del gremio dentro del proceso revolucionario, aspecto que para Escarrá, debe reforzarse para garantizar espacios en este estado.

“Los abogados tenemos que organizarnos y unirnos todos. Aquí en Carabobo es muy importante este proceso de unidad porque tenemos un gobernador pataruco y necesitamos sustituir por personas comprometidas con este proceso revolucionario”, expresó.

Las propuestas dadas en este encuentro regional de abogados serán presentadas en el congreso nacional de profesionales de las leyes, el cual se desarrollará próximamente en la ciudad de Caracas.

En esta reunión participaron profesionales de los estados Aragua, Carabobo, Guarico, Cojedes, Lara, Yaracuy, Bolívar y Carabobo.

12 junio 2011

Tribunal elimina cargo de homicidio contra Maicán

Por: 
Maisdulin Younis (Correo del Caroní)



Ciudad Guayana, Domingo, 12 de Junio de 2011 (Foto archivo).- El Tribunal Segundo de Control otorgó medida cautelar de libertad, con régimen de presentación cada 30 días, al secretario de finanzas de Sintraferrominera, Héctor Maicán, quien fue arrestado el pasado jueves por accionar su arma durante el enfrentamiento entre trabajadores de Ferrominera Orinoco, en el que perdió la vida el empleado Renny Rojas. El juez desestimó el homicidio calificado por motivos fútiles e innobles que formuló la Fiscalía contra Maicán, y solo precalificó los delitos de porte ilícito y lesiones leves.

Los seguidores del secretario de organización de Sintra-ferrominera, Alfredo Spooner, se congregaron ayer en la mañana en las instalaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, para brindarle su apoyo “incondicional” a Héctor Maicán, el secretario de Finanzas de la organización que resultó detenido por la balacera ocurrida el jueves en Ferrominera Orinoco.

La audiencia de presentación a las 3:40 de la tarde, después de varias horas de espera en la que los manifestantes gritaron consignas y pidieron la libertad del principal sospechoso, hasta ese momento, de la muerte de un empleado en el portón de la estatal.

Una hora después, el Tribunal Segundo de Control, a cargo del juez Carlos Oronoz, otorgó medida cautelar de libertad, con régimen de presentación cada 30 días, al secretario de Finanzas de Sintraferrominera, Héctor Maicán.

El caso es llevado por la Fiscalía Novena Nacional y la Cuarta de Ciudad Guayana, cuyos representantes imputaron al detenido por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles. Pese a las evidencias presentadas, el juez sólo precalificó los delitos de porte ilícito y lesiones leves.

El dirigente sindical fue arrestado por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el pasado jueves, minutos después del hecho violento que se registró en el portón principal de Ferrominera Orinoco (FMO).

Fue acusado por varios de los trabajadores, de haber sido el pistolero que presuntamente segó la vida del ferrominero Renny Rojas y ocasionarles heridas de bala a otros dos hombres.

Agredidos por buscar la información…

Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, el equipo reporteril de Correo del Caroní asistió a la sede del Palacio de Justicia, donde se iba a dar la audiencia de presentación.

Los hombres y mujeres apostados frente a la sede tribunalicia portaban pancartas en manos que decían: “Maicán Inocente”, “Rubén González Asesino”, “Periodistas Terroristas”, “Correo del Caroní cómplices”.
Miradas fijas y rumores comenzaron a sentirse entre todos los presentes, mientras el fotógrafo y la periodista de este diario intentaban saber del estatus del acto judicial.

No habían pasado dos minutos de la llegada de los reporteros cuando un grupo se comenzó a alterar y gritar: “fuera el Correo del Caroní, no queremos a escuálidos entre nosotros. Ustedes son unos fascistas que no están con el proceso y lo único que hacen es difamar las informaciones. Son cómplices del asesinato de nuestro compañero (Rojas) y están tapando al asesino de Rubén González”.

Los reporteros hicieron oídos sordos a estas denuncias y esa reacción hizo que estas personas se disgustaran más.

Carlos León (reportero gráfico) sacó su cámara fotográfica y al intentar capturar ese momento fue agredido física y verbalmente por todos los presentes.

