Juan Fernando Lara S. jlara@nacion.com 09:40 p.m. 10/06/2010
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) denunció el caso de la jueza María Lourdes Afiuni ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, si dicho organismo lo admite, demandarán al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. AFP.
A la jueza, arrestada desde diciembre, el presidente Hugo Chávez le imputa supuestos delitos de corrupción (pese a falta de pruebas) y abuso de poder porque dejó en libertad condicional al exbanquero Eligio Cedeño.
A Cedeño, preso político y adversario de Chávez, Afiuni le otorgó la libertad por el retraso procesal del que fue víctima luego de dos años en prisión sin juicio.
Juez tico interviene. Abel Jiménez Obando, juez costarricense y presidente de FLAM, precisó que la CIDH recomendó al gobierno de Chávez que libere a la juez de 46 años al hallarse en riesgo letal desde que fue recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Los Teques, Miranda.
“Ella está amenazada de muerte y no puede salir de su celda porque está entre delincuentes comunes a quienes quizá ella misma envió a prisión. Chávez incluso hasta pidió 30 años de prisión contra ella, imagínese: él, que ni siquiera es fiscal”, relató ayer Jiménez, quien visitó la semana pasada Venezuela, donde se reunió con Afiuni y otro jueces.
Chávez descartó acatar la recomendación, según consta en diversos medios de prensa venezolanos.
“Como dirigente nunca había tenido tantas reuniones secretas para discutir temas rutinarios de jueces, en ese país no hay división entre los poderes, a los jueces se les prohíbe cualquier tipo de comunicación entre ellos o asociación”, dijo el líder de la FLAM; ente que agrupa a 16 países y es órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Jiménez agregó que la FLAM ya gestiona una vía rápida ante la CIHD para que eleve el caso a la Corte y se demande al Estado venezolano lo antes posible.
Silencio. En conexión con el caso, la semana pasada la relatora especial sobre Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, la jueza Gabriela Carina Lnaul de Alburquerque e Silva, notificó al embajador venezolano en la ONU, German Mundarain, que su Gobierno sigue sin responder preguntas sobre el caso.
En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la relatora dijo que Afiuni fue drásticamente castigada solo por haber aplicado normativa internacional de derechos humanos.
con información de lanacion.com