León y cuando intentó subirse al vehículo fue alcanzado por varios hombres vestidos de rojo, con fichas guindadas en el cuello que los identificaban como trabajadores de FMO. De manera violenta lo atacaron hasta lanzarlo en el suelo y darle algunas patadas.

Ante esta situación la periodista se acercó con la intención de calmar los ánimos, pero negándose a retirarse del sitio y pidiéndoles apoyo a los representantes del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise). En ese instante fue empujada por una mujer y posteriormente comenzaron a llamarla “Asesina”, “amarillista” y “basura”.

Inaceptable
Correo del Caroní no pudo recoger las incidencias del acto judicial por no contar con suficientes garantías para el ejercicio periodístico, luego de las agresiones que sufrió el equipo de Sucesos en las afueras del Palacio de Justicia, donde fue golpeado el fotógrafo Carlos León e insultada la periodista Maisdulin Younis por personas identificadas con la plancha 7 de Sintraferrominera.

Solicitamos a los cuerpos de seguridad detener estos métodos violentos que limitan la acción periodística y al Gobierno a promover entre sus simpatizantes un discurso en el que sobresalgan el respeto y la tolerancia.

Rubén González: “Yo ví a Maicán disparando”

Por: 
Unión Radio
“Para el momento de los disparos quien tenía la pistola en la mano era Héctor Maicán, inclusive lo vi personalmente, no me lo van a contar, (…) el es, el secretario de finanzas de Sintaferromiera”. Rubén González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, insistió en entrevista a Actualidad de Unión Radio, que lo vio disparando “a diestra y siniestra (…) cuando le disparó en la pierna al compañero en la pierna yo lo vi”.

Asimismo, González acotó que todos los trabajadores que estaban en el portón vieron que “el único que desenfundó el arma fue Héctor Maicán y empezó a disparar (…) no puede ser que este compañero ande armado con dos pistolas, (…) yo siempre he dicho que me revisen, yo nunca he estado armado porque lo único que utilizo es el léxico y la pluma para escribir y la discusión como tal”.

Dijo que no se puede ahora defender a Maicán “y decir que el autor es Rubén González, cuando yo llegué allí los trabajadores me abrazaron y me sacaron del sitio, porque el blanco que tienen ellos de ataque sencillamente soy yo, y no puede ser que ahora digan que fue un sicario contratado por Rubén González”.

10 junio 2011

“No vamos a tener justicia en Venezuela, mientras no tengamos un poder judicial autónomo”

Durante la plenaria que se realiza este jueves en la Asamblea Nacional (AN), también se discutió la designación de jueces del tribunal disciplinario judicial y la corte disciplinaria conforme al código de ética del juez.

Sobre este punto, la diputada María Corina Machado expresó que “no puede existir justicia en una país, si no hay autonomía del poder judicial. No vamos a tener en Venezuela justicia, mientras no tengamos un poder judicial autónomo e independiente”.

En ese sentido, agregó que durante estos 12 años “ustedes (refiriéndose a los diputados oficialistas) han sido cómplices de la persecución de jueces y juezas valientes como María Lourdes Afiuni”.

Sobre la designación de jueces, criticó que durante 12 años el Gobierno Nacional “ha nombrado a dedo la mitad de los jueces que hoy en día son temporales, y no en concurso como establece la Constitución”.

“Esta Asamblea Nacional (AN) ha violado el artículo 170 de la Constitución” que establece que los jueces de la jurisdicción disciplinaria deben ser elegidos a través de los colegios electorales judiciales.

“Lo que ustedes han hecho con la justicia en Venezuela; la ilegal provisionalidad que se ha instaurado en este país, ha logrado que haya una sola cosa definitiva hoy en Venezuela y es el fin de este gobierno en diciembre del año 2012“, concluyó Machado.

05 junio 2011

LAS VERDADES DE MIGUEL

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..." Gruyere en Chacao. Así como el queso de famoso nombre, y como lo afirmaba el literato inglés, "algo huele bien mal en Dinamarca", el entorno no es precisamente en tierras danesas, sino en los ámbitos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao. Nos bombardearon de documentos escaneados en donde, aparentemente, se revela que el último bastión importante de la gestión Morales en el TSJ, está a punto de perderlo con la inminente remoción (por ahora, no se descarta otro tipo de acciones) del abogado Ramos en la conducción administrativa de dicha Dirección. Se nos precisó que ya muy cerca de Águila 1 está un informe administrativo, contable y hasta ingenieril, realizado por un organismo de inteligencia sobre las finanzas de la DEM. Contratación de seguros, adquisición de vehículos y computadoras, presunto sobreprecio en alquileres de oficinas y depósitos bancarios con represamiento de intereses, entre otras menudencias."

FUENTE: http://www.lasverdadesdemiguel.net/

LLAMADO AL TSJ

04 junio 2011

LA ASI Y EL SUONTRAJ EJERCIERON DERECHO DE PALABRA POR ANTE COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y SOLICITÓ INTERPELACIÓN DE FRANCISCO RAMOS MARÍN DIRECTOR DE LA DEM.

CDS. El 01 de junio de 2.011, el SUONTRAJ por intermedio de los compañeros Francisco Cermeño y Luis Galviz, directivos nacionales, ejerció un Derecho de palabra ante los miembros de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

En el Derecho de Palabra a nombre del Comité Directivo Nacional de esta Organización Sindical, se RATIFICÓ la denuncia interpuesta por ante esa Comisión, en contra de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, por la presunta aplicación diferente a la destinada a los fondos recibidos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a través de un crédito adicional aprobado por la Asamblea Nacional, según Gaceta Oficial Nº 38.902 de fecha 03 de abril de 2.008  entre otras denuncias; con Oficio Nº 00261-2008, emitido por el Comité Directivo Nacional de SUONTRAJ de fecha 16 de Diciembre de 2.008.

Asimismo, informó que dicha denuncia también está siendo investigada por la Fiscalía Quincuagésima (50º) en Materia de Anticorrupción Fiscalía General de a República – Ministerio Público, por remisión del Consejo Moral Republicano – Poder Ciudadano, por decisión en Sesión Ordinaria Nº IV de fecha 23 de Abril de 2.009 de conformidad con el artículo 10, numeral 15 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el cual establece que es competencia de ese Consejo remitir a los órganos competentes del Estado las denuncias, solicitudes y actuaciones cuyo conocimiento les corresponda, sin perjuicio de la actuación que pudiera tener ese Consejo Moral Republicano.

Además se denunció las retaliaciones aplicadas por la DEM de despidos injustificados en contra de directivos del SUONTRAJ, por haber interpuesto este sindicato senda denuncia contra la actual directiva de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Además de las denuncias de de diciembre de 2008, se denucniaron las siguiente irregularidades:
La DEM carece de soportes documentales que permitieran constatar y contrastar la veracidad, sinceridad y adecuación de las cifras mostradas tanto en los reportes denominados “Ejecución Física – Financiera Plan Presupuesto Año 2008”, como en los informes de gestión consolidados por la OPDI, situación que pone en evidencia debilidades en los controles que debe llevar adelante la DEM, conforme lo prevé el artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, referido a que todas las transacciones y operaciones deben estar respaldadas con la suficiente documentación justificativa, lo que impidió determinar con precisión los niveles de ejecución física y financiera del proyecto en cuestión.
La DAR del Distrito Capital, carece de adecuados sistemas y mecanismos de control interno que garanticen que la información cargada a nivel del Sistema de Gestión Institucional (SIGI), se corresponda con la información contenida en los soportes documentales que la respaldan, observándose discordancia en los datos del reporte del SIGI y los informes de gestión trimestral, en lo que respecta a las metas ejecutadas durante el año 2008, circunstancia que no se adecua a lo establecido en los artículos 30 y 31 de las NGCI, referidos a que deberán llevarse registros que permitan contar con información confiable y oportuna sobre la gestión de la dependencia, situación que impidió determinar con precisión la cantidad de metas ejecutadas.
La DAR del Distrito Capital presenta deficiencias al momento del pago de las obligaciones validamente contraídas y causadas, por cuanto se originó un pago presuntamente indebido de Bs.F. 72.280,29, por la ejecución de una obra cuyo objeto o alcance a realizar se corresponde con una obra ya ejecutada, originando un pago en exceso, situación que evidencia que al momento de realizarse la contratación y el pago respectivo, no fue atendido lo expuesto en el artículo 54 de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Gaceta Oficial Nº 38.198 de fecha 31-05-2005), en concordancia con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el  Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial Nº 5.781.
Extraordinario de fecha 12-08-2005), los cuales refieren que los administradores responsables de efectuar pagos en Fondos en Avance y Anticipo adoptarán las medidas necesarias con el objeto de pagar las obligaciones válidamente contraídas y causadas, y según sea el caso, verificar la prestación efectiva del servicio o la adquisición del bien. La DAR del Distrito Capital presenta deficiencias en el control de entradas y salidas del almacén, por cuanto existen materiales, suministros y mercancías, que no son ingresadas al sistema computarizado de proveeduría, dado que no se realizan conciliaciones con la periodicidad conveniente, omisión que no permitió realizar el análisis de los respectivos movimientos de entradas y salidas, tal como lo establece el Manual de Materiales y Suministros del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), que señala que todo movimiento de entrada y salida de bienes muebles y/o materiales y suministro debe ser ingresado al sistema computarizado de proveeduría.
Las DAR del Distrito Capital y del Estado Miranda, así como las CPSCA no cuentan con una estructura organizativa y funcional a nivel administrativo formalmente aprobada, ni de normas y procedimientos que definan las distintas funciones y atribuciones propias de esas dependencias, conforme se prevé en los artículos 20 y 22 de las NGCI, los cuales establecen que en los organismos deben estar claramente definidas, mediante normas e instrucciones escritas, las funciones de cada cargo, su nivel de autoridad y responsabilidad dentro de la estructura organizativa, debidamente aprobados por las máximas autoridades jerárquicas de tales organismos y entidades.
La DAR del Estado Miranda y las CPSCA, no cuantificaron las unidades físicas de las metas programadas con base en los requerimientos reales de las dependencias judiciales, por cuanto existen debilidades en el manejo correspondiente a la unidad de medida (dotación), ya que las mismas son producto de las apreciaciones o el manejo subjetivo que le da cada Unidad Ejecutora Local, circunstancia que originó diferencias entre las dotaciones programadas y las efectivamente realizadas, tal como lo establecen los Lineamientos Operativos para la Formulación del Plan-Presupuesto 2008, emitidos por la OPDI de la DEM. Tal situación evidencia la falta de unificación de criterios en términos conceptuales, en la definición de las unidades de medida, las metas y las  acciones, así como en lo que respecta a la provisión, dotación y suministro de materiales, bienes y servicios, condición que impidió determinar si la gestión de dichas dependencias, se orientó en forma eficaz y eficiente hacia el cumplimiento de las metas programadas, en términos físicos y financieros.
La formulación del POA 2008, no fue realizada bajo un proceso de determinación de necesidades, a través del cual se establecieran las prioridades de las CPSCA, motivado principalmente a la ausencia de diagnósticos y/o estudios del entorno para formular las metas; así como la falta de políticas y estrategias generales en materia de adquisición y dotación de suministros, bienes y servicios, conforme lo prevé el artículo 17 de las NGCI, referido a que los planes y proyectos de cada organismo o entidad deben formularse con base en estudios y diagnósticos actualizados, ocasionando que la cuantificación de las metas físicas no se realice con base en las necesidades reales de la dependencia. Todo ello conforme al informe que la Contraloría General de la República presentara por ante la AN

Por último se solicitó la interpelación de Francisco Ramos Marín, Director Ejecutivo de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y la celeridad en las investigaciones con respecto a la denuncia formulada por ante la Comisión de Contraloría, a los fines que se establezcan las responsabilidad a las que hubiere lugar.